Luego de que la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, en Cali, Valle del Cauca, anunciara que dejará de atender a los pacientes afiliados a la Nueva EPS, debido a una deuda que asciende a cerca de 59.000 millones de pesos, crece la preocupación entre usuarios y autoridades de salud.Según la Asociación de Usuarios del Valle, los más afectados serán los pacientes oncológicos. Cerca de 3.000 personas que adelantaban su tratamiento en esta clínica quedarán, a partir de ahora, en un limbo, sin claridad sobre dónde podrán continuar procedimientos vitales como quimioterapias, radioterapias y yodoterapias."Es una situación muy compleja la que estamos viviendo cientos de pacientes , la salud está en riesgo y más lo que tienen enfermedades oncológicas y no nos brindan respuesta alguna pero vamos a seguir luchando por nuestros derechos”, dijo Sandra Martínez, representante de los usuarios de la Nueva EPS.Esta situación, que podría reiniciar procesos médicos, en muchos casos desde cero, entorpecería la evolución de los tratamientos y romper la continuidad en la atención que los pacientes han construido junto a sus especialistas. "Nosotros vamos hacer todas las denuncias posibles porque caemos en lo mismo, porque es el mismo comú denoninador del país, no hay pagos, entonces es un efecto domino, no hay pago, no entran los recursos y los que terminan en la crisis son los pacientes", manifestó la representante de los usuarios.Con la vida de estos 3.000 pacientes oncológicos en riesgo, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para evitar la interrupción de servicios esenciales en el tratamiento del cáncer, especialmente en la zona norte de la ciudad, donde se encuentra la clínica.
Los damnificados por los atentados terroristas del año pasado en Cali serán exonerados del pago del predial y otros impuestos del Distrito. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el alivio tributario será para comerciantes y habitantes de viviendas ubicadas en las zonas afectadas por el terrorismo del 2025.Esta iniciativa acogerá a las víctimas de todos los atentados ocurridos en la capital del Valle quienes sufrieron graves daños en sus viviendas y negocios con las explosiones, vecinos de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, y habitantes de los barrios Meléndez, Manuela Beltrán y el sector de Los Mangos."Un acuerdo que exonera del predial, del ICA y de los costos de delimitación de las personas que fueron afectadas durante los ataques terroristas. El año pasado fue un año muy duro para Cali. Tuvimos seis ataques terroristas. Con este acuerdo nosotros logramos ese alivio económico para que las personas que fueron afectadas puedan recuperar sus viviendas, recuperar sus negocios y de esa manera reactivar las zonas que fueron afectadas por estos ataques.", señaló el alcalde Alejandro Eder.Los beneficiarios de estos alivios ya están definidos, teniendo en cuenta el censo de damnificados realizado después de cada atentado. Los beneficios tributarios temporales están dirigidos a propietarios, poseedores y establecimientos de comercio que hayan sufrido afectaciones verificadas, por los atentados del 10 de junio y 21 de agosto de 2025."No tendrán que pagar el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio durante las vigencias fiscales 2026 y 2027. Teniendo en cuenta el Censo Oficial de las Afectaciones emitido por la Secretaría de Gestión del Riesgo, desde la Dirección de Hacienda vamos a implementar esto (0:18) mediante oficio, es decir, las personas afectadas no tienen que aplicar", aseguró John Quinchua, director de Hacienda Distrital.
