La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019. La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión.Durante la diligencia la Juez informó que además de la condena se ordena “negar a la señora Aida Merlano Rebolledo, los sustitutos penales de la suspensión condicionante de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria conforme a los antecedentes e intento de fuga y, en consecuencia, una vez quede en firme la sentencia, se dispone a oficiar al INPEC para que, una vez quede en libertad por cuenta de los otros procesos, se deje a disposición para el cumplimiento de la presente sentencia”.La fuga, ocurrida en 2019, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia judicial reciente. Merlano, trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico en el norte de la ciudad, se lanzó por una ventana utilizando una cuerda improvisada. Tras caer al primer piso, fue recogida por un hombre, quien la ayudó a escapar en motocicleta. Ese hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la negociación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía.Durante la diligencia judicial de aprobación del acuerdo, la juez también reconoció al INPEC como víctima institucional. El abogado del Instituto sostuvo que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad. La juez acogió esa solicitud y señaló que la credibilidad pública del INPEC se vio comprometida, así como la percepción de posibles irregularidades internas derivadas del episodio.Durante la diligencia, Aida Merlano aprovechó para ofrecer disculpas públicas a las personas que, según dijo, resultaron afectadas por su fuga. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, y aseguró haber sido víctima de abusos dentro del INPEC, hechos que , afirmó, están denunciados. Merlano pidió perdón a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita del día de la fuga y al capitán Álvarez, a quien considera injustamente condenado. También extendió disculpas a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio.Merlano, quien hoy suma esta nueva sentencia, cumple otras condenas en su contra por hechos de corrupción. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes electorales durante su campaña al Congreso en 2018, proceso que marcó el inicio de su situación judicial. Con la decisión adoptada este viernes, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.
La Fiscalía llamó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que explique las presuntas irregularidades en la compra de un penthouse en Bogotá, que habría sido vendido por una empresa controlada por el conocido empresario del sector de los hidrocarburos, Serafino Iácono.Blu Radio estableció que la diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado que tendrá que cumplir Roa ante la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía se realizará antes de finalizar este año, en el marco de la línea investigativa sobre las presuntas irregularidades en contratos entregados por la estatal petrolera.Lo que busca establecer la Fiscalía es si la compra del apartamento que hizo Roa a una empresa de Serafino Iácono, se hizo de manera legal o si detrás existía una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.La línea de tiempo que investiga la Fiscalía es la siguiente: la transacción del apartamento 901 fue realizada en diciembre de 2022, Ricardo Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol por parte del presidente Gustavo Petro en abril de 2023 y en marzo de 2024, una empresa ligada a Serafino Iácono recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9.De acuerdo con las investigaciones periodísticas, Ricardo Roa compró el apartamento 901 en un edificio en el sector del Museo del Chicó en Bogotá por 1.800 millones de pesos, un valor que estaría por debajo del precio del mercado teniendo en cuenta el tamaño y la ubicación del predio.
Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
El sector de la medicina regenerativa celebró esta semana un hito que promete transformar el tratamiento de la ceguera corneal. Un paciente que había sido declarado legalmente ciego recuperó la visión tras recibir, el 29 de octubre, un implante de córnea producido íntegramente en un laboratorio mediante tecnología de impresión 3D. El procedimiento, realizado en el Centro Médico Rambam de Haifa, es considerado el primer trasplante plenamente exitoso de una córnea funcional fabricada mediante bioingeniería.El implante fue desarrollado por la empresa de biotecnología Precise Bio, que logró imprimir una córnea utilizando células humanas procedentes de tejido donado. El resultado es un dispositivo diseñado para reproducir tanto la transparencia como la resistencia mecánica de una córnea sana. El trasplante se efectuó en uno de los ojos del paciente y, de acuerdo con los especialistas, logró integrarse rápidamente adoptando la forma natural del tejido original.El profesor Michael Mimouni, quien dirigió el equipo quirúrgico, describió el momento como “histórico”, asegurando