En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en actividades de extorsión en Cali y municipios del norte del Valle del Cauca.De acuerdo con la información entregada por el Gaula Militar Valle, cuatro de los detenidos fueron ubicados en los barrios El Cedro y Nápoles, en Cali, donde presuntamente venían intimidando a comerciantes para exigirles pagos entre 10 y 40 millones de pesos, dependiendo de su actividad económica.En un segundo operativo, fue capturado otro hombre en el norte del departamento, quien sería integrante de un grupo de delincuencia común organizada conocido como “Águila 38”. Este sujeto estaría vinculado con casos de extorsión y secuestro a ganaderos en municipios como Roldanillo y Versalles, así como en sus zonas rurales.Según el coronel Mauricio Medina, comandante del Gaula Militar Valle, estas capturas hacen parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión. “Gracias a una operación coordinada e interinstitucional logramos la captura de estos sujetos, quienes presuntamente integraban grupos de delincuencia común organizada y venían afectando a comerciantes y ganaderos en la región”, señaló.Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.
Este jueves fueron presentadas diferentes estrategias que se están aplicando en Cali, con el propósito de convertir las vías de la ciudad en lugares seguros para todos los actores viales. Entre estas iniciativas está ‘Pasos seguros’, la cual consiste en realizar intervenciones pedagógicas y de control en diferentes puntos de la ciudad.Estas intervenciones están enfocadas en fortalecer la movilidad sostenible y la protección de la vida en las vías, es así como en los últimos tres años se ha logrado una reducción del 60% de muertes en accidentes de tránsito en la ciudad, en los primeros 77 días del año.“Seguimos salvando vidas en las vías de Cali, en el 2023, entre el 1 de enero y el 18 de marzo, hubo 80 muertes en accidentes de tránsito. Este año, en ese mismo tiempo, ha habido 52, es decir hemos tenido una reducción de 28 muertes, esto es un avance muy importante”, indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.Uno de los actuales indicadores que sigue preocupando a las autoridades es que la mayoría de las víctimas mortales en accidente de tránsito son los peatones, especialmente adultos mayores; los motociclistas están en el segundo lugar de víctimas. Es por esta razón que, durante esta jornada, se entregaron varios cascos reglamentarios, a aquellos conductores que no los portaban.
La Alcaldía de Cali entregó tres drones a la Fuerza Aeroespacial Colombiana como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en la ciudad mediante el uso de tecnología. Estos equipos buscan mejorar la capacidad de vigilancia y la respuesta oportuna de las autoridades frente a situaciones de riesgo.El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, aseguró que estas herramientas permitirán optimizar las labores de las agencias encargadas de proteger a los ciudadanos. "Estos drones serán herramientas clave para mejorar la reacción de la Fuerza Pública y prevenir el delito”, sostuvo.Por su parte, el general Óscar Mauricio Gómez, director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, indicó que los dispositivos no solo serán utilizados dentro de la unidad militar, sino también en sectores aledaños y en puntos estratégicos de ingreso a la ciudad, como la carrera octava, el corregimiento de Caucaseco y el área cercana al aeropuerto. “Van a servir no solo para la vigilancia de la unidad militar, sino que también ayudarán a las comunas aledañas y para cuidar los ingresos de la ciudad de Cali”, señaló.De acuerdo con las autoridades, los drones cuentan con cámaras de alta precisión que permiten identificar objetivos a una distancia de hasta 800 metros. "Los drones permiten hacer tareas de vigilancia macro y micro, gracias a sus tres cámaras integradas, que tiene una capacidad de visualización de objetivos de hasta 800 metros”, explicó el teniente Sebastián Córdoba, comandante de la Cuadrilla de Defensa Aérea y Antiaérea.Estos equipos alcanzan velocidades de hasta 90 kilómetros por hora y tienen una autonomía de vuelo cercana a una hora, lo que los convierte en una herramienta clave para operaciones de vigilancia. La inversión para la adquisición de estos tres dispositivos fue de aproximadamente 100 millones de pesos, y se suma a otros elementos entregados recientemente para fortalecer la seguridad en Cali.