Tras el accidente de una aeronave tipo ambulancia durante la mañana de este martes 9 de febrero, cuando se encontraba a pocos kilómetros de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, se conocieron las primeras fotos de cómo quedó la avioneta.La aeronave, una PA-34 con matrícula HK-4754, cubría la ruta Popayán – Cali, cuando sufrió el percance aproximadamente a cinco millas del umbral de la pista. A pesar del impacto, la Aeronáutica Civil confirmó que los cuatro ocupantes resultaron ilesos. Entre el personal a bordo se encontraban el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria. Al momento del incidente, por fortuna, no se transportaba ningún paciente.Le puede interesar: Avioneta se accidentó antes de llegar al aeropuerto de Cali: ocupantes salieron vivosEn cuanto al estado de la avioneta, tras el reporte del accidente, se activaron de inmediato los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) y el Cuerpo de Bomberos para asegurar el área. Personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se trasladó hasta el lugar del suceso para realizar las labores de verificación e inspección técnica correspondientes.Sobre causas del accidenteLas autoridades competentes han iniciado las investigaciones bajo los protocolos establecidos para determinar las causas exactas del siniestro y evaluar los daños materiales de la aeronave.Vea en fotos el estado en el que quedó la avioneta:
La Aeronáutica Civil confirmó el accidente de una avioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Según las autoridades, la aeronave cubría la ruta Popayán-Cali y tenía a bordo 4 ocupantes: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria, quienes resultaron ilesos. De acuerdo con la información oficial, la situación involucró una aeronave PA-34, de matrícula HK-4754, operada por la empresa Solair S.A.S., la cual cubría la ruta Popayán–Cali cuando presentó la novedad a varios kilómetros del umbral de pista del principal aeropuerto del suroccidente del país.En el avión se movilizaban cuatro ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y dos profesionales del sector salud. Las autoridades confirmaron que todas las personas resultaron ilesas, descartando afectaciones físicas tras el incidente.Asimismo, se precisó que la aeronave no transportaba pacientes en el momento del suceso, un dato clave que permitió descartar una emergencia médica asociada al vuelo y concentrar los esfuerzos en la atención del evento operativo.Tras conocerse la situación, la Aeronáutica Civil activó de forma inmediata los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), los cuales se desplazaron hacia el punto donde se presentó el incidente. A estas labores se sumaron unidades del Cuerpo de Bomberos del aeropuerto, encargadas de asegurar la zona y brindar apoyo preventivo.Las autoridades señalaron que el despliegue tuvo como objetivo principal verificar el estado de la aeronave, garantizar la seguridad de sus ocupantes y evitar riesgos adicionales en el área donde ocurrió el evento.Paralelamente a la atención de la emergencia, personal especializado de la Dirección Técnica de Investigaciones de la Aeronáutica Civil inició el desplazamiento hacia el lugar con el fin de adelantar las labores de verificación e investigación.Este proceso buscará establecer las causas técnicas u operativas que derivaron en el incidente, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales de seguridad aérea. Las autoridades aclararon que este tipo de investigaciones no tienen carácter sancionatorio, sino preventivo, y su objetivo es mejorar los estándares de seguridad operacional.Hasta el momento, no se reportaron afectaciones en la operación regular del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ni retrasos significativos en vuelos comerciales como consecuencia directa del incidente.
De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.
Seis personas murieron en la madrugada de este lunes en un ataque a tiros en un bar en los suburbios de Río de Janeiro, entre ellos el hijo del director de un periódico regional y una mujer que pasaba por el lugar y resultó herida por una bala perdida, informaron fuentes oficiales.El hecho ocurrió hacia las 0.50 hora local (3.50 GMT) de este lunes en un bar en Nova Iguaçu, uno de los municipios del área metropolitana de esta ciudad brasileña y de la empobrecida y violenta región conocida como Baixada Fluminense.Según testigos, varios hombres armados y encapuchados llegaron en un automóvil, dispararon contra los clientes que ocupaban una de las mesas del bar y huyeron con rumbo desconocido. Los cinco hombres tiroteados murieron en el lugar del ataque.Una de las víctimas, identificada como Julio César Ornelas, de 53 años, es hijo del director y presidente del diario Jornal Hora H, una publicación regional de Nova Iguaçu.Dos mujeres que pasaban por el lugar fueron impactadas por balas perdidas y conducidas al Hospital General de Nova Iguaçu, donde una de ellas, identificada como Ana Cristina dos Santos, de 57 años, murió por la gravedad de sus heridas en la espalda.La otra mujer sufrió heridas sin gravedad en una pierna y recibió el alta este mismo lunes.Los responsables por la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense, que asumieron la investigación, dijeron que aún desconocen las causas del ataque.En la región son comunes los enfrentamientos armados y ajustes de cuentas entre las bandas de narcotraficantes y de milicianos (parapolicías) por el control de puntos de ventas de drogas o de negocios ilícitos.
