En una ofensiva simultánea contra el tráfico local de estupefacientes en Santander, la Policía logró la captura de cuatro personas en operativos desarrollados en Bucaramanga y Zapatoca, donde además fueron incautadas drogas y un arma de fuego.Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturaron a dos hombres en el barrio Girardot por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.Durante labores de verificación e inteligencia, los uniformados interceptaron a los sospechosos que se movilizaban en dos vehículos. En el procedimiento hallaron un arma de fuego y cerca de 10 kilos de clorhidrato de cocaína.El brigadier general William Quintero Salazar aseguró que “son producto del trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y operativas, permitiendo impactar redes dedicadas al tráfico de estupefacientes”.De manera paralela, en Zapatoca, uniformados del Departamento de Policía Santander lograron la captura en flagrancia de otras dos personas durante controles y registros a vehículos en el perímetro urbano.A los detenidos les encontraron 326 dosis de marihuana y 21 papeletas de cocaína listas para su comercialización.Las autoridades indicaron que uno de los capturados presenta nueve anotaciones judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y hurto, lo que evidenciaría reincidencia.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que estos operativos buscan frenar el microtráfico y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes: “Seguiremos intensificando los controles y patrullajes en todos los municipios del departamento”, afirmó.Los cuatro capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante un juez para definir su situación jurídica.La Policía invitó a denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico de drogas a través de la línea 123 bajo absoluta reserva.
En Cúcuta fue capturado Wilder Arias, alias 'Franco', señalado de asesinar a Camilo Andrés Rojas Rey el pasado 27 de enero, tras un partido de fútbol en la ciudad.Según la Policía Metropolitana de Cúcuta, la captura se logró luego de un trabajo investigativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el análisis de más de 20 horas de videos de seguridad.“El 27 de enero se produjo el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga después de un partido en esta ciudad… Es así como el día de hoy se logra la captura de Wilder Arias, alias 'Franco', como presunto responsable de este homicidio”, afirmó el coronel Libardo Fabio Ojeda.“No permitiremos que la fiesta del fútbol se convierta en una fiesta de la tristeza. Vamos a seguir trabajando por su seguridad”, agregó el oficial.Las autoridades investigan si alias 'Franco', presuntamente hincha del Cúcuta Deportivo, atacó a la víctima por vestir la camiseta del equipo rival.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para ubicar a otros posibles implicados.
El pequeño féretro avanzaba en silencio por las calles del pueblo. Detrás, una multitud caminaba con rabia contenida y lágrimas en los ojos. No era solo un sepelio era una despedida marcada por la impotencia.Kevin Acosta Pico, de apenas siete años, murió esperando un medicamento vital para tratar la hemofilia que padecía, un tratamiento que, según su familia, debía ser suministrado por la Nueva EPS y que durante meses no llegó.El niño falleció en Pitalito, tras ser remitido de urgencia, pero para su madre, la atención fue tardía, insuficiente y rodeada de demoras que, asegura, terminaron costándole la vida: “Dicen que hicieron un traslado oportuno, pero mi hijo duró más de 24 horas allá y no hicieron nada, lo entubaron y lo dejaron sangrar, solo me decían que esperara, que no había camas en UCI, mientras yo veía cómo se me iba”, relató entre lágrimas Judith Katerine Pico Naranjo.Según cuenta, Kevin llevaba cerca de dos meses sin recibir el medicamento por trámites administrativos y supuestos cambios de contrato: “Cada vez que iba a reclamar, me decían ‘espere’. Mientras tanto, mi hijo estaba sin tratamiento, hoy lo estoy velando, mi niño está en una caja, y sólo lo trasladaron por que yo en medio de videos y llamadas pedí ayuda a la gente a través de medios de comunicación”, dice con la voz quebrada.“Me tocó suplicar, cuando reaccionaron ya era demasiado tarde; como me dijo el médico para él cada minuto era mortal”, agregó.El drama no terminó con la muerte. El cuerpo del menor permaneció varios días en Medicina Legal por trámites y demoras. “Ni muerto lo dejaban descansar. Seguían jugando con él”, denunció.Hoy, el dolor de una madre se convirtió en un reclamo colectivo, en Charalá no solo lloran a Kevin, exigen respuestas.La familia pidió a las autoridades abrir una investigación para establecer si hubo negligencia en la entrega del medicamento y en la atención médica.“Mi hijo ya se fue, pero hay más niños esperando medicinas, no quiero que otra mamá pase por esto, no quiero que cierren el caso, quiero justicia”, concluyó.
