En una ofensiva simultánea contra el tráfico local de estupefacientes en Santander, la Policía logró la captura de cuatro personas en operativos desarrollados en Bucaramanga y Zapatoca, donde además fueron incautadas drogas y un arma de fuego.Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturaron a dos hombres en el barrio Girardot por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.Durante labores de verificación e inteligencia, los uniformados interceptaron a los sospechosos que se movilizaban en dos vehículos. En el procedimiento hallaron un arma de fuego y cerca de 10 kilos de clorhidrato de cocaína.El brigadier general William Quintero Salazar aseguró que “son producto del trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y operativas, permitiendo impactar redes dedicadas al tráfico de estupefacientes”.De manera paralela, en Zapatoca, uniformados del Departamento de Policía Santander lograron la captura en flagrancia de otras dos personas durante controles y registros a vehículos en el perímetro urbano.A los detenidos les encontraron 326 dosis de marihuana y 21 papeletas de cocaína listas para su comercialización.Las autoridades indicaron que uno de los capturados presenta nueve anotaciones judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y hurto, lo que evidenciaría reincidencia.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que estos operativos buscan frenar el microtráfico y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes: “Seguiremos intensificando los controles y patrullajes en todos los municipios del departamento”, afirmó.Los cuatro capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante un juez para definir su situación jurídica.La Policía invitó a denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico de drogas a través de la línea 123 bajo absoluta reserva.
En Cúcuta fue capturado Wilder Arias, alias 'Franco', señalado de asesinar a Camilo Andrés Rojas Rey el pasado 27 de enero, tras un partido de fútbol en la ciudad.Según la Policía Metropolitana de Cúcuta, la captura se logró luego de un trabajo investigativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el análisis de más de 20 horas de videos de seguridad.“El 27 de enero se produjo el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga después de un partido en esta ciudad… Es así como el día de hoy se logra la captura de Wilder Arias, alias 'Franco', como presunto responsable de este homicidio”, afirmó el coronel Libardo Fabio Ojeda.“No permitiremos que la fiesta del fútbol se convierta en una fiesta de la tristeza. Vamos a seguir trabajando por su seguridad”, agregó el oficial.Las autoridades investigan si alias 'Franco', presuntamente hincha del Cúcuta Deportivo, atacó a la víctima por vestir la camiseta del equipo rival.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para ubicar a otros posibles implicados.
El pequeño féretro avanzaba en silencio por las calles del pueblo. Detrás, una multitud caminaba con rabia contenida y lágrimas en los ojos. No era solo un sepelio era una despedida marcada por la impotencia.Kevin Acosta Pico, de apenas siete años, murió esperando un medicamento vital para tratar la hemofilia que padecía, un tratamiento que, según su familia, debía ser suministrado por la Nueva EPS y que durante meses no llegó.El niño falleció en Pitalito, tras ser remitido de urgencia, pero para su madre, la atención fue tardía, insuficiente y rodeada de demoras que, asegura, terminaron costándole la vida: “Dicen que hicieron un traslado oportuno, pero mi hijo duró más de 24 horas allá y no hicieron nada, lo entubaron y lo dejaron sangrar, solo me decían que esperara, que no había camas en UCI, mientras yo veía cómo se me iba”, relató entre lágrimas Judith Katerine Pico Naranjo.Según cuenta, Kevin llevaba cerca de dos meses sin recibir el medicamento por trámites administrativos y supuestos cambios de contrato: “Cada vez que iba a reclamar, me decían ‘espere’. Mientras tanto, mi hijo estaba sin tratamiento, hoy lo estoy velando, mi niño está en una caja, y sólo lo trasladaron por que yo en medio de videos y llamadas pedí ayuda a la gente a través de medios de comunicación”, dice con la voz quebrada.“Me tocó suplicar, cuando reaccionaron ya era demasiado tarde; como me dijo el médico para él cada minuto era mortal”, agregó.El drama no terminó con la muerte. El cuerpo del menor permaneció varios días en Medicina Legal por trámites y demoras. “Ni muerto lo dejaban descansar. Seguían jugando con él”, denunció.Hoy, el dolor de una madre se convirtió en un reclamo colectivo, en Charalá no solo lloran a Kevin, exigen respuestas.La familia pidió a las autoridades abrir una investigación para establecer si hubo negligencia en la entrega del medicamento y en la atención médica.“Mi hijo ya se fue, pero hay más niños esperando medicinas, no quiero que otra mamá pase por esto, no quiero que cierren el caso, quiero justicia”, concluyó.
