Líderes comunales del sector de Cabecera solicitaron al alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, la asignación permanente de un guarda de seguridad para el Parque San Pío, luego de denunciar un nuevo caso de actos sexuales en espacio público.La petición fue formalizada por la Junta de Acción Comunal y la JAL de la Comuna 12, mediante un oficio en el que advierten sobre varias problemáticas que, según indican, vienen afectando de manera reiterada este emblemático escenario urbano.En la comunicación, los líderes señalan que el Parque San Pío, considerado un referente cultural, turístico y de encuentro familiar en la ciudad, enfrenta situaciones como consumo de cigarrillo y otras sustancias en zonas frecuentadas por niños, vandalismo contra el mobiliario y zonas verdes, daños a bienes culturales, ocupación indebida del espacio público por vendedores informales y deterioro del césped.Sin embargo, el hecho que motivó con mayor urgencia la solicitud fue la denuncia de actos sexuales protagonizados por una pareja en el parque, situación que, según la comunidad, quedó registrada en fotografías y que habría ocurrido en horario de alta afluencia de familias.Ante este panorama, los líderes piden la asignación inmediata y permanente de un guarda exclusivo para el parque, así como controles periódicos, recuperación del espacio público, intervención en el alumbrado y poda técnica de árboles que actualmente, aseguran, generan zonas oscuras e inseguras.El llamado también se extiende a la zona conocida como Cuadra Play, sector de rumba de la ciudad, donde residentes denuncian desórdenes permanentes entre jueves y domingo.César Niño, líder del sector de Cabecera, afirmó que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes frente al aumento del consumo de licor y drogas en vía pública, el ruido excesivo, el mal parqueo de motocicletas y los disturbios a altas horas de la madrugada.“Se necesita reforzar la seguridad y controlar a las personas que vienen en las noches a disfrutar y emborracharse en las discotecas. El desorden se presenta desde el jueves hasta el domingo”, manifestó.El líder también pidió mayor presencia de la Policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría del Interior, incluyendo la de un inspector que pueda imponer cierres a discotecas cuando sea necesario. Además, solicitó mayor regulación a establecimientos comerciales y droguerías que, según indicó, estarían facilitando el consumo de licor en el espacio público.Esta es la carta de los líderes del barrio Cabecera de Bucaramanga.
Atravesados con carteles en el sector del peaje La Gomez, en el municipio de Sabana de Torres, se encuentran transportadores y miembros de la comunidad que mantienen bloqueada la Troncal del Magdalena Medio en protesta contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande. La manifestación ha generado una gran congestión vehicular y un trancón de varios kilómetros en este corredor nacional.Desde las 6:00 a. m. de este lunes 16 de febrero, el gremio de volqueteros inició los bloqueos que se mantienen en varios puntos del Magdalena Medio, afectando la movilidad en municipios como San Alberto, Puerto Araujo y Sabana de Torres. Las protestas también se replican en otras localidades del Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.El corredor vial afectado conecta Puerto Salgar, Cundinamarca, con Curumaní, en el Cesar, por lo que el cierre impacta el transporte de carga y pasajeros en una de las principales rutas del país.Los manifestantes aseguran que la empresa KMA no ha vinculado mano de obra ni maquinaria local para las obras que se ejecutan en la concesión, pese a que, según afirman, llevan más de dos años adelantando trámites y entregando documentación para ser contratados.Rodolfo Patiño, conductor y vocero de los transportadores en Sabana de Torres, señaló que la empresa ha traído personal y equipos de otras regiones, dejando por fuera a los trabajadores locales.“Llevamos dos años presentando documentación y lo único que hacen es traer maquinaria y personal de afuera. Nos parqueamos todo el día esperando que nos den trabajo y no nos dan. En la noche no hay señalizadoras y es un peligro, en una vía nacional, poniendo en riesgo a todos”, expresó.El conductor aseguró que la decisión del gremio es mantenerse en protesta pacífica hasta obtener respuestas concretas. Una habitante de Sabana de Torres indicó que el gremio exige vinculación laboral, pero con garantías claras y sin la firma de pagarés.“Queremos trabajar, pero exigimos garantías y sin firmar ningún pagaré. No vamos a permitir que nos pisoteen. Esta protesta se está realizando en varios tramos porque todos queremos trabajar, pero con condiciones justas”, afirmó.Otro transportador hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que intervengan en el conflicto.“Pedimos a la ANI y a los entes del Gobierno Nacional que nos pongan cuidado. En todo el 2025 no nos escucharon y ya vamos en 2026. Queremos participar en los proyectos de desarrollo del Magdalena Medio”, manifestó.El cierre de la Troncal del Magdalena Medio ha provocado largas filas de vehículos de carga, buses intermunicipales y particulares. Conductores reportan demoras de varias horas para cruzar el sector del peaje en Sabana de Torres.
