La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los familiares de dos personas que murieron tras la activación de minas antipersonal en Putumayo y Cauca, y ordenó dejar sin efectos las sentencias que habían negado la responsabilidad del Estado en estos casos.En la sentencia, con ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo, se concluyó que los Tribunales Administrativos de Nariño y del Cauca incurrieron en defectos fácticos y desconocimiento del precedente judicial, al valorar de forma fragmentada las pruebas y apartarse de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre responsabilidad estatal por daños causados con minas antipersona.Los casos analizados corresponden a la muerte de Hernando Castillo Tobar, ocurrida en 2012 en Puerto Leguízamo (Putumayo), y de Gerson Carabalí Popo, fallecido en 2013 en Buenos Aires (Cauca).En ambos hechos, las víctimas eran civiles ajenos al conflicto armado y perdieron la vida al detonar minas instaladas en zonas con presencia activa de la Fuerza Pública.De acuerdo con la sentencia, al desconocer las pruebas se vulneraron los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las víctimas.Por esa razón, la Corte Constitucional exhortó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y al Ministerio de Defensa Nacional a fortalecer las medidas de prevención, desminado y atención integral a las víctimas, al advertir que, pese a los avances del Estado, persisten serios retos en señalización, monitoreo y educación sobre el riesgo por minas antipersonal.
Nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en una red de corrupción judicial dedicada, según la Fiscalía, a cobrar dinero a cambio de direccionar procesos de lavado de activos y frenar actuaciones clave como órdenes de captura y medidas cautelares de extinción de dominio. Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos y habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los hechos corruptos se habrían presentado en investigaciones que cursaban en la Unidad de Lavado de Activos y en la de Extinción de Dominio. Según señaló, se logró establecer que en al menos tres procesos, relacionados con hechos ocurridos entre 2014, 2015, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas dependencias habrían eliminado elementos materiales probatorios y solicitado dinero a los involucrados a cambio de evitar medidas contra bienes o impedir órdenes de captura.Entre los capturados figuran integrantes activos de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron detenidos los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.La investigación permitió establecer que los presuntos integrantes de la red, quienes cumplían funciones de policía judicial, habrían eliminado evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones y habrían constreñido a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares de alias Manicomio. Estas presiones, según el ente acusador, se habrían intensificado como retaliación ante la negativa de pagar las sumas exigidas.Por estos hechos, se les imputarán a los capturados, según su grado de participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Zulma Guzmán, principal sospechosa en el caso de envenenamiento con talio que dejó dos menores de edad fallecidos, continúa hospitalizada en el Reino Unido en un delicado estado de salud, situación que ha impedido avanzar, por ahora, en la notificación de la circular roja de Interpol y en el trámite efectivo de su extradición a Colombia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que la última certificación médica conocida por el ente acusador indica que la mujer sigue bajo un estricto protocolo de salud mental, vigente en el Reino Unido, el cual limita cualquier actuación judicial mientras permanezca internada.“Recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del Ministerio y estamos esperando la contestación del Reino Unido”, señaló Jaramillo. Añadió que, pese a las restricciones, la investigación en Colombia continúa avanzando tanto en las actividades propias de policía judicial como en las diligencias ante jueces de control de garantías.La funcionaria reiteró que la Fiscalía mantiene dos frentes activos: el fortalecimiento del perfil investigativo de la sospechosa y el desarrollo de las actuaciones judiciales necesarias para cuando se destrabe el escenario internacional. “Tenemos una situación donde nos informan que está en delicado estado de salud. Esa es la información que tenemos”, puntualizó.El proceso de extradición en el Reino Unido contempla dos escenarios una vez se verifique la condición física y mental de la requerida. El primero es que la persona acepte voluntariamente la extradición; el segundo, que se oponga a ella. En este último caso, será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega, con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende automáticamente el procedimiento y, en algunos casos, la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentra en trámite.De acuerdo con la información oficial, la orden de captura internacional fue emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería, y el pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas.Las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A este episodio se suman alertas emitidas por Interpol sobre sus desplazamientos previos en distintas ciudades, lo que, según los investigadores, incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.