Todo está listo en Cali para recibir este sábado 21 de marzo al reconocido artista de música urbana J Balvin, quien se presentará en el Estadio Pascual Guerrero. El evento promete no solo un espectáculo de alto nivel, sino también un importante impacto en la economía local.De acuerdo con la secretaria de proyectos especiales, Mabel Lara, diversos sectores se verán beneficiados, especialmente el turismo. Se estima que la ocupación hotelera podría alcanzar hasta un 60 % con más de 16 mil visitantes ."Este concierto tiene un impacto social y turístico, va a generar una derrama económica de aproximadamente a los 20 mil millones de pesos, generación de empleo alrededor de 2 mil, beneficia a sectores del trasporte, a comercio a los restaurantes" dijo la funcionaria. La funcionaria destacó que este tipo de espectáculos fortalecen la imagen de Cali como destino atractivo para grandes eventos, lo que contribuye a posicionarla como una de las ciudades más importantes del país en materia de entretenimiento y cultura."El evento posiciona a Cali como sede de grandes espectáculos, fortaleceremos nuestra reputación nacional y fortalecemos a la ciudad, hablamos de una Cali de puertas al mundo" expresó Lara. En cuanto a la logística, las autoridades han dispuesto medidas especiales para garantizar la movilidad de los asistentes. El sistema de transporte masivo anunció un plan operativo que incluye la habilitación de tres rutas del MIO, diseñadas específicamente para el retorno de los espectadores una vez finalice el concierto. Los buses estarán ubicados sobre la Calle Quinta y cubrirán recorridos hacia el norte, sur y oriente de la ciudad.
En un primer fallo de tutela, un juzgado administrativo determinó que el Ministerio del Interior, el de Hacienda y un Banco vulneró derechos fundamentales al no pagar oportunamente salarios, primas y otros emolumentos.La decisión determinó que la falta de pago afectó directamente el mínimo vital del accionante, entendido como los recursos indispensables para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.A partir de esa orden judicial, la cartera emitió en febrero de 2026 dos cheques correspondientes a salarios adeudados de noviembre y diciembre de 2025, así como de enero de 2026. Sin embargo, el caso escaló a un nuevo litigio tras la negativa del banco a hacer efectivos esos pagos.En una segunda tutela, un juzgado penal municipal de Bogotá concluyó que un banco vulneró el derecho Benedetti al negarse a pagar los cheques emitidos por el Ministerio, pese a que correspondían a ingresos salariales.Según el expediente, la entidad financiera rechazó el pago incluso ante la posibilidad de endoso a un tercero, argumentando razones internas. No obstante, el juez recordó que la autonomía de las entidades financieras tiene límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales .La decisión fue contundente: ordenó al banco realizar el pago de los cheques en un plazo máximo de dos días hábiles tras la notificación del fallo.Además, el fallo tuvo en cuenta que la entidad financiera no respondió oportunamente a la acción de tutela, lo que llevó a dar por ciertos los hechos expuestos por el accionante.
Una juez penal de conocimiento condenó, mediante preacuerdo, a Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', a 22 años y 4 meses de prisión por su participación en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.Durante la diligencia, la juez avaló la negociación judicial alcanzada con la Fiscalía y detalló las sanciones impuestas.Alias 'El Viejo' aceptó su responsabilidad en delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su rol, según la investigación, fue determinante dentro de la estructura criminal que ejecutó el ataque.De acuerdo con el expediente, Pérez Marroquín fue contactado para planear el atentado y, posteriormente, delegó la articulación del plan a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', quien habría definido la logística y distribuido los roles entre los demás implicados.Las autoridades también establecieron que alias 'El Viejo' realizó seguimientos previos a la víctima. En marzo de 2025, Miguel Uribe Turbay fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá, en una acción que haría parte de la fase de inteligencia del crimen.Asimismo, el hoy condenado fue quien entregó el arma de fuego utilizada en el magnicidio a Katherine Andrea Martínez Martínez. Según la Fiscalía, el arma fue modificada con el fin de aumentar su letalidad antes de ser usada en el ataque.Posteriormente, y tras la ejecución del crimen, Pérez Marroquín continuó participando en actividades relacionadas con la estructura criminal. Una semana después del atentado, suministró dinero y un celular a Martínez Martínez y facilitó su traslado hacia el departamento de Caquetá. Allí, de acuerdo con la investigación, la mujer sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura conocida como Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.Por su parte, el abogado Víctor Mosquera celebró la condena contra alias 'El Viejo'; sin embargo, reiteró que la justicia no puede limitarse a responsabilidades parciales "El sistema penal está obligado a identificar, judicializar y sancionar a todos los determinadores, financiadores e instigadores de este magnicidio"