La Policía Nacional dio a conocer el cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio, señalados de amenazar y atacar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.En la lista figuran Yimi Alexander Pabón Pérez, Juan Ezequiel Mosquera Morelo, conocido con el alias de 'Boika', y Rafael Jaimes Caicedo, alias 'Pana'. Según las autoridades, estos hombres serían responsables de intimidaciones y acciones violentas contra personas vinculadas a procesos sociales y de construcción de paz en esta subregión del país.El afiche oficial advierte que, por información que permita su ubicación y captura, se ofrece una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).“Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, señala el mensaje institucional que acompaña la publicación.La Policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a la judicialización de estos señalados delincuentes, garantizando absoluta reserva.Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a las siguientes líneas habilitadas: Cuerpo Élite Policial, 317 896 5777; Contra el crimen: 314 358 7212; Contra el terrorismo, 107.Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar las amenazas y proteger a quienes ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos en el Magdalena Medio.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
La Arquidiócesis de Bogotá difundió un mensaje con motivo del aniversario número 60 de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el cura que decidió militar en el ELN y que murió en 1966 en su primer combate.“La Iglesia ora por el eterno descanso del padre Camilo y ruega al Señor por el fin definitivo de toda forma de violencia en Colombia. Al mismo tiempo, nos exhorta a trabajar sin desfallecer por la justicia social” dijo el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, en el comunicado titulado “El amor nos hace pasar de la muerte a la vida”. Esto con la necesidad de consolidar una paz estable y duradera.La Iglesia afirma en ese texto que la guerra y la violencia representan un fracaso humano y una herida persistente para la nación, también subraya el dolor de las familias afectadas por el conflicto y llama a trabajar por la justicia social dentro del marco del Estado Social de Derecho, además, invita a acoger el clamor de los sectores más vulnerables y a promover una sociedad más incluyente.El comunicado concluye reiterando que la reconciliación y la unidad nacional solo serán posibles si se supera la violencia por vías no armadas y si se fortalecen el diálogo y el respeto por la vida.Este pronunciamiento de la Iglesia se produce en un contexto marcado por nuevos avances en torno a la identificación de los restos óseos que podrían corresponder a Camilo Torres, sin embargo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aclaró que aún no hay resultados definitivos y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el proceso ha enfrentado limitaciones debido al estado y las condiciones de las muestras analizadas.Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse incorporado al ELN, en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Durante décadas se sostuvo que su cuerpo había quedado en poder de militares, hasta que a finales de enero pasado se informó oficialmente sobre el hallazgo de restos que podrían corresponderle.Aunque se cuenta con una muestra biológica orientadora, esta no ha permitido por sí sola establecer una identificación científica definitiva, por lo que se siguen adelantando estudios bajo estrictos criterios técnicos.Medicina Legal explicó también, que la identificación humana exige el vínculo de evidencia genética, antropológica y contextual, y anunció “un programa metodológico de confirmación para realizar las verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”.