La tranquilidad de San Vicente del Caguán, Caquetá, se vio alterada en mayo de 2025 tras una serie de desapariciones de mototaxistas que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades. El primer caso se registró el 7 de mayo, con la desaparición de Jaime Fierro Clavijo. Dos días después, el 9 de mayo, se reportó la ausencia de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo ocurrió un tercer caso, el de John Freddy Morales.Las investigaciones permitieron establecer un patrón. El presunto responsable, Joiner Alquiver Cabrera Mota, solicitaba servicios de transporte para ser llevado hasta su vivienda. Una vez allí, intimidaba a los conductores con armas, los amarraba y posteriormente los asesinaba para despojarlos de sus pertenencias.El 12 de mayo, Cabrera Mota fue capturado y durante la inspección a su residencia, las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto en una caneca. Posteriormente, tras la confesión del detenido, fue localizado un tercer cadáver en zona rural del municipio.En una conversación con Séptimo Día de Caracol Televisión, Linivet Fierro, hija de una de las víctimas, recordó que el día de la desaparición puso una denuncia, pero tras días, nadie sabía nada de Jaime. Simultaneamente, Fanny Morales Narváez estaba denunciando la desaparición de su esposo, otra de las víctimas: "Sobre las 4 de la mañana yo le escribí "Hola ¿cómo estás?" Y me dice "Hola ¿cómo va la familia?" Y yo dije pues raro porque si yo soy la familia de él por qué me responde así".En julio de 2025, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro. Sin embargo, un error administrativo y de comunicación entre el juzgado y el Inpec provocó que Mota quedara en libertad el 12 de agosto, mediante la expedición de una boleta de salida por el delito menor.Tres días después, el 15 de agosto, el hombre volvió a atacar. La víctima fue el mototaxista Alfredo Felantana, quien logró sobrevivir pese a la gravedad de las heridas. José Hernández, sobrino de Alfredo, dijo que: "Es un error donde estamos hablando de vidas humanas, es algo demasiado grave diría yo".Tras una intensa búsqueda, Cabrera Mota fue recapturado el 20 de agosto en Villavicencio, cuando se movilizaba en una motocicleta reportada como robada.En una entrevista realizada por Séptimo Día de Caracol Televisión, el presunto asesino confesó que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.
Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el presunto responsable del homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional, Rafael Granados Rueda, ocurrido el pasado 27 de noviembre en Popayán, Cauca.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el oficial se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego por el hoy procesado, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona. Gravemente herido, el teniente coronel fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después.“El 27 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 12:23/12:25 de la tarde en la ciudad de Popayán, en momentos en que el señor Teniente Coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda (en paz descanse), se desplazaba como conductor del vehículo marca Kia Picanto de color blanco, con placa IGV-920, fue alcanzado por dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta y el parrillero de rodantes, es decir, usted señor Jean Paul Sánchez Gómez, utilizando un arma de fuego de la que carecía de permiso para su porte, le dispara al Teniente Coronel en varias oportunidades, logrando impactarlo en su humanidad”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.Las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, permitieron establecer que el presunto agresor habría esperado a la víctima en un establecimiento comercial y luego la siguió para cometer el ataque. Tras el crimen, quedó registrada la ruta de escape: descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y abordó un bus intermunicipal con destino a El Bordo, Cauca.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí, Valle del Cauca, en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma traumática, dos teléfonos celulares y una motocicleta.
