En la tarde de este miércoles, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali ordenó tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos legales mensaules vigentes, para Derly Katherine Andrade y Carlos Rafael Villero, gerentes de las regionales Occidente y Suroccidente respectivamente de la Nueva EPS. La decisión del juez está basada en el desacato del fallo de una tutela emitido el pasado 22 de enero, donde se le exigía a la entidad garantizar la continuidad del tratamiento oncológico del señor Saúl Quiñonez, paciente de 95 años de edad, que padece cáncer de próstata en estado metastásico, a quien se le suspendió la atención en la Clínica Valle del Lili desde octubre del año 2025."Lo que nos dice la clínica es que no pueden atender al paciente porque no tienen covenio con la Nueva EPS, pero la situación cada día puede complicarse más, porque él requiere exámenes, medicamentos, atención en quimioterápias y radioterapias, pero todo esto lo negó la Nueva EPS. El paciente hacía parte de la 'ruta de Oncología' de la clínica y lo sacaron por el no pago de la eps", explicó Omar Quiñonez, hijo del paciente.En el fallo emitido el 22 de enero, el juez ordenaba a la clínica la autorización, programación y la garantía continua e ininterrumpida de los servicios de salud al señor Saúl, tanto en los cuidados en casa, como en el suministro oportuno de los medicamentos, sin dilaciones ni barreras administrativas."Garantice la continuidad de la atención del señor Saúl Quiñonez Mendoza en la Fundación Clínica Valle del Lili, siempre que las prestaciones ordenadas se encuentren médicamente justificadas y prescritas por el médico tratante, por tratarse de una institución que ha venido conociendo su caso y que cuenta con la capacidad técnica y científica para el manejo de sus patologías, absteniéndose de imponer cambios de prestador que impliquen interrupción del tratamiento, desmejora en la calidad del servicio", fue la orden del fallo.A pesar de tener una orden judicial, donde establecía un plazo de 48 horas para dar respuesta y continuidad al paciente, la Nueva EPS no se comunicó con el usuario, ni tampoco dio respuesta a las exigencias del Juzgado.Hasta el momento la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a orden de arresto de los directivos regionales.
La comunidad en el corregimiento de Villagorgona en Candelaria, Valle del Cauca, permanece atemorizada ante el recrudecimiento de la guerra entre bandas criminales que delinquen en esa zona del municipio.En la última semana, han sido asesinadas cuatro personas en hechos relacionados con esta disputa. Entre las víctimas de estos homicidios está Yilber Andrés Zúñiga, quien era funcionario del departamento de Hacienda de la Alcaldía de Candelaria, quien fue alcanzado por una bala perdida, mientras departía en el corregimiento junto a una mujer, quien también murió en ese ataque.Ante estos hechos de violencia, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario, para atender urgentemente esta situación, estableciendo un fondo de recompensas de 10 millones de pesos para lograr la captura de los responsables de estos homicidios."Allí lo que tenemos es una vendetta entre unas bandas delincuenciales, ya se tienen ubicados los nombres de las personas que nos están generando estas afectaciones y que están involucradas en los homicidios de Villagorgona este año. Uno se llama Juan Sebastián Caicedo Mora, que tiene el alias de 'El Búho', y Cristian David Ramírez Torres, que tiene el alias de 'El Pollo'. Vamos a iniciar una labor muy fuerte sacando volantes ofreciendo la recompensa, para que nos ayuden a dar con el paradero de estas personas" aseguró el secretario de gobierno de Candelaria, Eberto Riveros.En el consejo de seguridad también se habló de otro homicidio ocurrido en el sector del Poblado Campestre en la tarde del pasado martes, donde fue asesinado un hombre en un sitio conocido como El Callejón de San Juan, ahí las autoridades indicaron que se trataría de un hecho ajeno a la situación de Villagorgona y se confirmó la captura del agresor.