El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en la capital del país y sobre los ataques contra los arroceros. El asesinato no es un hecho aislado; con su caso ya son cinco los empresarios vinculados con el cultivo del arroz que han sido asesinados desde 2023.Aponte fue atacado por sicarios cuando salía de un gimnasio en compañía de su escolta. De acuerdo con los investigadores, el homicidio dejó ver un plan criminal estructurado: hubo seguimientos previos y participación de una organización criminal organizada. El caso encendió la alarma sobre el riesgo que enfrenta el gremio arrocero.Cinco arroceros han sido asesinados desde 2023De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades documentan que, además del asesinato de Gustavo Aponte, existen otros cuatro casos que refuerzan la hipótesis sobre una violencia focalizada contra empresarios del arroz. Las víctimas son:Campo Elías Urrutia, asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Integraba la junta directiva de Fedearroz.Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En su caso se investigan presuntos vínculos con narcotráfico.Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, atacados en Meta en diciembre de 2023.Los homicidios han generado inquietud sobre un posible patrón criminal dirigido contra el gremio.¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de Gustavo Aponte?Entre las líneas de investigación se señala que el motivo del asesinato serían posibles extorsiones; ante ello, se analizan denuncias sobre exigencias de pagos por hectárea sembrada, así como la eventual infiltración de bandas criminales que usarían el negocio del arroz para actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.Adicionalmente, las autoridades estudian si existen disputas económicas y expedientes judiciales en el entorno financiero de las víctimas. La idea es conocer si hay relación entre los casos o si el homicidio corresponde a motivaciones distintas.El asesinato de Aponte no solo deja a una familia buscando respuestas, sino que profundiza el temor en el sector agrícola del país, donde la alerta no es solo por la productividad, sino también por la seguridad ante el incremento de estructuras criminales.
Tiendas D1 entregó 46.080 kg de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por la emergencia ocasionada por la fuerte temporada de lluvias en el país. Esta representa una de las mayores donaciones individuales en esta fase inicial de atención, según informó la compañía desde Bogotá.De acuerdo con las autoridades, la emergencia invernal ha dejado más de 69.500 familias damnificadas en 16 departamentos y 104 municipios, con mayores afectaciones en Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Chocó, La Guajira y Santander. Ante este panorama, se activó un corredor humanitario que articula a más de 24 donantes, 11 bancos de alimentos y una diócesis, con el objetivo de acelerar la llegada de ayudas a los territorios más afectados.La donación de Tiendas D1 estuvo compuesta por alimentos, productos de aseo e higiene personal y artículos de cuidado infantil, que serán distribuidos a través de su alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), red que se encarga de coordinar el acopio, el transporte y la entrega a las comunidades priorizadas.Para la compañía, la participación en este corredor humanitario hace parte de una estrategia de apoyo directo a las poblaciones más vulnerables en medio de la crisis climática. “Unirnos a este esfuerzo colectivo nos permite contribuir en una situación tan difícil que atraviesan varias regiones del país”, señaló Silvia Juliana Rueda, vicepresidenta de asuntos corporativos de la empresa.
Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
Las tropas del Batallón de Infantería de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron ubicar y destruir dos artefactos explosivos improvisados que fueron instalados en una vía terciaria de la vereda El Pescado en el municipio de Briceño.Lo que explica la fuerza pública es que en esta zona del Norte antioqueño se realizó este procedimiento que permitió neutralizar el accionar criminal del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' que pretendían atentar contra la población civil.Además, el Ejército Nacional aseguró que la injerencia del frente 36 no solo afecta la tranquilidad de los pobladores, sino que también golpea fuertemente las operaciones militares para poder contrarrestar la disputa territorial de las disidencias de alias 'Calarcá, Clan de Golfo y ELN.Hay que mencionar que no es el único procedimiento que se hizo recientemente en esta zona de Antioquia, ya que se logró ubicar cuatro artefactos explosivos que fueron instalados a cerca de 500 metros del corregimiento Charcón de Liberia en el municipio de Anorí.Según mencionaron desde las Fuerzas Militares, los explosivos fueron destruidos de manera controlada luego de determinar que, al parecer, los elementos fueron instalados por integrantes del Frente Capitán Mauricio del ELN.Por ahora las autoridades a nivel departamental y la Fuerza Pública buscan fortalecer los operativos en esta zona para poder mitigar los posibles riesgos que se generan con este tipo de explosivos y que eventualmente pueden generar graves daños tanto en uniformados como en la misma población civil.
