El caso de Alexis Gómez, un joven de 15 años del barrio San Javier El Salado, terminó en tragedia tras su desaparición el 3 de junio de 2023. Según autoridades y familiares, el adolescente salió de su casa con la intención de visitar a su novia. Semanas antes, la familia había recibido amenazas telefónicas y mensajes que advertían sobre un posible secuestro. El último contacto de Alexis con su madre, Claudia Cardona, ocurrió cerca de la medianoche del día de su desaparición. La mujer relató en entrevista con Conducta Delictiva Podcast que él respondió con voz tenue a su preocupación: "No te preocupes que yo ya enseguidita me voy para la casa". Tras perderse su rastro, se activó un operativo de búsqueda ciudadana e institucional. Las investigaciones apuntaron a un vecino del sector, identificado como alias ‘Danaker’, de más de 40 años. Testimonios de la comunidad indican, según su madre, que el hombre había ganado la confianza de varios jóvenes mediante regalos; sin embargo, en el caso de Alexis, el acoso escaló al hackeo de redes sociales y al monitoreo de llamadas.Al inspeccionar su vivienda, las autoridades hallaron, según Willington Cano, libretas con el nombre del menor repetidamente escrito, objetos relacionados con brujería y una póliza de seguro de vida en la que Alexis figuraba como beneficiario sin autorización de sus padres. Su madre recordó un episodio fuerte: "Hubo ocasión de que dijo que si no iba a ser para él, no iba a ser para nadie".Willington Cano, profesor de la escuela de fútbol de Alexis, agregó en Conducta Delictiva Podcast: "Yo lo conocí en la iglesia cristiana, pero él le hacía brujería a Alexis para poder controlarlo y mantenerlo atado a él. Tenía una frase como pidiendo que los niños llegaran a él, como unos santos, como unas cosas ahí todas raras y una frase que siempre oraba pidiendo que los niños estuvieran con él".El cuerpo de Alexis fue encontrado el 11 de junio de 2023 en una zona boscosa de Altos de Palmitas, ocho días después de su desaparición. Claudia Cardona identificó los restos mediante prendas y una pulsera:"Yo sé que ese es mi hijo… yo como mamá lo siento y ese corazón de mamá nunca engaña."El responsable fue condenado a 40 años de prisión, pero el proceso estuvo marcado por la indignación, ya que el hombre recuperó la libertad por vencimiento de términos y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los familiares de dos personas que murieron tras la activación de minas antipersonal en Putumayo y Cauca, y ordenó dejar sin efectos las sentencias que habían negado la responsabilidad del Estado en estos casos.En la sentencia, con ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo, se concluyó que los Tribunales Administrativos de Nariño y del Cauca incurrieron en defectos fácticos y desconocimiento del precedente judicial, al valorar de forma fragmentada las pruebas y apartarse de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre responsabilidad estatal por daños causados con minas antipersona.Los casos analizados corresponden a la muerte de Hernando Castillo Tobar, ocurrida en 2012 en Puerto Leguízamo (Putumayo), y de Gerson Carabalí Popo, fallecido en 2013 en Buenos Aires (Cauca).En ambos hechos, las víctimas eran civiles ajenos al conflicto armado y perdieron la vida al detonar minas instaladas en zonas con presencia activa de la Fuerza Pública.De acuerdo con la sentencia, al desconocer las pruebas se vulneraron los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las víctimas.Por esa razón, la Corte Constitucional exhortó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y al Ministerio de Defensa Nacional a fortalecer las medidas de prevención, desminado y atención integral a las víctimas, al advertir que, pese a los avances del Estado, persisten serios retos en señalización, monitoreo y educación sobre el riesgo por minas antipersonal.
Nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en una red de corrupción judicial dedicada, según la Fiscalía, a cobrar dinero a cambio de direccionar procesos de lavado de activos y frenar actuaciones clave como órdenes de captura y medidas cautelares de extinción de dominio. Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos y habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los hechos corruptos se habrían presentado en investigaciones que cursaban en la Unidad de Lavado de Activos y en la de Extinción de Dominio. Según señaló, se logró establecer que en al menos tres procesos, relacionados con hechos ocurridos entre 2014, 2015, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas dependencias habrían eliminado elementos materiales probatorios y solicitado dinero a los involucrados a cambio de evitar medidas contra bienes o impedir órdenes de captura.Entre los capturados figuran integrantes activos de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron detenidos los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.La investigación permitió establecer que los presuntos integrantes de la red, quienes cumplían funciones de policía judicial, habrían eliminado evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones y habrían constreñido a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares de alias Manicomio. Estas presiones, según el ente acusador, se habrían intensificado como retaliación ante la negativa de pagar las sumas exigidas.Por estos hechos, se les imputarán a los capturados, según su grado de participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Zulma Guzmán, principal sospechosa en el caso de envenenamiento con talio que dejó dos menores de edad fallecidos, continúa hospitalizada en el Reino Unido en un delicado estado de salud, situación que ha impedido avanzar, por ahora, en la notificación de la circular roja de Interpol y en el trámite efectivo de su extradición a Colombia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que la última certificación médica conocida por el ente acusador indica que la mujer sigue bajo un estricto protocolo de salud mental, vigente en el Reino Unido, el cual limita cualquier actuación judicial mientras permanezca internada.“Recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del Ministerio y estamos esperando la contestación del Reino Unido”, señaló Jaramillo. Añadió que, pese a las restricciones, la investigación en Colombia continúa avanzando tanto en las actividades propias de policía judicial como en las diligencias ante jueces de control de garantías.La funcionaria reiteró que la Fiscalía mantiene dos frentes activos: el fortalecimiento del perfil investigativo de la sospechosa y el desarrollo de las actuaciones judiciales necesarias para cuando se destrabe el escenario internacional. “Tenemos una situación donde nos informan que está en delicado estado de salud. Esa es la información que tenemos”, puntualizó.El proceso de extradición en el Reino Unido contempla dos escenarios una vez se verifique la condición física y mental de la requerida. El primero es que la persona acepte voluntariamente la extradición; el segundo, que se oponga a ella. En este último caso, será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega, con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende automáticamente el procedimiento y, en algunos casos, la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentra en trámite.De acuerdo con la información oficial, la orden de captura internacional fue emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería, y el pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas.Las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A este episodio se suman alertas emitidas por Interpol sobre sus desplazamientos previos en distintas ciudades, lo que, según los investigadores, incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.
Con la llegada de la temporada de fin de año, muchas personas buscan descanso y nuevas experiencias, y Boyacá es uno de los destinos turísticos más visitados del país. El departamento atrae a viajeros por su riqueza histórica y cultural, sus municipios de encanto colonial como Ráquira, la hospitalidad de sus habitantes, la gastronomía típica —arepas, envueltos y quesos— y la diversidad de paisajes que van desde páramos y montañas hasta extensos valles verdes. Todo ello, a pocas horas de ciudades como Bogotá.Cinco planes para disfrutar Boyacá en fin de añoPara quienes desean recibir el Año Nuevo o pasar algunos días de tranquilidad en contacto con la naturaleza, Boyacá ofrece diversas alternativas durante las vacaciones de diciembre y comienzos de enero.1. Recorridos por alumbrados navideñosEn varios municipios del departamento, los alumbrados se mantienen encendidos hasta la celebración de los Reyes Magos, durante la primera o segunda semana de enero. Este atractivo es uno de los más representativos, ya que Boyacá es reconocido por la calidad y creatividad de sus decoraciones navideñas.2. Caminatas y contacto con la naturalezaExplorar los entornos naturales es una opción ideal para desconectarse y recargar energías. En esta época, lugares como los páramos, cascadas, el lago de Tota y senderos cercanos a Villa de Leyva suelen ser menos concurridos, lo que permite una experiencia más tranquila.3. Celebrar el Año Nuevo en el departamento Boyacá cuenta con destinos turísticos que combinan buena gastronomía, ambientes apacibles y cercanía con la capital. Muchos municipios ofrecen planes especiales para quienes prefieren recibir el nuevo año fuera de casa.4. Descanso después de las festividadesTras las celebraciones, varios viajeros optan por espacios de calma. Municipios como Tibasosa, Monguí e Iza destacan por sus paisajes, su oferta culinaria y un ambiente ideal para el descanso.5. Ruta del café y los postresPara los amantes de lo dulce, la ruta del café es una excelente alternativa. Incluye visitas a Tunja y Villa de Leyva, donde se pueden degustar postres tradicionales y productos de panadería artesanal.