De nuevo, las autoridades en Cali evitaron un ataque con explosivos contra la Policía en el oriente de la ciudad, al sorprender a un hombre de aproximadamente 20 años, con un artefacto improvisado que pretendía lanzar contra una patrulla en el barrio El Diamante.Este sujeto fue identificado en medio de las operaciones que se vienen adelantando en las diferentes zonas de la capital vallecaucana, encendiendo las alarmas al actuar de manera sospechosa. De inmediato este hombre fue capturado, y ahora deberá responder por el delito de fabricación tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de la fuerza pública."Esta acción protegió la vida e integridad de cientos de ciudadanos. Rechazamos cualquier hecho violento o amenaza que atente contra la seguridad y los derechos fundamentales de la población. Exigimos adicionalmente el pronto esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y su judicialización", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.Cabe recordar que al inicio de esta semana, el alcalde Alejandro Eder reiteró a la comunidad el ofrecimiento de recompensas para seguir evitando hechos de orden público en la ciudad. Este ya sería el cuarto atentado frustrado en el año, en el área metropolitana."En ese sentido agradezco a la Policía que ha estado pendiente en esa coordinación con Fiscalía y con Ejército para evitar más ataques terroristas. También quiero recordarle a la ciudadanía que ofrecemos recompensas a cambio de información. Pueden marcar al 321 394 5156", indicó el mandatario.Mientras el capturado está en proceso de judicialización, el personal de antiexplosivos de la Policía realizó la detonación controlada del artefacto, evitando que la comunidad del barrio El Diamante corriera más riesgos.
Son cientos los vehículos de carga que permanecen represados en la vía hacia Buenaventura, a la altura del sector de Agua Dulce, debido a los constantes bloqueos que se han registrado desde comienzos de esta semana. La situación estaría generando retrasos en la llegada de tractocamiones para el cargue y descargue de mercancías en el principal puerto del Pacífico colombiano, afectando de manera directa la operación logística y comercial del país.En videos difundidos a través de redes sociales se observan extensas filas de camiones detenidos, cuyos conductores permanecen a la espera de que se habilite el paso. Dayana Conrado, secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Buenaventura, explicó que actualmente se trabaja en la búsqueda de soluciones junto al Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Tierras.“Tenemos dos bloqueos en el corredor vial. Uno en el sector de El Gallinero, donde comunidades solicitan el cumplimiento de acuerdos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Están pidiendo la presencia de representantes en el territorio para avanzar en compromisos pendientes. También hemos tenido otras interrupciones, frente a las cuales estamos promoviendo mesas de diálogo”, indicó la funcionaria.Por su parte, Javier Ocampo, miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, advirtió que las pérdidas económicas serían millonarias para los diferentes sectores productivos.“La situación es caótica. Prácticamente vivimos encerrados porque no hay salida constante. Los bloqueos afectan el comercio, el turismo y el comercio exterior. En la Cámara de Comercio somos cerca de 18 mil afiliados que podrían estar perdiendo hasta 800 millones de pesos diarios”, manifestó Ocampo.El panorama preocupa aún más al gremio transportador. Marisol Hincapié, vocera del sector, aseguró que algunos conductores contemplan dejar de operar en Buenaventura.“Estamos cansados. No sabemos qué hacer frente a tantos bloqueos. Perdemos tiempo y dinero. Incluso se ha planteado trasladar operaciones hacia otros puertos del país”, señaló la vocera del gremio de transporte de carga.Aunque la administración distrital insiste en las mesas de diálogo, los bloqueos persisten, como en el caso de la comunidad de La Triana, que protesta por la falta del servicio eléctrico, manteniendo en vilo la movilidad hacia el puerto.