El arbitraje colombiano celebra un hito histórico con la designación de Karen Daniela Lozano Arenas como árbitra central FIFA. Este logro no solo marca un avance en su carrera profesional, sino que también resalta el talento y la formación del arbitraje en Santander, consolidando a la región como un semillero de profesionales en el fútbol.El ascenso de Lozano Arenas es fruto de años de preparación rigurosa. Su formación incluyó entrenamiento físico especializado, estudio detallado de las reglas de juego, análisis técnico de cada partido y experiencia acumulada en el fútbol profesional colombiano. Cada encuentro la acercó a la certificación internacional que hoy ostenta.“Este ascenso es el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio. Muy feliz y agradecida por la oportunidad”, expresó la árbitra tras conocer la noticia, reconociendo el esfuerzo que ha sido necesario para llegar a este nivel.Con la escarapela FIFA, Karen Daniela se convierte en un referente del arbitraje en Santander y en un modelo a seguir, especialmente para mujeres que sueñan con abrirse camino en el fútbol profesional. Su logro demuestra que es posible alcanzar las máximas metas internacionales desde la región.“Este reconocimiento también refleja que en Santander hay talento y potencial para llegar al más alto nivel del arbitraje”, destacó Lozano Arenas, quien agradeció además el acompañamiento recibido por parte de la Liga Santandereana de Fútbol, los instructores arbitrales y la Comisión Arbitral, entidades que apoyaron su formación desde los inicios de su carrera.La certificación FIFA permitirá a Karen Daniela participar en competencias internacionales, lo que no solo amplía sus oportunidades profesionales, sino que también proyecta el arbitraje santandereano y colombiano en el ámbito mundial. Su designación se suma a los esfuerzos por incentivar la inclusión de mujeres en roles de alta responsabilidad dentro del deporte, enviando un mensaje claro sobre igualdad de oportunidades y talento regional.Más allá del reconocimiento oficial, la historia de Karen Daniela Lozano Arenas es un ejemplo de disciplina, constancia y pasión por el fútbol. Su camino demuestra que, con esfuerzo y preparación, los límites se pueden superar y que las mujeres pueden ocupar un lugar destacado en el arbitraje profesional, tanto en Colombia como en el mundo.
El tren transístmico, parte del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), (sur de México), un megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, se descarriló la mañana de este domingo, informó la Secretaría de Marina (Semar) de México, sin precisar si había o no personas afectadas."Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del corredor interoceánico. Participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado (de Oaxaca). Conforme tengamos más datos ampliaremos la información", escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes sociales.Previamente, en un comunicado, la dependencia indicó que el CIIT informó que "se registró un evento ferroviario" a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, "en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros"."En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", precisó el reporte publicado en redes sociales.La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de extensión.La Semar explicó que desde el primer momento "se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente".Y añadió que "conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por los canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia".Con esta nueva vía de comunicación, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conectar el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.
Luego de largos trabajos con maquinaria amarilla, la concesión Autopistas Urabá logró habilitar en las últimas horas la vía que conecta a Medellín con los municipios de esa zona del departamento, donde tras las fuertes lluvias se registraron 14 deslizamientos de tierra que afectaron el paso vehicular, en especial en tres puntos, y causó el cierre total en el sector de la Llorona, entre Mutatá y Dabeiba.Por ahora, hay paso habilitado a un carril siempre y cuando el clima así lo permita, debido a las lluvias que han caído en la zona en las últimas horas. La situación venía afectando, según la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, a entre 3.000 y 4.000 viajeros al día, tres empresas habilitadas para los trayectos a la zona y un total de entre 50 y 70 operaciones diarias, es decir, viajes de ida y vuelta. Samir Echeverri, director ejecutivo de ese gremio, indicó que ya fueron notificados de que pueden retomar el recorrido por la zona afectada, por lo que no es necesario seguir por las rutas alternas."Ya hay unos buses dando la vuelta por Montería, pero desde ya los despachos de buses que salgan de ahora en adelante se van por la vía normal. Las empresas, en la medida en que el parque automotor les vaya dando esa posibilidad, en la medida en que vayan llegando, ellos van a poder utilizar esos vehículos, van a despachar adicionales y van a suplir las necesidades", aseguró.Durante los casi tres días de afectaciones, los vehículos debían tomar rutas alternas que implicaban llegar a Montería desde Medellín, ya fuera por Remedios o por Yarumal, con hasta 9 horas más de camino.
Tras su salida del Liverpool, Luis Díaz comenzó a vivir su mejor momento desde que llegó a Europa. Ni con los Reds ni con los dragones de Porto el guajiro estuvo en un nivel tan alto como desde que firmó con el FC Bayern en esta temporada.Su técnico, Vicent Kompany, no se ha cansado de elogiarlo y de resaltar lo importante que ha sido su llegada para llevar a todo el equipo a un máximo nivel. Pero, ahora, esto se confirmó con el reconocimiento de Goal, uno de los portales más famosos del mundo, en incluirlo en el mejor once de la temporada de este 2025.Luis Díaz, en el mejor once ideal de Europa este 2025Al lado de figuras como Lamine Yamala, Kylian Mbappé, Earling Haaland o Nuno Mendes, entre otros, Díaz figuró como parte del once ideal de la temporada en Europa en esta primera parte del 2025."Luis Díaz está demostrando ser la mejor contratación de la ventana de transferencias de verano de 2025. El Bayern tenía una tarea difícil en sus manos para reemplazar a Leroy Sané cuando se fue al Galatasaray, pero Díaz ha demostrado ser una mejora con respecto al ex extremo del Manchester City, anotando 13 goles y otorgando siete asistencias en sus primeras 22 apariciones para los gigantes alemanes, mientras también forjaba una relación telepática con Kane", indicó el portal sobre la razón para elegirlo.Este fue el 11 ideal en EuropaArquero: Thibaut Courtois (Real Madrid).Lateral derecho: Jurren Timber (Arsenal).Defensores centrales: Dayot Upamecano (Bayern Múnich) y Gabriel Magalhaes (Arsenal),Lateral izquierdo: Nuno Mendes (PSG).Centrocampistas y extremos: Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Luis Díaz (Bayern Múnich).Delanteros: Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid).Los números del guajiro en AlemaniaPero un reconocimiento así no es sorpresa tras el gran nivel que ha mostrado en tan solo seis meses. Díaz ha disputado 22 partidos con la camiseta de los bávaro, en donde ha anotado 13 goles y ha dado 7 asistencias con un rendimiento de hasta 8.5 en algunos partidos.
Varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento público en el centro poblado de Regueros, del municipio de Pitalito, sur del Huila, protagonizaron una riña donde, además, se registró una balacera hecho que dejó una persona fallecida y dos más con heridas de consideración.De acuerdo con versiones de las autoridades, las tres personas lesionadas fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial de Pitalito, donde una de las víctimas del hecho de intolerancia por la ingesta del alcohol identificado como Héctor Yaté Rodríguez, falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.“Recibimos una llamada sobre el ingreso de tres personas heridas con arma de fuego al hospital de Pitalito, donde lamentablemente uno de los lesionados identificado como Héctor Yaté, fallece en su intervención quirúrgica inmediata. Este hecho estaría relacionado con un hecho de intolerancia social agravado por la ingesta excesiva de bebidas embriagantes en esta temporada decembrina”, relató el capital Hernández.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde han recopilado videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás evidencias que les permita identificar y dar con la captura de los responsables.No obstante, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que, durante la celebración de estas fiestas de fin de año, eviten confrontaciones o situaciones de intolerancia por la ingesta del alcohol, hechos que terminan en tragedia y que afectan la seguridad de muchas más personas.
Una cadena de desapariciones registrada en mayo de 2025 encendió las alarmas en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, especialmente entre el gremio de mototaxistas. Con el paso de los días, lo que comenzó como reportes aislados terminó revelando uno de los casos criminales más graves del año, cuyo principal señalado es Joiner Alquiver Cabrera Mota.De acuerdo con las investigaciones y lo revelado por Séptimo Día, el primer caso ocurrió el 7 de mayo, cuando Jaime Fierro Clavijo desapareció tras aceptar un servicio de transporte. Dos días después, el 9 de mayo, fue reportada la desaparición de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo se perdió todo rastro de John Freddy Morales, lo que generó una creciente preocupación entre familiares y compañeros de oficio.Las autoridades establecieron que el modus operandi de Cabrera Mota consistía en solicitar servicios de transporte hasta su vivienda, donde una vez llegaban las víctimas, las intimidaba con armas, las retenía y posteriormente las asesinaba, presuntamente mediante asfixia o degollamiento.El caso dio un giro el 12 de mayo, cuando el señalado fue capturado en flagrancia, al ser encontrado en posesión del teléfono celular de una de las víctimas, hecho que inicialmente permitió su judicialización únicamente por el delito de receptación. Sin embargo, tras su captura, una inspección a su residencia reveló una escena aún más grave: dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto dentro de una caneca.Posteriormente, y gracias a la confesión del propio capturado, las autoridades lograron ubicar un tercer cadáver en una zona rural del municipio, confirmando así la magnitud del caso. En julio, un juez le impuso una segunda medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro agravado.No obstante, un fallo administrativo terminó permitiendo que Cabrera recuperara su libertad en agosto. Según se conoció, la comunicación entre el juzgado y el Inpec fue defectuosa y solo se tramitó la boleta de libertad correspondiente al delito de receptación, sin tener en cuenta la medida de aseguramiento vigente por homicidio, lo que derivó en su excarcelación.El 15 de agosto, ya en libertad, Cabrera atacó brutalmente a Alfredo Felantana, quien fue apuñalado en 27 oportunidades y abandonado a un costado de una vía. La víctima sobrevivió y logró alertar a las autoridades.El 20 de agosto fue recapturado en Villavicencio. Actualmente, Cabrera permanece bajo custodia judicial y enfrenta cargos por homicidio agravado, desaparición forzada y tentativa de homicidio.En entrevista con Séptimo Día, de Caracol Televisión, el sujeto reveló paso a paso cómo fueron los ataques. Sobre su primera víctima dijo que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.Recordó que no conocía a los hombres, que los detenía al azar y les quitaba la vida. “Era un trabajo para alguien, pero no para mí; eso sí me lo reservo. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho él? No lo sé. Son cosas que uno no pregunta”, señaló.Dijo que con las siguientes víctimas pasó lo mismo y que le suplicaban que no los matara. Uno de los momentos más tensionantes de la entrevista fue cuando el periodista enfrenta al presunto asesino sobre sus tatuajes:“¿Qué significan esas cruces en la mano? A mí me habían dicho que era una por cada persona asesinada. ¿Es así? ¿Cuántas tiene?”.A lo que el señalado responde: veintitrés cruces.El periodista insiste: “¿Y cada cruz equivale a una persona asesinada?”. La reacción de Cabrera es sorprendente: se queda callado y afirma con la cabeza, indicando que no puede hablar sobre esos crímenes.
La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
La Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y noviembre de 2025 se registraron en Colombia 13.832 delitos sexuales y 12.873 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, cifras que, aunque representan una ligera reducción frente al año anterior, muestran la magnitud de las violencias basadas en género en el país.En materia de feminicidios, se contabilizaron 111 casos y 297 tentativas, mientras que en 2024 la cifra había sido de 171 y 391, respectivamente. A pesar de la reducción, la entidad advierte que la violencia letal contra las mujeres continúa concentrándose en departamentos como Caquetá, Amazonas y Casanare, con las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. Los transfeminicidios aumentaron de 20 a 26 casos, lo que evidencia la persistente vulnerabilidad de las personas trans.Los delitos sexuales mantienen las cifras más altas entre las violencias de género. De los 13.832 casos, más del 55% corresponde a niñas y adolescentes, especialmente en regiones como Vaupés, Guaviare y Guainía, que presentan tasas superiores a 240 casos por cada 100 mil mujeres.La violencia intrafamiliar también disminuyó frente a 2024 (16.947 casos), pero sigue siendo una de las agresiones más frecuentes. Los departamentos de Guaviare, Boyacá y Vaupés encabezan la lista de los territorios con mayores índices. La mayoría de las víctimas son mujeres mayores de edad, aunque se registran casi 2.000 niñas y adolescentes afectadas.Por su parte, la explotación sexual de menores pasó de 211 casos en 2024 a 129 en 2025, y la trata de personas disminuyó de 209 a 175 casos. En este último delito, la incidencia más alta se reporta en Norte de Santander, Meta y Putumayo, zonas fronterizas donde la vulnerabilidad de las mujeres se agrava por la presencia de economías ilegales y el control de actores armados.En conjunto, las cifras confirman que, aunque los casos muestran una leve reducción, las violencias contra las mujeres siguen concentradas en regiones con débil institucionalidad y alta conflictividad social.La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección para evitar que estas estadísticas sigan normalizando una crisis que afecta a miles de mujeres en todo el país.
La senadora Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentaron una acción de tutela contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La acción judicial solicita la suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático de constitucionalidad.Según la tutela, la medida fue expedida durante la vacancia judicial de la Corte Constitucional, lo que permitiría que el decreto produzca efectos sin control oportuno, especialmente en materia tributaria. Los accionantes advierten que de mantenerse vigente el decreto, hay un grave riesgo de afectación al orden constitucional, fiscal y democrático, al habilitar al Ejecutivo para imponer o modificar tributos por decreto antes del cierre del año fiscal.La tutela solicita además que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, liquidar o recaudar nuevos impuestos derivados del decreto, hasta que exista un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. De acuerdo con el documento, la supuesta emergencia no responde a hechos nuevos, imprevisibles o sobrevinientes, sino a problemas estructurales previamente conocidos.En el documento, Valencia y Vallejo señalan que con la emergencia se reemplaza la competencia constitucional del Congreso en materia tributaria y vulnera derechos fundamentales como la participación democrática, el debido proceso, la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de las funciones de los congresistas. Por ello, pide su suspensión provisional hasta que la Corte Constitucional retome funciones y realice el control correspondiente.
Un colombiano de 29 años se encuentra envuelto en un proceso judicial desde el pasado 6 de julio en Polonia, tras ser señalado como responsable del asesinato de un hombre durante una riña callejera en ese país.Los hechos ocurrieron en la comuna de Nowe, en el condado de Świecie, cuando presuntamente se originó una pelea luego de una discusión dentro de un bar. Según informaron las autoridades, la confrontación comenzó hacia las 2:15 de la madrugada entre el colombiano y un ciudadano local de 41 años. Sin embargo, la pelea escaló rápidamente y otras personas terminaron involucradas.La situación se trasladó a una de las calles de la ciudad, donde la policía confirmó que hubo una víctima fatal, que murió a causa de múltiples puñaladas, y dos personas heridas.Por este hecho fueron detenidas once personas, ocho trabajadores colombianos, con edades entre los 19 y los 55 años, y tres residentes de Nowe, de 32 y 33 años.El colombiano identificado como Richard M. se declaró culpable y fue enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación. Cabe resaltar que en Polonia este tipo de delitos pueden ser castigados con cadena perpetua, por lo que el hombre enfrentará una dura batalla judicial.Además, los otros capturados, señalados de haber participado en la riña, podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión.Según explicó Agnieszka Adamska-Okońska, portavoz de la Fiscalía, a la agencia de noticias local PAP: “La responsabilidad de participar en una pelea implica que, si alguien toma parte en un incidente de este tipo y es consciente de su potencial peligrosidad, también lo es de las posibles consecuencias, como poner en riesgo la salud o la vida de otra persona”.Aún no se han esclarecido los motivos de la riña, sin embargo, testigos afirman que ni la víctima mortal ni el principal señalado iniciaron el conflicto.En redes sociales se viralizó un video que muestra los momentos de tensión y terror vividos por los ciudadanos que presenciaron el hecho. En una de las grabaciones, una mujer captó con su teléfono el instante en que varios hombres se agreden con objetos contundentes, mientras los presentes gritan aterrados."Hubo una gran conmoción: botellas volando, sillas por los aires, gente corriendo con cuchillos", relató la mujer en redes sociales.En otro video se observa el cuerpo sin vida del hombre tendido en plena vía pública, mientras otros ciudadanos se alejaban de la escena.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a alias ‘El Costeño’ porque, al parecer, participó en el crimen contra un ciudadano mexicano de 54 años que se encargaba de comercializar productos tecnológicos. El homicidio se dio en el barrio El Poblado, donde el hombre recibió ocho disparos, según el dictamen de Medicina Legal.Según las investigaciones previas, alias ‘El Costeño’ coordinó este atentado. Al igual que en el hecho contra Miguel Uribe Turbay, Arteaga está sindicado por coordinar las acciones previas a este homicidio, pues se pudo establecer que un día antes del atentado viajó desde Bogotá a Medellín.Por esto, un fiscal seccional de la capital antioqueña imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y partes o municiones. Durante la audiencia, el fiscal preguntó a Arteaga si estaba compareciendo a la ley de manera libre y voluntaria, a lo que el señalado respondió que sí, sin embargo no aceptó los cargos. Es de recordar que, alias 'El Costeño' fue quien contactó al joven sicario que le disparó a Miguel Uribe Turbay y coordinó los pormenores del hecho.El homicidio de este mexicano es el segundo proceso que se le suma a Arteaga, por su vinculación en atentados y la coordinación de los mismos.Así fue el atentado por el que señalan a alias 'El Costeño' Según señaló el fiscal: "El domingo 30 de junio ubicaron a la víctima en un establecimiento de comercio, le hicieron acechanza, vigilancia, seguimiento y permanencia por casi 3 horas.". Indicó que, luego de ubicarlo y de tener controlada a la víctima, llegó otro ciudadano, quien descendió del vehículo en el cual llegaron desde la ciudad de Bogotá, se acercaron donde se encontraba la víctima mortal y le dispararon. Posteriormente 'El Costeño' fue recogido en una motocicleta, sacándolo del lugar de los hechos para emprender la huida.