La Alcaldía de Bogotá anunció la expedición del Decreto 069 de 2026, con el que se adopta un plan para eliminar la explotación económica de animales en el espacio público y fortalecer su protección y bienestar en la ciudad.La medida busca poner fin al uso de animales, como caballos, llamas o alpacas, que normalmente se pueden encontran en el centro de la ciudad, en actividades con fines lucrativos que, según las autoridades, en muchos casos implican maltrato, tenencia irresponsable o condiciones inadecuadas.El plan será liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que ha identificado múltiples situaciones de vulneración de derechos de los animales en este tipo de prácticas.El Distrito explicó que la estrategia no solo se enfocará en la protección animal, sino también en acompañar a las personas que dependen de estas actividades. Para ello, se implementará un proceso en tres etapas: caracterización de los casos, oferta institucional para reconversión laboral y una implementación progresiva del plan. Lo que quiere decir que este es el primer paso para prohibir esta práctica de explotación económica de los animales en las calles de Bogotá.Además, se promoverán campañas pedagógicas para fomentar una cultura ciudadana basada en el respeto hacia los animales, mientras que el IDPYBA asumirá la custodia y promoverá la adopción responsable de los animales que rescaten.Con esta decisión, Bogotá busca avanzar hacia un modelo de ciudad libre de maltrato animal, garantizando al mismo tiempo alternativas económicas para las poblaciones más vulnerables que dependen de estas actividades.
La preocupación surge luego de que la dirección del auditorio planteara realizar otros conciertos en el mismo horario, lo que ha generado incomodidad entre los músicos, quienes consideran que se trata de un momento histórico construido junto a su público.Blu Radio conversó con Aníbal Dos Santos, violista principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quién aseguró que este no es un tema reciente, sino una tradición consolidada durante décadas en la ciudad.“Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de las cuatro de la tarde de los sábados, en el auditorio León de Greiff, es una tradición que lleva más de cuarenta años, más cerca a los a los cincuenta. Y construir, eso eso ha sido todo un proceso que a través de todas esas décadas se ha podido construir un público, una tradición en la población de Bogotá, porque mucha gente de de todas las edades te dice, me acuerdo cuando mi papá me llevaban a los conciertos de la Filarmónica en los años setenta, etcétera. Es decir, realmente hay mucha gente que sabe eso que están, que saben que existen y que siguen existiendo esos conciertos”, explicó.En ese sentido, destacó que no solo se trata de un espacio, sino de una relación construida con su público a lo largo del tiempo.“La gente que viene a al León de Greiff los sábados a las cuatro de la tarde, son personas que vienen a escuchar la Ortesta Filarmónica de Bogotá, vienen a escuchar nuestra programación, vienen a escuchar lo que tenemos que ofrecer esa semana. Mucha gente viene, ni siquiera se meten en páginas web hoy en día a ver cuál es la programación, sino simplemente están allá desde las dos y media, dos de la tarde haciendo cola para poder entrar. Eso es algo que pasa todas las semanas”, señaló.Según el violista, el conflicto surge porque la nueva programación coincidiría exactamente con ese horario, lo que, a su juicio, implicaría desplazar a su audiencia habitual.“Hemos tenido conversaciones con la señora María Bailen Sáenz, que es la directora del teatro, la cual está haciendo una programación que se llama Presencia, para la cual hemos estado también prestos a a aportar y ayudar. Pero en este momento, lo que lo que sí atraviesa esa línea que no nos sentimos bien con ella, obviamente, es que es que ella pretenda hacer conciertos de su ciclo en nuestra hora. Es decir, es usando nuestro público, es decir, la gente va a seguir, el público de la Orquesta Filarmónica de Bogotá va a seguir viniendo a los conciertos, pero va a encontrar a otra orquesta tocando”, subrayó.Además, Dos Santos indicó que existe un convenio firmado entre la Universidad Nacional y la Orquesta Filarmónica que respalda el uso de ese espacio.“Si hay un convenio, y fue firmado entre director de la orquesta en esa época y el rector de la Universidad Nacional. Entonces, los convenios son como contratos y son para respetarloS, es decir, eso es lo único que nosotros pedimos, es que eso ya está por escrito”, afirmó.La Orquesta también quiso dejar claro que el problema no es con la Orquesta Sinfónica de Colombia, a la que describen como una agrupación cercana.“La sinfónica de Colombia es una orquesta hermana, una orquesta que le tenemos mucho cariño, es decir, mucha gente han salido de las mismas escuelas”, agregó.Aunque la Filarmónica asegura que no se opone a nuevas programaciones ni a compartir el escenario, insiste en que se respete ese horario emblemático, que consideran parte de su identidad y del vínculo histórico con su público.En Blu Radio contactamos a la directora del auditorio, María Belén Sáenz, para conocer su posición frente a esta situación; sin embargo, se negó a entregar declaraciones.