En la esquina de la calle 19 con carrera Quinta, en pleno centro de Bogotá, se ubicaba el antiguo BD Bacatá y ahora tendrá una nueva etapa. Resulta que el proyecto que desde hace más de una década prometía ser la torre más alta del país y símbolo de renovación urbana cambiará de nombre y adoptará un nuevo modelo de negocio, transformándose en el Bogotá Tower 2862.El cambio no será únicamente estético, sino que, tras retrasos y problemas de liquidez, sumados al dolor de cabeza ocasionado por la pandemia en 2020, lo que sería un proyecto hotelero ahora tendrá principalmente un enfoque residencial.De hotel emblemático a proyecto residencialInicialmente se proyectaron dos torres. La norte logró entrar parcialmente en operación y ya alberga 405 apartamentos, así como 117 oficinas. Pero la sur, que aspiraba a ser la más alta del país con 67 pisos, quedó inconclusa.De hecho, la crisis financiera obligó a replantear el rumbo. Ahora el proyecto lo tomó Totalco, liderado por el empresario Giovanni Vargas, y asumió el plan de estabilización operativa. Con acuerdos con residentes y reorganización interna, la torre norte finalmente logró consolidarse.Ahora, el plan es culminar la torre sur con una inversión cercana a los 100.000 millones de pesos. De ese monto, cerca de 30.000 millones serán aportados por Totalco y el resto se gestionará mediante deuda bancaria.El diseño está a cargo de Didier Rincón Arquitectos. El propio Rincón explicó que la torre sur cambiará su enfoque: dejará atrás el concepto hotelero para convertirse en apartamentos de lujo. “Recibimos el edificio como un hotel, pero se hizo la negociación para que fuera vivienda porque hay una necesidad muy grande en una zona central que será renovada”, señaló.¿Qué tendrá Bogotá Tower 2862?: cambios, usos y zonas comunesEl nuevo nombre hace referencia a la altura máxima que alcanza la torre sur sobre el nivel del mar. Pero el cambio de marca va acompañado de varios ajustes:577 apartamentos en la torre sur, desde 60 m² hasta dúplex cercanos a 200 m².Autorización para rentas cortas con accesos independientes.Centro comercial de cuatro niveles en la torre norte.Adicionalmente, el proyecto incluirá un concepto de club privado, piscina en el quinto piso y múltiples zonas comunes. Entre las intervenciones previstas se encuentran el vestíbulo, gimnasios, espacios para yoga, coworking, zonas pet-friendly, terrazas y teatro.Actualmente, el 88 % de las nuevas unidades residenciales ya se encuentran vendidas, así como el 50 % de las oficinas disponibles. El objetivo es alcanzar el punto de equilibrio en los siguientes meses para acelerar la culminación de la torre sur.
En el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), analizó y aclaró los puntos críticos expuestos por el presidente Gustavo Petro en su reciente alocución televisada. Barrios enfatizó la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos para garantizar la transparencia en los próximos comicios.Testigos electorales y el mito del reconteo nacionalFrente a la invitación del presidente para que la ciudadanía actúe como testigo electoral, Barrios señaló que si bien es un derecho legítimo, el proceso de inscripción formal para los partidos suele cerrarse días antes de la elección. Aunque se han otorgado ampliaciones de plazo, como la que vence este jueves 5 de marzo, es responsabilidad de las organizaciones políticas inscribir a sus representantes.Respecto a la idea de un reconteo nacional total, la directora de la MOE fue enfática en que esta figura no existe y es logísticamente inviable. Explicó que se manejarán cerca de 80 a 100 millones de tarjetas electorales debido a la complejidad de las consultas y cámaras especiales, por lo que cualquier discrepancia debe resolverse mediante "reclamaciones" en la mesa de votación o ante las comisiones escrutadoras el mismo día de la elección.Transparencia en el software y el código fuenteUno de los puntos más polémicos de la alocución presidencial fue la supuesta opacidad del software electoral. Al respecto, Barrios aclaró que el código fuente sí fue expuesto a los delegados de los partidos y observadores durante sesiones técnicas. Explicó que este código es la "receta" de programación del sistema y, por razones de seguridad nacional, no se puede entregar una copia física para ser llevada a casa, ya que esto facilitaría hackeos o la creación de "puertas traseras". El acceso se dio en un ambiente controlado para realizar auditorías técnicas antes de la jornada electoral.Finalmente, ante la afirmación del mandatario sobre la presunta ilegalidad del preconteo, la MOE aclaró que este es plenamente legal y está reglamentado, aunque no tiene un vínculo jurídico sobre los resultados finales. El preconteo sirve como una herramienta informativa para evitar el caos social al ofrecer resultados rápidos, mientras que el escrutinio, realizado por jueces y notarios con una estricta cadena de custodia, es el que determina legalmente a los ganadores. Barrios recordó que, en 2022, el propio partido del presidente utilizó los datos del preconteo para identificar anomalías y solicitar revisiones en los formularios E14, demostrando la utilidad del sistemaEscuche aquí la entrevista:
El secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, negó cualquier relación con los hechos ocurridos en Hatonuevo, La Guajira, donde uno de los integrantes de su esquema de seguridad fue capturado con $145 millones en efectivo y material de propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Lacouture aseguró que no se movilizaba en el vehículo en el que fueron hallados el dinero y la publicidad política, ni participó en los hechos que hoy son objeto de investigación. En el documento también precisó que, tras la audiencia de legalización, un juez de control de garantías declaró ilegal la captura del escolta y ordenó su libertad inmediata, así como la devolución del dinero y de los vehículos aprehendidos.“Rechazo los señalamientos que me hicieran de manera infundada algunos medios de comunicación y particulares a través de redes sociales donde me relacionaron con la comisión de delitos electorales”, señaló el funcionario, quien insistió en que cualquier insinuación en su contra queda desvirtuada con la decisión adoptada por la autoridad judicial.El caso involucra a Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y miembro del esquema de seguridad del secretario general. La captura se produjo cuando se movilizaba con el dinero en efectivo y piezas de publicidad política, situación que generó cuestionamientos en medio del ambiente preelectoral en el departamento.Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación. La primera busca establecer si podría configurarse un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino de los $145 millones. La segunda apunta a determinar si existió una eventual destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.En su pronunciamiento, Lacouture sostuvo que lo ocurrido debe ser investigado y esclarecido frente a posibles irregularidades en el procedimiento, especialmente en lo relacionado con la actuación de las autoridades. Asimismo, manifestó que permanecerá atento al avance de las investigaciones y reiteró que no tiene ninguna vinculación con los hechos.Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las indagaciones para determinar la procedencia de los recursos y establecer si existe alguna responsabilidad penal derivada del caso.
El Pacto Histórico se pronunció para alertar sobre los riesgos en la transparencia del proceso electoral que, según sus voceros, podrían presentarse debido a lo que consideran una insuficiente auditoría del software utilizado en las elecciones.El representante Alirio Uribe afirmó que no están denunciando un fraude, sino que, a su juicio, estas alertas buscan prevenir posibles irregularidades.Además de las preocupaciones sobre la seguridad del software, el bloque político señaló que existe una concentración de funciones en un único proveedor privado del sistema electoral. Ante estas dudas, anunciaron un plan para contar con testigos en la mayoría de los puestos de votación, quienes reportarían en tiempo real los resultados con el fin de consolidar la información de manera simultánea a la Registraduría Nacional del Estado Civil.“La estrategia es la de hace cuatro años, que nos permitió recuperar más de 500 mil votos al Senado, que es tener testigos de mesa que están fidelizados y capacitados; además, conocen las irregularidades”, explicó Uribe, quien resaltó que existen 22 causales por las cuales un testigo electoral puede impugnar los resultados de su mesa.Al domingo 1 de marzo, el Pacto Histórico, para la elección de circunscripción nacional, tenía inscritos 45 mil testigos para cubrir 90 mil mesas electorales, es decir, uno por cada dos mesas, y espera que este jueves 5 de marzo, cuando se vence el plazo, ya cuenten con la cifra necesaria para cubrirlas en su totalidad.Igualmente, exigieron a la autoridad electoral una auditoría técnica independiente con revisión completa del código fuente, así como la publicación de los protocolos de transmisión y consolidación de datos.En cuanto a lo planteado por el presidente Gustavo Petro sobre impugnar resultados, la senadora María José Pizarro aclaró que no se trata de una “impugnatón” masiva, sino de reforzar la vigilancia y, en caso de que existan causales, proceder a presentar las reclamaciones correspondientes.En rueda de prensa, el Pacto Histórico, como bloque, también insistió en que no se ha cumplido la decisión del Consejo de Estado de 2018, que exigió la adquisición de un software que no dependiera de un proveedor privado.
