Apenas ayer la Corte Suprema de Justicia estaba condenando a 7 años de prisión por el delito de tráfico de influencias al general (r) Rodolfo Palomino, y aunque ya se conocía el monto de la pena e incluso la orden que dio el alto tribunal de emitir orden de captura en su contra, hoy está vigente un debate jurídico al rededor de la tutela con la que Palomino busca revocar esa orden.En las últimas horas se conoció una petición que elevó el magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Emilio Caldas, a su colega Fernando Augusto Jiménez, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria Y Rural donde le pide declarar improcedente (rechazar) la tutela que presentó la defensa de Palomino.Si bien el magistrado Caldas salvó su voto, lo que quiere decir que tuvo una posición contraria a la de sus colegas a la hora de decidir sobre la captura de Palomino, sí aclaró que existen otros mecanismos distintos al de la tutela para este tipo de casos como son los recursos ordinarios contra la orden de captura.Rodolfo Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, por esa razón fue condenado a 7 años de cárcel que deberá cumplir recluido en las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional).Habrá que esperar la respuesta del despacho del magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural sobre la pertinencia del recurso interpuesto por la defensa de Palomino.
La muerte por envenenamiento con talio de dos adolescentes colombianas y los graves daños sufridos por otros dos jóvenes no fue accidental sino intencional, según la investigación de la Fiscalía que apunta a una empresaria como sospechosa del crimen.La investigación de la Fiscalía concluyó que la sospechosa es Zulma Guzmán Castro, una empresaria de 54 años que días después de la muerte de las menores salió de Colombia, según publican este viernes medios locales.El caso, que estremeció al país, ocurrió el pasado 5 de abril cuando tres adolescentes y el hermano mayor de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación tras ingerir alimentos en casa de la familia De Bedout, en un barrio acomodado de la capital, donde las niñas se habían reunido para pasar el día y hacer galletas.Una de las niñas intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día, y otra, que era la anfitriona, falleció el 9 de abril, mientras que su hermano de 21 años y la tercera adolescente sobrevivieron, pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.Descubrir el agente causante del envenenamiento y la forma como fue ingerido tardó varias semanas, hasta que exámenes de laboratorio concluyeron que la sustancia usada fue talio, un metal altamente tóxico usado en la fabricación de dispositivos electrónicos y que es inodoro e insípido, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, sigla en inglés).Frambuesas envenenadasEse hallazgo permitió a la Fiscalía descubrir que el veneno estaba en un tarro de frambuesas con chocolate consumidas por las víctimas, con lo cual la investigación se orientó a descubrir cómo se produjo la contaminación del producto.Con base en el testimonio del mensajero que entregó las frambuesas con chocolate en casa de los De Bedout como un supuesto obsequio, los investigadores rastrearon su origen y descubrieron que Guzmán Castro compró dos tarros del producto el 25 y 26 de marzo, diez días antes."Tras seis meses de investigación, la evidencia apuntaría a Guzmán Castro, quien ahora está siendo buscada internacionalmente por solicitud de la Fiscalía y quien es una vieja conocida de Juan De Bedout, padre de una de las menores", señala hoy el diario El Tiempo, que tuvo acceso a los resultados de la investigación.Según la publicación, "esa pista llevó hasta Guzmán Castro, cuyos movimientos migratorios la ubican desplazándose hacia Argentina, Brasil, España y Reino Unido".La mujer participó hace unos años en un 'reality show' de emprendedores en el que se presentó como fundadora de Car B, una plataforma de alquiler de automóviles eléctricos por horas.Las investigaciones apuntan a que el envenenamiento al parecer fue cometido por venganza, cuyos motivos se desconocen, contra Juan De Bedout, empresario del sector financiero y padre de una de las niñas muertas y del joven de 21 años que sobrevivió al veneno aunque con graves secuelas.