que nunca antes se había demostrado que un órgano ocular creado en laboratorio pudiera devolver la vista. “Asistimos a un avance que redefine las posibilidades de la oftalmología moderna. Es la prueba de que un futuro sin largas listas de espera por tejido donado es posible”, afirmó. El especialista subrayó que esta innovación podría evitar que miles de personas vivan en la oscuridad debido a la escasez global de córneas disponibles.La compañía desarrolladora detalló que uno de los mayores logros del dispositivo es su compatibilidad con el instrumental de trasplante tradicional. Esto significa que los cirujanos pueden manipular la córnea impresa de forma similar a una córnea humana, sin necesidad de alterar los procedimientos en quirófano. Además, el diseño permite una criopreservación más prolongada, lo que facilitaría su transporte y almacenamiento en bancos de tejidos y hospitales de distintos países.El proyecto persigue no solo mejorar la precisión óptica y reducir las complicaciones posoperatorias, sino también ofrecer una alternativa reproducible y escalable frente a la creciente demanda global de tejido ocular. Actualmente, millones de personas padecen ceguera corneal y dependen de donaciones que no siempre alcanzan para cubrir las necesidades mundiales.Los primeros datos sobre la eficacia a medio plazo se evaluarán a los seis meses del procedimiento, pero tanto Precise Bio como el Centro Médico Rambam confían en que este sea apenas el comienzo de una nueva generación de implantes personalizados. Si los resultados se confirman, el modelo podría replicarse a gran escala y abrir la puerta al desarrollo de otros tejidos oculares creados mediante bioimpresión.Este trasplante no solo representa un triunfo tecnológico, sino también una señal esperanzadora para quienes esperan una oportunidad de recuperar la vista. Como resumió Mimouni, la posibilidad de fabricar tejido ocular viable “lo cambia todo” y marca el inicio de una era en la que la ceguera corneal podría dejar de ser una condena permanente.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
En redes sociales continúan multiplicándose los videos virales relacionados con infidelidades y la manera en que son descubiertas o expuestas públicamente. Esta vez, la historia que captó la atención de miles de usuarios fue la de una joven que decidió desenmascarar a su novio en un momento inesperado: su propia fiesta de cumpleaños.Según se observa en las imágenes, el hombre llegó al lugar convencido de que recibiría una sorpresa llena de cariño, compañía y celebración, acompañado de un gran pastel. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta. Al retirar la venda que cubría sus ojos, se encontró con una serie de fotografías que evidenciaban sus múltiples infidelidades.El video muestra cómo la mujer guía al joven, supuestamente para darle una sorpresa por su aniversario. Pero, una vez frente a los invitados, lo confronta con capturas de pantalla de conversaciones y fotografías que revelarían la traición. El sujeto, atónito, no supo cómo reaccionar ante la exposición pública.“Él me dijo que yo era la única, claramente no era cierto”, señala la descripción del video, que rápidamente se viralizó en distintas plataformas.La mujer, por su parte, se mostró firme y segura, orgullosa de haber reunido las pruebas que demostrarían las reiteradas infidelidades de su pareja.El clip ya acumula cientos de miles de reproducciones y ha generado todo tipo de comentarios. “Apuesto a que su respuesta será: ‘¿así que revisaste mi teléfono?’”, “Esto debí haber hecho con mi ex”, “Reina”, son algunas de las reacciones que dejaron los usuarios en redes sociales.
Según un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las cifras contradicen el discurso oficial: de enero a octubre de 2025, los homicidios intencionales pasaron de 10.952 en 2024 a 11.327 en 2025, lo que representa un incremento del 3,4 %. Además, la tasa nacional subió de 20,8 a 21,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.Este repunte revierte la leve reducción registrada el año anterior y, de mantenerse la tendencia, el cierre de 2025 podría superar los niveles de violencia de 2023.La FIP advierte que el aumento de homicidios no es un hecho aislado: también se observa un incremento en los secuestros (117,8 % más que en 2024), las masacres, los ataques a la fuerza pública y los desplazamientos forzados, lo que evidencia un deterioro general de la seguridad en el país.El informe señala que interpretar las cifras de manera selectiva, por ejemplo, centrarse en un indicador puntual para afirmar una reducción, puede generar conclusiones equivocadas y dificultar la formulación de políticas efectivas de seguridad.En conclusión, según la FIP, los datos de 2025 reflejan que la violencia letal en Colombia persiste o incluso se incrementa, pese al discurso gubernamental que insiste en una disminución. El análisis llama a reconocer la magnitud del problema y a fortalecer las estrategias integrales de seguridad y prevención.