La Fiscalía General de la Nación imputó al cabecilla del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, así como a Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, y a Farby Edison Parra Parra, alias Richard, señalados como jefes político y financiero del autodenominado Frente 33, por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir. La decisión se produce en el marco de las investigaciones por la ola de violencia registrada en la región del Catatumbo entre enero y abril de 2025, pese a que los procesados cuentan con órdenes de captura suspendidas.Según los elementos materiales probatorios recopilados, estas personas habrían ordenado a sus estructuras armadas ejercer control territorial absoluto mediante el uso de armas y rentas ilícitas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en Norte de Santander. En cumplimiento de esa directriz, integrantes del grupo armado ilegal habrían promovido acciones violentas que generaron miedo y zozobra en la comunidad, así como graves violaciones a los derechos humanos.De acuerdo con las denuncias recibidas, las actividades investigativas y los análisis criminológicos adelantados por la Fiscalía, se han identificado 37 víctimas de homicidio, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y 87 personas afectadas por desplazamiento forzado en medio de la crisis.El delegado contra el Crimen Organizado, Raúl González Flechas, confirmó que también, en el marco de estos hechos, ya se han expedido seis órdenes de captura contra integrantes del ELN: tres contra miembros del COCE, identificados como Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, y tres contra cabecillas del Frente de Guerra Nororiental, conocidos como Silvana Guerrero, alias Alfred, y alias Andino.Frente a la situación jurídica de los imputados con órdenes de captura suspendidas, la Fiscalía explicó que, conforme a la Directiva 0003 de 2025, los fiscales continuarán con la investigación y la gestión de audiencias “con indiferencia de que el o los investigados o acusados tengan suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra”. Añadió que los beneficiarios de la suspensión serán citados a las diligencias a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin que ello implique afectación de su libertad personal.
Este miércoles 26 de marzo, desde tempranas horas, hay hostigamientos simultáneos en cinco municipios del norte del departamento del Cauca con ráfagas de fusil y explosivos contra estaciones de Policía y bases militares.Son hostigamientos que se registran en Caloto, Caldono, Corinto, Toribío y Santander de Quilichao. Los ataques han obligado a la población civil a permanecer confinada en las viviendas, haciendo que las clases en las instituciones educativas fueran suspendidas y el comercio permanezca paralizado mientras se recupera la normalidad.Según Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. Estos ataques estaban anunciados con anterioridad."Tenemos hostigamientos a varios cascos urbanos del departamento del Cauca, todo indica que serían unidades del EMC-Farc, en conmemoración de un aniversario más de la muerte de Manuel Marulanda Vélez alias 'Tirofijo'. Esto era previsible, al menos, por el Gobierno nacional", señaló Capaz.Ataques estaban anunciadosSegún las comunidades indígenas, los ataques que este miércoles se producen estaban anunciados, ya que, precisamente, este 26 de marzo se cumplen 17 años de la muerte de Manuel Marulanda "Tirofijo".