A 45 años y 4 meses de prisión fue condenado Keiner Arrieta Geney por el feminicidio de Carolín Alejandra Vitola Cuello, una adolescente de 16 años asesinada en mayo de 2025 en Barrancabermeja.La sentencia fue emitida luego de Arrieta Geney, quien tenía 18 años al momento de los hechos, aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez. Según el ente acusador, el joven admitió haber disparado contra la menor y posteriormente participar en el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo."Los agresores atacaron a la adolescente con un arma de fuego y luego ocultaron su cuerpo", señaló el ente investigador.Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025 en el asentamiento humano El Centenario, en la comuna tres del distrito petrolero. De acuerdo con la investigación, la adolescente fue abordada por cuatro integrantes del grupo de delincuencia comunitaria organizada ‘Los Búcaros’, entre ellos el ahora condenado.Las autoridades establecieron que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en el rostro y luego su cuerpo fue desmembrado y abandonado en una zona boscosa del sector. El hallazgo se produjo tras la denuncia anónima de un ciudadano que alertó sobre la presencia del cadáver en el lugar.El caso generó profunda conmoción y repudio en la comunidad de Barrancabermeja, que exigió justicia por la brutalidad del crimen.Arrieta Geney fue hallado responsable de los delitos de feminicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Por estos mismos hechos, otras tres personas capturadas, también señaladas como integrantes de ‘Los Búcaros’, permanecen privadas de la libertad a la espera de que se emita sentencia en su contra. Según las autoridades, alias “Alianza” habría sido quien desmembró el cuerpo de la menor.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
De acuerdo con la comunicación enviada a los usuarios el pasado fin de semana, Movistar aclaró que hace parte del grupo Millicom, pero que esto no afecta los servicios ni los derechos de sus clientes bajo la legislación colombiana. Millicom informó que Tigo y Movistar seguirán operando como marcas independientes, al menos mientras se completan los trámites regulatorios derivados de la integración autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).La resolución 94169 de 2025 de la SIC avaló la integración empresarial entre ambas compañías, pero dejó claro que el proceso de convergencia comercial y eventuales cambios de marca estará sujeto a condiciones y tiempos adicionales. Por ahora, la indicación a los usuarios es no adelantar ningún tipo de trámite: no cambiar la SIM, no actualizar contratos ni modificar planes de manera preventiva. La empresa remarcó que cualquier ajuste futuro en la marca o en la oferta será informado de forma oficial y con suficiente anticipación a los clientes. En paralelo, la integración comercial ya está en marcha, lo que permitirá coordinar estrategias entre Tigo y Movistar sin que ello suponga, en esta etapa, la desaparición inmediata de la marca Movistar.¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?Para los clientes, el mensaje central es de continuidad: no habrá cambios inmediatos en los servicios contratados ni se exigirán trámites adicionales por efecto directo de la operación. Los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar, mantendrán las mismas condiciones contractuales y no se prevén modificaciones en planes, precios o beneficios únicamente por la integración con Tigo. La SIC estableció condicionamientos para proteger la competencia y a los consumidores, entre ellos exigencias de transparencia en ofertas empaquetadas y límites a prácticas comerciales que puedan afectar a operadores más pequeños.A mediano y largo plazo, Millicom proyecta aprovechar la escala del nuevo grupo para acelerar el despliegue de redes 5G, ampliar la cobertura de fibra óptica y lanzar paquetes convergentes más agresivos que integren servicios móviles y del hogar. Ese reforzamiento posiciona al bloque Tigo–Movistar con más de 40 millones de líneas móviles, muy cerca del liderazgo que hoy ostenta Claro en el mercado colombiano. En cualquier escenario futuro de unificación plena bajo la marca Tigo, la transición deberá pasar por nuevas evaluaciones de las autoridades y del mercado, por lo que, por ahora, Movistar continuará operando con su nombre y canales habituales.Telefónica sale y Millicom toma el controlLa integración se produce tras la venta del 67,5% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar Colombia) que Telefónica Hispanoamérica tenía en el país, operación que se cerró en 2026 por unos 214 millones de dólares. Con ello, Telefónica pone fin a más de dos décadas de presencia directa en Colombia, período en el que fue protagonista de la modernización de la telefonía móvil, fija y, más recientemente, de la introducción de tecnologías de quinta generación. Esta desinversión se enmarca en la estrategia global del grupo español de reducir su exposición en Hispanoamérica para concentrarse en mercados como España, Alemania, Reino Unido y Brasil.Millicom, matriz de Tigo y con sede en Luxemburgo, consolida así su posición como segundo gran operador del país, al reunir bajo su control las operaciones de Tigo y Movistar. El nuevo mapa competitivo queda dominado por tres grandes jugadores —Claro, el bloque Tigo–Movistar y otros operadores de menor tamaño— en un contexto de alta concentración que seguirá bajo la lupa de las autoridades para evitar efectos adversos sobre tarifas, calidad y opciones de servicio para los usuarios
El ayuno intermitente no está a la altura de su fama para perder peso. La mayor revisión de la evidencia científica llevada a cabo hasta la fecha sobre esta práctica, muy popularizada en las redes sociales por sus "beneficios metabólicos", indica que no es más efectiva que hacer dieta o llevar una vida saludable.El metaanálisis que publica este lunes el Sistema Cochrane ha incluido 22 estudios sobre el ayuno intermitente, con casi 1.995 participantes adultos de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica a los que se hizo un seguimiento durante 12 meses.La revisión evalúa las diversas modalidades de ayuno intermitente, incluyendo la restricción de alimentación en días alternos, el ayuno periódico y la alimentación limitada por intervalos de tiempo.Los investigadores, entre ellos Eva Madrid, del Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, comparan el ayuno intermitente con los consejos alimentarios tradicionales para no engordar y con qué ocurre cuando no hay ninguna intervención.La evidencia no justifica el entusiasmoSus conclusiones apuntan a que el ayuno intermitente no resulta especialmente eficaz para la pérdida de peso en adultos con obesidad o sobrepeso, los cuales mostraron una pérdida de peso moderada con esta práctica.Además, los autores tampoco aprecian ninguna diferencia significativa respecto al asesoramiento dietético habitual o a la mejora en los hábitos de salud.Los investigadores reconocen que aún hay pocos estudios que hayan estudiado el impacto del ayuno intermitente a largo plazo.Teniendo en cuenta que la obesidad es, precisamente, una enfermedad a largo plazo, eso dificulta que el ayuno intermitente tenga un respaldo científico fuerte, al menos de momento, como para ser recomendada clínicamente, señalan.La mayoría de los estudios incluidos reclutaron predominantemente a poblaciones blancas en países de ingresos altos. Por ello, los autores advierten de que sus resultados podrían dar pistas, pero que no se pueden extrapolar a toda la población, ya que podrían variar según el sexo, la edad, el origen étnico, el estado de la enfermedad o los trastornos o conductas alimentarios subyacentes.“Con la evidencia actual disponible, es difícil hacer una recomendación general. Los médicos deberán adoptar un enfoque individualizado para cada caso a la hora de asesorar a adultos con sobrepeso para adelgazar”, señala Eva Madrid.La obesidad requiere tratamientos personalizadosLa obesidad es un problema importante de salud pública que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en los países de ingresos altos. Según la OMS, 2.500 millones de habitantes de países ricos sufrían sobrepeso en 2022, y de ellos 890 millones padecían obesidad.“Estamos ante una revisión rigurosa. Sin embargo, la calidad de muchos estudios es limitada y el seguimiento es corto, por tanto no es la última palabra", señala Ana Belén Crujeiras, jefa de Epigenómica en el grupo de Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación en Salud de Santiago de Compostela (IDIS), en una reacción recogida por Science Media Centre.Crujeiras explica que si el ayuno intermitente está bien hecho se crea una situación de cetosis nutricional que puede conferir beneficios para la salud, ya que las moléculas cetónicas tienen propiedades antioxidantes, y antiinflamatorias."Se ha observado que este estado de cetosis nutricional se asocia con mejor bienestar y calidad de vida", apunta.No obstante, la investigadora incide en que la obesidad es una enfermedad crónica, y en que su tratamiento debe ser personalizado y siempre bajo prescripción de un profesional de la nutrición o la endocrinología."A unas personas les funcionan unas estrategias terapéuticas y a otras, otras, depende de su estilo de vida, sus gustos personales y su perfil molecular y fisiológico”, concluye.
El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Sabana de Torres, estaría relacionado con disputas internas por el manejo de rentas criminales. Según la Policía, la orden del crimen habría sido dada por un cabecilla financiero de esa estructura que se hace pasar como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar.El hallazgo se produjo en la noche del jueves 12 de febrero de 2026, en la vereda Mata de Plátano, a un costado de la vía rural. La víctima, un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, sería conocida con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el hombre presuntamente hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y sería el encargado de recoger las rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.Las autoridades indicaron que esta persona ya está plenamente identificada. "Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados", señaló el coronel Arévalo.La Policía desplegó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, ha generado conmoción nacional y fuertes cuestionamientos sobre el acceso a medicamentos para enfermedades raras en Colombia. Su madre, Yudy Katerine Pico, denunció públicamente que la falta de entrega oportuna del tratamiento por parte de la EPS y demoras en la red de atención médica fueron determinantes en el deterioro de la salud del menor.Según el testimonio de la madre, Kevin llevaba semanas sin recibir el medicamento esencial para controlar su enfermedad, lo que provocó la aparición de hematomas ante cualquier golpe. La situación se agravó tras una caída en bicicleta, luego de la cual el niño fue trasladado al hospital, donde —según la denuncia— pasó más de 24 horas sin el tratamiento requerido mientras se gestionaban autorizaciones administrativas.La Federación Colombiana de Enfermedades Raras alertó en redes sociales sobre el caso, señalando que el menor ingresó con signos de sangrado cerebral, una emergencia vital asociada a su condición. La organización exigió atención inmediata y garantías en el suministro del medicamento, advirtiendo una posible vulneración del derecho a la salud.El caso también motivó un pronunciamiento de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, quien lamentó lo ocurrido y subrayó que las fallas en la disponibilidad de medicamentos afectan a miles de pacientes. Señaló que ningún debate sobre reformas del sistema de salud puede justificar retrasos en la atención de menores, quienes gozan de protección constitucional reforzada.De acuerdo con la madre, Kevin fue remitido entre distintas instituciones mientras su estado empeoraba, en lo que calificó como un “paseo de la muerte”. El traslado aéreo a Bogotá se habría concretado tras múltiples demoras, cuando su condición ya era crítica.Este caso vuelve a poner en el centro la discusión sobre la eficiencia del sistema de salud, la responsabilidad de las EPS y la urgencia de garantizar tratamientos oportunos para pacientes con enfermedades huérfanas, especialmente cuando se trata de emergencias que comprometen la vida de menores.
Líderes comunales del sector de Cabecera solicitaron al alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, la asignación permanente de un guarda de seguridad para el Parque San Pío, luego de denunciar un nuevo caso de actos sexuales en espacio público.La petición fue formalizada por la Junta de Acción Comunal y la JAL de la Comuna 12, mediante un oficio en el que advierten sobre varias problemáticas que, según indican, vienen afectando de manera reiterada este emblemático escenario urbano.En la comunicación, los líderes señalan que el Parque San Pío, considerado un referente cultural, turístico y de encuentro familiar en la ciudad, enfrenta situaciones como consumo de cigarrillo y otras sustancias en zonas frecuentadas por niños, vandalismo contra el mobiliario y zonas verdes, daños a bienes culturales, ocupación indebida del espacio público por vendedores informales y deterioro del césped.Sin embargo, el hecho que motivó con mayor urgencia la solicitud fue la denuncia de actos sexuales protagonizados por una pareja en el parque, situación que, según la comunidad, quedó registrada en fotografías y que habría ocurrido en horario de alta afluencia de familias.Ante este panorama, los líderes piden la asignación inmediata y permanente de un guarda exclusivo para el parque, así como controles periódicos, recuperación del espacio público, intervención en el alumbrado y poda técnica de árboles que actualmente, aseguran, generan zonas oscuras e inseguras.El llamado también se extiende a la zona conocida como Cuadra Play, sector de rumba de la ciudad, donde residentes denuncian desórdenes permanentes entre jueves y domingo.César Niño, líder del sector de Cabecera, afirmó que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes frente al aumento del consumo de licor y drogas en vía pública, el ruido excesivo, el mal parqueo de motocicletas y los disturbios a altas horas de la madrugada.“Se necesita reforzar la seguridad y controlar a las personas que vienen en las noches a disfrutar y emborracharse en las discotecas. El desorden se presenta desde el jueves hasta el domingo”, manifestó.El líder también pidió mayor presencia de la Policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría del Interior, incluyendo la de un inspector que pueda imponer cierres a discotecas cuando sea necesario. Además, solicitó mayor regulación a establecimientos comerciales y droguerías que, según indicó, estarían facilitando el consumo de licor en el espacio público.Esta es la carta de los líderes del barrio Cabecera de Bucaramanga.
Atravesados con carteles en el sector del peaje La Gomez, en el municipio de Sabana de Torres, se encuentran transportadores y miembros de la comunidad que mantienen bloqueada la Troncal del Magdalena Medio en protesta contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande. La manifestación ha generado una gran congestión vehicular y un trancón de varios kilómetros en este corredor nacional.Desde las 6:00 a. m. de este lunes 16 de febrero, el gremio de volqueteros inició los bloqueos que se mantienen en varios puntos del Magdalena Medio, afectando la movilidad en municipios como San Alberto, Puerto Araujo y Sabana de Torres. Las protestas también se replican en otras localidades del Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.El corredor vial afectado conecta Puerto Salgar, Cundinamarca, con Curumaní, en el Cesar, por lo que el cierre impacta el transporte de carga y pasajeros en una de las principales rutas del país.Los manifestantes aseguran que la empresa KMA no ha vinculado mano de obra ni maquinaria local para las obras que se ejecutan en la concesión, pese a que, según afirman, llevan más de dos años adelantando trámites y entregando documentación para ser contratados.Rodolfo Patiño, conductor y vocero de los transportadores en Sabana de Torres, señaló que la empresa ha traído personal y equipos de otras regiones, dejando por fuera a los trabajadores locales.“Llevamos dos años presentando documentación y lo único que hacen es traer maquinaria y personal de afuera. Nos parqueamos todo el día esperando que nos den trabajo y no nos dan. En la noche no hay señalizadoras y es un peligro, en una vía nacional, poniendo en riesgo a todos”, expresó.El conductor aseguró que la decisión del gremio es mantenerse en protesta pacífica hasta obtener respuestas concretas. Una habitante de Sabana de Torres indicó que el gremio exige vinculación laboral, pero con garantías claras y sin la firma de pagarés.“Queremos trabajar, pero exigimos garantías y sin firmar ningún pagaré. No vamos a permitir que nos pisoteen. Esta protesta se está realizando en varios tramos porque todos queremos trabajar, pero con condiciones justas”, afirmó.Otro transportador hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que intervengan en el conflicto.“Pedimos a la ANI y a los entes del Gobierno Nacional que nos pongan cuidado. En todo el 2025 no nos escucharon y ya vamos en 2026. Queremos participar en los proyectos de desarrollo del Magdalena Medio”, manifestó.El cierre de la Troncal del Magdalena Medio ha provocado largas filas de vehículos de carga, buses intermunicipales y particulares. Conductores reportan demoras de varias horas para cruzar el sector del peaje en Sabana de Torres.
La Policía Nacional dio a conocer el cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio, señalados de amenazar y atacar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.En la lista figuran Yimi Alexander Pabón Pérez, Juan Ezequiel Mosquera Morelo, conocido con el alias de 'Boika', y Rafael Jaimes Caicedo, alias 'Pana'. Según las autoridades, estos hombres serían responsables de intimidaciones y acciones violentas contra personas vinculadas a procesos sociales y de construcción de paz en esta subregión del país.El afiche oficial advierte que, por información que permita su ubicación y captura, se ofrece una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).“Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, señala el mensaje institucional que acompaña la publicación.La Policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a la judicialización de estos señalados delincuentes, garantizando absoluta reserva.Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a las siguientes líneas habilitadas: Cuerpo Élite Policial, 317 896 5777; Contra el crimen: 314 358 7212; Contra el terrorismo, 107.Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar las amenazas y proteger a quienes ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos en el Magdalena Medio.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
La violencia en Barrancabermeja no da tregua. Entre el domingo 28 y la madrugada de este lunes, 29 de diciembre, se registraron cuatro homicidios.La jornada más violenta se vivió precisamente el domingo cuando fueron asesinas tres personas en menos de 12 horas. El primer caso ocurrió en el barrio 20 de Agosto donde murió Breyner Gómez. Posteriormente, en el barrio Ramadal falleció Melquisedec Jiménez López, de 29 años, quien fue atacado a tiros.El tercer hecho de sangre registrado el domingo ocurrió en el barrio San Silvestre donde Yesid Alexander Chávez Anaya, de 39 años, quien era conocido con el alias de ‘El Indio’, fue atacado cuando departía con otras personas, las cuales resultaron heridas. Aunque Chávez Anaya fue auxiliado por la comunidad y fue trasladado a un centro asistencial, finalmente falleció producto de las heridas.Por último, en la madrugada de este lunes se presentó un hecho sicarial en inmediaciones del barrio Villa Rosa. Según el reporte entregado por algunos testigos, la víctima, identificada como David Orlando Correa Fernández, fue atacado a bala y quedó tendido sobre la vía mientras los autores del crimen huyeron del lugar.Las autoridades están analizando las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables de estos asesinatos. Además, están investigando si las muertes de las últimas horas están relacionadas entre sí.La ola de violencia mantiene en alerta a la población de Barrancabermeja, pues en lo corrido del año van 158 muertes violentas, de las cuales 17 se han registrado durante el mes de diciembre.La comunidad pide mayor control por parte de las autoridades, pues los jóvenes de Barrancabermeja han sido las principales víctimas.Sin embargo, la Policía del Magdalena Medio ha manifestado que la mayor parte de los hechos sicariales son producto de las guerras internas por el control de territorios para temas de microtráfico, los pobladores del Puerto Petrolero denuncian que muchas muertes son perpetradas por delincuencia común que se la pasa robando en las diferentes comunas. La comunidad pide acciones urgentes para frenar esta ola de muerte.
En Santander, las autoridades se encuentran en alerta debido al aumento de lesionados con pólvora, hasta la fecha ya son 10 los menores de 18 años y 22 los adultos reportados.“A toda la comunidad santandereana, para que evitemos la manipulación de la pólvora y en especial a los padres de familia para que los menores de edad no manipulen la pólvora, la mitad de los lesionados en Colombia están asociados a menores de edad”, afirmo Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.De acuerdo con el sistema de vigilancia en salud pública, entre las personas quemadas hay un menor de edad que se encontraba en compañía de un adulto en estado de embriaguez.Entre los municipios donde se han registrado quemados están: Mogotes, Sabana de Torres y Floridablanca. Frente a las cifras, Orlando Quintero, subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS) invitó al no uso de juegos pirotécnicos, “la pólvora no es un juego, la mejor decisión es no manipularla”.Las autoridades hacen un llamado a tener cuidado con el uso de voladores en especial, con los totes, lo que llamamos quintos, ya que cualquier manipulación indebida de pólvora puede presentar alguna alteración.Cabe destacar, que las sanciones por la manipulación de la pólvora son de hasta 32 salarios mínimos diarios vigentes, alrededor de un millón quinientos mil pesos.Según la información reportada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la capital santandereana no se registraron quemados por manipulación de pólvora el 24 de diciembre.
Una emergencia de grandes proporciones sacudió a los comerciantes y usuarios de la plaza de mercado Torcoroma durante la tarde de este domingo, 28 de diciembre. Un incendio estructural, que inició en el interior del centro de acopio, movilizó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja en una operación que requirió el despliegue de toda su capacidad operativa para evitar una tragedia mayor.La emergencia comenzó a reportarse al finalizar la tarde, cuando una densa columna de humo negro empezó a elevarse sobre el sector, siendo visible desde varias calles a la redonda. El fuego se extendió con rapidez, consumiendo inicialmente la mercancía y el mobiliario de dos establecimientos, lo que generó momentos de profunda angustia entre los vendedores y habitantes de la zona que observaban con impotencia desde las afueras del lugar.Para atender el siniestro, el organismo de socorro dispuso de tres máquinas extintoras y un equipo humano de 40 unidades. Gracias a esta intervención, las llamas fueron controladas antes de que lograran propagarse al resto de la infraestructura de la plaza. No obstante, el balance final entregado por las autoridades tras las labores de extinción y enfriamiento confirmó que diez locales comerciales resultaron afectados por la acción directa del fuego.A través de grabaciones compartidas en redes sociales, quedó registrado el arduo trabajo de los bomberos al interior de la plaza, mientras el humo inundaba los pasillos y amenazaba los puestos colindantes. Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el incendio, por lo que se esperan los resultados de la investigación técnica para esclarecer lo sucedido.En el marco de esta emergencia y dada la temporada de fin de año, las autoridades de socorro han emitido un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención.Entre las recomendaciones principales se destaca evitar la sobrecarga de tomas eléctricas, no realizar conexiones informales y mantener una vigilancia estricta sobre el uso de velas y gasodomésticos. Asimismo, recordaron que el uso de pólvora está estrictamente prohibido y que, ante cualquier señal de peligro, la comunidad debe comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 123 para garantizar una atención prioritaria.
La tragedia vuelve a golpear al municipio de Rionegro, Santander, tras confirmarse el segundo caso de un menor fallecido por inmersión en menos de una semana, en medio de paseos familiares durante la temporada de vacaciones.El más reciente hecho se registró el fin de semana en la vereda El Cocal, zona rural de Rionegro, donde un niño de cinco años perdió la vida luego de caer a una piscina ubicada en una finca campestre del sector. De acuerdo con la información preliminar, el menor fue auxiliado por las personas que se encontraban en el lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció.Este lamentable episodio se suma a otro ocurrido el pasado 25 de diciembre, cuando una niña de seis años murió ahogada en el balneario El Cristalito, ubicado sobre la vía que comunica a Rionegro con el municipio de El Playón. Según el reporte de la Policía de Santander, la emergencia se presentó hacia las 12:25 del mediodía y fue alertada mediante una llamada al cuadrante policial.En ese caso, la menor fue trasladada en un vehículo particular al Hospital San Antonio de Rionegro, donde el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales. Un familiar indicó a las autoridades que la niña se encontraba en la piscina del balneario al momento del hecho.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos sucesos y reiteraron el llamado a padres y cuidadores para extremar las medidas de vigilancia y prevención en espacios acuáticos, especialmente durante paseos familiares y en temporada de vacaciones, con el fin de evitar nuevas tragedias.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política.De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre de 2025, la cual, al parecer, se llevó a cabo en las instalaciones de la Central de Transportes de la capital nortesantandereana.El ente de control indicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria y determinar si las funcionarias actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.La participación en política por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones está regulada por la normativa disciplinaria vigente en Colombia, que prohíbe el uso de cargos o escenarios institucionales para favorecer actividades o intereses de carácter político. De confirmarse los hechos, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad, según la gravedad de la falta.Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación y las implicadas cuentan con las garantías del debido proceso mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público.
Con globos, pancartas y fuertes abrazos fue recibido Julián Carvajal en el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, luego de permanecer cuatro meses detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocido como ICE, en Estados Unidos.El joven santandereano, de 28 años, fue arrestado el pasado 20 de octubre en una gasolinera del estado de Michigan. Según su testimonio, agentes migratorios rompieron los vidrios de su vehículo antes de llevarlo a un centro de detención en ese estado y, posteriormente, trasladarlo a Luisiana.“La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya llevaba cuatro meses detenido”, expresó Luis Fernando Carvajal, padre del joven, en medio del emotivo reencuentro.Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Julián relató que las condiciones fueron difíciles. "La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas”, aseguró.La comunicación con su familia fue limitada. Las videollamadas se convirtieron en el único puente para mantener la esperanza mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. En el centro de detención en Luisiana pasó su cumpleaños, la Navidad y enfrentó la distancia en momentos dolorosos, como la pérdida de seres queridos.El joven también narró los estrictos protocolos de traslado. “Me sacaron para el aeropuerto de Alexandria y nos dieron seis horas esposados dentro del bus. Nos esposaban desde la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo”, relató.Hoy, ya en la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y hasta sus mascotas, Julián asegura que su mayor deseo es que no se olviden de los colombianos que aún permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.“Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también, pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza”, señaló.Según datos conocidos por las familias afectadas, cuatro de cada cinco colombianos detenidos por temas migratorios no enfrentan investigaciones penales. Por eso, casos como el de Julián reavivan el llamado para que el Gobierno colombiano refuerce el acompañamiento consular y no olvide a quienes, tras buscar el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
El alto tribunal dejó en firme la nulidad de la elección de Eduar Abril Borrero; la decisión quedó en firme mediante providencia de la Sección Quinta del alto tribunal, que notificó oficialmente a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía municipal para que se proceda con la separación inmediata del mandatario.Con esta determinación, Abril Borrero pierde la investidura y el gobernador deberá nombrar un alcalde encargado mientras se organiza el calendario de elecciones atípicas para elegir a su reemplazo.El fallo judicial señala que contra esta decisión no procede ningún recurso adicional, por lo que su cumplimiento es obligatorio.La decisión quedó consignada en el auto emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fechado el 11 de febrero, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado por la defensa del mandatario.En la providencia, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, el alto tribunal precisó que la solicitud no tenía sustento jurídico y advirtió que “contra esta decisión no procede recurso alguno”, dejando en firme la nulidad de la elección y ordenando su inmediata separación del cargo.El caso de Concepción no es aislado; la justicia electoral ha endurecido el control sobre la doble militancia en el departamento.En los últimos años, decisiones similares han provocado la salida de varios mandatarios locales. En Bucaramanga, la elección de Jaime Andrés Beltrán fue anulada por el Consejo de Estado tras comprobarse apoyos a candidatos de otras colectividades, lo que obligó a convocar elecciones atípicas en la capital santandereana; de igual forma, en Girón también se presentó la pérdida de credencial de su alcalde por la misma causal.Los alcaldes de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta también fueron investigados por doble militancia.Estos fallos evidencian la estricta aplicación de las normas electorales y envían un mensaje de cero tolerancia frente a la doble militancia, una de las principales faltas que hoy termina sacando del cargo a mandatarios elegidos en las urnas.Mientras tanto, en Concepción crece la expectativa por la designación del alcalde encargado y la fecha en la que se realizarán las nuevas elecciones para definir el futuro político del municipio.
La entrega voluntaria permitió que la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) devolvieran las tortugas a su hábitat natural. La especie está catalogada como vulnerable a la extinción.Más de 60 tortugas morrocoy regresaron a la vida silvestre luego de permanecer en cautiverio dentro de una vivienda en Barrancabermeja. El operativo fue liderado por el Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en articulación con la CAS Regional Mares, como parte de las acciones de conservación de fauna en Santander.El intendente Juan Pablo Hernández Caballero, jefe del Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Animal, explicó que la intervención evitó que estas especies continuaran en condiciones inadecuadas. “Se logra la entrega voluntaria de 61 tortugas que se encontraban en una vivienda en Barrancabermeja. Desde allí son llevadas a la CAS para su valoración y posterior liberación. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tráfico de flora y fauna silvestre para proteger nuestros recursos naturales”, señaló.Los animales fueron entregados voluntariamente por un ciudadano a las autoridades ambientales. Tras la recepción, los ejemplares fueron trasladados a los centros de valoración de la CAS, donde recibieron revisión médica, evaluación nutricional y verificación de condiciones físicas, con el fin de garantizar que estuvieran aptos para su retorno seguro al entorno natural.La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es una especie nativa de bosques y sabanas que enfrenta alta presión por el tráfico ilegal, el consumo de carne y huevos y su comercialización como mascota.De acuerdo con el Instituto Humboldt, está clasificada como vulnerable a la extinción; fuera de su ecosistema natural, estos animales suelen sufrir desnutrición, enfermedades y estrés, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia y comercialización de fauna silvestre y denunciar cualquier actividad ilegal que atente contra la biodiversidad. Cada rescate, advierten, es clave para proteger el equilibrio ambiental de la región.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Corporación El Minuto de Dios distribuyeron mercados y elementos básicos para más de 200 familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija. La Segunda División mantendrá presencia permanente en la zona.Las ayudas humanitarias siguen llegando a Lebrija en medio de la emergencia provocada por la fuerte ola invernal. En las últimas horas se entregaron 1,5 toneladas de alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad destinados a las familias que lo perdieron todo por las inundaciones y el desbordamiento del río Lebrija.La jornada se desarrolló en articulación con la administración municipal y la Corporación El Minuto de Dios, con el apoyo logístico de tropas de El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, que han estado desplegadas en la zona rural desde los primeros días de la emergencia, apoyando evacuaciones, transporte de ayudas y verificación de las afectaciones a familias del corregimiento Vanegas, damnificadas por el frente fríoDe acuerdo con las autoridades locales, solo en este municipio más de 200 familias resultaron damnificadas por las crecientes súbitas, pérdida de cultivos y daños en viviendas. La presencia de la fuerza pública ha sido clave para garantizar la distribución segura de la asistencia y el acompañamiento a las comunidades más golpeadas.El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, aseguró que el respaldo institucional continuará mientras persista la emergencia.“Nosotros velamos siempre por la protección de la población civil. Estamos acompañándolos desde la emergencia en la vereda Vanegas y con nuestros batallones, tropas de la Quinta Brigada y la Fuerza Aérea hemos consolidado un esfuerzo no armado. El Ejército está acompañando, diciéndole: alcalde, no está solo; la comunidad no está sola. Seguimos pendientes para atender cualquier emergencia”, afirmó.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reiteró que las lluvias podrían continuar en varios sectores del departamento, por lo que no se descarta mayor atención de los organismos de socorro y despliegues humanitarios para atender a las comunidades afectadas por la temporada invernal.