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana evidenció que la inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia mantiene rezagos en distintos niveles del sistema. Según el estudio, basado en datos del Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional (2023) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 2 % de la matrícula en educación regular corresponde a estudiantes con discapacidad.El informe señala que, aunque el 5,8 % de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad, su participación en el sistema educativo es considerablemente menor, con cerca de 200.334 estudiantes matriculados frente a un total de 9,8 millones. Esta diferencia refleja barreras en el acceso y la permanencia dentro del sistema educativo.Entre los hallazgos, se identifica que la discapacidad intelectual es la más frecuente entre los estudiantes registrados, seguida de discapacidades psicosociales y múltiples. Además, la presencia de esta población es ligeramente mayor en el sector oficial (2,1%) que en el privado (1,8%).El estudio también evidencia brechas en habilidades básicas. La tasa de analfabetismo en personas con discapacidad alcanza el 18,2 %, frente al 4,4 % en quienes no presentan discapacidad. En población en edad escolar (5 a 16 años), la diferencia es mayor: 34,2 % frente a 9,2 %.En cuanto a la asistencia escolar, el 95,4 % de los estudiantes sin discapacidad asiste a clases, mientras que en la población con discapacidad la cifra es de 72,9 %, lo que representa una brecha de 22,5 puntos porcentuales.Estas diferencias impactan las trayectorias educativas. El informe indica que la mayoría de personas con discapacidad alcanza como máximo el nivel de primaria, con menor participación en educación media y superior.Desde el LEE se plantea la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, con énfasis en detección temprana, ampliación de cobertura, reducción del analfabetismo y promoción del acceso a niveles educativos superiores, con el fin de mejorar las condiciones de permanencia y progreso académico de esta población.
Blu Radio habló con la secretaria de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Rita Mesquita, quien explicó los mecanismos que viene proponiendo el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tanto para proteger la biodiversidad como para el clima.Además, confirmó la presencia en la COP16 de biodiversidad en Cali de la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva."Yo creo que la ministra trae una acción de convergencia con las propuestas que están siendo hechas por el Gobierno de Colombia, que se haga un puente entre esta copia y la copia del clima que se ubicará en Brasil en el próximo año", indicó la funcionaria.Frente al trabajo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Mesquita consideró que hay mucha sintonía entre los países frente a las acciones para proteger la biodiversidad."Creo que es una colaboración de largo plazo, es una colaboración que es productiva y que tenemos que unir nuestras fuerzas para asegurar la debida protección de nuestros ambientes únicos", indicó.Brasil se prepara para recibir la COP30 sobre clima. El evento tendrá lugar en Belém, en el estado de Pará, por primera vez en una ciudad amazónica, que se celebrará entre el 10 y el 21 de noviembre de 2025.
Casi se cumple una semana de la COP16 y Colombia ha sido protagonista bajo el liderazgo de la ministra Susana Muhamad, quien asumió la presidencia en representación de los 196 países miembros. Este nombramiento destaca los logros ambientales del país en los últimos años, marcados por la significativa reducción de la deforestación y la implementación de programas para la conservación y sostenibilidad.El Gobierno de Gustavo Petro ha alcanzado una reducción histórica del 54 % en la deforestación general y del 61% en la Amazonía. En apoyo a esta estrategia, el programa “Conservar Paga” brinda incentivos económicos mensuales a más de 3.000 familias que protegen los bosques, con una meta de aumentar este beneficio a 16.000 familias. La financiación de estos proyectos se ha fortalecido con la creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que cuenta con un presupuesto de 4 billones de pesos destinados a la conservación natural.Colombia ha lanzado un plan integral de biodiversidad que prevé una inversión de 76,5 billones de pesos y contempla una hoja de ruta con cuatro áreas estratégicas, seis metas nacionales y 191 acciones en los próximos cinco años. Este proyecto fue elaborado en conjunto con 15 ministerios, el DNP, empresarios y la participación de 23.000 personas.Entre las metas más destacadas, el país se propone ampliar las áreas protegidas del 24 % al 34 %, crear 500.000 empleos en bioeconomía, restaurar 19 millones de hectáreas en riesgo ambiental y reducir el tráfico de fauna en un 50%. Además, se impulsará la reconversión de cinco millones de hectáreas a modelos de producción sostenible, promoviendo una economía más verde.Como parte de su compromiso con la transición energética, Colombia presentó un portafolio de inversión de 160 billones de pesos, enfocado en la descarbonización y la reactivación económica. Este plan será detallado en los próximos días y apunta a posicionar al país como un líder en energías limpias y sostenibilidad.
