Apenas ayer la Corte Suprema de Justicia estaba condenando a 7 años de prisión por el delito de tráfico de influencias al general (r) Rodolfo Palomino, y aunque ya se conocía el monto de la pena e incluso la orden que dio el alto tribunal de emitir orden de captura en su contra, hoy está vigente un debate jurídico al rededor de la tutela con la que Palomino busca revocar esa orden.En las últimas horas se conoció una petición que elevó el magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Emilio Caldas, a su colega Fernando Augusto Jiménez, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria Y Rural donde le pide declarar improcedente (rechazar) la tutela que presentó la defensa de Palomino.Si bien el magistrado Caldas salvó su voto, lo que quiere decir que tuvo una posición contraria a la de sus colegas a la hora de decidir sobre la captura de Palomino, sí aclaró que existen otros mecanismos distintos al de la tutela para este tipo de casos como son los recursos ordinarios contra la orden de captura.Rodolfo Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, por esa razón fue condenado a 7 años de cárcel que deberá cumplir recluido en las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional).Habrá que esperar la respuesta del despacho del magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural sobre la pertinencia del recurso interpuesto por la defensa de Palomino.
La muerte por envenenamiento con talio de dos adolescentes colombianas y los graves daños sufridos por otros dos jóvenes no fue accidental sino intencional, según la investigación de la Fiscalía que apunta a una empresaria como sospechosa del crimen.La investigación de la Fiscalía concluyó que la sospechosa es Zulma Guzmán Castro, una empresaria de 54 años que días después de la muerte de las menores salió de Colombia, según publican este viernes medios locales.El caso, que estremeció al país, ocurrió el pasado 5 de abril cuando tres adolescentes y el hermano mayor de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación tras ingerir alimentos en casa de la familia De Bedout, en un barrio acomodado de la capital, donde las niñas se habían reunido para pasar el día y hacer galletas.Una de las niñas intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día, y otra, que era la anfitriona, falleció el 9 de abril, mientras que su hermano de 21 años y la tercera adolescente sobrevivieron, pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.Descubrir el agente causante del envenenamiento y la forma como fue ingerido tardó varias semanas, hasta que exámenes de laboratorio concluyeron que la sustancia usada fue talio, un metal altamente tóxico usado en la fabricación de dispositivos electrónicos y que es inodoro e insípido, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, sigla en inglés).Frambuesas envenenadasEse hallazgo permitió a la Fiscalía descubrir que el veneno estaba en un tarro de frambuesas con chocolate consumidas por las víctimas, con lo cual la investigación se orientó a descubrir cómo se produjo la contaminación del producto.Con base en el testimonio del mensajero que entregó las frambuesas con chocolate en casa de los De Bedout como un supuesto obsequio, los investigadores rastrearon su origen y descubrieron que Guzmán Castro compró dos tarros del producto el 25 y 26 de marzo, diez días antes."Tras seis meses de investigación, la evidencia apuntaría a Guzmán Castro, quien ahora está siendo buscada internacionalmente por solicitud de la Fiscalía y quien es una vieja conocida de Juan De Bedout, padre de una de las menores", señala hoy el diario El Tiempo, que tuvo acceso a los resultados de la investigación.Según la publicación, "esa pista llevó hasta Guzmán Castro, cuyos movimientos migratorios la ubican desplazándose hacia Argentina, Brasil, España y Reino Unido".La mujer participó hace unos años en un 'reality show' de emprendedores en el que se presentó como fundadora de Car B, una plataforma de alquiler de automóviles eléctricos por horas.Las investigaciones apuntan a que el envenenamiento al parecer fue cometido por venganza, cuyos motivos se desconocen, contra Juan De Bedout, empresario del sector financiero y padre de una de las niñas muertas y del joven de 21 años que sobrevivió al veneno aunque con graves secuelas.