Las autoridades lograron judicializar a 19 personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada a estafar a ciudadanos interesados en obtener visas de trabajo hacia Estados Unidos. De acuerdo con el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Alfonso, tres presuntos integrantes fueron capturados en Medellín. La organización habría defraudado a cerca de 700 víctimas en 15 países de Suramérica y el Caribe, por un monto aproximado de 2,5 millones de dólares.Según la Delegada para las Finanzas Criminales, Liliana Trujillo, la estructura operaba desde oficinas ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas de Medellín, donde contaban con infraestructura para la falsificación de documentos, incluidos una prensa manual en hierro con sello del Departamento de Estado de Estados Unidos y escenografías que simulaban dependencias oficiales. Con estos elementos hacían creer a las víctimas que estaban en contacto con funcionarios estadounidenses y que participaban en procesos auténticos para obtener visas laborales, especialmente la categoría H-2B.La investigación determinó que la red delinquía desde distintas ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia. Además, utilizaban identificaciones gubernamentales falsas, como tarjetas de seguridad social y tarjetas de residencia permanente, junto con sellos y documentos. Para completar el engaño, las víctimas eran dirigidas a portales web que imitaban sitios oficiales de agencias estadounidenses.Los interesados debían transferir entre 50.000 y 90.000 dólares a personas ubicadas en ciudades como Miami, Houston, Boston y Chicago. Entre los presuntos receptores de los pagos figura un abogado de inmigración que afirmaba trabajar para el Gobierno de Estados Unidos y que, supuestamente, gestionaría citas y trámites para la obtención de las visas. El dinero habría sido distribuido entre los miembros de la organización en los distintos países.En Colombia fueron capturados Danna Pamela Porras Marín, Andrés Giraldo Ospina y Edwin Alberto Correa David, requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude en contratación de mano de obra extranjera.En los allanamientos fueron incautados múltiples elementos relacionados con la actividad ilegal.Como 27 tarjetas con datos biográficos de diferentes ciudadanos de autorización de empleo, 21 tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de diferentes empresas, 20 formatos de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y 28 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.
La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019. La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión.Durante la diligencia la Juez informó que además de la condena se ordena “negar a la señora Aida Merlano Rebolledo, los sustitutos penales de la suspensión condicionante de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria conforme a los antecedentes e intento de fuga y, en consecuencia, una vez quede en firme la sentencia, se dispone a oficiar al INPEC para que, una vez quede en libertad por cuenta de los otros procesos, se deje a disposición para el cumplimiento de la presente sentencia”.La fuga, ocurrida en 2019, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia judicial reciente. Merlano, trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico en el norte de la ciudad, se lanzó por una ventana utilizando una cuerda improvisada. Tras caer al primer piso, fue recogida por un hombre, quien la ayudó a escapar en motocicleta. Ese hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la negociación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía.Durante la diligencia judicial de aprobación del acuerdo, la juez también reconoció al INPEC como víctima institucional. El abogado del Instituto sostuvo que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad. La juez acogió esa solicitud y señaló que la credibilidad pública del INPEC se vio comprometida, así como la percepción de posibles irregularidades internas derivadas del episodio.Durante la diligencia, Aida Merlano aprovechó para ofrecer disculpas públicas a las personas que, según dijo, resultaron afectadas por su fuga. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, y aseguró haber sido víctima de abusos dentro del INPEC, hechos que , afirmó, están denunciados. Merlano pidió perdón a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita del día de la fuga y al capitán Álvarez, a quien considera injustamente condenado. También extendió disculpas a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio.Merlano, quien hoy suma esta nueva sentencia, cumple otras condenas en su contra por hechos de corrupción. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes electorales durante su campaña al Congreso en 2018, proceso que marcó el inicio de su situación judicial. Con la decisión adoptada este viernes, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La adopción de animales se ha convertido en una práctica recurrente en Medellín, no obstante, las autoridades le han puestos los ojos a varios casos específicos en donde hogares sobrepasan su capacidad y entran en el fenómeno de la acumulación compulsiva de animales, misma situación que ocurre en los lugares de paso en donde perros y gatos esperan encontrar una familia.Según la Personería de Medellín se ha podido determinar que hay un incremento sostenido en la acumulación de animales, por lo que se emitió una alerta institucional para atender la situación que podría causar graves peligros para la salud pública, la salud mental, la convivencia y el bienestar de los animales que en muchas ocasiones no son