A 45 años y 4 meses de prisión fue condenado Keiner Arrieta Geney por el feminicidio de Carolín Alejandra Vitola Cuello, una adolescente de 16 años asesinada en mayo de 2025 en Barrancabermeja.La sentencia fue emitida luego de Arrieta Geney, quien tenía 18 años al momento de los hechos, aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez. Según el ente acusador, el joven admitió haber disparado contra la menor y posteriormente participar en el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo."Los agresores atacaron a la adolescente con un arma de fuego y luego ocultaron su cuerpo", señaló el ente investigador.Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025 en el asentamiento humano El Centenario, en la comuna tres del distrito petrolero. De acuerdo con la investigación, la adolescente fue abordada por cuatro integrantes del grupo de delincuencia comunitaria organizada ‘Los Búcaros’, entre ellos el ahora condenado.Las autoridades establecieron que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en el rostro y luego su cuerpo fue desmembrado y abandonado en una zona boscosa del sector. El hallazgo se produjo tras la denuncia anónima de un ciudadano que alertó sobre la presencia del cadáver en el lugar.El caso generó profunda conmoción y repudio en la comunidad de Barrancabermeja, que exigió justicia por la brutalidad del crimen.Arrieta Geney fue hallado responsable de los delitos de feminicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Por estos mismos hechos, otras tres personas capturadas, también señaladas como integrantes de ‘Los Búcaros’, permanecen privadas de la libertad a la espera de que se emita sentencia en su contra. Según las autoridades, alias “Alianza” habría sido quien desmembró el cuerpo de la menor.
Este domingo, 15 de febrero, en una ceremonia reservada, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó simbólicamente los restos que serían de Camilo Torres Restrepo al padre jesuita, Javier Giraldo, quien en 2019 presentó la solicitud que impulsó la búsqueda del cuerpo del conocido “cura guerrillero”.El evento empezó con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional y continuó en la sede de la Unidad de Búsqueda en el centro de Bogotá.Este domingo, se conmemoraron los 60 años de la muerte de Camilo Torres quien falleció durante un enfrentamiento armado con el Ejército en zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Su cuerpo fue sepultado de manera clandestina y durante décadas se desconoció su paradero.Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuaba los estudios periciales sobre las muestras remitidas por la UBPD, en medio de limitaciones ocasionadas por el estado y las condiciones de las estructuras óseas.Ariel Cortés, director general de Medicina Legal, informó que el equipo interdisciplinario forense sigue los protocolos establecidos en la investigación asociada a la identificación del cuerpo, y que solo se iba a pronunciar cuando existiera información concluyente siguiendo el debido proceso.El jueves de la semana pasada, la Unidad de Búsqueda había indicado que estaba a la espera de los últimos análisis forenses, necesarios para emitir el informe integral de identificación y el reporte definitivo de lo ocurrido.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador”, precisó la entidad tras agregar que además de los restos contaban con muestras de familiares exhumadas en 2024, que fueron analizadas en Colombia y Estados Unidos, lo que permitió avances en la investigación.No obstante, este domingo el sacerdote jesuita Javier Giraldo, recibió un cofre marrón oscuro horas después de participar en una eucaristía en honor a Camilo Torres Restrepo.La ceremonia simbólica estuvo encabezada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, con el acompañamiento del excomisionado de Paz Danilo Rueda. La jornada se extendió por casi cuatro horas y concluyó hacia las nueve de la noche.
Luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento salarial del 23,7 %, el presidente Gustavo Petro anunció en su alocución de este domingo que expedirá un nuevo decreto transitorio. El mandatario, además, habló de la implementación del salario mínimo móvil, una figura que busca que la remuneración no sea una cifra estática anual, sino que se ajuste dinámicamente para garantizar el sustento de la canasta familiar vital.¿Qué es el salario mínimo móvil y cómo operaría?A diferencia del modelo tradicional de ajuste fijo, la movilidad implica que el salario responda con flexibilidad a las realidades económicas del país. “Móvil significa que si varían las condiciones, varía también el salario; debe mantener esa flexibilidad”, explicó el jefe de Estado. El objetivo técnico es que el pueblo trabajador no pierda capacidad de compra frente a la inflación, asegurando que el monto siempre cubra las necesidades básicas determinadas por el DANE.Petro confirmó que el nuevo documento mantendrá inicialmente el valor del "salario vital" fijado para 2026 en dos millones de pesos. No obstante, advirtió que la cifra podría modificarse al alza tras presentar nuevos estudios al Consejo de Estado.“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2. 155.000 pesos mensuales”, publicó el presidente antes de su alocución.Concertación y movilización nacionalPara definir el futuro de la remuneración, el Gobierno convocó a la Comisión de Concertación este lunes, con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sindicatos y gremios económicos. “Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio”, enfatizó el presidente.Finalmente, Petro hizo un llamado a la ciudadanía para que este jueves se movilice en las plazas públicas del país. Según el mandatario, la defensa de esta "conquista histórica" no solo depende de argumentos jurídicos o económicos, sino de la "fuerza del pueblo trabajador" en las calles para respaldar la estabilidad del ingreso familiar.