Después de casi dos semanas de cierre total de la vía Panamericana por la caída de más de 11.000 metros cúbicos de piedra y tierra, que conecta a Nariño y Cauca, el Invias expidió la resolución 00860 del 25 de marzo que ordena su apertura en horas del día y restringe su movilidad en horas nocturnas.Jhon Jairo González, director encargado del Invias, aseguró que la decisión se tomó luego de la evaluación de un comité técnico que recorrió el sector de Cano en el kmt 41 donde se registró uno de los casi 20 deslizamientos de tierra, que durante once días tuvo bloqueada la carretera. Y es que, luego de la reunión con expertos, se autorizó la apertura del corredor internacional con la salvedad que se restringe el tráfico por la misma en horas nocturnas para evitar cualquier incidente."El objetivo será autorizar el cierre total de la vía Troncal de Occidente sector Cano - Mojarras, Ruta Nacional 2502 a la altura del PR41+0050, en el horario desde las 17:00 horas hasta las 6:00 horas y hasta tanto no se realice una evaluación por parte del especialista competente que verifique las condiciones de seguridad para el tránsito en el sector afectado por el deslizamiento de material", puntualizó la resolución.En la misma resolución, se mencionó que será responsabilidad de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS informar a la Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación del INVIAS, el cumplimiento de todas las obras necesarias con las cuales se supera la emergencia y solicitar la terminación de la vigencia de la presente Resolución.Mientras tanto, transportadores de carga de Nariño calificaron como positiva la medida y pidieron de las autoridades de tránsito y transportes adoptar las medidas necesarias para impedir nuevos traumatismos en la carretera.Los transportadores aseguraron que la antigua vía al norte, si bien es una variante muy importante, no está habilitada para el paso de transporte de carga pesada y los reclamos de la comunidad de los municipios del norte de Nariño son justificados porque el deterioro de la vía es "preocupante" y "nadie quiere responder".Este es la resolución de la vía Panamericana
En video quedó registrado un caso de agresión contra un funcionario de las empresas públicas municipales de Cali, Emcali, en el sur de la ciudad. Las imágenes evidencian que el hombre agredió verbal y físicamente al funcionario público cuando adelantaba trabajos en la zona.Le puede interesar: Desde la gerencia de Emcali, a través de un trino, rechazaron lo sucedido y aseguraron que la denuncia ya fue interpuesta de manera formal ante la Fiscalía para iniciar las respectivas investigaciones."Desde Emcali defendemos la integridad de nuestros trabajadores, que cada día están en terreno garantizando servicios esenciales para los caleños. Con @SeguridadCali, acompañamos el caso del funcionario agredido en el barrio Alto Jordán, ya denunciado ante la Fiscalía. Esperamos que las autoridades actúen con firmeza.", dice el trino publicado en la cuenta de Roger Mina, gerente de la entidad.Los hechos ocurrieron exactamente sobre la carrera 93 con calle 2-E ,del barrio Alto Jordán, luego que la comunidad llamara a la empresa para arreglar un daño eléctrico. El hombre enfadado no permitió las labores, tras negarse a correr un vehículo que no dejaba pasar el carro de la empresa pública."El compañero de Emcali solo iba a restablecer el servicio de energía por causa de este intolerante que agredió física y verbalmente al funcionario. Se demoró la llegada de la energía, afectando a toda una comunidad. Hay que respetar a los funcionarios porque queremos que todas funciones bien, como la energía, el agua, el alcantarillado y el internet. Hacemos un llamado para que esto no ocurra", dijo David Vargas, presidente del sindicato de Simtraemcali.Por estos hechos, las autoridades buscarán las herramientas que permitan evitar este tipo de actos con los funcionarios públicos, además de hacer el llamado para que no atenten ni agredan a las personas vinculadas a la entidad.
Luego que la comunidad reportara una mortandad de peces en aguas del río Sonso, en el Valle del Cauca, específicamente en la microcuenca Sonsito, se logró determinar que esta causa estaría asociada a una contaminación del agua que, al momento, no ha sido identificada.Autoridades ambientales llegaron hasta la zona para tomar algunas muestras y, con ello, realizar las respectivas investigaciones por parte de profesionales para esclarecer lo que ocurrió."Los días que se registró el evento no se presentaron avenidas torrenciales o deslizamientos en la parte media o alta de la microcuenca y se puede concluir que la mortandad no está asociada a causas del clima o naturales, por eso, estamos investigando a ver que ocurrió", dijo Diego Fernando Quintero, profesional especializado de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.Una de la hipótesis que, al momento manejan las autoridades, indica que sería por vertimientos de algunos químicos que se usan en las parcelaciones de esa zona por actividades como la porcicultura y la ganadería."La microcuenca Sonsito se caracteriza por ser un lugar donde las principales actividades son potencias en vertimientos de residuos domésticos, o contaminación de actividades pecuarias y eventualmente también químicos agrícolas", explicó el funcionario público.Este hecho ha ocasionado que se enciendan las alertas, debido a que esto genera un desequilibrio natural en la zona, por lo que incrementarán los operativos de control en el afluente del corregimiento de Sonso.
