La Policía en Bucaramanga informó que logró en menos de 48 horas la captura de uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.De acuerdo con el reporte oficial, el detenido tenía una orden judicial vigente por hechos ocurridos el 7 de enero de 2025 en el barrio La Concordia, donde, presuntamente, participó en el hurto de 208 millones de pesos en efectivo. Según las investigaciones, el implicado utilizaba prendas similares a las de una empresa de aseo para cometer el ilícito.Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de captura y facilitaron su posterior ubicación. Este resultado representa, según la institución, un avance significativo en la ofensiva contra el delito de fleteo en el área metropolitana.Asimismo, el capturado estaría vinculado a otro caso ocurrido el 14 de enero de 2026 en el barrio El Gaitán, donde presuntamente participó en el hurto de 12 millones de pesos a una mujer que se movilizaba en motocicleta y fue interceptada durante la acción criminal.De igual manera, el 30 de enero de 2025 había sido capturado en flagrancia en el municipio de Acacías por otro caso de fleteo contra una mujer, quien resultó gravemente lesionada en el rostro durante el hecho.El brigadier general William Quintero Salazar destacó: “este resultado es producto del trabajo técnico y sostenido de nuestra Seccional de Investigación Criminal. Seguimos identificando, ubicando y capturando a quienes generan mayor afectación a la ciudadanía”.El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos.En entrevista con Blu Radio, su hijo, Edinson Rojas, aseguró que la familia no ha recibido respuestas claras tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, afirmó.Rojas explicó que su madre, una enfermera pensionada que vivía en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, pero su estado era estable mientras recibía sus medicamentos. Sin embargo, denunció que desde hacía años enfrentaba demoras en la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.También señaló que no han recibido avances de las autoridades sobre el caso. “No, hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió que se investigue lo ocurrido. “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”, agregó.Rojas reiteró que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas, y que la última vez que recibió tratamiento fue en diciembre de 2025. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había viajado desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar sus medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. En medio de la espera dentro del dispensario, su estado de salud se deterioró.Su hijo también describió la difícil situación médica de su familia. “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”, señaló.La familia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, en medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.
La empresa Isagen anunció que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará la apertura intermitente y controlada de compuertas en el canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido al aumento sostenido de los niveles del embalse Topocoro por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.La compañía explicó que las crecientes en las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, principales afluentes del Sogamoso, han generado un incremento significativo en los aportes hídricos. Los niveles del embalse se acercan a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que se hace necesario realizar vertimientos para mantener condiciones estables y seguras en la operación.De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 cuencas hidrográficas del país se encuentran en alerta naranja y roja por las lluvias y tormentas, entre ellas la del río Sogamoso y varios de sus afluentes, como el río Chucurí.Isagen destacó que, en medio de este panorama, el embalse Topocoro ha cumplido su función reguladora, absorbiendo las crecientes y reduciendo el riesgo de afectaciones aguas abajo, lo que contribuye a la protección de las comunidades ribereñas. Según la empresa, el promedio de afluencias acumuladas en febrero ha alcanzado el 308 % frente al histórico del mes, y en los últimos días los aportes hídricos han llegado al 450 % del promedio histórico.La compañía aseguró que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante y segura al Sistema Interconectado Nacional.Asimismo, la empresa informó que mantendrá comunicación directa con comunidades e instituciones para brindar información oportuna sobre la evolución de la situación.Recomendaciones a la comunidadAnte el incremento del caudal del río Sogamoso, ISAGEN pidió a la comunidad:* Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora.* Estar atentos al aumento en el nivel del río.* Evacuar las islas que se forman a lo largo del afluente.* No ubicar pertenencias cerca de la orilla.* Vigilar permanentemente a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos o riberas.* Trasladar ganado y semovientes a zonas altas y alejadas del río.La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies y zonas de inundación natural podrían verse anegados por el incremento del nivel del agua.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