La muerte de Patricia Quispe Canaviri, registrada el pasado sábado 27 de diciembre de 2025 en El Alto, Bolivia, volvió a poner en el centro del debate las falencias del sistema de atención a víctimas de violencia extrema en Bolivia.La mujer, sobreviviente de un ataque ocurrido en 2024 en el que fueron asesinados sus dos hijos, falleció tras un prolongado deterioro físico y emocional, luego de varios meses de hospitalización.“Patricia Quispe Canaviri, madre de los 2 niños víctimas de infanticidio en El Alto, falleció por intoxicación tras permanecer varios meses internada en distintos centros de salud. Este desenlace cierra una dolorosa y devastadora cronología que dejó a toda una familia destruida”, dijo en sus redes la organización Familias de Víctimas en Busca de Justicia Bolivia.El caso se remonta a la madrugada del 5 de marzo de 2024, en la zona de Ciudad Satélite, cuando su expareja, César Guillermo Tezanos Pinto, ingresó a la vivienda bajo el argumento de visitar a los niños de dos y cuatro años. En medio de una discusión relacionada con la custodia, el hombre atacó a Patricia con un arma blanca y posteriormente asesinó a los menores en su habitación. El agresor fue capturado horas después y condenado a 30 años de prisión en el penal de Chonchocoro, la pena máxima contemplada por la legislación boliviana, tras la recolección de pruebas audiovisuales y su confesión.Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos de víctimas han denunciado que Patricia fue sometida a una “segunda victimización” tras el fallo judicial. Según estos señalamientos, la mujer enfrentó presiones legales promovidas desde el entorno del condenado y no contó con un acompañamiento psicológico continuo y especializado. De acuerdo con los reportes médicos y la información conocida hasta el momento, Patricia Quispe falleció como consecuencia de una intoxicación. Las autoridades no han informado de manera oficial sobre la existencia de participación de terceros en su muerte, mientras se mantienen los protocolos de verificación correspondientes.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides entregó el balance de la actividad militar durante el 2025, esto en el marco de su salida por el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, donde anunciaba cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.Cubides aseguró que durante el presente año incrementó la ofensiva militar un 25% con respecto al 2024, donde las tropas del Ejército Nacional realizaron un total de 563 combates en todo el territorio nacional. También realizaron operaciones conjuntas, todas ellas conforme a lo establecido por la ley, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.En total, Cubides afirmó que ejecutaron 13.971 neutralizaciones de integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel. Dentro de estas neutralizaciones destacan: 1.806 del Clan del Golfo; 1.279 entre Estado Mayor Central (disidencias de Ivan Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de alias Calarcá); 433 del ELN y 361 de la Segunda Marquetalia (disidencias de Iván Márquez).Otros de los logros expuestos por Cubides fueron: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de estos grupos capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.