El municipio de El Playón se encuentra en una situación crítica tras el recrudecimiento de la temporada de lluvias, que ha dejado a la zona rural en un estado de vulnerabilidad extrema. El alcalde local, Luis Ambrosio Alarcón López, confirmó que la magnitud de los daños es devastadora para la movilidad del sector agropecuario, señalando que “nuestro municipio fue bastante afectado, especialmente en las vías terciarias, donde tenemos el 80-90% con deslizamientos y derrumbes”. Esta situación, derivada de la ola invernal que enfrenta el departamento, ha forzado la declaración oficial de calamidad pública y emergencia para agilizar la respuesta institucional.La crisis no se limita únicamente al bloqueo de caminos por lodo y piedra, sino que ha escalado a la destrucción de infraestructura vital. El mandatario advirtió que existen puntos críticos donde las crecientes de los ríos incluso han destruido puentes, dejando a la comunidad rural en dificultad para realizar sus desplazamientos básicos.Ante la gravedad del panorama, que se replica en varios municipios de Santander, el mandatario local trabaja para lograr apoyo por parte de la Gobernación y la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, pues son múltiples los tramos de vías que se deben despejar.Mientras llega el apoyo departamental, la administración ya ha desplegado sus recursos técnicos para mitigar el aislamiento de las veredas. Actualmente, tres máquinas del municipio operan sin descanso en sectores estratégicos: una unidad trabaja en la zona de Betania, específicamente en la vereda San José de la Jardina; otra interviene en la zona de San Pedro de la Tigra y Planada de la Rumbazón para destapar los derrumbes en la vereda San Agustín; y una retroexcavadora tipo pajarita se encuentra en la zona de Quinales y San Benito del Rosario. Pese a que estas labores iniciaron de forma inmediata, la demanda de intervención supera la capacidad instalada inicialmente.El alcalde de El Playón anunció que en el transcurso de esta semana se espera la llegada de más maquinaria para acelerar la rehabilitación de los pasos críticos y devolver la normalidad a las familias campesinas que hoy enfrentan los rigores del invierno.
La inseguridad en Latinoamérica sigue siendo evidente y pareciera no tener fin. La violencia y los hurtos han llevado a que la ciudadanía tome medidas drásticas para evitar perder sus pertenencias, así como para cuidar su integridad ante el accionar de los delincuentes, que no pierden oportunidad para salirse con la suya.Una pareja evita ser robada con acción peligrosaEn esta oportunidad, una pareja en Chile tuvo que realizar una acción peligrosa para evitar ser robada, situación que generó un amplio debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes la apoyan y quienes la critican.En redes sociales se hizo viral un video en el que una pareja se movilizaba en un vehículo cuando una camioneta negra frenó de manera abrupta por delante. De ella descendieron dos hombres, aparentemente armados, con el objetivo de detener a la pareja.Ante ese escenario, la víctima decidió acelerar para evitar el robo, arrollando a uno de los presuntos ladrones. La pareja, que se escucha visiblemente asustada y afectada por la situación, continuó su recorrido hasta llegar a una vía principal, donde aparentemente se sintieron mucho más seguros.Los comentarios frente a lo sucedido no se hicieron esperar y varios usuarios celebraron la decisión del conductor, señalando que era la mejor salida ante un riesgo extremo. “Cuando la justicia está podrida y funciona al revés, la única solución es defenderse como sea. Y ojalá al angelito que atropellaron quede con secuelas de por vida”, escribió un usuario en X.¿Cómo está la inseguridad en Chile?Según datos revelados por el Gobierno chileno en enero de 2026, la tasa de homicidios bajó de 6,7 en 2022 a 5,5 por cada 100.000 habitantes en 2025.Asimismo, se ha destacado que se han dado duros golpes a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, donde más de 600 integrantes permanecen privados de la libertad en cárceles chilenas.De igual forma, se han invertido más de 278 mil millones en el fortalecimiento de la Política Nacional contra el Crimen Organizado para combatir la violencia y la inseguridad en el país. Sin embargo, la percepción ciudadana considera que, pese a los esfuerzos, las medidas siguen siendo insuficientes.