Desde el gremio de los moteles de Cali, denuncian que no fueron tenidos en cuenta para alojar a visitantes y turistas durante la cumbre sobre biodiversidad que hoy cumple su quinto día en la ciudad. Esto, a pesar de las declaraciones que el mismo alcalde, Alejandro Eder, asegurando que en varias oportunidades donde señala que fue necesario adecuar esos espacios para que pudieran recibir usuarios."Nosotros tenemos los hoteles al tope, porque tenemos un buen sector hotelero, y por esta razón algunos moteles se adecuaron de una manera más presentable para el cuerpo diplomático y esas personas que están en los moteles están muy contentos", dijo el mandatario caleño.Ante la situación, Ricardo Giraldo, vocero de Asoamar, que es la Asociación de Moteles de Cali, señaló que hoy se ven perjudicados, ya que sus alojamientos no superan ni siquiera el 40% de su ocupación en este momento en plena COP16."A nosotros, ni la alcaldía, ni la gobernación, nadie nos convocó y hemos tratado de acercarnos, pero nadie nos escucha, por eso los moteles de Cali, no estamos alojando en este momento turistas. Nosotros sí adecuamos dentro de lo que pensábamos que podíamos cumplir para alojar invitados, personal, y todo aquel que llegue a la Cop16, pero no pasó, tanto así que en este momento nuestra ocupación es solo del 40 %", expresó Giraldo.En este momento, alrededor de 70 moteles asociados a Asoamar, esperan que la próxima semana el panorama mejore, ya que se han hecho inversiones para adecuar a los espacios para los turistas. Una estadía, según la asociación, un motel oscila entre 90 mil y 200 mil según la habitación.
Un hincha del Deportivo Cali resultó lesionado con un arma traumática en medio de un enfrentamiento con hinchas del América, luego de salir del Estadio Pascual Guerrero, ubicado en el sur de la ciudad.En el lugar se estaba ensayando para un cacerolazo sinfónico que se realizará en el concierto “Paz con la naturaleza” este próximo sábado 26 de octubre, como parte de la agenda de la COP16. "Tuvimos un enfrentamiento en la parte externa del estadio de parte de las barras bravas. Como resultado de ese enfrentamiento, se tuvo una persona lesionada, la cual fue atendida de manera inmediata y en este momento se encuentra fuera de peligro", dijo Álvaro Pretel, subsecretario de seguridad de la Alcaldía de Cali.En el cacerolazo participarán integrantes del Deportivo Cali del Frente Radical Verde y de la Unión de Resistencias, también fueron invitados la hinchada del América, quienes finalmente no accedieron. Al momento de los hechos, la barra Barón Rojo Sur, también tenía una actividad cerca a este lugar y a la salida se registró el roce entre ellos."Esta situación fue controlada de manera inmediata por parte de la policía nacional, logrando que no se tuviera más afectaciones, esto ocurrió en lo que será el concierto de este sábado, y las autoridades buscan que se lleve de la mejor manera este evento", explicó Pretel.Finalmente, indicaron que la zona se encuentra custodiada con un gran despliegue de la Policía para evitar nuevos enfrentamientos entre las barras de los equipos, y para que el evento se dé con tranquilidad este fin de semana.