Las autoridades lograron judicializar a 19 personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada a estafar a ciudadanos interesados en obtener visas de trabajo hacia Estados Unidos. De acuerdo con el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Alfonso, tres presuntos integrantes fueron capturados en Medellín. La organización habría defraudado a cerca de 700 víctimas en 15 países de Suramérica y el Caribe, por un monto aproximado de 2,5 millones de dólares.Según la Delegada para las Finanzas Criminales, Liliana Trujillo, la estructura operaba desde oficinas ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas de Medellín, donde contaban con infraestructura para la falsificación de documentos, incluidos una prensa manual en hierro con sello del Departamento de Estado de Estados Unidos y escenografías que simulaban dependencias oficiales. Con estos elementos hacían creer a las víctimas que estaban en contacto con funcionarios estadounidenses y que participaban en procesos auténticos para obtener visas laborales, especialmente la categoría H-2B.La investigación determinó que la red delinquía desde distintas ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia. Además, utilizaban identificaciones gubernamentales falsas, como tarjetas de seguridad social y tarjetas de residencia permanente, junto con sellos y documentos. Para completar el engaño, las víctimas eran dirigidas a portales web que imitaban sitios oficiales de agencias estadounidenses.Los interesados debían transferir entre 50.000 y 90.000 dólares a personas ubicadas en ciudades como Miami, Houston, Boston y Chicago. Entre los presuntos receptores de los pagos figura un abogado de inmigración que afirmaba trabajar para el Gobierno de Estados Unidos y que, supuestamente, gestionaría citas y trámites para la obtención de las visas. El dinero habría sido distribuido entre los miembros de la organización en los distintos países.En Colombia fueron capturados Danna Pamela Porras Marín, Andrés Giraldo Ospina y Edwin Alberto Correa David, requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude en contratación de mano de obra extranjera.En los allanamientos fueron incautados múltiples elementos relacionados con la actividad ilegal.Como 27 tarjetas con datos biográficos de diferentes ciudadanos de autorización de empleo, 21 tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de diferentes empresas, 20 formatos de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y 28 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.
La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019. La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión.Durante la diligencia la Juez informó que además de la condena se ordena “negar a la señora Aida Merlano Rebolledo, los sustitutos penales de la suspensión condicionante de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria conforme a los antecedentes e intento de fuga y, en consecuencia, una vez quede en firme la sentencia, se dispone a oficiar al INPEC para que, una vez quede en libertad por cuenta de los otros procesos, se deje a disposición para el cumplimiento de la presente sentencia”.La fuga, ocurrida en 2019, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia judicial reciente. Merlano, trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico en el norte de la ciudad, se lanzó por una ventana utilizando una cuerda improvisada. Tras caer al primer piso, fue recogida por un hombre, quien la ayudó a escapar en motocicleta. Ese hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la negociación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía.Durante la diligencia judicial de aprobación del acuerdo, la juez también reconoció al INPEC como víctima institucional. El abogado del Instituto sostuvo que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad. La juez acogió esa solicitud y señaló que la credibilidad pública del INPEC se vio comprometida, así como la percepción de posibles irregularidades internas derivadas del episodio.Durante la diligencia, Aida Merlano aprovechó para ofrecer disculpas públicas a las personas que, según dijo, resultaron afectadas por su fuga. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, y aseguró haber sido víctima de abusos dentro del INPEC, hechos que , afirmó, están denunciados. Merlano pidió perdón a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita del día de la fuga y al capitán Álvarez, a quien considera injustamente condenado. También extendió disculpas a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio.Merlano, quien hoy suma esta nueva sentencia, cumple otras condenas en su contra por hechos de corrupción. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes electorales durante su campaña al Congreso en 2018, proceso que marcó el inicio de su situación judicial. Con la decisión adoptada este viernes, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.
Continúa moviéndose el tablero político de cara a las próximas elecciones para el Congreso de la República que se celebrarán el próximo 8 de marzo. En este caso, el Partido de la U confirmó que el senador Juan Felipe Lemos será su cabeza de lista para el Senado.El Partido justificó dicha elección argumentando que “es un reconocimiento a 16 años de trabajo en el Congreso, en los cuales ha mostrado respeto absoluto a los postulados ideológicos del Partido de la U. Cuando ha disentido, lo ha hecho conforme a los estatutos partidarios. Ha sido congruente entre su discurso y acciones, promoviendo siempre debates técnicos, rigurosos y sin fanatismos, con un voto consciente, libre e informado”.Es importante mencionar que la lista al Senado del Partido de la U será abierta, lo que significa que todos los aspirantes deberán ganarse su curul por medio de los votos de la gente.Lemos ha sido congresista de este Partido desde el año 2010, cuando fue elegido Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, en 2014 repitió elección con más de 38.000 votos como fórmula del entonces senador Mauricio Lizcano.En el 2018 pasó al Senado con 82.000 votos y en 2022 fue la novena votación más alta de las diez curules que al senado que consiguió el Partido, obteniendo 89.000 votos.