La Alcaldía de Bogotá entregará auxilios económicos para micro y pequeñas empresas de la ciudad que tengan en su nómina a trabajadores que ganen un salario mínimo. Según el alcalde, Carlos Fernando Galán, es un pago único que se hará al trabajador en abril, con el fin de apoyar a las micro y pequeñas empresas que se han visto afectadas por el incremento del salario mínimo en Colombia.De acuerdo con la Alcaldía, serán entre 2.000 y 5.000 empresas que hacen parte de sectores como alojamiento, reparación de vehículos, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación, transporte, almacenamiento, peluquería y belleza las que se verán beneficiadas. Así las cosas, para el caso de las mujeres recibirán 800.000 pesos y para los hombres serán 700.000 pesos.“Precisamente busca generar un salvavidas a ese empleo, darle un apoyo temporal a las microempresas y pequeñas empresas para que mantengan a sus empleados, para que no los despidan, para que garanticemos que ese empleo formal que gana el salario mínimo en Bogotá se mantenga. La meta es llegarle a diez mil empleos”, concluyó el alcalde.Y es que si usted, como empresario, quiere aplicar a este beneficio, el Distrito aclara que hasta el 27 de febrero está disponible en la página web de la Alcaldía la base de datos donde tiene que publicar los documentos como el RUT, registro mercantil y pago de planilla de los trabajadores. Por otro lado, en marzo notificarán a las empresas que podrán recibir este alivio económico, y desde abril se hará la transferencia a las cuentas bancarias de los trabajadores.
Un hostigamiento armado contra la fuerza pública se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos esporádicos contra las instalaciones policiales. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, el cual habría sido perpetrado por disidencias de las Farc.A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.En el mismo pronunciamiento, se indicó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de proteger la infraestructura y salvaguardar a la comunidad.Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.Actualmente, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y prevenir nuevas acciones por parte de este grupo armado ilegal.
El sueño de obtener un título en el área de la belleza se vio frustrado para varios estudiantes, luego de que la academia en la que se estaban formando, ubicada en el sur de Cali, cerrara de manera repentina y sin ofrecer explicación alguna.Desde entonces, los afectados han intentado comunicarse con la institución para conocer qué ocurrió con sus procesos académicos y el dinero invertido, pero aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta.Así lo denunció Lina Oliveros, una de las estudiantes afectadas, quien aseguró que, tras el cierre del lugar, no ha sido posible establecer contacto con los responsables de la academia.“Hasta el momento, la señora no se ha comunicado con absolutamente nadie. Nosotras empezamos a indagar y nos encontramos con que la misma situación se estaría presentando en Bogotá y Medellín. Son demasiadas las jóvenes que fuimos presuntamente estafadas, alrededor de 700 personas, o incluso más”, indicó.Blu Radio pudo establecer que este no sería un caso aislado. De manera preliminar, se conoció que estudiantes en otras ciudades del país, como Medellín y Bogotá, también habrían sido afectados, ya que la academia tendría sedes en estas capitales.En Bogotá, Rocío Gómez, madre de una estudiante, relató que su hija inició el curso en agosto del año pasado, luego de realizar un pago cercano a los 3 millones 800.000 pesos, y que semanas después fueron notificadas del cierre de la sede.“Hicimos un pago de 3 millones 800 mil pesos y mi hija comenzó el curso en agosto de 2025. Al alcanzar a tomar seis clases, nos enviaron un comunicado por WhatsApp informando que la sede iba a cerrar. Supuestamente, nos dijeron que era por una remodelación y que a las alumnas les harían la devolución de parte del dinero. Intentamos comunicarnos nuevamente, pero dejaron de responder, nos bloquearon y no volvieron a dar información. La última comunicación que recibí fue en noviembre, cuando nos aseguraron que harían una devolución, pero después de eso no volvieron a contestar”, aseguró.Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras cientos de estudiantes permanecen a la espera de respuestas frente a lo que consideran un proyecto de vida truncado.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro llegó este miércoles a Buenaventura, para adelantar varios recorridos en los barrios del distrito verificando la realidad que viven sus habitantes en materia de seguridad, bienestar, desarrollo económico entre otros. En medio de esta jornada, la mandataria entregó oficialmente los dispositivos antidrones a la Armada además de otros equipos tecnológicos, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y así combatir los ataques aéreos por parte de grupos armados ilegales, contra la Fuerza Pública.Esta intervención social tiene el objetivo de hacerle frente a la criminalidad con nuevas oportunidades para la comunidad, acciones que están acompañadas de mayor seguridad, principalmente en la zona del río Naya, considerado un corredor estratégico de los grupos armados para el narcotráfico."Ya adquirimos un antidrón, ya se lo dimos a la Armada. En la próxima venida vamos a ir hasta Málaga porque el antidrón lo colocaron fijo en el buque, porque allí es donde más nos atacan. Hace unos días hablé con el ministro de Defensa, nosotros hemos venido proponiendo que se haga expersión con drones", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.En medio de esta 'megatoma' fue capturado alias 'El Búho', el hombre que se desempeñaba como puente entre una de las bandas criminales que delinque en la zona urbana del distrito y las disidencias de las Farc, para coordinar ataques contra la fuerza pública.Se trata del actor criminal de 'Los Espartanos' Arley Gómez, conocido como alias 'El Búho', con una trayectoria de más de nueve años, en varios de los grupos delincuenciales de Buenaventura.