Hospitalizado permanece el reconocido coreógrafo Luis Eduardo Hernández, 'El Mulato'. El artista sufrió un infarto este fin de semana cuando se encontraba en su casa en la ciudad de Cali. "Según el parte médico, el maestro sufrió un infarto agudo de miocardio, y gracias a la rápida atención lograron estabilizarlo; en este momento se encuentra estable, consiente y en constante observación médica para hacer seguimiento a la evolución de su salud", señaló la compañía artística El Mulato y su Swing Latino, a través de un comunicado.La trayectoria artística de 'El Mulato' es reconocida a nivel mundial, pues junto a su grupo de bailarines de Swing Latino han participado de decenas de certámenes internacionales de baile, además, de su trabajo constante con la artista Jennifer López, quien ha confiado de su talento con la salsa caleña para múltiples de sus presentaciones."Su familia y el equipo de la compañía artística agradecen las palabras de apoyo del gremio salsero y cultural de Cali, así como de la ciudadanía quienes han estado atentos de la salud del “Mulato", finaliza el comunicado oficial.
Lo que transcurría como una noche normal en el municipio de Cartago, se convirtió en una trágica tras el asesinato de tres personas en un parque.El hecho se registró hacia las 10:30 de la noche del martes 3 de marzo, en un parque ubicado entre los barrios El Danubio y San Joaquín, en la comuna 7 de esta localidad.De acuerdo con la información oficial, las víctimas se encontraban en el lugar, cuando fueron atacadas con arma de fuego por hombres que se movilizaban en una motocicleta. El coronel Pedro Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, confirmó que, según las primeras indagaciones, una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por el delito de homicidio y otros comportamientos contrarios a la ley.El oficial también señaló que este ataque se produjo pocas horas después de la captura de alias 'Cakin', señalado cabecilla principal del grupo criminal Los Flacos, estructura delincuencial que afecta al norte del departamento y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera su captura.Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) catalogaron el hecho como una masacre y recordaron la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que se incluye a Cartago dentro de los municipios con riesgo alto por la presencia de bandas criminales. Entre tanto, las autoridades adelantan las labores de identificación plena de las víctimas y continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.
El debate sobre el salario mínimo sigue generando inquietud, y es que esos $ 2.000.000 han llevado a que muchas empresas deban ajustar gastos e inversiones, así como a plantear que el desempleo podría aumentar en el país.Pero mientras eso ocurre, en Cali hay un grupo de trabajadores que celebra la decisión de la Alcaldía de incrementar el 8,6 % en el salario de los trabajadores públicos oficiales, una determinación que se revisa desde febrero y que el pasado 3 de marzo fue formalizada mediante un acto administrativo.Cabe recordar que usualmente las empresas ajustan el salario solo de quienes devengan el mínimo, pero quienes ganan más no reciben ningún aumento o, como máximo, el equivalente a la inflación, que fue de 5,10 %, por lo que este ajuste estaría por encima. Si bien está lejos del incremento del 23 % que decretó el gobierno Petro, sí representa un alivio en medio del alto costo de vida.Aumento salarial del 8,6 % para trabajadores públicos en CaliEste ajuste corresponde a la inflación de 5,10 % más un 3,5 % adicional pactado en convenciones colectivas. Es decir, no es una decisión tomada a la ligera, sino que responde al cumplimiento de acuerdos previos con los trabajadores.La Alcaldía de Cali explicó que el acto ya fue remitido a las dependencias encargadas de hacerlo efectivo, entre ellas:Hacienda.Desarrollo e Innovación Institucional.Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.La instrucción es garantizar su correcta aplicación en la nómina.La administración distrital señaló que con esta decisión reafirma su compromiso con el bienestar laboral y con el cumplimiento de los acuerdos convencionales suscritos con los trabajadores oficiales.¿El aumento será retroactivo?A pesar de la buena noticia, una de las preguntas más frecuentes entre los empleados es si el incremento tendrá efecto retroactivo. Y sí, será retroactivo. La Alcaldía reveló que el aumento empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026; es decir, los empleados recibirán el ajuste correspondiente a los meses que ya transcurrieron del año.Por lo tanto, la medida no solo impactará los pagos en lo que resta del año, sino que también compensará enero y febrero.Aunque el porcentaje es menor al del salario mínimo nacional, el 8,6 % supera la inflación, lo que en términos reales representa una mejora en el poder adquisitivo de este grupo de empleados públicos.