tenidos en condiciones salubres.La personera delegada Caterine Vélez, explicó que entre 2023 y 2025 se lograron atender más de 800 animales involucrados en situaciones de acumulación y con riesgos estructurales o deficiencias de atención sanitaria."A pesar de que no ha finalizado el año 2025, ya se conocen dieciséis casos en el que están involucrados más de trescientos animales. Es por esto que esta entidad hace un llamado a la administración para que se cree una mesa interinstitucional", explicó Vélez.Lo que explican desde el Ministerio Público es que entre las visitan que pudieran hacer se determinó que el 90 % de los hogares de paso tenían problemas de acumulación y el 86 % de las personas que fueron identificadas con la problemática no tenían una red de apoyo que les permitiera darle mejores condiciones a los animales.Finalmente, la Personería de Medellín advirtió que muchas veces la acumulación deriva en maltrato por omisión y que, además, la respuesta institucional tendría una fragmentación que genera que haya un subregistro y falta de protocolos de atención a los animales afectados.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) respaldó la decisión de Copa Airlines, Wingo y la aerolínea Satena de suspender sus vuelos hacia y desde Venezuela, en medio del aumento de la tensión y la militarización en zonas cercanas al espacio aéreo del vecino país.Cabe recordar que una de las primeras aerolíneas en tomar esta decisión fue Avianca, situación que generó complicaciones. La semana pasada el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y el mismo presidente Petro aseguraron que no existe riesgo para volar en Venezuela, el mandatario indicó que ninguna aerolínea del país debía seguir las indicaciones internacionales y que tenían que restablecer la operación de inmediato. Sin embargo, la alerta de la FAA fue sustentada y por eso otras aerolíneas se sumaron a esta determinación.Según la asociación, la medida es coherente con el “riesgo real y comprobado” que enfrenta la aviación civil en la región. Las aerolíneas sustentaron la suspensión en fallas recientes en las señales de navegación y en las advertencias emitidas por organismos internacionales como la FAA y la EASA, que han alertado sobre amenazas que podrían comprometer la seguridad de las operaciones.ACDAC señaló que la interrupción de vuelos debe mantenerse de acuerdo con la evaluación de riesgo de cada compañía, hasta que existan garantías verificables y basadas en criterios técnicos que confirmen un retorno a condiciones normales en el espacio aéreo venezolano.La asociación también invitó a las aerolíneas a mantener y reforzar sus protocolos de riesgo siguiendo las recomendaciones internacionales, con el fin de proteger tanto a las tripulaciones como a los pasajeros mientras persista la incertidumbre en la zona.
Cinco de los siete aspirantes que harán parte de la lista de candidatos de Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico se inscribieron este jueves en la sede de la Registraduría que está en el centro de Barranquilla y allí estuvieron acompañados del líder de este partido, Fuad Char, y su hijo Arturo.Tras ser consultado por una posible candidatura de Arturo, Fuad Char aseguró que ya está definida la lista con una apuesta hacia varios "jovencitos", partiendo de la "reestructuración" que propuso su otro hijo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. En esa lista, dejó claro, no figura el nombre de Arturo Char.“Fue idea de Alex hacer una restructuracion y metimos a todos estos jovencitos. Hoy Arturo estará acompañándonos. Si estuvimos considerándolo (registrarlo), pero ya la decisión está tomada”, expresó Fuad Char.Eso sí, a Fuad y a Arturo Char se les vio entre abrazos y muestras de afecto, como para acallar los rumores sobre una división o confrontación al interior de la casa política, de hecho, el mismo Arturo reconoció que ha habido "diferencias", pero que nada distinto a lo que suele ocurrir entre las familias y que justamente por querer estar cerca de su padre es que está decidido a acompañar al partido, sin importar si es fuera o dentro de la cancha, lo que dejaría abierta la posibilidad de una inscripción a último minuto."Extrañando mucho estar cerca del viejo y estoy aquí, quiero estar al lado de él desde cualquier posición, adentro de la cancha, afuera de la cancha, como espectador o en la tribuna, donde sea (...) todavía no me han convocado. En la convocatoria no estoy", dijo Arturo.Las cuentas para Cambio Radical todavía siguen moviéndose, pues aún está pendiente la renuncia de Welfran Mendoza y Gonzalo Baute, para postularse a la lista de Cámara y Senado, respectivamente. Estas, según conoció Blu Radio, se darían el viernes para la posterior inscripción.Las visitas para los próximos días continuarán, siendo que el 5 de diciembre estaría arribando Centro Democrático a las 9 de la mañana y luego a las 11 de la mañana el partido de la U con sus candidatos. También mañana, pero a las 3:00 de la tarde, llegarán los miembros del partido Conservador con su candidato a Cámara y candidato a Senado. Para el sábado asistirán Pacto Histórico y Coalición Verde, en marcha, ASI, renaciente y Vamos Juntos.Lista de candidatosLos aspirantes que este jueves inscribieron formalmente su candidatura a la Cámara de Representantes fueron, en su orden, Doris Ebrat, Samir Radi, Darlys Rodríguez, Yolanda Herrera Peña y Estefanel Gutiérrez.Sin embargo, hubo dos ausentes, quienes tendrán hasta la próxima semana para inscribir oficialmente su candidatura: Welfran Torres y el influencer Andrés Camargo González, este último más conocido en redes sociales como Saruma.