En Barranquilla, en el sector Alameda del Río, fue inaugurado el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Selección Colombia, una estructura hotelera pensada para que las distintas selecciones nacionales puedan concentrarse y entrenar con todas las comodidades en un mismo lugar.El evento contó con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol; Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; y Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. También asistieron ex referentes como Francisco Maturana, Carlos Valderrama y Óscar Córdoba.Infantino hablo en la inauguraciónInfantino aseguró que “el fútbol es mágico” y que a donde va en el mundo siempre encuentra un colombiano. Destacó que “el amor que hay en Colombia por el fútbol es algo espectacular” y que siempre es una alegría estar en el país. Resaltó que la selección a nivel juvenil, femenino y mayor “están jugando muy bien” y que Colombia tiene talentos mundiales. Señaló que el país es una potencia en el fútbol femenino y puso como ejemplo el partido Colombia vs. Inglaterra en Sídney, donde hubo 75.000 asistentes y 72.000 colombianos. Para el dirigente, lo importante es “tocar el corazón de la gente” y afirmó que toda esa pasión merece un trabajo adecuado de la federación, buenas instalaciones y espacios como este centro, que le hacen pensar que todo está hecho para intentar ganar un Mundial. También agradeció a Jesurún y dijo que es “lo mejor que le pudo pasar al fútbol colombiano”.Estas fueron las palabras de Alejandro DomínguezAlejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, por su parte, afirmó que quiere mucho a Colombia y reflexionó sobre la infraestructura que hoy ve en el país. Señaló que se puede creer en grande y recordó que Conmebol ha invertido más de 200 millones de dólares en el fútbol colombiano. “El dinero es un medio y el objetivo es creer en grande”, dijo. Incluso le expresó a Lorenzo que “son solamente ocho partidos los que hay que ganar para ser campeones del mundo” e invitó a que, por primera vez, haya una final sudamericana en un Mundial.El nuevo complejo cuenta con más de 40 habitaciones distribuidas en dos pisos —el segundo reservado para la selección mayor—, zonas de barbería, masajes y habitaciones de lujo. Además, los seleccionados tendrán a la mano campos de entrenamiento, fisioterapia, zonas médicas, gimnasio, zonas húmedas y comedores. El hotel será manejado por la federación y contará con expertos en gestión hotelera.Tras la inauguración, se disputará un partido amistoso sub-17 entre la Selección Colombia y Brasil, como parte de la jornada de celebración.
El Gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump está analizando firmar una orden ejecutiva que exiga a los bancos del país proporcionar más datos a las autoridades entre ellos la nacionalidad de sus clientes, una medida destinada a reforzar la lucha contra la inmigración ilegal, según adelantaron este martes medios locales.Diarios como The Washington Post o The Wall Street Journal publican la información citando fuentes cercanas al asunto que indican que la medida ejecutiva podría afectar tanto a clientes nuevos como antiguos de las instituciones bancarias, que tendrían que exigir ahora el pasaporte a toda su clientela.La medida podría crear nuevos impedimentos para que, tanto estadounidenses como no estadounidenses, puedan tener acceso a servicios financieros en EE.UU..Se calcula que solo la mitad de los estadounidenses posee un pasaporte.Las fuentes consultadas ignoran de momento si la futura medida exigiría simplemente recopilar más información a las entidades sobre sus clientes o si obligaría, por ejemplo, a cerrar las cuentas de aquellas personas que no presenten la documentación adicional requerida.Según las regulaciones actuales los bancos en EE.UU. solo están obligados a recopilar datos como nombre, fecha de nacimiento y dirección de sus clientes, información que normalmente figura en cédulas de identidad o en permisos de conducir.Desde su retorno al poder en enero de 2025, Donald Trump ha activado una agresiva campaña que busca implementar deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, para lo cual ha incrementado el presupuesto de las agencias migratorias con partidas extras de unos 100.000 millones de dólares y tratado de implicar a distintos departamentos de su Gobierno para aumentar el número de expulsiones.