La Terminal de Transportes de Bucaramanga, ubicada al suroccidente de la ciudad, opera con normalidad hoy 24 de diciembre. Desde horas de la mañana han ingresado 198 vehículos con 3.133 pasajeros, los demás viajeros se han quedado en paradas alternas como Papi Quiero Piña y el Parque del Agua.“Vemos que el flujo de pasajeros está comparativamente muy similar al del año pasado con una leve tendencia a tener más despachos”, confirmó Jaime Pérez, de la Terminal de Transportes de Bucaramanga.Para esta temporada decembrina, la terminal de la capital santandereana cuenta con un monitoreo por parte de la Superintendencia de Transporte para asegurarse que los vehículos estén en óptimas condiciones.Respecto al paro armado que sucedió en los últimos días, dieron un parte de tranquilidad a los viajeros que temen viajar por las carreteras del país, “ese miedo por fortuna quedó superado, las empresas están despachando a todo destino, están habilitadas todas las rutas de nuestro departamento”, agregó Pérez.La recomendación es a hacer uso del transporte formal y ser responsables con la vida, ya que, en otras circunstancias, con el transporte ilegal no se pueden conocer las condiciones técnico-mecánicas de los automotores, mientras que la Terminal de Transporte de Bucaramanga brinda garantías por medio de pruebas de alcoholimetría a los conductores y el control de lo que se está transportando dentro de los vehículos.Cabe destacar, que el mayor día de movilidad en esta época fue ayer 23 de diciembre, fecha en la salieron de la ciudad 11.235 pasajeros e ingresaron 6.558 pasajeros a la Terminal de Transportes.Así está operando la Terminal de Transportes de Bucaramanga
Un trágico accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en la vía que comunica a Campo 23 con el municipio de Puerto Parra, específicamente a la altura del PR 13, donde dos personas perdieron la vida.De acuerdo con la información preliminar, dos motocicletas colisionaron de manera frontal por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores fallecieron en el lugar del siniestro.Una de las motocicletas quedó gravemente afectada, con daños significativos que no solo se produjeron por el choque inicial. Según se conoció, el vehículo quedó tendido sobre la vía y, posteriormente, una camioneta que se desplazaba por el sector no alcanzó a frenar a tiempo, pasando sobre la motocicleta y ocasionando mayores destrozos.Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas, de quienes se sabe únicamente que se trataba de dos hombres que se movilizaban cada uno en su respectiva motocicleta.Unidades de tránsito y organismos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para atender la situación, adelantar los actos urgentes y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió este lamentable hecho.
El Plan Navidad ya se lleva a cabo con un gigantesco control policial que monitorea el flujo de pasajeros que entrarán y saldrán de la ciudad. Asimismo, se intensificaron los controles de seguridad en las vías para los vehículos que se dirigen y transitan por varios puntos del país.En esta época, la Terminal de Transporte de Bucaramanga y el Aeropuerto Internacional Palonegro contarán con controles de seguridad y acompañamiento a los usuarios, para asegurar que los ciudadanos y visitantes tengan una buena experiencia en la capital santandereana.“Tenemos un dispositivo policial en el aeropuerto Palonegro y en la Terminal de Transportes. Sabemos que en estos días habrá una gran movilización de personas, tanto en el departamento como a nivel nacional, y tenemos dispositivos de apoyo especiales para que estas zonas de la ciudad permanezcan seguras”, afirmó William Quintero, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Finalmente, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para los viajeros, entre ellas realizar pausas de descanso adecuadas durante trayectos largos para evitar microsueños y posibles accidentes de tránsito. Asimismo, invitaron a quienes planean viajar a informarse con anticipación sobre los horarios y la disponibilidad de tiquetes a través del sitio web oficial de la Terminal de Transportes.