Desde la mañana de este miércoles, decenas de madres, cuidadoras y acudientes de niños discapacitados en Cali se encuentran a las afueras de la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, protestando por el cambio del operador que contrata al personal que atiende a estos menores en los centros educativos de la entidad.Estas mujeres aseguran que está en riesgo el proceso académico de más de 400 niños y, además, dejaría sin trabajo a aproximadamente 110 educadoras que hoy piden claridad de cómo se adelantó el proceso para seleccionar al nuevo personal."No cuentan con experiencia comprobada en la atención a personas con discapacidad, no conocemos su ubicación, no sabemos si tienen instalaciones, equipos o programas adecuados. Lo más grave es que no están garantizando los cupos de nuestros hijos", señaló Reineris Samboni, una de las manifestantes.Las manifestantes adelantan bloqueos bloqueos intermitentes en la avenida 2da norte con calle 34, en inmediaciones al parque del Avión, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan tomar rutas alternas, debido a la gran congestión vehicular que actualmente hay en la zona."Realmente no tenemos claridad de cuál fue el proceso y los criterios que tuvieron en cuenta para poder escoger a las entidades que pasaron la oferta y que hoy están en operación. Es una situación que nos parece muy grave porque se interrumpen los procesos que se han venido desarrollando con esta población", aseguró Vanessa Pedroza, gestora pedagógica.
Una operación naval en el Pacífico Sur permitió interceptar una embarcación rápida que transportaba cerca de dos toneladas de cocaína, un cargamento que, de haber llegado a su destino, habría alimentado el crimen transnacional con alrededor de 32 millones de dosis. El operativo se desarrolló en medio de labores de control marítimo y dejó al descubierto una nueva ruta usada por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.La acción se produjo tras la detección y persecución, por parte de unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, de una lancha tipo go fast, equipada con cuatro motores y tripulada por tres personas, que intentaba evadir los controles en aguas del Pacífico. La operación fue posible gracias a la coordinación entre distintas autoridades y al apoyo de cooperación internacional, lo que permitió cerrar el cerco y detener la embarcación en plena navegación.Durante el procedimiento fueron incautados 66 bultos grandes y dos pequeños con la sustancia ilícita, mientras que los tres tripulantes quedaron a disposición de las autoridades. De inmediato se activaron los actos urgentes con el CTI de la Fiscalía para garantizar el debido proceso y la legalidad de la incautación, así como el avance de las investigaciones judiciales.Este golpe representa, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una afectación directa a las finanzas de las redes criminales que operan en el Pacífico, al interrumpir una de sus rutas marítimas estratégicas y reducir los recursos con los que sostienen estructuras de violencia, corrupción y expansión territorial. Cada cargamento que no llega a su destino, coinciden las autoridades, significa menos poder para el narcotráfico y mayor impacto en la seguridad regional.