María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, acordó un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación en el escándalo de corrupción en la UNGRD.Benavides fue imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y es considerada una pieza clave para entender la trama de corrupción en la UNGRD y su conexión con el Ministerio de Hacienda.El ente investigador anunció que, dentro de las diligencias en curso contra funcionarios del actual Gobierno, se radicará una imputación de cargos contra el exministro Ricardo Bonilla.En sus interrogatorios, Benavides habló sobre el conocimiento que Bonilla habría tenido respecto a la intención de direccionar contratos en los departamentos de Arauca, Bolívar y Córdoba, por un valor total de 92.000 millones de pesos.No obstante, durante las primeras exploraciones de una posible negociación judicial, surgieron nuevos elementos relacionados con otra línea de investigación por hechos de corrupción en otra entidad del Estado.A partir de esas declaraciones iniciales, la Fiscalía decidió compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia contra más de 20 congresistas, en el marco de una indagación preliminar sobre posibles irregularidades en contratos del Invías.Blu Radio conoció que el 17 de junio la Fiscalía notificó mediante comunicación formal al magistrado Marco Antonio Rueda, de la Corte Suprema, sobre los avances significativos en el principio de oportunidad que será presentado ante un juez el próximo 22 de julio a las 12:00 de la tarde.En esa misma notificación, el ente acusador informó que Benavides manifestó su disposición a aportar información sobre los aforados mencionados en esta línea de investigación, si así se requiere.De igual forma, Blu Radio conoció que, además de los congresistas referidos en las primeras conversaciones con la Fiscalía, también se revelaría información sobre otros funcionarios del Ministerio de Hacienda que habrían tenido participación en los hechos.Cabe destacar que Benavides se perfila como una testigo clave dentro del proceso penal que involucra al exministro Ricardo Bonilla, en el marco del escándalo de corrupción que rodea a la UNGRD.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, Europol y las autoridades del Reino Unido e Italia, fue capturado en Bogotá Giuseppe Palermo, alias 'Peppe', señalado como el máximo jefe de la mafia italiana en América Latina.La noticia fue confirmada por las autoridades colombianas, que calificaron el operativo como un golpe contundente a las estructuras criminales internacionales. Alias 'Peppe' era uno de los hombres más buscados del mundo, requerido por cerca de 200 países y considerado una figura clave dentro de uno de los núcleos más herméticos de la mafia italiana.Según la información oficial, Palermo no solo lideraba la compra de grandes cargamentos de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador, sino que además tenía el control sobre las rutas marítimas y terrestres utilizadas para transportar la droga hacia los mercados europeos. Su captura representa un avance estratégico en la lucha contra el narcotráfico transnacional.Las autoridades señalaron que este arresto puede abrir el camino para llegar a los cabecillas de la mafia en Italia, gracias al conocimiento y las conexiones que tenía Palermo en la estructura criminal. Además, se confirmó que es extraditable y que su entrega a las autoridades europeas ya está en trámite.El operativo, que se mantuvo en reserva hasta su ejecución, ha sido destacado como una muestra de cooperación internacional efectiva contra el crimen organizado.
El pasado domingo se ordenó la detención carcelaria para Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', señalado de coordinar el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá.Arteaga Hernández, quien fue capturado ayer en Bogotá y todo apunta a que participó en la planeación y logística del ataque, que incluyeron reuniones de coordinación con otros implicados y el suministro del arma utilizada.El acusado "es el señalado de contactar y ofrecer dinero a Katherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González, y un menor de edad, para que participaran en el hecho y distribuir los roles que cada una cumpliría", explicó la Fiscalía.En revelaciones hechas por Noticias Caracol, alias 'El Costeño', habría engañado al joven que disparó contra Miguel Uribe, asegurándole que luego del ataque que cometería, iba a ser recogido para salir "invicto" del intento de asesinato contra el senador. En las pruebas recopiladas por la Fiscalía, revelan uno a uno los hechos que rodearon ese día del ataque: 'El Costeño', en medio de la coordinación del ataque estaba buscando un menor de 15 o 14 años: "porque así no iba a ir a juicio como adulto, sino que iba a ser tratado en la jurisdicción de menores".De acuerdo a las pruebas reveladas, le dijo al menor mientras estaban en el Spark gris que estaba a unas cuadras del punto del ataque sicarial: "Tranquilo que cuando pase el hecho lo van a recoger y que no hay ningún problema, porque él tiene contactada ya la Policía y que le van a dar cinco minutos de espera para que salga".Sin embargo, de acuerdo con la información de la Fiscalía, le dijo a Katherine Mora que esto se lo había dicho para que el joven tuviera seguridad de cometer el ataque: "eso no es cierto, que él no tiene contactada la Policía, sino que era para que el menor fuera tranquilo a cometer el hecho".La investigaciónEntre los elementos presentados al juez figuran evidencias de un encuentro celebrado tres días antes del atentado en el sur de Bogotá con William Fernando González Cruz, también procesado por estos hechos, en el que supuestamente acordaron detalles previos y posteriores al ataque."El día del atentado, (Arteaga) presuntamente (...) le entregó al adolescente el arma de fuego con la que debía atentar contra la vida del precandidato presidencial", agregó la Fiscalía.Tras el ataque, Arteaga huyó junto a una cómplice en un automóvil conducido por González Cruz, quien, además, se reunió con él para vender su teléfono móvil. La Fiscalía le imputó a Arteaga los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir; fabricación, tráfico y porte de armas agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento de pruebas, aunque el procesado no aceptó los cargos.Arteaga es el quinto presunto responsable capturado en el marco de la investigación por este atentado, que ha desatado gran conmoción en el país por tratarse de un ataque directo contra un precandidato presidencial de cara a las elecciones del año próximo.El senador Uribe Turbay, de 39 años, permanece hospitalizado en estado grave desde hace un mes, en medio de la incertidumbre sobre su evolución y el desenlace del proceso investigativo.
La Sección Tercera del Consejo de Estado admitió una tutela interpuesta por el abogado Germán Calderón España contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, por considerar que la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente podría poner en riesgo derechos fundamentales.Según la acción presentada, lo dicho por el presidente Gustavo Petro en su alocución del 11 de junio de 2025, cuando anunció que se entregaría una papeleta para promover la convocatoria de una constituyente en las próximas elecciones, y lo ratificado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el 12 de junio, representarían una amenaza a “los derechos fundamentales al debido proceso y a la participación democrática”.El demandante pidió una medida provisional para que se le ordenara al presidente abstenerse de promover la entrega de esa papeleta. Sin embargo, el Consejo de Estado negó esa solicitud, al considerar que no existe un riesgo inminente que requiera una intervención inmediata.Además, el alto tribunal precisó que “no se evidencia que durante el término legalmente previsto para decidir la acción de tutela, pueda ocurrir una afectación a los derechos fundamentales invocados que no sea susceptible de ser reparada”.Pese a ello, el alto tribunal sí admitió la acción de tutela para su estudio. En el documento judicial se lee: “Por reunir los requisitos legales, se dispondrá admitir la demanda de tutela formulada en el presente asunto”.En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió:1. “Admitir la demanda”.2. “Negar la solicitud de medida provisional presentada por la parte accionante”.3. “Notificar la presente decisión a la Presidencia de la República y al Ministerio de Justicia”, para que en el plazo de dos días respondan a los hechos expuestos.4. Enviar la decisión también a la parte demandante y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Con esta decisión, el Consejo de Estado abre el camino para un análisis de fondo sobre la legalidad y los efectos de la propuesta presidencial de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.