Cuando diciembre llega al departamento de Santander, el espíritu navideño se enciende con la fuerza de las tradiciones que, año tras año, reúnen a familias, vecinos y comunidades en torno a festividades cargadas de fe, cultura y sabores típicos.Una de las costumbres más arraigadas en todo el departamento es la Novena de Aguinaldos, una práctica religiosa y social que marca la cuenta regresiva hasta la Nochebuena. Desde el 16 hasta el 24 de diciembre, miles de santandereanos se reúnen cada noche en hogares, parroquias, salones comunales y espacios públicos para rezar, cantar villancicos como “Tutaina” y compartir alimentos tradicionales como natilla, buñuelos, empanadas y bebidas calientes. La novena, más allá de su carácter litúrgico, se ha convertido en un símbolo de unión familiar y comunitaria que trasciende generaciones.En varios municipios rurales, e incluso en el área metropolitana de Bucaramanga, esta tradición tiene matices propios: algunas comunidades comienzan la novena a las 4:00 a. m., otras a las 5:00 a. m., reuniéndose bajo el cielo frío de la madrugada para iniciar el día con oraciones y villancicos antes de comenzar sus labores cotidianas.Esta costumbre refleja el carácter profundamente católico y comunitario del departamento, donde el tiempo compartido con la familia se valora como uno de los mayores regalos de la temporada.Entretanto, en Bucaramanga, la capital santandereana, la Navidad se vive con una mezcla de tradición familiar, actividades comunitarias y encuentros entre vecinos.La ciudad, conocida también como la “Ciudad Bonita”, ha visto cómo sus espacios públicos se llenan de luces, decoración y programación navideña que invitan a la participación colectiva. Parques y plazas se convierten en puntos de encuentro donde las familias recorren los alumbrados, revitalizando una costumbre que en décadas pasadas se vivía con gran intensidad.Para muchos bumangueses, la Nochebuena está reservada para la reunión familiar, la preparación de la tradicional cena navideña y la convivencia en torno a la mesa, donde no pueden faltar los platos típicos y la alegría compartida. Algunos hogares optan por realizar asados, mientras que otros vecinos organizan fiestas comunitarias que estrechan los lazos entre quienes viven en un mismo barrio o conjunto residencial.Además, eventos culturales como “Tutaina tu Navidad” se han consolidado como espacios donde la identidad santandereana se celebra de manera inclusiva, con presentaciones artísticas que reflejan las costumbres navideñas de la región. Este tipo de espectáculos permite que público de todas las edades disfrute de villancicos, pesebres en vivo y actividades que conectan la tradición con la cultura contemporánea.Así, en Santander y en Bucaramanga, la Navidad no es solo una fecha en el calendario, sino un momento de encuentro, memoria y tradición que renueva la fe y fortalece los vínculos familiares y comunitarios, manteniendo vivas costumbres que han sido transmitidas de generación en generación.
Los hospitales de Santander enfrentan una crisis silenciosa pero peligrosa la escasez de sangre en el momento en que más se necesita.El Hospital Universitario de Santander (HUS) confirmó que sus reservas están en niveles críticos, una situación que también fue advertida esta semana por el Hospital Internacional de Colombia.Diciembre, tradicionalmente, es un mes marcado por el aumento de accidentes de tránsito, riñas, hechos de violencia y emergencias médicas.A esto se suma un dato alarmante en Santander ya se reportan 21 personas quemadas con pólvora, ocho de ellas niños, lo que ha disparado la demanda de transfusiones y hemoderivados.Sin embargo, mientras las emergencias crecen, los donantes disminuyen.“Estamos en una época donde aumentan los accidentes, las riñas y las lesiones por inseguridad. Todo esto incrementa la necesidad de hemoderivados, pero al mismo tiempo baja el número de donantes. Necesitamos con urgencia sangre tipo O+, que aunque es común, es la que más escasea. Por eso hacemos un llamado a toda la comunidad santandereana para que done sangre y ayude a salvar vidas”, advirtió el médico Orlando Quintero, subgerente del HUS.El Hospital Universitario de Santander es la principal institución pública de atención de mediana y alta complejidad del departamento. Allí llegan pacientes no solo de Santander, sino también de Arauca, el sur de Bolívar, el oriente antioqueño y Norte de Santander, lo que hace aún más crítica la situación.El Hospital Internacional de Colombia (HIC) informó que las reservas de sangre en sus bancos ubicados en Piedecuesta y en el Instituto Cardiovascular en Floridablanca se encuentran en niveles críticos, situación que pone en riesgo la atención oportuna de pacientes que requieren transfusiones y la realización de cirugías.Las autoridades de salud insistieron en que cada donación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente en esta temporada donde las emergencias no dan tregua.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política.De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre de 2025, la cual, al parecer, se llevó a cabo en las instalaciones de la Central de Transportes de la capital nortesantandereana.El ente de control indicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria y determinar si las funcionarias actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.La participación en política por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones está regulada por la normativa disciplinaria vigente en Colombia, que prohíbe el uso de cargos o escenarios institucionales para favorecer actividades o intereses de carácter político. De confirmarse los hechos, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad, según la gravedad de la falta.Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación y las implicadas cuentan con las garantías del debido proceso mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público.