En un contexto marcado por la reciente reconfiguración política del país, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, emitió un balance contundente sobre la situación de orden público en Venezuela. Durante un acto oficial en el estado Nueva Esparta, el funcionario afirmó que la nación caribeña se posiciona actualmente como la más segura de todo el continente americano.Según las cifras presentadas por el también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Venezuela registra actualmente "menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes". Esta estadística, de acuerdo con el ministro, coloca al país en una posición de vanguardia respecto a sus vecinos regionales."Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay", sostuvo Cabello en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).Vigilancia semanal y el reto de la ciberseguridadEl alto funcionario subrayó que el Ejecutivo mantiene un monitoreo constante sobre la actividad criminal. Según sus declaraciones, las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos" para ajustar las estrategias de los cuadrantes de paz. No obstante, reconoció que, si bien los delitos tradicionales han mostrado una tendencia a la baja, se ha detectado un incremento específico en los delitos informáticos, un fenómeno global que también ha impactado la infraestructura digital venezolana.Cabello también destacó el crecimiento en el interés de los jóvenes por profesionalizarse en el área de seguridad. Según el ministro, las solicitudes de ingreso a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) han aumentado significativamente. Para el titular de Interior, este fenómeno es una señal de confianza ciudadana, afirmando que el pueblo venezolano "no tiene miedo" a pesar de la inestabilidad política vivida a inicios de año.Un despliegue masivo para el asueto de CarnavalEl anuncio de estas cifras coincide con el inicio de las festividades de Carnaval. Para garantizar la paz durante el asueto, el Gobierno ha ordenado un despliegue sin precedentes. Desde el pasado jueves, un total de 228.028 funcionarios, entre militares, policías y personal de protección civil, se encuentran desplegados en todo el territorio nacional.Este operativo representa un incremento del 19,7% en comparación con el despliegue realizado en 2025, cuando se movilizaron 190.495 efectivos. El refuerzo del pie de fuerza busca cubrir los principales ejes viales, balnearios y centros turísticos del país durante los días de festividad que concluyen el próximo martes.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional expedirá en los próximos días un nuevo decreto sobre el salario mínimo para el año 2026. La medida responde a la orden del Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que recientemente suspendió de forma provisional el incremento del 23,7 % decretado a finales del año pasado.A pesar del revés judicial, el mandatario fue enfático al asegurar que la esencia de su política salarial se mantiene firme: "Dado que esta es una sentencia que nos ordenan, yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio", afirmó Petro durante una alocución televisada. El objetivo central es preservar lo que el Ejecutivo ha denominado el "salario vital", fijado inicialmente en dos millones de pesos.Según Petro, "el nuevo decreto va a mantener un salario vital", aunque aclaró que, para cumplir con las exigencias del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, presentará nuevos estudios que justifican la subida del salario mínimo.Petro no dio detalles de cómo podría modificarse el mínimo, pero este domingo circularon en medios locales versiones de que el mandatario puede subir aún más el "salario vital", hasta los 2.155.000 pesos mensuales.El pasado viernes, después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % el salario mínimo, Petro se hizo eco en X de unos mensajes del economista colombiano Daniel Ossa, profesor asistente en la Universidad de Denver (EE.UU.), según el cual la remuneración básica puede ser incluso mayor para cerrar la brecha social.El jefe de Estado aseguró que los cálculos sobre salario relativo en Colombia y el rezago entre salario y productividad laboral respaldan la decisión adoptada por el Ejecutivo a finales del año pasado.¿Qué es el salario mínimo móvil?La graan novedad de la alocución fue la propuesta de transitar hacia un salario móvil. Según el presidente, este modelo permitiría que la remuneración básica de los trabajadores no sea una cifra estática anual, sino un valor que se ajuste dinámicamente según las variables de la economía nacional."En Colombia rige un salario vital, que es el mínimo vital de una familia y que es móvil. Ese criterio no lo pusimos en el decreto. Creo que esta orden de la Constitución debe exponerlo en el nuevo decreto. ¿Móvil que significa? Que si varían las condiciones, se varía también el salario por decreto. Debe mantener esa flexibilidad", planteó Petro, argumentando que esta figura encuentra respaldo en la sentencia 815 de la Corte Constitucional.