La tragedia registrada en la madrugada del 14 de diciembre en el sector El Chispero, jurisdicción de Remedios, nordeste de Antioquia, dejó en evidencia graves fallas técnicas y operativas en el bus de servicios especiales que cayó a un abismo de más de 40 metros. El accidente cobró la vida de 17 personas, entre ellas el conductor y 16 jóvenes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión de grado en Tolú y Coveñas. Otras 20 personas resultaron heridas. El vehículo transportaba a 39 pasajeros al momento del siniestro.Ante la confusión de las personas frente a las causas del siniestro, una misteriosa mujer apareció en comentarios de redes sociales afirmando conocer lo que pasó ese día y compartiendo su versión. Según dijo: “Para los que lo juzgan, les comento lo que hizo este señor. De su propio bolsillo trató de reparar el carro, porque en al menos diez ocasiones le negaron el relevo del vehículo y, además, lo amenazaron con despedirlo. ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque desde horas de la tarde ya circulaban en redes sociales y en las noticias alertas sobre un posible paro armado de 72 horas". Además, añadió que "él tomó la decisión de regresar a Medellín con la esperanza de llevar sanos y salvos a esos niños. Quienes saben de vehículos, y más aún de motores térmicos, pueden decir qué ocurre cuando un bus circula de noche sin aire acondicionado: los vidrios se empañan por completo. Por eso se mantenía abierta la puerta de ingreso y las escotillas".“Que iba a alta velocidad… falso. El bus no saltó al vacío; se deslizó sobre la montaña y dejó un rastro de destrucción desde el inicio del desfiladero, lo cual indica que su velocidad era mínima. Además, una salida a más de 100 km/h habría multiplicado por diez el impacto contra las rocas", finalizó.Las primeras conclusiones de la Superintendencia de Transporte revelaron que el automotor presentaba múltiples irregularidades que comprometían seriamente la seguridad de los ocupantes. De acuerdo con el superintendente Alfredo Piñeres, el bus no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos técnico-mecánicos exigidos por la normativa vigente. Las inspecciones detectaron fallas estructurales en el sistema de frenos, problemas en la suspensión, llantas en mal estado y la ausencia de elementos básicos de seguridad como cinturones en las sillas, salidas de emergencia en las ventanas y extintores. Pese a estas condiciones, el vehículo había sido avalado meses atrás por el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisuper."Ese bus no tenía cinturones en las sillas, no tenía salida de emergencia en las ventanas, no cumplía con los estándares que debe cumplir un vehículo de estos para prestar el servicio. Luego, con respecto a la empresa, nos dimos cuenta que ese bus ya había tenido siniestros en años anteriores, tuvo en el 2021 uno con heridos, tuvo uno en el 2023 también con heridos", dijo Piñeres en Noticias Caracol.Además, los registros del sistema GPS evidenciaron que el bus circulaba a una velocidad superior a la permitida segundos antes del accidente, lo que redujo las posibilidades de maniobra. Ante la magnitud de las fallas detectadas, la Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión preventiva por seis meses de la empresa Precoltur y del CDA involucrado, mientras avanzan los procesos sancionatorios y las investigaciones de fondo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La tranquilidad de San Vicente del Caguán, Caquetá, se vio alterada en mayo de 2025 tras una serie de desapariciones de mototaxistas que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades. El primer caso se registró el 7 de mayo, con la desaparición de Jaime Fierro Clavijo. Dos días después, el 9 de mayo, se reportó la ausencia de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo ocurrió un tercer caso, el de John Freddy Morales.Las investigaciones permitieron establecer un patrón. El presunto responsable, Joiner Alquiver Cabrera Mota, solicitaba servicios de transporte para ser llevado hasta su vivienda. Una vez allí, intimidaba a los conductores con armas, los amarraba y posteriormente los asesinaba para despojarlos de sus pertenencias.El 12 de mayo, Cabrera Mota fue capturado y durante la inspección a su residencia, las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto en una caneca. Posteriormente, tras la confesión del detenido, fue localizado un tercer cadáver en zona rural del municipio.En una conversación con Séptimo Día de Caracol Televisión, Linivet Fierro, hija de una de las víctimas, recordó que el día de la desaparición puso una denuncia, pero tras días, nadie sabía nada de Jaime. Simultaneamente, Fanny Morales Narváez estaba denunciando la desaparición de su esposo, otra de las víctimas: "Sobre las 4 de la mañana yo le escribí "Hola ¿cómo estás?" Y me dice "Hola ¿cómo va la familia?" Y yo dije pues raro porque si yo soy la familia de él por qué me responde así".En julio de 2025, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro. Sin embargo, un error administrativo y de comunicación entre el juzgado y el Inpec provocó que Mota quedara en libertad el 12 de agosto, mediante la expedición de una boleta de salida por el delito menor.Tres días después, el 15 de agosto, el hombre volvió a atacar. La víctima fue el mototaxista Alfredo Felantana, quien logró sobrevivir pese a la gravedad de las heridas. José Hernández, sobrino de Alfredo, dijo que: "Es un error donde estamos hablando de vidas humanas, es algo demasiado grave diría yo".Tras una intensa búsqueda, Cabrera Mota fue recapturado el 20 de agosto en Villavicencio, cuando se movilizaba en una motocicleta reportada como robada.En una entrevista realizada por Séptimo Día de Caracol Televisión, el presunto asesino confesó que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.
Varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento público en el centro poblado de Regueros, del municipio de Pitalito, sur del Huila, protagonizaron una riña donde, además, se registró una balacera hecho que dejó una persona fallecida y dos más con heridas de consideración.De acuerdo con versiones de las autoridades, las tres personas lesionadas fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial de Pitalito, donde una de las víctimas del hecho de intolerancia por la ingesta del alcohol identificado como Héctor Yaté Rodríguez, falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.“Recibimos una llamada sobre el ingreso de tres personas heridas con arma de fuego al hospital de Pitalito, donde lamentablemente uno de los lesionados identificado como Héctor Yaté, fallece en su intervención quirúrgica inmediata. Este hecho estaría relacionado con un hecho de intolerancia social agravado por la ingesta excesiva de bebidas embriagantes en esta temporada decembrina”, relató el capital Hernández.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde han recopilado videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás evidencias que les permita identificar y dar con la captura de los responsables.No obstante, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que, durante la celebración de estas fiestas de fin de año, eviten confrontaciones o situaciones de intolerancia por la ingesta del alcohol, hechos que terminan en tragedia y que afectan la seguridad de muchas más personas.
Una cadena de desapariciones registrada en mayo de 2025 encendió las alarmas en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, especialmente entre el gremio de mototaxistas. Con el paso de los días, lo que comenzó como reportes aislados terminó revelando uno de los casos criminales más graves del año, cuyo principal señalado es Joiner Alquiver Cabrera Mota.De acuerdo con las investigaciones y lo revelado por Séptimo Día, el primer caso ocurrió el 7 de mayo, cuando Jaime Fierro Clavijo desapareció tras aceptar un servicio de transporte. Dos días después, el 9 de mayo, fue reportada la desaparición de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo se perdió todo rastro de John Freddy Morales, lo que generó una creciente preocupación entre familiares y compañeros de oficio.Las autoridades establecieron que el modus operandi de Cabrera Mota consistía en solicitar servicios de transporte hasta su vivienda, donde una vez llegaban las víctimas, las intimidaba con armas, las retenía y posteriormente las asesinaba, presuntamente mediante asfixia o degollamiento.El caso dio un giro el 12 de mayo, cuando el señalado fue capturado en flagrancia, al ser encontrado en posesión del teléfono celular de una de las víctimas, hecho que inicialmente permitió su judicialización únicamente por el delito de receptación. Sin embargo, tras su captura, una inspección a su residencia reveló una escena aún más grave: dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto dentro de una caneca.Posteriormente, y gracias a la confesión del propio capturado, las autoridades lograron ubicar un tercer cadáver en una zona rural del municipio, confirmando así la magnitud del caso. En julio, un juez le impuso una segunda medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro agravado.No obstante, un fallo administrativo terminó permitiendo que Cabrera recuperara su libertad en agosto. Según se conoció, la comunicación entre el juzgado y el Inpec fue defectuosa y solo se tramitó la boleta de libertad correspondiente al delito de receptación, sin tener en cuenta la medida de aseguramiento vigente por homicidio, lo que derivó en su excarcelación.El 15 de agosto, ya en libertad, Cabrera atacó brutalmente a Alfredo Felantana, quien fue apuñalado en 27 oportunidades y abandonado a un costado de una vía. La víctima sobrevivió y logró alertar a las autoridades.El 20 de agosto fue recapturado en Villavicencio. Actualmente, Cabrera permanece bajo custodia judicial y enfrenta cargos por homicidio agravado, desaparición forzada y tentativa de homicidio.En entrevista con Séptimo Día, de Caracol Televisión, el sujeto reveló paso a paso cómo fueron los ataques. Sobre su primera víctima dijo que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.Recordó que no conocía a los hombres, que los detenía al azar y les quitaba la vida. “Era un trabajo para alguien, pero no para mí; eso sí me lo reservo. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho él? No lo sé. Son cosas que uno no pregunta”, señaló.Dijo que con las siguientes víctimas pasó lo mismo y que le suplicaban que no los matara. Uno de los momentos más tensionantes de la entrevista fue cuando el periodista enfrenta al presunto asesino sobre sus tatuajes:“¿Qué significan esas cruces en la mano? A mí me habían dicho que era una por cada persona asesinada. ¿Es así? ¿Cuántas tiene?”.A lo que el señalado responde: veintitrés cruces.El periodista insiste: “¿Y cada cruz equivale a una persona asesinada?”. La reacción de Cabrera es sorprendente: se queda callado y afirma con la cabeza, indicando que no puede hablar sobre esos crímenes.
Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el presunto responsable del homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional, Rafael Granados Rueda, ocurrido el pasado 27 de noviembre en Popayán, Cauca.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el oficial se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego por el hoy procesado, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona. Gravemente herido, el teniente coronel fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después.“El 27 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 12:23/12:25 de la tarde en la ciudad de Popayán, en momentos en que el señor Teniente Coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda (en paz descanse), se desplazaba como conductor del vehículo marca Kia Picanto de color blanco, con placa IGV-920, fue alcanzado por dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta y el parrillero de rodantes, es decir, usted señor Jean Paul Sánchez Gómez, utilizando un arma de fuego de la que carecía de permiso para su porte, le dispara al Teniente Coronel en varias oportunidades, logrando impactarlo en su humanidad”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.Las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, permitieron establecer que el presunto agresor habría esperado a la víctima en un establecimiento comercial y luego la siguió para cometer el ataque. Tras el crimen, quedó registrada la ruta de escape: descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y abordó un bus intermunicipal con destino a El Bordo, Cauca.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí, Valle del Cauca, en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma traumática, dos teléfonos celulares y una motocicleta.
La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
El pasado domingo se ordenó la detención carcelaria para Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', señalado de coordinar el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá.Arteaga Hernández, quien fue capturado ayer en Bogotá y todo apunta a que participó en la planeación y logística del ataque, que incluyeron reuniones de coordinación con otros implicados y el suministro del arma utilizada.El acusado "es el señalado de contactar y ofrecer dinero a Katherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González, y un menor de edad, para que participaran en el hecho y distribuir los roles que cada una cumpliría", explicó la Fiscalía.En revelaciones hechas por Noticias Caracol, alias 'El Costeño', habría engañado al joven que disparó contra Miguel Uribe, asegurándole que luego del ataque que cometería, iba a ser recogido para salir "invicto" del intento de asesinato contra el senador. En las pruebas recopiladas por la Fiscalía, revelan uno a uno los hechos que rodearon ese día del ataque: 'El Costeño', en medio de la coordinación del ataque estaba buscando un menor de 15 o 14 años: "porque así no iba a ir a juicio como adulto, sino que iba a ser tratado en la jurisdicción de menores".De acuerdo a las pruebas reveladas, le dijo al menor mientras estaban en el Spark gris que estaba a unas cuadras del punto del ataque sicarial: "Tranquilo que cuando pase el hecho lo van a recoger y que no hay ningún problema, porque él tiene contactada ya la Policía y que le van a dar cinco minutos de espera para que salga".Sin embargo, de acuerdo con la información de la Fiscalía, le dijo a Katherine Mora que esto se lo había dicho para que el joven tuviera seguridad de cometer el ataque: "eso no es cierto, que él no tiene contactada la Policía, sino que era para que el menor fuera tranquilo a cometer el hecho".La investigaciónEntre los elementos presentados al juez figuran evidencias de un encuentro celebrado tres días antes del atentado en el sur de Bogotá con William Fernando González Cruz, también procesado por estos hechos, en el que supuestamente acordaron detalles previos y posteriores al ataque."El día del atentado, (Arteaga) presuntamente (...) le entregó al adolescente el arma de fuego con la que debía atentar contra la vida del precandidato presidencial", agregó la Fiscalía.Tras el ataque, Arteaga huyó junto a una cómplice en un automóvil conducido por González Cruz, quien, además, se reunió con él para vender su teléfono móvil. La Fiscalía le imputó a Arteaga los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir; fabricación, tráfico y porte de armas agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento de pruebas, aunque el procesado no aceptó los cargos.Arteaga es el quinto presunto responsable capturado en el marco de la investigación por este atentado, que ha desatado gran conmoción en el país por tratarse de un ataque directo contra un precandidato presidencial de cara a las elecciones del año próximo.El senador Uribe Turbay, de 39 años, permanece hospitalizado en estado grave desde hace un mes, en medio de la incertidumbre sobre su evolución y el desenlace del proceso investigativo.