La Contraloría General de la República advierte a la ANI que puede terminar perdiendo el pulso contra el Grupo Portuario en medio de la polémica por el Muelle 13 de Buenaventura.El año pasado, la Anla ordenó suspender las actividades del Muelle 13 argumentando graves afectaciones al medio ambiente, y desde entonces el Gobierno ha intentado terminar los contratos de Grupo Portuario, no solo en Muelle 13 sino también en otros terminales en Buenaventura.Hoy la Contraloría le dice a la ANI que existe un riesgo jurídico y económico en medio de las acciones del Grupo Portuario contra la ANI, tanto en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como en el Tribunal de Arbitramento. Entre otras cosas, en concepto del ente de control, hoy está vigente una resolución de la ANI que estableció que Grupo Portuario opera una Unidad Portuaria, por lo que Muelle 13 no puede entenderse como un asunto aislado."Igualmente son latentes las consecuencias por el no acatamiento de lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento en el asunto No. 156828, mediante el Acta No. 5 del 23 de septiembre de 2025, que impide la terminación del contrato de Concesión Portuaria No. 018 de 1997 a la ANI, hasta que se emita el laudo arbitral", agregó la Contraloría.La advertencia no es vinculante para la ANI.
Recientemente, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Cali admitió la acción de tutela interpuesta por uno de los sindicatos del Ministerio del Trabajo, que exige acciones inmediatas respecto a algunas fallas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede del Ministerio en la capital vallecaucana.La denuncia la hizo el Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito, Sintramérito, que evidenció las condiciones actuales de los elementos del plan de emergencias dentro de la sede ubicada en la Avenida 3 Norte #23 AN – 02, en el norte de Cali.Entre los hallazgos se encuentran el averío de la alarma y luces de emergencia, también de los rociadores contra incendios, extintores vencidos, la falta de botiquines completamente equipados y falta de señalización adecuada del punto de encuentro en caso de evacuación."Resulta paradójico que, en este caso, el Empleador sea el Ministerio de Trabajo, cuya función como entidad es, entre otras, formular, adoptar y orientar las políticas públicas para el trabajo, garantizando el derecho al trabajo decente, y la protección de los derechos de los trabajadores, pero que al momento de ceñirse a esa misma ley que promulga y defiende, se convierta en un trasgresor de aquello en lo que es garante y referente", señala Sintramérito en el documento.En la tutela también se advierte una serie de riesgos locativos, debido a condiciones físicas indadecuadas de las instalaciones de la sede del MinTrabajo en Cali, las cuales podrían generar accidentes laborales."Con el fin de que se le amparen los derechos fundamentales a la salud, a la vida, y al trabajo en condiciones dignas y justas de sus asociados. También se correrá traslado de la demanda tutelar a la Procuraduría General de la Nación, conforme lo solicitado por el actor, con el fin de que allegue pronunciamiento", se indicó en el fallo del juzgado.El sindicato solicitó que como medida provisional se suspendiera temporalmente las actividades laborales y atención al público en el edificio de la Dirección Territorial del Valle del Cauca, implementando la modalidad de trabajo en Casa, sin embargo, esta solicitud no fue aceptada por el juzgado.