Líderes comunales del sector de Cabecera solicitaron al alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, la asignación permanente de un guarda de seguridad para el Parque San Pío, luego de denunciar un nuevo caso de actos sexuales en espacio público.La petición fue formalizada por la Junta de Acción Comunal y la JAL de la Comuna 12, mediante un oficio en el que advierten sobre varias problemáticas que, según indican, vienen afectando de manera reiterada este emblemático escenario urbano.En la comunicación, los líderes señalan que el Parque San Pío, considerado un referente cultural, turístico y de encuentro familiar en la ciudad, enfrenta situaciones como consumo de cigarrillo y otras sustancias en zonas frecuentadas por niños, vandalismo contra el mobiliario y zonas verdes, daños a bienes culturales, ocupación indebida del espacio público por vendedores informales y deterioro del césped.Sin embargo, el hecho que motivó con mayor urgencia la solicitud fue la denuncia de actos sexuales protagonizados por una pareja en el parque, situación que, según la comunidad, quedó registrada en fotografías y que habría ocurrido en horario de alta afluencia de familias.Ante este panorama, los líderes piden la asignación inmediata y permanente de un guarda exclusivo para el parque, así como controles periódicos, recuperación del espacio público, intervención en el alumbrado y poda técnica de árboles que actualmente, aseguran, generan zonas oscuras e inseguras.El llamado también se extiende a la zona conocida como Cuadra Play, sector de rumba de la ciudad, donde residentes denuncian desórdenes permanentes entre jueves y domingo.César Niño, líder del sector de Cabecera, afirmó que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes frente al aumento del consumo de licor y drogas en vía pública, el ruido excesivo, el mal parqueo de motocicletas y los disturbios a altas horas de la madrugada.“Se necesita reforzar la seguridad y controlar a las personas que vienen en las noches a disfrutar y emborracharse en las discotecas. El desorden se presenta desde el jueves hasta el domingo”, manifestó.El líder también pidió mayor presencia de la Policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría del Interior, incluyendo la de un inspector que pueda imponer cierres a discotecas cuando sea necesario. Además, solicitó mayor regulación a establecimientos comerciales y droguerías que, según indicó, estarían facilitando el consumo de licor en el espacio público.Esta es la carta de los líderes del barrio Cabecera de Bucaramanga.
Atravesados con carteles en el sector del peaje La Gomez, en el municipio de Sabana de Torres, se encuentran transportadores y miembros de la comunidad que mantienen bloqueada la Troncal del Magdalena Medio en protesta contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande. La manifestación ha generado una gran congestión vehicular y un trancón de varios kilómetros en este corredor nacional.Desde las 6:00 a. m. de este lunes 16 de febrero, el gremio de volqueteros inició los bloqueos que se mantienen en varios puntos del Magdalena Medio, afectando la movilidad en municipios como San Alberto, Puerto Araujo y Sabana de Torres. Las protestas también se replican en otras localidades del Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.El corredor vial afectado conecta Puerto Salgar, Cundinamarca, con Curumaní, en el Cesar, por lo que el cierre impacta el transporte de carga y pasajeros en una de las principales rutas del país.Los manifestantes aseguran que la empresa KMA no ha vinculado mano de obra ni maquinaria local para las obras que se ejecutan en la concesión, pese a que, según afirman, llevan más de dos años adelantando trámites y entregando documentación para ser contratados.Rodolfo Patiño, conductor y vocero de los transportadores en Sabana de Torres, señaló que la empresa ha traído personal y equipos de otras regiones, dejando por fuera a los trabajadores locales.“Llevamos dos años presentando documentación y lo único que hacen es traer maquinaria y personal de afuera. Nos parqueamos todo el día esperando que nos den trabajo y no nos dan. En la noche no hay señalizadoras y es un peligro, en una vía nacional, poniendo en riesgo a todos”, expresó.El conductor aseguró que la decisión del gremio es mantenerse en protesta pacífica hasta obtener respuestas concretas. Una habitante de Sabana de Torres indicó que el gremio exige vinculación laboral, pero con garantías claras y sin la firma de pagarés.“Queremos trabajar, pero exigimos garantías y sin firmar ningún pagaré. No vamos a permitir que nos pisoteen. Esta protesta se está realizando en varios tramos porque todos queremos trabajar, pero con condiciones justas”, afirmó.Otro transportador hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que intervengan en el conflicto.“Pedimos a la ANI y a los entes del Gobierno Nacional que nos pongan cuidado. En todo el 2025 no nos escucharon y ya vamos en 2026. Queremos participar en los proyectos de desarrollo del Magdalena Medio”, manifestó.El cierre de la Troncal del Magdalena Medio ha provocado largas filas de vehículos de carga, buses intermunicipales y particulares. Conductores reportan demoras de varias horas para cruzar el sector del peaje en Sabana de Torres.
La Policía Nacional dio a conocer el cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio, señalados de amenazar y atacar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.En la lista figuran Yimi Alexander Pabón Pérez, Juan Ezequiel Mosquera Morelo, conocido con el alias de 'Boika', y Rafael Jaimes Caicedo, alias 'Pana'. Según las autoridades, estos hombres serían responsables de intimidaciones y acciones violentas contra personas vinculadas a procesos sociales y de construcción de paz en esta subregión del país.El afiche oficial advierte que, por información que permita su ubicación y captura, se ofrece una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).“Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, señala el mensaje institucional que acompaña la publicación.La Policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a la judicialización de estos señalados delincuentes, garantizando absoluta reserva.Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a las siguientes líneas habilitadas: Cuerpo Élite Policial, 317 896 5777; Contra el crimen: 314 358 7212; Contra el terrorismo, 107.Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar las amenazas y proteger a quienes ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos en el Magdalena Medio.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política.De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre de 2025, la cual, al parecer, se llevó a cabo en las instalaciones de la Central de Transportes de la capital nortesantandereana.El ente de control indicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria y determinar si las funcionarias actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.La participación en política por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones está regulada por la normativa disciplinaria vigente en Colombia, que prohíbe el uso de cargos o escenarios institucionales para favorecer actividades o intereses de carácter político. De confirmarse los hechos, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad, según la gravedad de la falta.Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación y las implicadas cuentan con las garantías del debido proceso mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público.
Con globos, pancartas y fuertes abrazos fue recibido Julián Carvajal en el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, luego de permanecer cuatro meses detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocido como ICE, en Estados Unidos.El joven santandereano, de 28 años, fue arrestado el pasado 20 de octubre en una gasolinera del estado de Michigan. Según su testimonio, agentes migratorios rompieron los vidrios de su vehículo antes de llevarlo a un centro de detención en ese estado y, posteriormente, trasladarlo a Luisiana.“La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya llevaba cuatro meses detenido”, expresó Luis Fernando Carvajal, padre del joven, en medio del emotivo reencuentro.Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Julián relató que las condiciones fueron difíciles. "La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas”, aseguró.La comunicación con su familia fue limitada. Las videollamadas se convirtieron en el único puente para mantener la esperanza mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. En el centro de detención en Luisiana pasó su cumpleaños, la Navidad y enfrentó la distancia en momentos dolorosos, como la pérdida de seres queridos.El joven también narró los estrictos protocolos de traslado. “Me sacaron para el aeropuerto de Alexandria y nos dieron seis horas esposados dentro del bus. Nos esposaban desde la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo”, relató.Hoy, ya en la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y hasta sus mascotas, Julián asegura que su mayor deseo es que no se olviden de los colombianos que aún permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.“Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también, pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza”, señaló.Según datos conocidos por las familias afectadas, cuatro de cada cinco colombianos detenidos por temas migratorios no enfrentan investigaciones penales. Por eso, casos como el de Julián reavivan el llamado para que el Gobierno colombiano refuerce el acompañamiento consular y no olvide a quienes, tras buscar el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Sabana de Torres, estaría relacionado con disputas internas por el manejo de rentas criminales. Según la Policía, la orden del crimen habría sido dada por un cabecilla financiero de esa estructura que se hace pasar como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar.El hallazgo se produjo en la noche del jueves 12 de febrero de 2026, en la vereda Mata de Plátano, a un costado de la vía rural. La víctima, un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, sería conocida con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el hombre presuntamente hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y sería el encargado de recoger las rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.Las autoridades indicaron que esta persona ya está plenamente identificada. "Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados", señaló el coronel Arévalo.La Policía desplegó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron capturadas en pleno centro de Bucaramanga cuando, según la Policía Metropolitana, que se dedicaban a cometer hurtos y estafas bajo las modalidades de cosquilleo y paquete chileno. El operativo fue realizado por el Gaula durante acciones de control en esta zona comercial, que por estos días registra una alta afluencia de compradores por la temporada navideña.De acuerdo con las autoridades, los señalados, conocidos como alias “Largo”, “Churca” y “Azul”, aprovechaban la aglomeración en bancos y locales comerciales para distraer a sus víctimas, muchas de ellas adultos mayores o ciudadanos que acababan de retirar dinero. Con maniobras de engaño lograban apoderarse de efectivo y pertenencias.La intervención policial permitió detenerlos en flagrancia y recuperar un millón de pesos que había sido hurtado minutos antes. También les fueron incautados teléfonos celulares y billetes extranjeros que usaban para simular altas sumas durante las estafas.“Se capturan tres sujetos, dos mujeres y un hombre, que se encargaban de hacer el famoso cosquilleo aquí en el centro y el paquete chileno. Hay dos personas denunciantes y se recuperó un millón de pesos que previamente le habían quitado a unos ciudadanos aprovechando la aglomeración por Navidad”, explicó el coronel Diego López, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar portar grandes sumas de dinero, estar atentos a su entorno y reportar cualquier situación sospechosa a la línea 123 o al Gaula 165.
Después de varios años marcados por irregularidades, sobrecostos, suspensiones y retrasos, el proyecto del Hospital Regional de San Gil podría al fin terminarse. La Gobernación de Santander anunció que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, aprobó la financiación para su fase final por $50.191 millones, recursos que serán aportados por el Ministerio de Salud en las vigencias de 2026 y 2027.La aprobación llega tras una compleja trayectoria que inició con la promesa de modernizar la infraestructura sanitaria de la provincia Guanentá, pero que derivó en uno de los proyectos más demorados y controversiales del departamento.Desde sus primeras etapas, el hospital estuvo rodeado de inconsistencias. En mayo de 2020, la Contraloría General de Santander identificó hallazgos fiscales, penales y disciplinarios por más de $120 millones en el contrato de consultoría para los estudios y diseños. Los errores en los estudios de suelo y en los diseños estructurales dispararon el presupuesto inicial: pasó de $23.000 millones a $48.000 millones, un incremento superior al 100 %.A estas irregularidades se sumó la suspensión total de la obra en noviembre de 2019, debido a problemas en el terreno que comprometían su viabilidad. Durante 2020, el proyecto permaneció paralizado mientras se realizaban nuevos estudios, profundizando la incertidumbre en las comunidades de San Gil y municipios vecinos.El estancamiento prolongado llevó a que en julio de 2021 la Procuraduría General de la Nación interviniera, impulsada por las quejas ciudadanas ante la falta de avances. La entidad verificó atrasos significativos relacionados con fallas en la cimentación y con pagos pendientes a los contratistas.Aunque las obras se reanudaron en diciembre de 2020, el progreso siguió siendo lento. Solo hasta el 13 de agosto de 2023 se entregó la primera fase, consistente en la estructura en obra gris: dos pisos, cuatro bloques, cubiertas, muros, tanque de agua y conexión al alcantarillado municipal.Los problemas financieros también marcaron el camino. La segunda fase del proyecto, correspondiente a acabados y obras exteriores, pasó de un estimado inicial de $25.000 millones a $36.000 millones, impulsado por el aumento del costo de los materiales. En febrero de 2024, el Ministerio de Salud aseguró $45.000 millones, lo que dio un respiro, pero aún no garantizaba la culminación total.Mientras tanto, la comunidad seguía esperando un hospital que promete servicios esenciales como consulta externa, urgencias, cirugía, laboratorio, sala de partos y hospitalización, y que beneficiará directamente a más de 46.000 habitantes y, de forma ampliada, a más de 168.000 personas de la provincia Guanentá.La reciente aprobación del Conpes representa, según las autoridades, el paso definitivo para cerrar un capítulo lleno de tropiezos. El proyecto fue viabilizado y priorizado por el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, y hace parte de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, celebró la noticia en su cuenta de X: “Conpes aprueba la terminación del Hospital Regional de San Gil. La culminación de la infraestructura quedó respaldada tras la gestión técnica realizada por la Gobernación y el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud. Esta decisión garantiza mejores servicios especializados para más de 168.000 habitantes de la provincia Guanentá y asegura recursos para finalizar la obra entre 2026 y 2027. Gestión que fortalece la salud y la calidad de vida de nuestra gente.”Se espera que las obras en el Hospital Regional de San Gil por fin finalicen y que pueda ponerse en funcionamiento en el menor tiempo posible.
La ciénaga El Llanito, uno de los humedales más importantes de Barrancabermeja, volvió a encender las alarmas ambientales tras el hallazgo de un manatí antillano recién nacido sin vida. Con este caso, ya son 14 los ejemplares muertos en los últimos cinco años, una cifra que preocupa profundamente a autoridades, pescadores y organizaciones ambientales por tratarse de una especie en vía de extinción.El hallazgo se produjo en un sector que la comunidad había señalado como crítico por la degradación del agua. Minutos después, funcionarios de la Alcaldía y de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) llegaron al punto para iniciar la atención de la emergencia y recopilar las primeras muestras ambientales.El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, advirtió que los riesgos que rodean a la ciénaga son múltiples y están ampliamente documentados.“Lamentablemente tenemos que decirlo: es la víctima número 14. Hemos identificado riesgos de contaminación por hidrocarburos, aguas residuales, desecación y sedimentación de humedales. Esto es una alarma muy grave porque se trata de una especie en vía de extinción”, explicó.Granados señaló que, según análisis recientes, la ciénaga ha perdido 300 de sus 1.375 hectáreas, una reducción que evidencia un avanzado proceso de sedimentación y la transformación acelerada del ecosistema. “Esto demuestra el deterioro del cuerpo hídrico y por eso estamos impulsando un acuerdo empresarial para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad”, añadió.La Alcaldía anunció que se realizarán estudios de calidad del agua, sedimentos y macrófitas en varios puntos del humedal, priorizando las zonas donde los pescadores han reportado mayor mortandad.Estos análisis buscan establecer si existen contaminantes o alteraciones que estén impactando la supervivencia de los manatíes, particularmente de las crías, que son más sensibles a cambios bruscos en el entorno.Para las comunidades locales, sin embargo, los anuncios deben venir acompañados de acciones de fondo. Líderes pescadores han insistido en la necesidad de recuperar el flujo natural del agua y tomar decisiones sobre el denominado “dique de verano”, una estructura cuya incidencia en la dinámica hídrica aún debe ser evaluada.Granados confirmó que se está planteando un estudio hidrobiológico e hidráulico para determinar el comportamiento del sistema hídrico de la ciénaga y establecer un corredor biológico que permita proteger a las especies nativas. “No hemos sido indiferentes. Estamos trabajando articuladamente con la Red de Varamientos y con los pescadores para mitigar el impacto”, afirmó.El municipio reiteró la invitación a las compañías que operan en la zona a sumarse a un acuerdo ambiental para reducir los impactos derivados de sus procesos productivos.“Las empresas que de alguna u otra forma han generado impacto ambiental deben unirse para resolver el problema de manera definitiva”, sostuvo el secretario.
Bucaramanga está lista para las elecciones atípicas que se realizarán este domingo, 14 de diciembre, en las que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.Desde este viernes la Registraduría Nacional comenzó la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.¿Quiénes son los ocho candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga?Durante mes y medio, ocho ciudadanos estuvieron corriendo por ganarse la confianza y los votos de los bumangueses. Estos son los candidatos:Carlos Fernando Pérez: candidato avalado por el partido ADA. Fue contralor de Santander y señaló que busca continuar con el plan de gobierno aprobado por el Concejo para la vigencia actual.Juan Manuel González: candidato del partido Demócrata, es reconocido por ser periodista deportivo y exsenador. Él se identifica como candidato transparente e independiente.Cristian Portilla: tiene aval del Partido de la U y coaval Centro Democrático y Cambio Radical. Es abogado y exsecretario privado del exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Su enfoque está centrado en la seguridad y continuidad del proyecto de la administración anterior.Jhan Carlos Alvernia: exconcejal, tiene el aval del Partido Liberal, sus propuestas están enfocadas en la seguridad y movilidad. Es empresario santandereano.Carlos Bueno Cadena: exdirector de Tránsito. Tiene el aval del partido Colombia Justa y Libres y coaval del partido Mira y Conservador.Rubén Morales Rey: tiene el aval del partido Unitarios, se desempeñó como juez laboral y tuvo relevancia en una denuncia que trabajó contra Rodolfo Hernández.Humberto Salazar García: es dirigente del Pacto Histórico, reconocido en la academia y el sector empresarial.Fabián Oviedo Pinzón: tiene el aval del Nuevo Liberalismo. Ha sido candidato por segunda vez y fue concejal de Bucaramanga.