Después de las revisiones realizadas por el grupo antiexplosivos de la Policía, se confirmó que el cilindro abandonado en la vía que comunica a Florida, Valle, con Miranda, Cauca, no contenía explosivos. Aunque el cilindro estaba vacío, en el área cercana fueron hallados 10 kilos de material explosivo.El aviso oportuno de la comunidad permitió que las autoridades llegaran al lugar para iniciar la inspección y evitar posibles riesgos para los usuarios de la vía, donde el cilindro había sido dejado desde las primeras horas de la mañana.“Una persona se acerca a este puesto de control e informa sobre la colocación de un cilindro, al parecer, con una carga explosiva, sobre la vía hacia Miranda. De esta manera, las unidades antiexplosivos se acercan al lugar, se hace la verificación y este cilindro no contiene ningún tipo de carga explosiva. Sin embargo, en la exploración realizada por nuestros técnicos se encuentran dos cajas de PVC, las cuales contenían 10 kilos de carga explosiva de nitrato de amonio”, informó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.El personal especializado llevó a cabo una detonación controlada del material hallado para prevenir una posible tragedia, teniendo en cuenta que los explosivos habían sido dejados sobre una vía principal que comunica a los dos municipios.“Nuestros técnicos realizaron la detonación controlada y, de esta manera, estamos garantizando la seguridad en los corredores viales. Solicitamos a la ciudadanía informar cualquier situación que ponga en riesgo las vías del Valle del Cauca”, agregó la oficial.La vía permaneció cerrada durante varias horas mientras se adelantaban las inspecciones, lo que afectó el flujo vehicular. Esta tarde se restableció la movilidad y mientras personal del Ejército y de la Policía mantiene controles en la zona.
La Fiscalía llamó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que explique las presuntas irregularidades en la compra de un penthouse en Bogotá, que habría sido vendido por una empresa controlada por el conocido empresario del sector de los hidrocarburos, Serafino Iácono.Blu Radio estableció que la diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado que tendrá que cumplir Roa ante la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía se realizará antes de finalizar este año, en el marco de la línea investigativa sobre las presuntas irregularidades en contratos entregados por la estatal petrolera.Lo que busca establecer la Fiscalía es si la compra del apartamento que hizo Roa a una empresa de Serafino Iácono, se hizo de manera legal o si detrás existía una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.La línea de tiempo que investiga la Fiscalía es la siguiente: la transacción del apartamento 901 fue realizada en diciembre de 2022, Ricardo Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol por parte del presidente Gustavo Petro en abril de 2023 y en marzo de 2024, una empresa ligada a Serafino Iácono recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9.De acuerdo con las investigaciones periodísticas, Ricardo Roa compró el apartamento 901 en un edificio en el sector del Museo del Chicó en Bogotá por 1.800 millones de pesos, un valor que estaría por debajo del precio del mercado teniendo en cuenta el tamaño y la ubicación del predio.
Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Los abogados de Santiago Uribe Vélez anunciaron que interpondrán una impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Tribunal Superior de Antioquia revocara la absolución que había recibido en primera instancia y lo condenara a 28 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.Según la sentencia, el tribunal encontró suficientes elementos probatorios para revertir la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. La condena se fundamenta en un homicidio agravado, conforme a los artículos 103 y 104 numeral 7, y en concierto para delinquir agravado según el artículo 340 del Código Penal.Por ello, Santiago Uribe Vélez deberá cumplir una pena de 340 meses de prisión, equivalentes a más de 28 años. El fallo también impone una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.Ahora bien, la defensa del hermano del expresidente Álvaro Uribe, mediante un comunicado, señalò que, si bien respetan el fallo judicial, aseguraron que, a su juicio, la decisión desconoce la realidad probatoria del proceso.“Por la anterior razón, dentro de los términos y canales legales, la defensa técnica y material de SANTIAGO URIBE VÉLEZ interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia”, se lee en el comunicado.Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha enfrentado un proceso penal por presuntos vínculos con el grupo paramilitar conocido como “Los Doce Apóstoles”, así como por su presunta participación en un homicidio ocurrido en la década de 1990.
La Fiscalía General de la Nación pedirá este miércoles que se adelante la audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Según confirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la entidad definió avanzar en este paso procesal por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del escándalo que ha implicado a varios exfuncionarios y contratistas de la UNGRD.“Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño”, declaró Camargo a medios este martes.La imputación contra Bonilla se sumaría a las actuaciones judiciales que ya enfrentan otros exdirectivos de la entidad, así como a las líneas investigativas abiertas por presuntos pagos, favorecimientos y direccionamientos en contratos estratégicos.
El pasado miércoles 29 de octubre, en la madrugada, un joven bailarín reconocido en Ipiales por su participación en grupos como Nuevos Sueños y A Todo Ritmo perdió la vida tras ser víctima de un brutal ataque en vía pública. Jorge Eduardo Timaná Granja, de 38 años, residía en la ciudad junto a su padre.En entrevista con Blu Radio, su madre, María Timaná, reveló detalles de la noche del ataque, del avance judicial y de cómo la familia ha enfrentado la noticia. Según relató, Jorge trabajaba en reciclaje, en la organización de fiestas y también se dedicaba a la danza. Estaba a pocos días de graduarse de su pregrado en Ingeniería de Sistemas.“El sepelio fue el domingo y el jueves él ya se graduaba y recibía su diploma. Después seguía estudiando periodismo, y también quería estudiar electricidad”, contó su madre.La familia recordó que Jorge era esposo, hijo, padre y abuelo. Esa madrugada regresaba a su vivienda tras asistir a las fiestas municipales que cada año se realizan en Ipiales.“Fue horrible, fue doloroso… nunca esperábamos esta noticia”, dijo María. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, donde se observa a Jorge caminando junto a una mujer cuando dos personas se acercan y los agreden, causándole la muerte en el lugar. Sobre la identidad de los responsables, la madre aseguró que no los conoce. “La verdad no los conozco, porque es una muchacha y dos jóvenes”, afirmó. Este es el video Blu Radio consultó al abogado penalista Daniel Solarte, representante de las víctimas, quien entregó detalles del proceso. Explicó que uno de los atacantes ya fue identificado gracias a un interrogatorio rendido voluntariamente ante la Fiscalía. Sin embargo, permanece en libertad mientras se desarrolla el plan metodológico del ente investigador.Además, señaló que presuntamente el segundo agresor se encuentra fuera del país. “Miembros de la sociedad ipialeña han aportado información y todo indica que esta persona está prófuga de la justicia, intentando evadir su responsabilidad en Ecuador”, afirmó.Los padres insistieron en que Jorge no tenía enemigos, nunca recibió amenazas y llevaba una vida tranquila. “Es muy doloroso ver cómo lo golpean, cómo dos personas lo atacan, el golpe que le dan en el cráneo… que cae, que la muchacha lo jala de la mano… es muy doloroso. Lo volteaban a ver y tranquilamente se fueron. Nadie hizo nada por ayudarlo”, lamentó su madre.Por ello, la familia y el abogado exigen justicia y piden que las autoridades avancen en la identificación y captura de los responsables.