La Universidad de Antioquia sigue en una crisis financiera, por lo que hay preocupación de directivas y docentes confirmaron que el presupuesto del 2026 tendrá un recorte de más de 65.000 millones de pesos. Ante esto, los docentes piden con urgencia una ayuda del Gobierno nacional y departamental. Se ha conocido que la Udea necesita más de 130.000 millones de pesos, un hueco presupuestal que abre interrogantes sobre su sostenibilidad.“Desafortunadamente es una situación muy compleja. Lo que se va a hacer para cerrar el año es escalonar los pagos, aplazar para enero lo que no se alcance a pagar este año, proveedores y alguna parte de los salarios”, dijo María Isabel Duque, representante de docentes en consejo superior universitario de la universidad.El desfinanciamiento estructural acumulado supera los 400.000 millones de pesos. Según directivos y docentes, esto pone en riesgo el funcionamiento de sus sedes y programas para el próximo año.“Vender propiedades, gastarnos los ahorros que teníamos, hacer préstamos que han sido costosos de la universidad. Para el próximo año hay una reducción en costos de más de 65.000 millones que implica que hay actividades que no las vamos a poder hacer, que se tendrán que contratar menos profesores, abrir menos cursos, sacrificar asuntos misionales que son muy duros para la universidad”, agregó la docente Duque.El panorama ha empeorado tras el escándalo de Wilmar Mejía, representante del Gobierno nacional y miembro del dni ante el consejo superior universitario de la Universidad de Antioquia.“El consejo superior se levantó ayer por falta de quórum, porque varios se retiraron. Esto ha enrarecido el ambiente. El consejero Wilmar Mejía sigue como delegado del presidente y dice que no tiene ningún impedimento para estar en el consejo, pero ha enrarecido el ambiente indiscutiblemente”, agregó.Ante esto, el gobernador de Antioquia publicó en su cuenta de X que Wilmer Mejía se niega a irse, vinculándolo con varios casos de violencia en la universidad, por lo que pide a la Procuraduría tomar acciones al respecto.El funcionario del gobierno respondió inmediatamente y aseguró que Andrés Julián rendón es calumniador y lo quiere sacar porque, entre otras cosas, tiene minoría en votación en el consejo superior universitario.Los docentes están a la espera del último debate en cámara de representantes para la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 que mejore la financiación del estado a las universidades.
El miércoles 26 de noviembre, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de la subteniente María Camila Mora y del capitán Pablo Masmela dentro de un vehículo en el Cantón Norte, en Bogotá. El hecho estremeció al país y encendió alertas sobre la violencia que enfrentan las mujeres, incluso dentro de las instituciones armadas.Sobre lo ocurrido, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leyva, fue enfático al señalar que la subteniente Mora y el capitán Masmela no eran pareja. Habían sostenido una relación sentimental, pero esta había terminado más de tres meses atrás.Según su relato, Mora llegó al Cantón Norte para recoger a una amiga oficial cuando el capitán la interceptó. La oficial testigo indicó que él la obligó a regresar a su vehículo y, minutos después, la joven alcanzó a llamar a su amiga pidiendo auxilio. “La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la teniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la teniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar. La testigo sale corriendo, pero tiene que dar una vuelta para poder llegar a los parqueaderos. Repito, veía desde su habitación y se escuchan las detonaciones”, describió el representante.Cuando la testigo abrió la puerta del carro, vio el humo del arma de fuego y a ambos militares sin vida. De acuerdo con la versión entregada por la familia, el capitán habría disparado contra Mora y posteriormente se habría quitado la vida.Desde entonces, su familia ha intentado convertir esta tragedia en un símbolo contra la violencia hacia las mujeres. La joven Mora fue reconocida por ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas del Ejército Nacional, motivo por el cual la muerte de la joven militar no solo golpea a sus allegados, sino que refleja el drama que viven miles de mujeres en el país.Los hechos de violencia han sido un ciclo lamentable en esta familia, pues su abogado detalló que la subteniente y su hermano quedaron huérfanos desde pequeños tras el asesinato de sus padres. “La familia de la teniente María Camila Mora es una familia reducida por la misma violencia. Hace muchos años también sus padres fueron asesinados vilmente y realmente es el tío quien se hizo cargo de esos dos pequeños, esos dos jóvenes que quedaron huérfanos, tanto la teniente como su hermano”.La familia, aunque reconoce el acompañamiento del Ejército durante estos días, anunció que adelantará acciones para buscar reparación integral. Según Leyva, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa por fallas en los protocolos de seguridad dentro del Cantón Norte y por la omisión institucional que permitió que el hecho ocurriera. La indemnización, explicó, será destinada en parte a la creación del Premio Nacional María Camila Mora, un reconocimiento anual a mujeres militares destacadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.En el ámbito penal, el abogado recordó que, al haber fallecido el presunto agresor, la acción penal se extingue, pero aclaró que esto no implica el cierre total del caso. Señaló que se puede perseguir el patrimonio del responsable fallecido con fines resarcitorios y reiteró que esta posibilidad debe servir para enviar un mensaje de prevención y sanción contundente. “Se debe entender que la persecución del patrimonio del homicida seguirá. No estamos diciendo que los herederos tengan la culpa, pero sí deberá responderse con la herencia. Se pueden perseguir los bienes de quien causó el homicidio y así, entonces, que lo piensen más. No es solamente que la mato, me mato y ya acabó todo. No. Se pueden perseguir los bienes de quien causó la muerte de una persona, como en el caso de la teniente”.Mientras avanzan las gestiones jurídicas, el hermano de la subteniente ha asumido la representación de la familia. La intención, insistió el abogado, no es emprender una retaliación contra la institución militar, sino garantizar que los errores sean reconocidos y reparados. “La vida de María Camila no se recuperará, pero el Estado tendrá que responder por los daños causados, y su memoria será honrada como corresponde a una mujer destacada dentro del Ejército Nacional”, concluyó el abogado Leyva.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, confirmó en entrevista en Mañanas Blu 10:30 lo que para muchos colombianos ya dejó de ser un temor para convertirse en una realidad palpable: el país está entrando en una etapa crítica en materia de abastecimiento y precios del gas natural. Las filas para comprar estufas eléctricas en el Eje Cafetero, tras la reciente interrupción del servicio, fueron apenas un síntoma de un problema que se viene gestando por años.Murgas comenzó resaltando el profundo impacto social que el gas natural ha tenido en Colombia. “36 millones de colombianos hoy se benefician del gas natural en sus hogares”, recordó, agregando que este energético también ha sido clave para la movilidad y la industria. Actualmente, 87.000 taxistas optan por gas vehicular para reducir costos frente a la gasolina, mientras que ciudades como Bogotá, Cartagena y Valledupar dependen masivamente de buses que funcionan con este combustible. “El gas natural ha hecho una verdadera transformación social”, enfatizó.Sin embargo, el panorama cambió drásticamente desde diciembre de 2024, cuando Colombia se vio obligada por primera vez en cinco décadas a importar gas ante la insuficiencia del suministro nacional. ¿La razón? La caída en la actividad exploratoria y la disminución de reservas. “El gas nacional ya no alcanzó para cubrir toda la demanda… nos tocó sumar gas importado para garantizar la confiabilidad del servicio”, explicó.Esta importación llega con un costo elevado debido a la licuefacción, transporte y regasificación del gas. El efecto se siente directamente en las tarifas. Aunque Murgas dio un parte de tranquilidad para la mayoría de regiones —donde los incrementos se mantendrán cerca del IPC— fue clara al advertir que Antioquia y el Eje Cafetero verán aumentos entre 20 % y 25 % en el sector residencial por la expiración de contratos previos y la necesidad de nuevas compras a precios más altos.Pero el reto no es solo tarifario. La presidenta de Naturgas alertó que Colombia está operando al límite, sin margen de maniobra ante contingencias. “El déficit de gas dejó de ser coyuntural y se ha convertido en algo estructural”, afirmó. La proyección para 2026 indica que entre 20 % y 25 % de la demanda podría depender de gas importado.¿Qué hacer entonces? Murgas fue contundente: el país sí tiene gas, pero los proyectos no avanzan al ritmo necesario. “El problema de Colombia no es de recursos, el problema es que se demora mucho la ejecución de los proyectos”, dijo, señalando trabas como demoras en consultas previas y licenciamientos.La industria ha priorizado 10 proyectos estratégicos, entre ellos el desarrollo de Sirius, clave para abastecer hasta el 45% de la demanda a partir de 2030. Pero advirtió que no será suficiente: se requerirá más infraestructura para importar gas y reforzar las redes de transporte.Mientras tanto, los colombianos deberán prepararse para un escenario donde convivirán nuevos proyectos, tarifas variables según región y un país que, al menos por ahora, enfrenta una transición energética marcada por la urgencia y la escasez.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) respaldó la decisión de Copa Airlines, Wingo y la aerolínea Satena de suspender sus vuelos hacia y desde Venezuela, en medio del aumento de la tensión y la militarización en zonas cercanas al espacio aéreo del vecino país.Cabe recordar que una de las primeras aerolíneas en tomar esta decisión fue Avianca, situación que generó complicaciones. La semana pasada el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y el mismo presidente Petro aseguraron que no existe riesgo para volar en Venezuela, el mandatario indicó que ninguna aerolínea del país debía seguir las indicaciones internacionales y que tenían que restablecer la operación de inmediato. Sin embargo, la alerta de la FAA fue sustentada y por eso otras aerolíneas se sumaron a esta determinación.Según la asociación, la medida es coherente con el “riesgo real y comprobado” que enfrenta la aviación civil en la región. Las aerolíneas sustentaron la suspensión en fallas recientes en las señales de navegación y en las advertencias emitidas por organismos internacionales como la FAA y la EASA, que han alertado sobre amenazas que podrían comprometer la seguridad de las operaciones.ACDAC señaló que la interrupción de vuelos debe mantenerse de acuerdo con la evaluación de riesgo de cada compañía, hasta que existan garantías verificables y basadas en criterios técnicos que confirmen un retorno a condiciones normales en el espacio aéreo venezolano.La asociación también invitó a las aerolíneas a mantener y reforzar sus protocolos de riesgo siguiendo las recomendaciones internacionales, con el fin de proteger tanto a las tripulaciones como a los pasajeros mientras persista la incertidumbre en la zona.
La Fiscalía llamó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que explique las presuntas irregularidades en la compra de un penthouse en Bogotá, que habría sido vendido por una empresa controlada por el conocido empresario del sector de los hidrocarburos, Serafino Iácono.Blu Radio estableció que la diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado que tendrá que cumplir Roa ante la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía se realizará antes de finalizar este año, en el marco de la línea investigativa sobre las presuntas irregularidades en contratos entregados por la estatal petrolera.Lo que busca establecer la Fiscalía es si la compra del apartamento que hizo Roa a una empresa de Serafino Iácono, se hizo de manera legal o si detrás existía una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.La línea de tiempo que investiga la Fiscalía es la siguiente: la transacción del apartamento 901 fue realizada en diciembre de 2022, Ricardo Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol por parte del presidente Gustavo Petro en abril de 2023 y en marzo de 2024, una empresa ligada a Serafino Iácono recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9.De acuerdo con las investigaciones periodísticas, Ricardo Roa compró el apartamento 901 en un edificio en el sector del Museo del Chicó en Bogotá por 1.800 millones de pesos, un valor que estaría por debajo del precio del mercado teniendo en cuenta el tamaño y la ubicación del predio.
Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
El abogado Mauricio Pava, defensor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, aseguró que su cliente acudirá a todas las citaciones judiciales que sean necesarias, luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmara que este miércoles la entidad solicitará formalmente una audiencia de imputación por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Pava afirmó que existe “total disposición para comparecer ante los jueces de la República. Estábamos a la espera de que nos convocaran. Nuestro compromiso es con un debate jurídico leal y transparente. Allí se precisarán los hechos, lo que pondrá fin a la especulación alrededor del caso del profesor Ricardo Bonilla”.El abogado añadió que el exministro ha atendido puntualmente todos los requerimientos judiciales y ha acreditado su arraigo familiar, social y profesional en el país, lo que asegura ,desvirtúa cualquier señalamiento sobre un posible riesgo de fuga. “Su vida y su honor están en este país”, señaló.De acuerdo con la investigación, el capítulo que involucra a Bonilla se remonta a finales de 2023, cuando el entonces ministro habría mostrado interés indebido en direccionar tres proyectos hacia seis congresistas de las comisiones económicas, a cambio de respaldo para aprobar cupos indicativos clave para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Los contratos, que finalmente no llegaron a ejecutarse ni a recibir desembolsos, estaban previstos para los municipios de Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca). Según la Fiscalía, aunque los recursos no se entregaron, sí existió un interés en favorecer a los legisladores.Las conclusiones del ente acusador provienen de labores de policía judicial y de las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien podría convertirse en una de las testigos clave del proceso. Benavides ya recibió la aprobación de un principio de oportunidad con inmunidad total, tras aportar pruebas y afirmar que actuó siguiendo órdenes del entonces ministro, asegurando que habría sido utilizada para facilitar estas actividades irregulares.Tras meses de pesquisas, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llamar a Bonilla a responder ante el Tribunal Superior de Bogotá. Con esta decisión, ya son cinco los exaltos funcionarios del Gobierno Petro investigados por este escándalo: además de Bonilla, figuran Olmedo López, Sandra Ortiz y los hoy prófugos Carlos Ramón González y César Manrique. El ente acusador señala que cada uno habría desempeñado un rol dentro de un esquema para direccionar contratación pública a cambio de coimas o apoyo político en el Congreso.Aunque la imputación ya fue anunciada, por ahora no se ha confirmado si la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento contra el exministro mientras avanza el proceso.
En la tarde de este martes, 25 de noviembre, los integrantes de la lista al Senado del partido Oxígeno radicaron ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra de los integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.“Venimos a presentar una denuncia de suma gravedad. Un prevaricato por omisión es lo que pesa sobre los representantes a la Cámara que han omitido el deber de investigar hechos desde la campaña de Petro hasta la infiltración de alias 'Calarcá' que se ha tomado la inteligencia civil y militar de Colombia”, señalan en un video los integrantes del partido de oposición.En la denuncia presentada por los precandidatos Ingrid Betancourt, John Frank Pinchao, Oscar Ortiz y Claudia Vásquez, argumentan que los representantes a la Cámara han incurrido en prevaricato al no investigar con efectividad la campaña Petro presidente 2022.“Por eso le pedimos a los magistrados que tomen cartas en este asunto de manera urgente. La democracia está en juego”, concluyen.
La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al posible uso irregular de información de algunos miembros de la junta directiva de Ecopetrol, en el auto de apertura de indagación de 4 páginas conocido por este medio, se dictan una serie de órdenes a la petrolera en un mínimo de 5 días que deberá entregar al ente de control.Y es que, según la Procuraduría, funcionarios de Ecopetrol habrían solicitado esos datos sin cumplir los requisitos legales, mientras que servidores de la UIAF habrían entregado la información sin aplicar los protocolos establecidos para el manejo de datos reservados.Entre las pruebas, que pidió el Ministerio Público, están que Ecopetrol debe hacerla llegar al organismo de control el listado de las personas que tomaron la decisión de solicitar la revisión financiera.Además, copia del análisis entregado por la UIAF en respuesta al requerimiento de la compañía y los fundamentos jurídicos que ambas empresas tuvieron para solicitar y suministrar la información.“Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una apertura de investigación disciplinaria”, señaló la Procuraduría.
La Fiscalía General de la Nación confirmó nuevos hallazgos sobre el caso del subintendente Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado durante la toma de Mitú en 1998 y asesinado por las Farc en 2003, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, indicó que en los dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’, mando de las disidencias de las Farc, se halló información relevante relacionada con el paradero del uniformado.Camargo explicó que el contenido fue detectado durante las verificaciones desarrolladas en el último año y que los detalles ya fueron entregados al Grupo de Búsqueda (Grube), que trabaja en terreno con criminalistas, topógrafos, antropólogos y personal de la Dijín para reducir el área de búsqueda. “En esos dispositivos se encontró información que tiene que ver con el paradero del subintendente Peña Bonilla, y tenemos equipos del Grube y de la Policía Nacional haciendo labores para encontrar los restos humanos”, señaló la fiscal.El subintendente Peña Bonilla es una de las víctimas más emblemáticas de la toma de Mitú. Fue secuestrado por el Bloque Oriental de las Farc junto con otros uniformados que defendían la estación de Policía. Su familia inició una búsqueda que se ha prolongado por más de dos décadas. Diversos testimonios recogidos a lo largo del tiempo han descrito el sufrimiento del uniformado en cautiverio. La versión sobre su asesinato fue narrada por exsecuestrados como Orlando Beltrán ante la JEP, quien relató que Peña habría sido sometido a torturas que le generaron graves problemas mentales y luego fue fusilado bajo el pretexto de un intento de fuga. Otro compañero de cautiverio aseguró haberlo visto por última vez entre diciembre de 2001 y enero de 2002 en un campamento.La nueva información encontrada en los archivos de alias ‘Calarcá’ representa el avance más significativo en años dentro de este caso, cuya resolución es una deuda histórica con la familia del subintendente Peña. La Fiscalía espera que las labores en terreno permitan finalmente localizar sus restos y cerrar un ciclo de dolor que se ha extendido por más de 25 años.