Los planes de salud han trascendido su papel como un beneficio secundario para establecerse como un componente fundamental dentro de los paquetes de compensación empresarial en Colombia. Actualmente, el 59 % de las compañías en el país incluye algún tipo de plan de salud entre sus prestaciones, según revela un estudio de Human Factor Consulting. Esta marcada tendencia responde tanto al creciente interés de los trabajadores por acceder a servicios de salud oportunos, como al objetivo organizacional de impulsar el bienestar, la satisfacción y la estabilidad de sus equipos.Ivonne Granados, gerente de Ventas de la Unidad de Salud de Compensar, destacó que las empresas han comprendido que el cuidado de la salud del talento humano ya no es un beneficio complementario, sino un pilar central del bienestar laboral. La priorización de este aspecto permite construir entornos donde los equipos se sienten valorados, lo que a su vez se traduce en mayor confianza, compromiso y estabilidad.Ventajas competitivas para atraer y retener talentoLa inclusión de planes de salud ofrece múltiples ventajas que impactan directamente en el rendimiento operativo y la gestión del talento. La experta de Compensar subraya los principales beneficios de priorizar estas alternativas de compensación:1. Reduce el ausentismo y fortalece la productividad: El acceso ágil a servicios médicos oportunos y a programas preventivos minimiza las incapacidades por enfermedades comunes, manteniendo la continuidad operativa y mejorando el desempeño general.2. Incrementa la fidelización y permanencia: Al garantizar planes de salud, la organización demuestra un compromiso genuino con el bienestar de sus trabajadores y sus familias, lo que consolida la lealtad, reduce la rotación de personal y disminuye los costos asociados a la capacitación y el reclutamiento.3. Potencia la capacidad de atracción: En el competitivo mercado laboral, contar con beneficios de salud sólidos posiciona a la empresa como un lugar deseable para trabajar, mejorando la reputación de la marca empleadora y facilitando la atracción de perfiles talentosos.4. Facilita el acceso oportuno a servicios: Los planes corporativos ofrecen tarifas más competitivas, acceso más ágil a especialistas y redes de atención segmentadas. Además, facilitan la cobertura de condiciones preexistentes y servicios complementarios.5. Clima organizacional: Las alternativas de salud pueden integrarse con iniciativas de bienestar, actividades de vida familiar y acompañamiento emocional, promoviendo entornos laborales más positivos, equipos más motivados y relaciones internas sólidas.Entre las alternativas más implementadas por las empresas colombianas, la medicina prepagada lidera con un 79 %, seguida por los planes complementarios (68 %), asistencias médicas domiciliarias (34 %) y pólizas de hospitalización y cirugía (17 %).En los últimos días, Compensar se sumó a este mercado y anunció el lanzamiento de su medicina prepagada: en el que ofrece acceso directo a más de 60 especialidades médicas y odontológicas, cobertura internacional, atención de urgencias a nivel nacional, y servicios de telemedicina y orientación médica 24/7. También incluye terapias, atención domiciliaria, apoyo en salud mental y la convalidación de antigüedad de otras prepagadas.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
Ricardo González, segundo imputado por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes ,Jaime Moreno, ya fue trasladado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cartagena San Sebastián La Ternera, donde permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. Su defensa confirmó que el próximo 16 de diciembre se llevará a cabo la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento, en la que un juez de segunda instancia definirá si González continúa en prisión o puede enfrentar el proceso desde su domicilio.La abogada Marcela López, defensa del imputado, explicó que González “se entregó en la URI, en el barrio Canapote; ahí fue donde se materializó su entrega y posteriormente fue trasladado a actos urgentes, a las instalaciones principales de la Fiscalía, también en la ciudad de Cartagena, pero ya en el barrio Crespo. Recientemente fue trasladado al establecimiento penitenciario en La Ternera”, precisó.La expectativa ahora se centra en la decisión del juez de segunda instancia el próximo 16 de diciembre en la mañana, quien revisará la medida impuesta por la juez de control de garantías. La defensa sostiene que hubo una falta de control material en la audiencia de imputación y confía en que estos argumentos sean tenidos en cuenta. “Esperamos que el juez haga un control constitucional sobre las actuaciones de la primera instancia. Consideramos que los elementos materiales probatorios muestran que Ricardo tiene arraigo familiar y social, y que procede una detención domiciliaria. No hay peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia”, señaló la abogada López.Frente a la posibilidad de un preacuerdo, luego de que se conociera que la defensa de Juan Carlos Suárez, primer imputado en el caso, inició conversaciones con la Fiscalía, la abogada de González negó que exista una solicitud similar para su representado, aunque no descarta una negociación futura. “Estoy abierta a que, si la Fiscalía tiene interés en ofrecer un preacuerdo, estudiarlo y eventualmente aceptarlo. Lo importante es que sea ajustado a la realidad jurídica. Siempre he sostenido que estamos frente a un homicidio preterintencional y no hubo coautoría”, afirmó.
Blu Radio conoció el auto de 14 páginas con el que la Procuraduría General de la Nación tomó una decisión clave sobre Mejía y Huertas en el marco de las investigaciones por su presunta vinculación y filtración de información a las disidencias de alias ‘Calarcá’.Lo primero que hay que señalar es que, la suspensión en principio es por 3 meses, esto luego de que la propia Procuraduría abriera investigación contra el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía por estos hechos.En ese sentido, el Ministerio Público decretó una serie de pruebas dentro de este proceso disciplinario uno de esos es escuchar como testigos a los exministros Diego Molano y Daniel Palacios acerca de la existencia de información de inteligencia nacional o extranjera sobre presuntos nexos del general huertas con grupos ilegales.“De acuerdo con las diversas publicaciones, los servidores públicos habrían filtrado información clasificada a las disidencias acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas contra esos grupos en Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar. En el mismo sentido, se advierte que se habría hecho entrega de códigos de frecuencias radiales de la fuerza pública a las disidencias”, señaló la Procuraduría en su auto.De acuerdo a las revelaciones de la unidad investigativa Huertas y Mejía presuntamente filtraron información clasificada a las disidencias acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas contra las disidencias de alias Calarcá.El Ministerio Público le pidió al presidente Gustavo Petro hacer efectiva de manera inmediata esta suspensión en el marco del proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría por este polémico caso.
En la mañana de este jueves, el Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación y haber recibido financiación prohibida de personas jurídicas como la USO y Fecode.La votación de la ponencia en la sala plena fue de 6-3. A favor de la ponencia votaron los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra de la ponencia votaron los magistrados Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña.Aunque en la apertura de la investigación el 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, cabe recordar que el 27 de junio pasado, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el primer mandatario sólo puede ser investigado, sancionado y juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo que no está incluido en la sanción administrativa emitida.Entre los hallazgos hechos por los magistrados investigadores y que fueron adoptados por la Sala Plena del CNE, se determinó que la campaña violó los topes por $2.459.568.112 y financiado con fuentes prohibidas por mil quinientos cincuenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil pesos ($1.552.834.000), en primera vuelta.En segunda vuelta, se presentó una violación de topes por quinientos ochenta y tres millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos ochenta y nueve pesos ($583.428.989) y una financiación de fuentes prohibidas por quinientos cincuenta y seis millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos once pesos ($556.699.511).Es por ello que los magistrados sancionaron a Roa, Mogollón y Soto en su calidad de responsables solidarios con una multa de $2.879 millones pesos y la devolución de los recursos pagados por reposición de votos por valor de $3.043 millones, lo que en total sería una sanción total de $5.923 millones de pesos. En el caso de los partidos se les impondría una multa a cada uno por $1.167 millones de pesos. Adicionalmente, Ricardo Roa deberá devolver un valor superior a los $165 millones de pesos correspondientes al pago efectuado del evento del Movistar Arena de la celebración de la victoria en segunda vuelta del 19 de junio de 2022.Así mismo, se ordena el traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, así como compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar las posibles conductas ilegales de Ricardo Roa frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen.
La defensa del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla salió al paso de las solicitudes de la Fiscalía que buscan imponer medidas de aseguramiento en su contra dentro del proceso por cohecho, concierto para delinquir agravado y celebración indebida de contratos.El abogado penalista Mauricio Pava, quien representa al exministro, aseguró que la pretensión de enviarlo a un centro carcelario carece de fundamento y contradice los principios constitucionales que rigen las privaciones de libertad en etapa previa al juicio.En diálogo con Mañanas Blu, Pava insistió en que el exministro ha demostrado, durante todo el proceso, plena voluntad de comparecencia.“Está demostrado que el profesor Bonilla ha comparecido a todas las audiencias”, afirmó el defensor, quien agregó que el exjefe de la cartera económica es un pensionado de la Universidad Nacional y no cuenta con condiciones económicas que le permitieran evadir la justicia.“No sólo no ha pretendido irse, no ha pensado en irse, sino que además no puede irse porque no tiene condiciones económicas para instalarse por fuera del país”, sostuvo.Dos procesos distintos: Bonilla y Velasco ante el Tribunal Superior de BogotáLa Fiscalía radicó en la mañana de este martes las solicitudes de audiencia que involucran tanto a Ricardo Bonilla como al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, en dos investigaciones independientes pero conectadas por presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos.En el caso de Bonilla, la acusación se sustenta en los testimonios de Olmedo López, Sneiyder Pinilla y María Alejandra Benavides, esta última considerada su mano derecha durante su paso por Hacienda.Según los investigadores, el exministro habría coordinado pagos de coimas a siete congresistas de la Comisión de Crédito Público para asegurar la aprobación de proyectos estratégicos de la cartera. La Fiscalía considera que el esquema estaba suficientemente estructurado para justificar la solicitud de una medida restrictiva.Respecto al proceso contra Luis Fernando Velasco, la hipótesis plantea que habría intervenido para direccionar un contrato de 35 mil millones de pesos a favor del congresista Julio Elías Chagüi a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Aunque el caso también tiene como eje el testimonio de Olmedo López, Velasco ha sostenido que no participó en reuniones clandestinas ni intervino en la adjudicación de contratos. Ha reiterado que presentará ante la justicia todas las pruebas de su inocencia.Con la solicitud ya radicada, el paso siguiente es la fijación de la audiencia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, cuya magistrada ponente será Aura Alexandra Rosero.“Una medida de aseguramiento no es una pena anticipada”Ante las preguntas sobre la eventual solicitud de detención domiciliaria o de reclusión en establecimiento carcelario, el abogado Pava insistió en que el proceso está en una etapa preliminar y que cualquier medida debe estar sustentada en riesgos específicos: fuga, obstrucción de la justicia o peligro para la comunidad.“La Fiscalía debe determinar por qué es necesaria la cárcel para el profesor Bonilla. O porque se va a fugar, o porque pone en peligro la investigación, o porque es un peligro para la comunidad”, explicó.El abogado enfatizó que la Corte Suprema ha sido clara sobre el principio de libertad durante el proceso. “Una persona debe estar en libertad mientras se adelantan sus procesos, salvo casos excepcionales. Una medida de aseguramiento no es una pena anticipada”, afirmó, recordando varios fallos recientes que han ratificado ese estándar.Pava también hizo una precisión frente a comparaciones con otros procesados involucrados en el llamado “escándalo de la plata”. Subrayó que, aunque los hechos investigados pueden tener puntos comunes, los contextos y comportamientos son distintos. “Son casos diferentes… El caso del profesor Bonilla no es un caso de comisiones, no es un caso de maletines con dinero”, señaló.La defensa insiste en su solvencia probatoriaPara reforzar la tesis de que Bonilla no representa riesgo de fuga, la defensa entregó al tribunal un análisis de la UIAF sobre la situación económica y patrimonial del exministro y su núcleo familiar.El estudio, solicitado por la propia defensa, concluye que no existen movimientos inusuales ni capacidad económica que sugiera intención o posibilidad de abandonar el país.Pava recordó que Bonilla incluso entregó su pasaporte a la Fiscalía como muestra adicional de colaboración. “Tenemos los elementos para que quede perfectamente claro que el profesor Bonilla ha comparecido. Él no pretende sustraerse del proceso”, reiteró.Escuche aquí la entrevista:
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
Luego de varios meses de seguimiento, investigadores de Policía Judicial capturaron a una mujer en el municipio de Villavieja, Huila, quien estaría presuntamente relacionada con hechos de extorsión afectando el patrimonio económico de comerciantes y propietarios de fincas en el norte del departamento.Según las autoridades, la captura de esta mujer se hizo efectiva tras la denuncia formal que interpuso una de las víctimas, quien manifestó haber sido abordado en su finca por varias personas que les exigieron dinero identificándose como integrantes de un grupo armado ilegal.“Gracias al trabajo articulado de las unidades investigativas y de inteligencia se logró identificar a esta mujer, quien, al parecer, cumpliría un rol clave en la recepción y administración de los recursos producto de la presunta extorsión, mediante el uso de plataformas digitales”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las investigaciones, las exigencias extorsivas oscilaban entre cinco y diez millones de pesos. La mujer capturada tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito de extorsión.