La Sala de Segunda Instancia revocó la absolución que en 2024 había favorecido a Santiago Uribe Vélez y lo declaró penalmente responsable por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. El fallo concluye que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad bajo el Código Penal.Según la sentencia, el tribunal encontró suficientes elementos probatorios para revertir la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. La condena se fundamenta en un homicidio agravado, conforme a los artículos 103 y 104 numeral 7, y en concierto para delinquir agravado según el artículo 340 del Código Penal.Como consecuencia, Uribe Vélez deberá cumplir una pena de 340 meses de prisión, equivalentes a más de 28 años. El fallo también impone una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.La decisión incluye además la prohibición de tenencia y porte de armas por 54 meses. La Sala negó la suspensión de la ejecución de la pena y rechazó la prisión domiciliaria, señalando que, una vez el fallo quede en firme, se expedirá orden de captura para cumplir la condena.El tribunal declaró satisfechas las pretensiones de verdad, justicia y no repetición presentadas por la parte civil, tal como se estableció en el numeral 4.7 de la sentencia. También ordenó compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio y a diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación.Asimismo, se dispuso remitir copias a la Defensoría del Pueblo, siguiendo lo indicado en los numerales 4.6.3, 4.6.4 y 4.6.5 del fallo. Estas actuaciones buscan garantizar seguimiento institucional y medidas complementarias en el proceso.Tras conocerse la condena, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente en su cuenta de X: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, escribió el exmandatario.
La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para investigar presuntas alianzas entre altos cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y miembros de la fuerza pública.La orden se da tras la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que revisó en detalle los archivos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, a la caravana de miembros de ese grupo ilegal que se desplazaban en camionetas de la UNP y fueron interceptados en un retén del Ejército.Según la investigación de Noticias Caracol, entre los implicados están el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario del DNI. En esos documentos se incluyen chats, correos, cartas y fotografías que apuntan a una colaboración estructurada para compartir información reservada e impulsar proyectos conjuntos como el de crear una empresa de seguridad privada que sirviera como fachada para el transporte en carros blindados o permisos de porte de armas.Uno de los planteamientos del informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol es que, pese a la cantidad de pruebas halladas en esa incautación, no se había iniciado una investigación puntual de los involucrados.Situación que en la noche de este lunes, 24 de noviembre, terminó reconociendo en parte de la Fiscalía, pues además de la nueva instrucción emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, asegura que los elementos y su contenido no fueron socializados con el nivel central por parte de la fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín a cargo del proceso puntual.“... ha de aclararse que ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”, precisó la entidad.En esa línea, el nivel central adelantó una nueva verificación este lunes en Medellín encontrando que sí hay información “de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de las pesquisas”, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó la respectiva investigación.“...dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”, detalló.Otra de las instrucciones fue compulsar copias solicitando a la Corte Suprema de Justicia que investigue al general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados.No obstante, en su comunicado la Fiscalía defendió la gestión que ha adelantado con esa información asegurando que ha logrado la judicialización de 28 integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, procesar a tres miembros de la caravana de los cuales dos aceptaron cargos por porte ilegal de armas y ya cumplen condena, mientras que otro enfrenta acusación por homicidio.En desarrollo...
Un grupo de 50 personas, entre ellos Ingrid Betancourt y varios aspirantes al Senado por el partido Oxígeno, radicaron ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra cinco representantes a la Cámara que integran la Comisión de Investigación y Acusación.En este caso señalan que Wilmer Carrillo, Gloria Arizabaleta, Carlos Cuenca Chaux, Alirio Uribe y Leonardo de Jesús Gallego presuntamente incurrieron en el delito de prevaricato por omisión por, según afirman, haber frenado, dilatado o archivado de forma irregular las investigaciones abiertas contra el presidente Gustavo Petro.La denuncia, dirigida formalmente a la Corte Suprema, sostiene que los congresistas habrían omitido actos obligatorios dentro de los expedientes relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.Entre ellas, la inactividad prolongada en la práctica de pruebas, el archivo prematuro de diligencias y la supuesta falta de impulso procesal en casos de alto impacto como el denominado Papá Pitufo, radicado en febrero de 2025.Incluso el documento resalta además la ausencia de actuación institucional frente a las recientes revelaciones de Noticias Caracol que mencionan presuntos nexos entre altos funcionarios y jefes de disidencias de las Farc de alias “Calarcá”, hechos que, según los denunciantes, deberían haber activado nuevas líneas de investigación.El partido Oxígeno pide a la Corte Suprema abrir investigación penal, compulsar copias a la Procuraduría y determinar si hubo una omisión deliberada de funciones constitucionales por parte de los miembros de la Comisión, órgano encargado exclusivamente de investigar al Presidente de la República.