Bucaramanga vivirá este fin de semana un ambiente electoral inusual. Con motivo de las elecciones atípicas para elegir alcalde este domingo 14 de diciembre, la Alcaldía decretó Ley Seca y una batería de medidas de seguridad que regirán desde las 6:00 p.m. del sábado 13 hasta las 6:00 a.m. del lunes 15 de diciembre.El Decreto 0872 del 11 de diciembre de 2025, firmado por el alcalde designado Javier Augusto Sarmiento Olarte, establece la prohibición total de venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, espacios públicos y lugares privados que trasciendan a lo público. La medida busca, según explicó el mandatario, “garantizar una jornada tranquila, ordenada y libre de alteraciones al orden público”.Además de la Ley Seca, la administración municipal dispuso otras limitaciones orientadas a prevenir incidentes:Prohibido el transporte y disposición de escombros en vías públicas y predios privados.Restringida la circulación de vehículos que transporten mudanzas, materiales de construcción, cilindros de gas y sustancias peligrosas.Suspensión del porte de armas, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Nacional 1556 de 2024.La Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y demás autoridades municipales serán las responsables de vigilar el cumplimiento de estas normas y aplicar los correctivos necesarios.Durante el comité de seguimiento electoral realizado esta semana, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se han detectado amenazas que pongan en riesgo el desarrollo de los comicios. Sin embargo, confirmó que habrá vigilancia constante por parte de la Policía y las Fuerzas Militares en todos los puntos de votación.Asimismo, este viernes 12 de diciembre se instalará la octava mesa de seguimiento electoral, con la participación del Ministerio del Interior y los organismos de control. Paralelamente, funcionarán el Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y el departamental, desde donde se hará monitoreo permanente a la jornada.Cabe recordar que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.Desde tempranas horas de la mañana, de este sábado 13 de diciembre, funcionarios de la Registraduría Nacional comenzaron la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.El proceso incluye la asignación y capacitación final de los 10.070 jurados de votación, quienes serán los responsables del desarrollo de la jornada, el conteo de votos y el envío del preconteo.Ocho candidatos están en la contienda por el principal cargo administrativo de Bucaramanga: Carlos Pérez, Juan Manuel González, Cristian Portilla, Jhan Carlos Alvernia, Carlos Bueno, Rubén Morales, Humberto Salazar y Fabián Oviedo.El registrador delegado electoral, Jaime Hernando Suárez, confirmó que la logística avanza sin contratiempos y destacó la responsabilidad de los jurados en el proceso democrático:“Los jurados de votación son quienes hacen las elecciones en Colombia, son ciudadanos de la sociedad civil, residentes en Bucaramanga. Ellos hacen el conteo de votos y después se realiza una transmisión de resultados telefónicamente, lo que conocemos como preconteo”, indicó el funcionario.La Registraduría informó que sobre las 6:00 p.m. del domingo, 14 de diciembre, se conocerán los resultados de las elecciones.
La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará por primera vez en Bucaramanga un piloto de autenticación biométrica con reconocimiento facial en cinco puestos de votación durante las elecciones atípicas. Así lo confirmó Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, quien destacó que esta prueba busca fortalecer la seguridad del proceso democrático en una de las ciudades con mayor censo electoral del país.“Es un piloto importantísimo que el señor registrador nacional, Hernán Penagos, ha decidido hacer en Bucaramanga. Ustedes van a ver la biometría no dactilar, sino facial, que corresponde a la autenticación. No se toma una nueva fotografía; las fotos ya las tiene la Registraduría. El sistema identifica puntos característicos del rostro y los compara con la imagen registrada previamente”, explicó Suárez.El funcionario señaló que este mecanismo permitirá verificar la identidad de los votantes de manera más ágil y confiable. “Tenemos una innovación para las elecciones atípicas en la ciudad y es la autenticación biométrica en cinco puestos de votación”, agregó.Los puntos habilitados para el piloto de reconocimiento facial son:Institución Educativa José Celestino Mutis: 39 mesas – censo electoral de 15.299 votantesColegio Adventista Libertad: 35 mesas – 13.670 votantesFranciscano del Virrey Solís: 35 mesas – 13.499 votantesUniversidad Cooperativa de Colombia: 34 mesas – 13.218 votantesColegio La Presentación: 16 mesas – 5.936 votantesLa Registraduría reiteró que la implementación de esta tecnología no implica toma de nuevas fotografías, sino el uso de la base de datos ya existente para garantizar la autenticación de los ciudadanos.En Bucaramanga hay 531.239 ciudadanos habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.