A través de su cuenta de Instagram, Verónica Giraldo, hermana mayor de la reconocida y famosa cantante Karol G, hizo una fuerte denuncia en contra de su familia que, supuestamente, le estaban intentando quitar a su hija luego de haber terminado con su pareja en malos términos.“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, expresó en su denuncia.Ahí dio fuertes declaraciones al comentar que creció en un ambiente violento por culpa de sus papás, incluso dijo que su papá le pegó a su mamá con un arma y la hizo sangrar, dejando secuelas en ella de cosas que “no quería vivir cuando era pequeña”.“El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar (...) Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”, comentó.Ante esta situación, Jessic Giraldo, manager y abogada de Karol G (también hermana de ambas), se pronunció y pidió prudencia en esta situación que “estaba siendo tratada internamente” buscando lo mejor para ella y su hija.“Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, puntualizó.El tema ha generado un debate en redes sociales y una fuerte polémica en torno a la familia de la ‘Bichota’, además de diversas opiniones sobre los temas de salud que se dan en este tipo de situaciones.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Las autoridades de Santander investigan el brutal asesinato de Vanesa Amado Cárdenas, de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado en la vereda El Diamante, zona rural de Sabana de Torres. La víctima presentaba múltiples heridas con arma blanca, impactos de bala y signos de tortura, según reportes preliminares. La comunidad permanece consternada ante la brutalidad del crimen, mientras familiares y allegados piden justicia. Vanesa, madre de una niña pequeña, estaba próxima a culminar sus estudios y trabajaba en un establecimiento comercial del municipio. La Fiscalía General de la Nación y la Policía adelantan la investigación para esclarecer el crimen. De acuerdo con las primeras indagaciones, la joven fue vista por última vez el 8 de noviembre, cerca de las 9:26 de la noche, cuando salió de su lugar de trabajo tras recibir un mensaje en WhatsApp. Cámaras de seguridad la registraron abordando una motocicleta conducida por un hombre, elemento clave en la investigación. En el lugar del hallazgo, el cuerpo fue encontrado con las manos amarradas, múltiples golpes y rastros de intento de incineración, por lo que las autoridades manejan la hipótesis de un feminicidio.El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicou, rechazó el hecho y lo calificó como un acto “cobarde”, solicitando resultados inmediatos a los organismos judiciales. Por su parte, la comunidad realizó una velatón en memoria de Vanesa Amado, exigiendo el fin de la violencia contra las mujeres. Organizaciones sociales advierten que Santander registra 21 homicidios de mujeres en lo corrido del año, y que en Sabana de Torres ya se investigan tres casos de violencia de género.Este es el video
Un hombre fue hallado sin vida en la mañana de este lunes, 11 de noviembre, en un paraje rural de la antigua vía que conecta al corregimiento de Cincelada con Coromoro, en el departamento de Santander. De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, la víctima presentaba impactos de arma de fuego y aún no ha sido identificada por las autoridades.“Se presenta un hecho de homicidio esta mañana en la antigua ruta entre Cincelada y Coromoro. Allí, en un paraje sobre la vía que conduce entre el corregimiento y la cabecera del municipio, apareció el cuerpo sin vida de un hombre al parecer con impactos de arma de fuego”, informó el coronel Arévalo.El oficial señaló que la Policía Nacional acordonó la zona y funcionarios del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección técnica al lugar y al cadáver, con el objetivo de recolectar pruebas que permitan establecer la identidad de la víctima y los móviles del crimen.“La persona no es un ciudadano de la región, no lo conocen los habitantes del sector, por tal razón estamos en ese proceso de investigación para determinar exactamente qué ocurrió”, añadió el coronel.El hallazgo se produce en un contexto de creciente preocupación por la presencia de estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas rurales de Santander. Según Arévalo, las autoridades han intensificado los operativos conjuntos para contener el avance de estos grupos ilegales.“Hemos venido reforzando y hemos dado unas capturas importantes en este sector con integrantes del ELN que quieren llegar al territorio. La Policía Nacional, de manera muy articulada con la Quinta Brigada del Ejército y el Gaula Militar, se reúne casi a diario para direccionar esfuerzos y evitar que estos actores criminales lleguen a territorio santandereano”, explicó.Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas y no descartan que el homicidio esté relacionado con disputas entre estructuras armadas que buscan expandirse hacia el suroriente de Santander.El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, mientras las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita avanzar en la identificación de la víctima y el esclarecimiento del caso.
Mientras el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, sostiene que las insubsistencias de 13 funcionarios de su gabinete fueron legales y se realizaron antes del inicio de la Ley de Garantías Electorales, la jueza Andrea Catalina Serrano Arenas, del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga, advirtió en un reciente auto que desde el 14 de octubre de 2025 rige dicha restricción en la ciudad, fecha en la que se convocaron las elecciones atípicas para elegir nuevo mandatario el 14 de diciembre.Según el auto judicial que resolvió una medida cautelar dentro de una acción popular, la jueza Serrano Arenas precisó que el alcalde no puede realizar modificaciones en la nómina, encargos o desvinculaciones de funcionarios durante la vigencia de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales.“La norma prohíbe modificar la planta de personal dentro de los cuatro meses previos a las elecciones, salvo casos excepcionales como vacancias definitivas por muerte, renuncia irrevocable o aplicación de normas de carrera administrativa”, señaló la jueza en su decisión.El juzgado negó la medida cautelar que solicitaba la demanda de suspensión de las modificaciones en la nómina y ordenó al Municipio entregar en 48 horas los actos administrativos donde se registren los cambios efectuados desde el 14 de octubre, para verificar si cumplen con las excepciones previstas en la ley.Además, exhortó al alcalde y a todos los funcionarios públicos a respetar las restricciones de la Ley de Garantías.Por su parte, el alcalde designado Javier Sarmiento defendió las insubsistencias realizadas y aseguró que no violó la Ley de Garantías, pues, esta solo empezó a regir el 8 de noviembre, y las decisiones se tomaron antes de esa fecha.“Solicité las renuncias protocolares el jueves y el viernes (6 y 7 de noviembre). No hubo voluntad de entregarlas, por lo que procedí conforme a la facultad nominadora. Es un procedimiento habitual y permitido por ley”, explicó Sarmiento.“Tendría que ser un loco para desconocer la Ley de Garantías; fui procurador delegado y sé perfectamente las consecuencias. Tengo la certeza jurídica de que las decisiones se tomaron antes de la vigencia de esa norma”, agregó el mandatario designado.Sarmiento también argumentó que existe divergencia de criterios jurídicos sobre si la Ley 996 de 2005 aplica a elecciones atípicas, y aseguró que las directivas emitidas por la Procuraduría General son de carácter orientador y no de obligatorio cumplimiento.Con estas posiciones enfrentadas, será el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga el que defina, una vez reciba los documentos solicitados, si las insubsistencias realizadas en la Alcaldía de Bucaramanga vulneraron o no la Ley de Garantías Electorales.
Lo que debía ser una simple conversación para saldar una pequeña deuda terminó convirtiéndose en una tragedia en el barrio Girardot, de Bucaramanga. El pasado sábado, 8 de noviembre, una disputa por $60.000 entre dos vecinos derivó en una violenta pelea que dejó un hombre muerto y otro detenido por la Policía.De acuerdo con las primeras versiones, Nicolás Cuéllar Gelves, de 34 años, le debía esa suma a Royler Hernando Niño Molina, de 39. Durante el reclamo, los ánimos se caldearon hasta el punto de que Cuéllar Gelves sacó un cuchillo y atacó a Niño Molina en repetidas ocasiones. La víctima del primer ataque sufrió varias heridas en brazos, manos y hombros.En medio del forcejeo, Niño Molina logró defenderse y también utilizó un arma cortopunzante con la que hirió a Cuéllar Gelves en el pecho. Esa única herida fue mortal.“En los registros fílmicos se observa que el hoy occiso inició la agresión y lesionó en siete oportunidades al hoy capturado; ante esta situación, el agresor, en defensa propia, lo hirió en una ocasión, causándole la muerte”, detalló el informe policial.El propio Niño Molina, junto con varios vecinos, trasladó al herido al Hospital Universitario de Santander (HUS), pero los médicos no lograron salvarle la vida. Cuando la Policía llegó al centro asistencial, procedió a capturar en flagrancia al agresor, quien quedó a disposición de la Fiscalía.Según los reportes oficiales, Cuéllar Gelves tenía antecedentes por lesiones personales en 2019 y 2020. Los videos de cámaras de seguridad y de testigos serán clave para determinar con exactitud cómo ocurrió el enfrentamiento.La violencia también se sintió en Barrancabermeja la noche del viernes 7 de noviembre. En menos de dos horas, dos ataques sicariales alteraron la tranquilidad del puerto petrolero y dejaron una persona muerta y otra gravemente herida.En la estación de servicio Primax, en la vía al corregimiento El Centro, fue asesinado Ramiro Rincón, de 44 años, mientras hablaba por teléfono. Testigos relataron que dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon sin decir palabra y huyeron del lugar.Más tarde, en la entrada del barrio Gaitán, David Elián Herrera fue víctima de otro atentado. Recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la espalda, y se encuentra en estado crítico.Las autoridades investigan si ambos ataques están relacionados y qué motivó los hechos, mientras la comunidad exige respuestas y mayor presencia policial ante la ola de violencia que vuelve a estremecer a la ciudad.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.