Blu Radio conoció un documento de 11 páginas donde la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente del Comité Disciplinario del Partido de la U, en medio de la controversia por la decisión interna que buscaba retirarle el aval al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.La actuación se inició tras la queja presentada por su abogado, Mauricio Pava, y confirma que el Ministerio Público encontró mérito suficiente para indagar posibles abusos de poder dentro de la colectividad.De acuerdo con el documento, la Procuraduría no solo asumió la investigación disciplinaria, sino que también trasladó el expediente a la delegada para Asuntos Electorales con el fin de evaluar una eventual intervención preventiva. Ese doble movimiento institucional indica que el órgano de control considera que hay riesgos reales y actuales para los derechos políticos del congresista, y que la situación del Partido de la U ya está bajo escrutinio estatal.Además, el Ministerio Público recordó que, según el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, las decisiones internas de los partidos que afectan avales o membresías están sujetas a impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), recurso que se concede en efecto suspensivo. Esto significa que ninguna medida contra López puede ejecutarse hasta que el CNE tome una decisión de fondo, por lo que todas sus garantías políticas permanecen plenamente vigentes.Para la Procuraduría, las colectividades políticas no pueden tomar decisiones disciplinarias que desconozcan los derechos fundamentales de sus integrantes ni incidir, sin sustento, en la estabilidad institucional del Congreso. El proceso continuará con la práctica de pruebas y la evaluación del impacto que tuvo la actuación del Comité Disciplinario en el ejercicio del cargo que hoy ocupa López en la Cámara.
Este miércoles 3 de diciembre se tenía previsto iniciar la audiencia preparatoria en contra de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, su nuevo abogado solicitó suspender la diligencia, argumentando que no ha podido recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretende descubrir en el juicio.En medio de la diligencia, el abogado Mauricio Camacho argumentó que “no se hace responsable que un profesional de derecho en estas condiciones, en esa desventaja, vaya a un juicio oral, por lo que le ruego, honorables jueces, primero que usted haya entendido y segundo que usted entienda que el día de hoy no se pueda adelantar la audiencia preparatoria”, sustentó la defensa.Luego de que las partes no se opusieron a la suspensión, la Juez 08 Penal del Circuito Especializado de Bogotá avaló la suspensión de estas audiencias en las cuales se presentan las pruebas que harán parte del juicio. La juez aseguró que “mal haría en sorprender el día de hoy al señor defensor, corriendo en el traslado para que descubra a la Fiscalía los elementos materiales probatorios cuando precisamente eso es lo que no ha podido hacer: recolectar los elementos materiales probatorios que pretende descubrir. En estas condiciones, no queda otro camino que acceder a la suspensión expresa solicitada por la defensa”. Las diligencias se retomarán el 11 de febrero de 2026.La situación jurídica de Ortiz se definió después de que la Fiscalía la acusara formalmente el pasado 1 de septiembre por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. De acuerdo con el grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la exconsejera habría desempeñado un papel determinante al facilitar la entrega de sobornos a congresistas con el fin de asegurar apoyo político a las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso.Según la acusación, la exfuncionaria habría actuado como enlace entre los entonces directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. En esa línea, la Fiscalía señaló que Ortiz habría recibido en dos ocasiones millonarias sumas de dinero en efectivo, que posteriormente fueron trasladadas en un vehículo oficial hacia puntos previamente acordados con Name.Para el ente acusador, Ortiz no solo tenía conocimiento del origen ilícito de los recursos, sino también del propósito de los pagos. De acuerdo con la investigación, los sobornos estarían relacionados con el direccionamiento irregular de una orden de proveeduría destinada a la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable a comunidades de La Guajira, contrato que habría sido instrumentalizado dentro del entramado de corrupción.