Desde Cali, en el desarrollo de la COP16, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre los riesgos que afectan los ecosistemas en el país, especialmente la región Andina, Amazonía y Pacífico, por cuenta de la minería ilegal y la extensión de cultivos ilícitos.La alerta fue dada a conocer en dos documentos que recoge las problemáticas y los riesgos de la biodiversidad para departamentos como el Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Tolima, Putumayo y gran parte del Valle del Cauca."Estas alertas no solo contaminan los recursos hídricos, sino que destruyen ecosistemas vitales y ponen en riesgo a la flora, la fauna y las comunidades, sobre todo porque hace falta control institucional”, señaló la defensora.Asimismo, argumentó que las áreas protegidas se encuentran altamente amenazadas, es decir, que 75 extensiones claves para biodiversidad están en concesiones mineras y en esos puntos, existe un alto riesgo de la pérdida de la naturaleza y sus ecosistemas."La COP16, celebrada este año en Colombia, es una gran oportunidad para contarle al mundo el estado de la biodiversidad, hacer evidentes los diversos problemas, desafíos y obstáculos, pero también, para robustecer, proponer e implementar estrategias de conservación y promover su protección de manera efectiva”, explicó Marín Ortiz.Ante estos hallazgos, la entidad hizo alrededor de 50 recomendaciones a diferentes instituciones del orden nacional y local sobre la conservación, protección y preservación de los ecosistemas biodiversos que se deben aplicar en todo el país."Les solicitamos a las autoridades ambientales implementar acciones de restauración ecológica de los ecosistemas afectados, consolidando los instrumentos de planificación, que permitan establecer un régimen ambiental de usos del suelo, asignando a cada zona una categoría de manejo que asegure su sostenibilidad”, aseguró la defensora del Pueblo.Finalmente, reiteró al Ministerio de Defensa, la Policía, Ejército Nacional, y Parques Nacionales Naturales, ejecutar una estrategia más contundente para el cierre de las bocatomas ilegales de minería ubicadas en los municipios que conforman el Macizo Colombiano.
La intensa temporada de lluvias sigue generando emergencias en el Valle del Cauca. En zona rural del municipio de Pradera, los fuertes aguaceros han provocado múltiples afectaciones que mantienen en alerta a las autoridades y a las comunidades.Las precipitaciones han causado daños significativos en viviendas y pérdidas en cultivos, impactando directamente a varias familias campesinas.“El fuerte aguacero hizo muchos daños, dañó cultivos, no tenemos energía porque dañó el poste, dañó los techos de las viviendas. Estamos pidiendo colaboración del gobierno departamental para que nos colabore”, manifestó Carlos Rojas, habitante del sector, quien fue es uno de los afectados por esta situación.Entre las zonas más golpeadas se encuentran los corregimientos de Bolo Blanco, El Retiro y La Carbonera, así como los sectores de La Tupía, La Granja y Vallecitos, donde las comunidades enfrentan dificultades para su movilidad y acceso.Desde la Alcaldía de Pradera informaron que ya se han desplegado equipos para atender a las familias damnificadas y avanzar en las labores necesarias para mitigar la emergencia.Por su parte, la secretaria de Gobierno, Nini Jhoana Viafara, aseguró que “se trabaja de manera articulada para brindar apoyo a la población afectada.”Cabe recordar que actualmente son nueve los municipios del Valle del Cauca que se encuentran en alerta roja debido a la temporada de lluvias. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del departamento se reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención y evitar situaciones que pongan en peligro la vida.
El equipo de salud del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal realizó este miércoles una protesta que derivó en el cierre de la carretera que comunica a Zarzal con Cali, a la altura del corregimiento de La Paila.La movilización busca presionar el pago de recursos adeudados por parte de la EPS Emssanar, señalada por los trabajadores como responsable de la difícil situación financiera que atraviesa el centro asistencial.Según denunciaron, llevan varios meses sin recibir sus honorarios, mientras que la falta de suministros básicos y medicamentos ha complicado la atención a los pacientes. A esto se suma la salida de personal médico, lo que ha debilitado aún más la prestación del servicio.“Nos deben varios meses de salario, los proveedores han suspendido la entrega de insumos y la crisis económica es bastante grave. Somos cerca de 300 trabajadores afectados, y ya se han presentado múltiples renuncias; muchos profesionales no quieren continuar en estas condiciones”, manifestó uno de los empleados.En consecuencia, los usuarios afiliados a Emssanar han sido los más perjudicados, pues desde hace semanas no están recibiendo atención en este hospital.La problemática se extiende a otros centros de salud del Valle del Cauca, donde también se reportan retrasos en pagos por parte de esta EPS. Mientras tanto, crece la incertidumbre frente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de entidades promotoras de salud con dificultades financieras, una medida que genera preocupación entre pacientes y trabajadores del sector.