En el sector del Jarillón, del municipio de Cartago, Valle del Cauca, recientemente fueron encontrados sin vida los cuerpos de dos mujeres que, al parecer, serían los de María Camila Salazar y Paola Giraldo, quienes se encontraban desaparecidas desde el pasado 03 de febrero.Los restos fueron hallados por familiares de estas jóvenes, quienes adelantaban la búsqueda en el sector donde fue abandonada la motocicleta en la que ambas se movilizaban, la cual apareció a un costado de la vía, oculta en un plástico.El hallazgo fue confirmado por la Policía del Valle del Cauca a través de un comunicado."Las autoridades judiciales adelantan los actos urgentes, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho", indica la institución.Las autoridades adelantan la búsqueda de testimonios y recolección de pruebas para determinar quiénes serían los responsables de este crimen, teniendo en cuenta que no es el primer caso de desapariciones de jóvenes ocurrido en el municipio."Estamos a la espera de confirmación de identidades de cuerpos encontrados en el jarillón. Lamentamos profundamente que estos hechos se sigan presentando, y pedimos a las autoridades competentes esclarecer estos casos. Acompañamos las familias desde primer momento", indicó el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita a través de sus redes sociales.Por otra parte, la violencia no solo afectó al municipio de Cartago, pues otro doble homicidio se registró en El Cerrito, específicamente en el corregimiento de Santa Elena, ahí fueron asesinados Didier Arias Espinoza, de 38 años y Mayra Alejandra Ortega, de 29 años de edad, cuando hombres armados los atacaron a disparos al interceptar la camioneta en la que se movilizaban.
Las autoridades colombianas detuvieron a Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, dos líderes de la banda transnacional 'La empresa', que son requeridos por Chile por los delitos de "asociación delictiva y lavado de dinero", informaron este domingo fuentes oficiales.El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, señaló que detuvo por notificación roja de la Interpol a los dos criminales en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste)."Ambos serían cabecillas criminales de 'La Empresa', una organización criminal transnacional dedicada al gota a gota (préstamos ilegales) en Chile, donde amenazaban, hostigaban y amedrentaban a sus víctimas para imponer el cobro ilegal", agregó el funcionario.Esta forma de préstamo consiste en conceder créditos con altos intereses y suelen ir sujetos a amenazas, coacciones o incluso agresiones en caso de que los pagos no se hagan en el plazo establecido.Tras la detención, el ministro señaló que "en Colombia no hay escondite para quienes viven del delito". "Seguimos trabajando con nuestros aliados para cerrarles el cerco, proteger a las personas y defender la legalidad", precisó el jefe de la cartera de Defensa.
Cinco días de incertidumbre total completan las familias de María Camila Salazar Cano y Paola Giraldo Castaño en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, tras su desaparición el pasado 3 de febrero, cuando salieron juntas hacia una clínica del municipio, donde iban a encontrarse con un familiar, y desde entonces se perdió su rastro.Hoy todos los esfuerzos de las autoridades en el norte del departamento están enfocados en encontrar sanas y salvas a las jóvenes. Por esta razón, se han ofrecido 25 millones de pesos como recompensa por información que permita ubicarlas en el menor tiempo posible.Las jóvenes, de 24 y 26 años, se movilizaban en una motocicleta el día de su desaparición, la cual fue encontrada horas después abandonada en una calle del municipio de Cartago junto a uno de los cascos de las mujeres, cubierta con plásticos negros.Hay que tener en cuenta que en este municipio del Valle del Cauca en los últimos años se han registrado desapariciones de jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad. Situación que agiliza aún más la búsqueda de estas mujeres.
En inmediaciones del río Yurumanguí, en zona rural de Buenaventura, tropas de la Armada Nacional y del Ejército se encontraron con cinco personas que al parecer formaban parte de la columna Alex Guerrero, de la disidencia Jaime Martínez, que delinque en este sector; tres de ellos eran adultos y dos menores de edad, quienes habían sido víctimas de reclutamiento forzado.Los adultos, que eran dos hombres y una mujer, con edades entre los 27 y 36 años, manifestaron su intención de abandonar el grupo armado e iniciar la ruta de sometimiento a la justicia. Ahí también hicieron entrega de un importante arsenal que incluía un artefacto explosivo. Los menores recuperados fueron atendidos y revisados por paramédicos para verificar su estado de salud."Durante la acción, se activaron de inmediato los protocolos de protección y restablecimiento de derechos para los menores, garantizándoles a todos los involucrados la atención humanitaria, primeros auxilios y el respeto por los derechos humanos. Se incautaron siete fusiles, dos pistolas, más de 1,400 cartuchos de diferentes calibres, un artefacto explosivo improvisado y equipos de comunicación", señaló el coronel Jorge Enrique González, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.Los menores y los ahora desmovilizados fueron trasladados al casco urbano de Buenaventura; mientras tanto, las tropas siguen desplegadas en la zona rural de este distrito, para contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales.