La Policía en Bucaramanga informó que logró en menos de 48 horas la captura de uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.De acuerdo con el reporte oficial, el detenido tenía una orden judicial vigente por hechos ocurridos el 7 de enero de 2025 en el barrio La Concordia, donde, presuntamente, participó en el hurto de 208 millones de pesos en efectivo. Según las investigaciones, el implicado utilizaba prendas similares a las de una empresa de aseo para cometer el ilícito.Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de captura y facilitaron su posterior ubicación. Este resultado representa, según la institución, un avance significativo en la ofensiva contra el delito de fleteo en el área metropolitana.Asimismo, el capturado estaría vinculado a otro caso ocurrido el 14 de enero de 2026 en el barrio El Gaitán, donde presuntamente participó en el hurto de 12 millones de pesos a una mujer que se movilizaba en motocicleta y fue interceptada durante la acción criminal.De igual manera, el 30 de enero de 2025 había sido capturado en flagrancia en el municipio de Acacías por otro caso de fleteo contra una mujer, quien resultó gravemente lesionada en el rostro durante el hecho.El brigadier general William Quintero Salazar destacó: “este resultado es producto del trabajo técnico y sostenido de nuestra Seccional de Investigación Criminal. Seguimos identificando, ubicando y capturando a quienes generan mayor afectación a la ciudadanía”.El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos.En entrevista con Blu Radio, su hijo, Edinson Rojas, aseguró que la familia no ha recibido respuestas claras tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, afirmó.Rojas explicó que su madre, una enfermera pensionada que vivía en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, pero su estado era estable mientras recibía sus medicamentos. Sin embargo, denunció que desde hacía años enfrentaba demoras en la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.También señaló que no han recibido avances de las autoridades sobre el caso. “No, hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió que se investigue lo ocurrido. “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”, agregó.Rojas reiteró que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas, y que la última vez que recibió tratamiento fue en diciembre de 2025. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había viajado desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar sus medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. En medio de la espera dentro del dispensario, su estado de salud se deterioró.Su hijo también describió la difícil situación médica de su familia. “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”, señaló.La familia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, en medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.
La empresa Isagen anunció que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará la apertura intermitente y controlada de compuertas en el canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido al aumento sostenido de los niveles del embalse Topocoro por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.La compañía explicó que las crecientes en las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, principales afluentes del Sogamoso, han generado un incremento significativo en los aportes hídricos. Los niveles del embalse se acercan a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que se hace necesario realizar vertimientos para mantener condiciones estables y seguras en la operación.De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 cuencas hidrográficas del país se encuentran en alerta naranja y roja por las lluvias y tormentas, entre ellas la del río Sogamoso y varios de sus afluentes, como el río Chucurí.Isagen destacó que, en medio de este panorama, el embalse Topocoro ha cumplido su función reguladora, absorbiendo las crecientes y reduciendo el riesgo de afectaciones aguas abajo, lo que contribuye a la protección de las comunidades ribereñas. Según la empresa, el promedio de afluencias acumuladas en febrero ha alcanzado el 308 % frente al histórico del mes, y en los últimos días los aportes hídricos han llegado al 450 % del promedio histórico.La compañía aseguró que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante y segura al Sistema Interconectado Nacional.Asimismo, la empresa informó que mantendrá comunicación directa con comunidades e instituciones para brindar información oportuna sobre la evolución de la situación.Recomendaciones a la comunidadAnte el incremento del caudal del río Sogamoso, ISAGEN pidió a la comunidad:* Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora.* Estar atentos al aumento en el nivel del río.* Evacuar las islas que se forman a lo largo del afluente.* No ubicar pertenencias cerca de la orilla.* Vigilar permanentemente a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos o riberas.* Trasladar ganado y semovientes a zonas altas y alejadas del río.La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies y zonas de inundación natural podrían verse anegados por el incremento del nivel del agua.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se explayó en su primer discurso sobre el estado de la Unión de su segundo mandato, y habló de todo: desde la economía hasta América Latina e Irán.Estos son los momentos clave de su intervención de una hora y 47 minutos, la más larga de su tipo en la historia:Trump y la seguridad en América Latina "Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos" en América Latina, dijo Trump, quien se congratuló por la caída del exdirigente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero.La aparición en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas, fue un momento de gran emoción.El republicano aseguró asimismo que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio "El Mencho" Oseguera, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).Tensión con la Corte Suprema Al entrar en el Capitolio, Trump estrechó la mano de varios jueces de la Corte Suprema, tres de los cuales votaron días antes a favor de anular los aranceles globales que el republicano había convertido en su política económica insignia.Trump expresó su descontento durante el discurso y calificó el fallo de "muy desafortunado". Pero no se detuvo mucho en el tema y dijo que su gobierno trabaja en una solución legal para mantener los gravámenes.Equipo olímpico Uno de los pocos momentos de unidad de un discurso marcado por las divisiones entre republicanos y demócratas se vivió cuando el equipo olímpico masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, entró en la sala. La audiencia se levantó y aplaudió coreando: "¡Estados Unidos!, ¡Estados Unidos!".Resistencia de los demócratasNormalmente, durante el discurso sobre el estado de la Unión, los congresistas aplauden y se levantan en señal de acuerdo con el presidente o permanecen sentados para expresar su descontento.En este caso decenas de demócratas se saltaron el acto y la gran mayoría de los que asistieron se quedaron sentados, excepto en contadas ocasiones. Varios iban vestidos de blanco para rendir homenaje al movimiento sufragista que celebra el derecho de las mujeres al voto, o lucían insignias que exigían cuentas a las personas que aparecen en los archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.En un acto de resistencia, el congresista demócrata Al Green fue expulsado por haber levantado un cartel en el que se leía "¡Los negros no son simios!", en respuesta a un video racista compartido por Trump en el que el expresidente demócrata Barack Obama y su esposa, Michelle, aparecían representados como primates.Congresista interrumpe a Trump -La tensión se disparó cuando la demócrata de la Cámara de Representantes Ilhan Omar gritó al mandatario mientras hablaba. "Deberían avergonzarse", dijo Trump a los demócratas que se habían negado a levantarse durante todo el discurso."Ustedes han matado a estadounidenses", gritó Omar en respuesta, refiriéndose a la muerte de dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias, a manos de agentes federales enviados a Mineápolis el mes pasado.La congresista se marchó antes de que Trump terminara de hablar. El discurso más largo -Trump pronunció el discurso del estado de la Unión más largo de la historia de Estados Unidos.Con una hora y 47 minutos superó el récord anterior de una hora y 20 minutos establecido por el expresidente demócrata Bill Clinton en 2000.Incluso fue más extenso que la propia intervención de Trump ante el Congreso del año pasado, que duró una hora y 40 minutos.
El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta el traslado de los recursos de afiliados que decidieron cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.La propuesta normativa obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a girar a Colpensiones la totalidad del dinero acumulado en la cuenta individual del afiliado. Esto incluye no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia.El documento fue divulgado por el MinTrabajo en medio de la implementación parcial de la Reforma Pensional, actualmente suspendida en su aplicación general por la Corte Constitucional.¿Qué establece el borrador de decreto del MinTrabajo?El proyecto de decreto señala que, una vez el afiliado ejerce la opción de traslado del RAIS al Régimen de Prima Media, las AFP deberán transferir a Colpensiones el 100 % del saldo existente en la cuenta individual.Esto comprende:El capital acumulado por aportes.Los rendimientos financieros generados.Los valores adicionales que correspondan hasta la fecha de giro efectivo.La medida aplicaría a quienes se acogieron a la denominada “ventana de traslado” creada en el marco de la reforma pensional.Suspensión parcial de la reforma pensionalLa Reforma Pensional se encuentra suspendida mientras la Corte Constitucional analiza posibles vicios de trámite en su aprobación. No obstante, el alto tribunal permitió la implementación de dos artículos, entre ellos el artículo 76, relacionado con los traslados entre regímenes.El artículo 76 habilita a las personas que estén a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión para trasladarse entre el régimen privado (RAIS) y el público (Régimen de Prima Media), según les resulte más conveniente. Antes de la reforma, este grupo tenía restricciones para cambiarse.De acuerdo con el propio borrador del decreto, 119.632 afiliados se han trasladado desde los fondos privados hacia Colpensiones en el marco de esta disposición.Punto de controversia: administración de los recursosEl parágrafo del artículo 76 establece que el ahorro de cada afiliado trasladado continuaría siendo administrado por los fondos privados hasta que la persona alcanzara la pensión.Sin embargo, el borrador del MinTrabajo modifica esa dinámica al ordenar que las AFP consignen de manera inmediata la totalidad de los recursos en Colpensiones.Esta diferencia ha generado interrogantes sobre la coherencia entre el decreto reglamentario y lo dispuesto en la ley aprobada por el Congreso.¿Cuántos recursos estarían en juego?Según cifras del Ministerio de Trabajo, en 2023 los traslados representaron 12,9 billones de pesos sobre una nómina total de 47,2 billones. En 2024, los traslados ascendieron a 15,3 billones de pesos frente a 55,5 billones en nómina.Aunque el borrador no precisa el monto total que debería girarse a Colpensiones, estimaciones preliminares indican que la cifra podría superar los 15 o incluso 20 billones de pesos, dependiendo del número final de afiliados trasladados y del saldo acumulado en cada cuenta individual.Reacciones y debate públicoEl periodista económico de Blu Radio, Víctor Grosso, señaló en su cuenta de X que el borrador es “muy importante” porque obligaría a los fondos privados a consignar en Colpensiones todo el ahorro acumulado (stock) de quienes utilizaron la opción de traslado habilitada por la reforma.El debate se centra en si un decreto reglamentario puede establecer una obligación distinta a la prevista en la ley, así como en el destino y administración de los recursos trasladados. El Ministerio de Trabajo mantiene abierto el periodo de comentarios al borrador antes de su eventual expedición definitiva.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó la noche del martes 24 de febrero de 2026 su sorteo número 3141, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en todo el país.En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que ampliaron las oportunidades de ganar.Premio mayor – 24 de febrero de 2026El número ganador del premio mayor fue: 2581 de la serie 152. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario, contados a partir de la fecha del sorteo, una vez presentado el billete original.Premios secos – Sorteo 3141Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:Seco de $200 millones1226 – Serie 114Seco de $100 millones4572 – Serie 233Secos de $50 millones6256 – Serie 1838976 – Serie 109Secos de $30 millones5559 – Serie 2032382 – Serie 1935632 – Serie 3160629 – Serie 3178228 – Serie 2138450 – Serie 235Secos de $20 millones7888 – Serie 1324308 – Serie 2279640 – Serie 1345278 – Serie 2627672 – Serie 1570962 – Serie 0077802 – Serie 0806390 – Serie 1994315 – Serie 2590608 – Serie 2504910 – Serie 0274075 – Serie 0835175 – Serie 2994859 – Serie 2091923 – Serie 146Secos de $10 millones1739 – Serie 1177914 – Serie 1029153 – Serie 1230648 – Serie 1995413 – Serie 3005517 – Serie 2405477 – Serie 1201855 – Serie 2191554 – Serie 2553609 – Serie 1764792 – Serie 0608151 – Serie 1913351 – Serie 2805273 – Serie 2825481 – Serie 1162365 – Serie 1952883 – Serie 2742137 – Serie 2798186 – Serie 1598635 – Serie 271Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la imagen oficial publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.¿Cuándo y dónde se juega la Lotería de la Cruz Roja?El sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:El sitio web oficialRedes sociales verificadasLínea telefónica: (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.¿Cómo reclamar un premio?Para reclamar un premio es obligatorio:Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Presentar la cédula de ciudadanía (para premio mayor y premios secos).Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.Recomendación finalLa recomendación para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y respetar los plazos establecidos por la ley para realizar el trámite de cobro.
El Gobierno expidió cinco decretos (0173, 0174, 0175, 0176 y 0177 de 2026) como parte del paquete de medidas para enfrentar la emergencia causada por inundaciones y fenómenos climáticos extremos en ocho departamentos del país.El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que establece un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia provocada por la ola invernal.El tributo aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonio igual o superior a 200.000 UVT ($10.474.800.000) al primero de marzo de 2026.La tarifa general será del 0,5%, pero sube al 1,6% para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo como petróleo y carbón.Se pagará en dos cuotas, en abril y mayo de 2026, y los recursos se destinarán exclusivamente a atender la crisis.El Gobierno expidió el Decreto 0174 de 2026 para agilizar la compra y saneamiento de tierras tras las inundaciones en el norte del país. La norma declara de utilidad pública los predios necesarios para reubicar campesinos y recuperar la producción. Cuando el Estado adquiera un terreno, quedará libre de deudas o embargos para uso inmediato.La Agencia Nacional de Tierras podrá hacer compra, registro y adjudicación en un solo trámite, incluso usando bienes incautados a grupos criminales mediante extinción de dominio, como fincas o empresas. También se permite contratación directa y registro en un día.El Decreto 0175 habilita la contratación directa sin licitación pública y sin las restricciones de la Ley de Garantías, en periodo electoral. Además, permite adicionar contratos sin el límite tradicional del 50%, siempre que estén directamente relacionados con la atención de la crisis.El Decreto 0176 asegura la continuidad del Programa de Alimentación Escolar para más de un millón de estudiantes, permitiendo entregar raciones en casa si se suspenden las clases.El Decreto 0177 establece un aporte adicional del 2% a generadoras eléctricas para financiar la recuperación ambiental y ordena ajustes obligatorios en la operación de represas.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela que busca el restablecimiento de las condiciones normales de tránsito en la Ruta Nacional 45A, que conecta a Bucaramanga con Bogotá, y en la Transversal del Carare, entre Landázuri y Barbosa, vías que presentan graves afectaciones por derrumbes y hundimientos.La tutela fue interpuesta por el abogado Sergio Arenas, representante legal de la Fundación Ciudadano Metropolitano, en calidad de agente oficioso de las comunidades de los municipios de Oiba, Barbosa, Güepsa, Suaita, Confines, El Socorro, San Gil, Simacota, Landázuri, Vélez, Florián, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra, Puente Nacional, Gámbita, La Belleza, Guadalupe, Palmar y del Área Metropolitana de Bucaramanga.El recurso busca proteger los derechos fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital, la locomoción y la seguridad personal de miles de habitantes afectados por la crisis vial que ha paralizado la movilidad y la economía en el sur y occidente de Santander.El despacho judicial requirió al Ministerio de Transporte, Invías, ANI, UNGRD, Ministerios de Hacienda y Salud, DNP, Superintendencia de Salud, Defensa Civil, Cruz Roja, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y a la Gobernación de Santander, para que entreguen informes sobre las medidas adoptadas frente a la emergencia.El juzgado otorgó dos días hábiles a las entidades para remitir la información solicitada, con especial énfasis en los documentos que prueben si líderes comunales o alcaldías alertaron previamente sobre el deterioro progresivo de las vías antes del colapso, y si dichas advertencias tuvieron o no respuesta por parte de las autoridades nacionales.Esta tutela se convierte en una nueva presión judicial al Gobierno nacional, ante la falta de soluciones estructurales a la grave crisis vial que atraviesa Santander.
Consternación y rechazo ha causado en Sabana de Torres, Santander, el hallazgo del cuerpo sin vida de Vanesa Amado Cárdenas, una joven de 21 años, en la vereda El Diamante. Según el reporte preliminar, la víctima presentaba múltiples impactos de bala, heridas con arma blanca y signos de tortura, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un feminicidio.La Policía, la Fiscalía y Medicina Legal adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. El alcalde Darío Buchenicou rechazó de manera categórica el hecho y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.“Rechazamos la violencia contra la mujer y pedimos a las autoridades dar con el o los responsables de este hecho que enluta a la región. Extendemos nuestras condolencias a la familia”, manifestó el mandatario.En un comunicado publicado en redes sociales, la Alcaldía reiteró que el municipio “rechaza y condena el maltrato contra la mujer” y calificó este homicidio como “un hecho cobarde que enluta a los sabaneros”.La comunidad se encuentra preocupada, pues en el municipio se han registrado varios casos de maltrato y violencia de género que en algunos casos han terminado en muertes. En redes sociales, amigos y familiares lamentaron el crimen de Vanesa, quien dejaba una hija pequeña y se encontraba por culminar sus estudios, buscando mejorar su situación económica.Varias mujeres del municipio aprovecharon el hecho para denunciar la falta de atención y apoyo institucional. Aseguran que muchas víctimas de violencia son revictimizadas o ignoradas por las entidades locales encargadas de atender estos casos.“En Sabana de Torres, las mujeres que denuncian abusos rara vez reciben atención real. Son juzgadas o culpadas por lo que les ocurre”, señalaron en mensajes compartidos en redes sociales. Organizaciones sociales y líderes locales hacen un llamado urgente a las autoridades judiciales y administrativas para que refuercen los mecanismos de protección y garanticen justicia para las víctimas de violencia de género.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2025 por la presencia de tres grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio en Rionegro, Santander.El organismo advierte una triple confrontación armada en el municipio de Rionegro, Santander, específicamente en los corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra.Según el informe, en esta zona del Bajo Rionegro, considerada un corredor estratégico para el narcotráfico, confluyen estructuras del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y una posible presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que aumenta el riesgo para los habitantes.El documento señala que el Clan del Golfo ha impuesto una “gobernanza criminal” basada en homicidios, extorsiones y amenazas, aprovechando la ausencia estatal y la débil presencia institucional. Además, alerta sobre el reclutamiento de menores de edad, el desplazamiento forzado y la vulnerabilidad de mujeres y líderes sociales.“La falta de Estado en justicia, educación, salud y saneamiento básico está agravando el riesgo humanitario en esta región”, detalla la Defensoría.La entidad formuló 28 recomendaciones urgentes al Gobierno nacional, la Gobernación de Santander y las autoridades locales, con el fin de fortalecer la seguridad, la presencia institucional y la protección de la población civil.De no tomarse medidas inmediatas, señala la Defensoría del Pueblo, es inminente la expansión de los grupos armados que podrían perpetuar el ciclo de violencia y dejar a cientos de familias atrapadas entre el fuego cruzado.
En una operación conjunta denominada “Esparta”, la Policía Nacional capturó a Marlon Franco Alvernia, alias 'JJ Guaracas', uno de los principales cabecillas de la estructura 33 de las disidencias de las Farc (GAO-r).La acción se desarrolló en el municipio de Cimitarra, Santander, donde este hombre se escondía con el propósito de consolidar una estructura armada en la zona. Alias 'JJ Guaracas' tenía una trayectoria delictiva de más de 15 años y contaba con orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, el capturado hizo parte de la organización desde el año 2010, iniciando como guerrillero raso hasta convertirse en cabecilla de una columna móvil dedicada a cometer delitos de alto impacto.“Este sujeto enfocó sus esfuerzos criminales en generar extorsiones, homicidios selectivos y diferentes delitos en los municipios de Sardinata y Tibú, en Norte de Santander. Además, participó en acciones violentas contra la Fuerza Pública y estaría vinculado con homicidios de líderes sociales y miembros de comunidades del Catatumbo ocurridos en enero de este año”, precisó el oficial.Según las autoridades, 'JJ Guaracas' también habría tenido influencia delictiva en los municipios de Bucarasica y zonas rurales del occidente de Norte de Santander, así como en el sur de Santander, entre Cimitarra y Landázuri.La captura de este cabecilla representa un golpe significativo para las disidencias del frente 33, al reducir su capacidad operativa y de expansión en la región. El capturado deberá responder por los delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho de extorsión o actividad delictiva que afecte la seguridad en los municipios, a través de la línea contra el crimen y los canales oficiales de la Policía Nacional.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.