Javier Tascón es el hombre de 73 años que, desde hace cinco días, permanece en una UCI de la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, después de haber sido víctima de disidentes de las Farc, quienes le dispararon por no detenerse en un retén ilegal, en inmediaciones del corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, Valle.Junto a su familia son reconocidos agricultores de este corregimiento desde hace varias décadas. Él, sus padres y cuatro hermanos se han destacado por brindar oportunidades laborares en el pueblo, teniendo tiendas y cultivos. Durante este tiempo, señalan que nunca habían vivido una situación como la que hoy están atravesando, pues aseguran que todas las personas de Timba, los han conocido."En la vía antes de la Balsa lo estaba esperando un tipo en una moto, lo hizo parar y le dijo ¿vos quién sos?, él le respondió: Yo soy Javier Tascón, yo soy de aquí de Timba, de la familia Tascón y el otro le dijo, yo no te conozco H*, te bajás. Mi hermano no se quiso bajar. Cuando el tipo sacó la ametralladora, salió volado en el carro. La balacera fue terrible y lo cogió. De milagro como le digo, no lo mataron", dijo Julia Tascón, hermana de la víctima, narrando cómo sucedió el ataque.Javier había llegado a Jamundí desde hace ocho años de los Estados Unidos, país donde estuvo radicado durante un largo tiempo junto a su familia, por lo que cuenta con ciudadanía americana. Su propósito al volver a Colombia era cuidar y vivir de su finca."Son 85 años hace que el pueblo nos conoce, siempre de negocitos, de tiendas. Mi hermano fue para Estados Unidos, regresó ya pensionado para poder vivir acá en el país en su finquita, que él con los ahorros había comprado y había sembrado los frutales y así fue, esa es su vida", añadió doña Julia.Hoy, la familia Tascón no solo está atravesando el ataque de Javier, sino que están agotando todos sus esfuerzos para impedir su traslado de Valle del Lili a la Clínica Nuestra, proceso que, en su condición actual, puede comprometer aún más su estado de salud. Incluso, un juez falló a su favor una tutela, para garantizar que don Javier siga siendo atendido donde está."Él es consciente de que tiene que hacer unas terapias, pero estamos tratando de que la clínica no lo saque de allí, porque quieren sacarlo de esta clínica para mandarlo a otra, él tiene un tiro en el cuerpo. Si lo mueven, él puede quedar inválido", explicó su hermana.Los familiares manifiestan su descontento por la falta de respuesta por parte de las autoridades de Jamundí, asegurando que, hasta el momento, no se han comunicado con ellos, ni para conocer el estado de salud de Javier, ni para iniciar un proceso de acompañamiento o reparación.
La comunidad salsera del Valle del Cauca está de luto tras el asesinato de Luder 'Junior' Quiñónes, reconocido timbalero que marcó una trayectoria de más de tres décadas en la música colombiana. El hecho ocurrió en el barrio Bretaña, en el centro de Cali, donde, según información preliminar, el músico fue interceptado por hombres armados cuando se disponía a abordar su camioneta.Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. Quiñónes era considerado una figura clave en la percusión salsera del país. Fue integrante de la banda del cantante Willy García en su etapa como solista y participó en agrupaciones emblemáticas como Grupo Niche y Son de Cali. Su trayectoria también incluyó colaboraciones con orquestas internacionales como Los Hermanos Lebrón y La Suprema Corte, consolidándose como uno de los percusionistas más respetados del género.Sobre las causas del ataque, el general Herbert Luguiy Benavídez, comandante de la Policía de Cali, informó que se dio en medio de un intento de robo y que: “Se pudo establecer que el artista se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por sujetos armados, presentándose un intercambio de disparos que le habría ocasionado lesiones con arma de fuego”.La muerte del músico ha generado múltiples reacciones en el sector artístico. A través de sus redes sociales, Willy García lamentó la pérdida y lo describió como un “hermano de vida”, recordando los años en los que compartieron escenario y construyeron su carrera “hombro a hombro”. "Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de 30 años de trayectoria artística", afirmó el equipo de García.Directores musicales y colegas han resaltado no solo su talento, sino también su calidad humana y su aporte a la identidad musical de Cali.