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Inicia juicio disciplinario contra policías implicados en muerte del abogado Ordóñez

La Procuraduría señaló que la conducta de Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda fue desproporcionada e “irracional”.

Caso Javier Ordóñez - abuso policial
Caso Javier Ordóñez. Foto: captura de pantalla video

En la Procuraduría inició este jueves el juicio disciplinario por abuso de autoridad en contra de los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos por los hechos que rodean la muerte del abogado Javier Ordóñez el pasado 8 de septiembre.

La audiencia inició sobre las 8:30 de la mañana y los patrulleros pretendían que fuera aplazada porque, según ellos, no sabían sobre la formulación de cargos que se leería y llegaron sin abogado. El procurador Herman Rincón señaló que sí se enviaron correos que evidencian la notificación.

“Esta Procuraduría no debe permitir maniobras dilatorias aduciendo que no se recibió la copia de la providencia mediante la cual fueron citados a audiencia (…). Esta Procuraduría tendrá por cierto que fueron notificados hasta tanto se demuestre lo contrario”, dijo Rincón, y por eso se designaron abogados de oficio. Sobre las 11:00 de la mañana ingresó el abogado Jorge Páramo para asistir a Rodríguez Díaz.

“Debió fomentar el respeto a los derechos humanos y velar por la integridad de estas personas, sin embargo, al parecer abusó de su autoridad injustificadamente sobre el señor Javier Ordóñez Bermúdez que en paz descanse. Situación que en consideración del despacho no cuenta con la estricta necesidad, proporcionalidad y racionabilidad que legitiman el uso de la fuerza, convirtiéndose en abuso de autoridad por un acto arbitrario e injusto”, señala la Procuraduría en la formulación de cargos

La Procuraduría también recordó el hecho de que el abogado en varias ocasiones dijo “no más” cuando los policías aplicaban ocho descargas eléctricas con la pistola taser.

“La acción ejercida por el investigado (Juan Camilo Lloreda) es al parecer excedida la medida a utilizar, aparentemente la fuerza desproporcional inadecuada y desmedida no era razonable ya que se podría estar inmerso en un abuso de autoridad (…). El acto contra el ciudadano era exagerado e irracional”, dice la Procuraduría.

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