Con globos, pancartas y fuertes abrazos fue recibido Julián Carvajal en el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, luego de permanecer cuatro meses detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocido como ICE, en Estados Unidos.El joven santandereano, de 28 años, fue arrestado el pasado 20 de octubre en una gasolinera del estado de Michigan. Según su testimonio, agentes migratorios rompieron los vidrios de su vehículo antes de llevarlo a un centro de detención en ese estado y, posteriormente, trasladarlo a Luisiana.“La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya llevaba cuatro meses detenido”, expresó Luis Fernando Carvajal, padre del joven, en medio del emotivo reencuentro.Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Julián relató que las condiciones fueron difíciles. "La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas”, aseguró.La comunicación con su familia fue limitada. Las videollamadas se convirtieron en el único puente para mantener la esperanza mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. En el centro de detención en Luisiana pasó su cumpleaños, la Navidad y enfrentó la distancia en momentos dolorosos, como la pérdida de seres queridos.El joven también narró los estrictos protocolos de traslado. “Me sacaron para el aeropuerto de Alexandria y nos dieron seis horas esposados dentro del bus. Nos esposaban desde la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo”, relató.Hoy, ya en la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y hasta sus mascotas, Julián asegura que su mayor deseo es que no se olviden de los colombianos que aún permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.“Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también, pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza”, señaló.Según datos conocidos por las familias afectadas, cuatro de cada cinco colombianos detenidos por temas migratorios no enfrentan investigaciones penales. Por eso, casos como el de Julián reavivan el llamado para que el Gobierno colombiano refuerce el acompañamiento consular y no olvide a quienes, tras buscar el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Sabana de Torres, estaría relacionado con disputas internas por el manejo de rentas criminales. Según la Policía, la orden del crimen habría sido dada por un cabecilla financiero de esa estructura que se hace pasar como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar.El hallazgo se produjo en la noche del jueves 12 de febrero de 2026, en la vereda Mata de Plátano, a un costado de la vía rural. La víctima, un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, sería conocida con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el hombre presuntamente hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y sería el encargado de recoger las rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.Las autoridades indicaron que esta persona ya está plenamente identificada. "Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados", señaló el coronel Arévalo.La Policía desplegó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
El alto tribunal dejó en firme la nulidad de la elección de Eduar Abril Borrero; la decisión quedó en firme mediante providencia de la Sección Quinta del alto tribunal, que notificó oficialmente a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía municipal para que se proceda con la separación inmediata del mandatario.Con esta determinación, Abril Borrero pierde la investidura y el gobernador deberá nombrar un alcalde encargado mientras se organiza el calendario de elecciones atípicas para elegir a su reemplazo.El fallo judicial señala que contra esta decisión no procede ningún recurso adicional, por lo que su cumplimiento es obligatorio.La decisión quedó consignada en el auto emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fechado el 11 de febrero, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado por la defensa del mandatario.En la providencia, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, el alto tribunal precisó que la solicitud no tenía sustento jurídico y advirtió que “contra esta decisión no procede recurso alguno”, dejando en firme la nulidad de la elección y ordenando su inmediata separación del cargo.El caso de Concepción no es aislado; la justicia electoral ha endurecido el control sobre la doble militancia en el departamento.En los últimos años, decisiones similares han provocado la salida de varios mandatarios locales. En Bucaramanga, la elección de Jaime Andrés Beltrán fue anulada por el Consejo de Estado tras comprobarse apoyos a candidatos de otras colectividades, lo que obligó a convocar elecciones atípicas en la capital santandereana; de igual forma, en Girón también se presentó la pérdida de credencial de su alcalde por la misma causal.Los alcaldes de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta también fueron investigados por doble militancia.Estos fallos evidencian la estricta aplicación de las normas electorales y envían un mensaje de cero tolerancia frente a la doble militancia, una de las principales faltas que hoy termina sacando del cargo a mandatarios elegidos en las urnas.Mientras tanto, en Concepción crece la expectativa por la designación del alcalde encargado y la fecha en la que se realizarán las nuevas elecciones para definir el futuro político del municipio.
La entrega voluntaria permitió que la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) devolvieran las tortugas a su hábitat natural. La especie está catalogada como vulnerable a la extinción.Más de 60 tortugas morrocoy regresaron a la vida silvestre luego de permanecer en cautiverio dentro de una vivienda en Barrancabermeja. El operativo fue liderado por el Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en articulación con la CAS Regional Mares, como parte de las acciones de conservación de fauna en Santander.El intendente Juan Pablo Hernández Caballero, jefe del Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Animal, explicó que la intervención evitó que estas especies continuaran en condiciones inadecuadas. “Se logra la entrega voluntaria de 61 tortugas que se encontraban en una vivienda en Barrancabermeja. Desde allí son llevadas a la CAS para su valoración y posterior liberación. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tráfico de flora y fauna silvestre para proteger nuestros recursos naturales”, señaló.Los animales fueron entregados voluntariamente por un ciudadano a las autoridades ambientales. Tras la recepción, los ejemplares fueron trasladados a los centros de valoración de la CAS, donde recibieron revisión médica, evaluación nutricional y verificación de condiciones físicas, con el fin de garantizar que estuvieran aptos para su retorno seguro al entorno natural.La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es una especie nativa de bosques y sabanas que enfrenta alta presión por el tráfico ilegal, el consumo de carne y huevos y su comercialización como mascota.De acuerdo con el Instituto Humboldt, está clasificada como vulnerable a la extinción; fuera de su ecosistema natural, estos animales suelen sufrir desnutrición, enfermedades y estrés, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia y comercialización de fauna silvestre y denunciar cualquier actividad ilegal que atente contra la biodiversidad. Cada rescate, advierten, es clave para proteger el equilibrio ambiental de la región.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Corporación El Minuto de Dios distribuyeron mercados y elementos básicos para más de 200 familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija. La Segunda División mantendrá presencia permanente en la zona.Las ayudas humanitarias siguen llegando a Lebrija en medio de la emergencia provocada por la fuerte ola invernal. En las últimas horas se entregaron 1,5 toneladas de alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad destinados a las familias que lo perdieron todo por las inundaciones y el desbordamiento del río Lebrija.La jornada se desarrolló en articulación con la administración municipal y la Corporación El Minuto de Dios, con el apoyo logístico de tropas de El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, que han estado desplegadas en la zona rural desde los primeros días de la emergencia, apoyando evacuaciones, transporte de ayudas y verificación de las afectaciones a familias del corregimiento Vanegas, damnificadas por el frente fríoDe acuerdo con las autoridades locales, solo en este municipio más de 200 familias resultaron damnificadas por las crecientes súbitas, pérdida de cultivos y daños en viviendas. La presencia de la fuerza pública ha sido clave para garantizar la distribución segura de la asistencia y el acompañamiento a las comunidades más golpeadas.El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, aseguró que el respaldo institucional continuará mientras persista la emergencia.“Nosotros velamos siempre por la protección de la población civil. Estamos acompañándolos desde la emergencia en la vereda Vanegas y con nuestros batallones, tropas de la Quinta Brigada y la Fuerza Aérea hemos consolidado un esfuerzo no armado. El Ejército está acompañando, diciéndole: alcalde, no está solo; la comunidad no está sola. Seguimos pendientes para atender cualquier emergencia”, afirmó.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reiteró que las lluvias podrían continuar en varios sectores del departamento, por lo que no se descarta mayor atención de los organismos de socorro y despliegues humanitarios para atender a las comunidades afectadas por la temporada invernal.