El Tribunal Superior de Antioquia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al abogado Diego Cadena por posibles delitos contra la administración de justicia, al considerar que su intervención habría incidido en las declaraciones del testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias 'Zeus', dentro del proceso que culminó con la condena del hermano del expresidente Uribe.Según el fallo condenatorio contra Santiago Uribe, el comportamiento del abogado debe ser examinado penalmente debido a presuntas inconsistencias, asesorías cuestionadas y actuaciones que pudieron eventualmente influir en la versión suministrada por Rodríguez Agudelo, quien posteriormente falleció.Incluso en el documento de 307 páginas es claro que es de suma necesidad examinar más a fondo el rol del abogado Cadena, dado que alias 'Zeus', quien mencionó episodios clave sobre la existencia y operación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles y la presunta participación de Santiago Uribe, habría estado presuntamente acompañado o asesorado jurídicamente de manera irregular.“Se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue los posibles delitos en contra de la administración de justicia en que hubiere podido incurrir el abogado Diego Javier Cadena Ramírez de acuerdo con lo considerado en relación con el testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo […] El juez ordenó investigación penal por falso testimonio en contra de Rodríguez Agudelo, que ya falleció, pero no lo hizo en relación de quien le asesoró para llevar la información a la actuación judicial”, se lee en el documento.El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución que había recibido Santiago Uribe Vélez en primera instancia y lo condenara a 28 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.Según la sentencia, el tribunal encontró suficientes elementos probatorios para revertir la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, entregó nuevos detalles sobre los hallazgos obtenidos tras la revisión de los archivos digitales incautados a alias Calarcá, uno de los mandos de las disidencias de las Farc. La jefe del ente acusador aseguró que la fiscal de Medellín encargada del caso continúa en su cargo y cuenta con respaldo institucional, pese a que se evalúa si se deben compulsar copias por no haber remitido oportunamente parte de la información a las instancias competentes. Camargo indicó que más de diez funcionarios fueron asignados para reforzar las investigaciones.Según la Fiscalía, los análisis realizados durante el último año permitieron identificar la red de explosivistas del Frente 36, incluida la estructura responsable del ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi (Antioquia), que dejó 12 uniformados muertos. Con base en los datos recuperados, se libraron órdenes de captura contra cuatro presuntos implicados en ese atentado.Los archivos también aportaron información relevante sobre el subintendente de la Policía Nacional Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado durante la toma a Mitú en 1998 y asesinado en 2003. Su cuerpo nunca ha sido localizado. Los detalles extraídos fueron entregados al Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, que adelanta labores con criminalistas, antropólogos, topógrafos y personal de la Dijín para delimitar la zona de búsqueda y tratar de ubicar los restos del uniformado.La fiscal Camargo también explicó por qué alias Calarcá no fue capturado en el retén de Anorí, Antioquia, en julio de 2024. Señaló que su orden de captura permanece suspendida en el marco de la política de Paz Total y que, según lineamientos de la Corte Constitucional, solo puede reactivarse por flagrancia en delitos de lesa humanidad. “Cuando este señor cae en el retén, no está cometiendo ningún delito de esa naturaleza que permita reactivar la orden”, afirmó. Agregó que, según información del Consejero Comisionado de Paz, Calarcá continúa participando en los ciclos de negociación, incluido el séptimo ciclo concluido la semana pasada.Ante las implicaciones de los hallazgos, la fiscal general anunció que enviará de inmediato al Gobierno toda la información recopilada para que, en cabeza del alto comisionado para la Paz, se determine si deben reactivarse o no las órdenes de captura vigentes contra alias Calarcá. Asimismo, advirtió que se hará una “conexidad” para que la delegada ante la Corte Suprema, con apoyo de la delegada para la Criminalidad Organizada, avance en las investigaciones que involucran al general Huerta y al funcionario Wilmar Mejía, del DNI.