Las lluvias no dan tregua en San Vicente de Chucurí y la emergencia vial ya se siente como una crisis humanitaria. En cuestión de horas, deslizamientos de tierra, caída de rocas de gran tamaño y el colapso de varios tramos de carretera dejaron incomunicadas entre 400 y 500 familias campesinas, especialmente en zonas rurales donde el acceso depende de vías terciarias que hoy están completamente taponadas.De acuerdo con la administración municipal, la pérdida de la banca es total en algunos sectores y la maquinaria disponible no ha sido suficiente para restablecer el paso. Las veredas Campoalegre, Guacamaya, Santa Bárbara, Quináles, Palmira, Palestina y Barro Amarillo presentan los mayores daños, con comunidades aisladas, dificultades para el transporte de alimentos y restricciones para el ingreso de ayudas.El alcalde Óscar San Miguel alertó que la situación se agrava por una falla geológica histórica a la que, según dijo, no se le ha prestado atención técnica, “el invierno ha sido bastante complejocon cada aguacero la montaña se desprende, tenemos derrumbes constantes y pérdida total de la vía; hay una falla geológica que está arrasando con todo, incluso con puentes”, afirmó. El mandatario explicó que una estructura artesanal construida por la propia comunidad para sacar sus cultivos también fue destruida por la fuerza del terreno.La afectación golpea directamente la economía local, San Vicente de Chucurí es considerado la despensa agrícola y cacaotera del departamento, con una economía 100 % agropecuaria. Hoy toneladas de cacao, naranja, banano y yuca permanecen represadas en las fincas, sin posibilidad de transporte, lo que expone a los productores a pérdidas millonarias y al riesgo de que las cosechas se dañen.Mientras continúan las precipitaciones, los habitantes piden intervención urgente del Gobierno departamental y nacional para estabilizar la falla, reforzar taludes y habilitar corredores alternos. Entre tanto, cientos de familias siguen incomunicadas, a la espera de que las vías vuelvan a abrirse y el campo pueda volver a moverse.
Los ataques con arma de fuego se han multiplicado en San Gil, generando miedo entre habitantes y turistas. Según las autoridades, bandas criminales y líderes de estas estructuras han comenzado a establecerse en la región, dinamizando la violencia y la criminalidad en el municipio.En las últimas horas, un nuevo intento de sicariato en pleno centro dejó tres personas heridas, todas con más de 18 antecedentes judiciales. Los atacantes se movilizaban en motocicletas y abrieron fuego contra las víctimas en plena vía pública, obligando a un traslado de emergencia al hospital local.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, confirmó que estos ataques forman parte de un patrón coordinado desde las cárceles del país. “Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, señaló el oficial.La violencia alcanzó un nuevo nivel con el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Suescún fue atacado a tiros mientras se encontraba en una tienda del municipio, un hecho que ha encendido las alarmas en la comunidad turística.En lo que va del mes, San Gil ya registra tres intentos de sicariato en distintos barrios, incluyendo Villa Olímpica y Villa Laura, donde los ataques han dejado heridos y víctimas mortales. Los habitantes denuncian la falta de control y la ausencia de un esquema preventivo que proteja a los ciudadanos.Las autoridades refuerzan operativos en puntos estratégicos del municipio y mantienen coordinación con el Inpec para frenar la ola de sicariatos. Sin embargo, la comunidad permanece en alerta máxima, temerosa de salir a las calles, mientras los sicarios continúan aprovechando la movilidad de las motocicletas y la presencia de bandas organizadas en la región.