La Sección Tercera del Consejo de Estado admitió una tutela interpuesta por el abogado Germán Calderón España contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, por considerar que la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente podría poner en riesgo derechos fundamentales.Según la acción presentada, lo dicho por el presidente Gustavo Petro en su alocución del 11 de junio de 2025, cuando anunció que se entregaría una papeleta para promover la convocatoria de una constituyente en las próximas elecciones, y lo ratificado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el 12 de junio, representarían una amenaza a “los derechos fundamentales al debido proceso y a la participación democrática”.El demandante pidió una medida provisional para que se le ordenara al presidente abstenerse de promover la entrega de esa papeleta. Sin embargo, el Consejo de Estado negó esa solicitud, al considerar que no existe un riesgo inminente que requiera una intervención inmediata.Además, el alto tribunal precisó que “no se evidencia que durante el término legalmente previsto para decidir la acción de tutela, pueda ocurrir una afectación a los derechos fundamentales invocados que no sea susceptible de ser reparada”.Pese a ello, el alto tribunal sí admitió la acción de tutela para su estudio. En el documento judicial se lee: “Por reunir los requisitos legales, se dispondrá admitir la demanda de tutela formulada en el presente asunto”.En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió:1. “Admitir la demanda”.2. “Negar la solicitud de medida provisional presentada por la parte accionante”.3. “Notificar la presente decisión a la Presidencia de la República y al Ministerio de Justicia”, para que en el plazo de dos días respondan a los hechos expuestos.4. Enviar la decisión también a la parte demandante y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Con esta decisión, el Consejo de Estado abre el camino para un análisis de fondo sobre la legalidad y los efectos de la propuesta presidencial de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
La Corte Constitucional tomó una decisión que protege el derecho de todas las personas a practicar su religión sin discriminación, gracias al caso de un bombero en Popayán que llevaba más de 15 años en el oficio y que, en 2020, adoptó la religión islámica, por lo que dejó crecer su barba.Al compartir sus convicciones religiosas con las directivas del cuerpo de bomberos, el hombre fue objeto de restricciones operativas y, posteriormente, desvinculado de su cargo bajo el argumento de “convenir al buen servicio”.Ante esta situación, el bombero presentó una acción de tutela. Aunque en primera y segunda instancia la tutela fue declarada improcedente, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional revocó estas dos decisiones, pues el alto tribunal aseguró que los derechos a la libertad religiosa y de cultos, a la igualdad, al debido proceso y al derecho de petición del accionante son fundamentales para el desarrollo de cualquier persona.La Corte encontró que hubo una vulneración al derecho a la igualdad, ya que la decisión de desvincularlo se basó en un criterio discriminatorio: su religión. También se demostró que la institución no justificó la necesidad de la exclusión para proteger la vida o la seguridad, dado que existían otras labores que el bombero podía desempeñar sin necesidad de equipos de respiración autónoma que impidieran el uso de su barba.Finalmente, la Corte también concluyó que se violó el debido proceso al no permitirle al bombero ejercer su derecho de defensa antes de ser excluido, y que su derecho de petición no fue atendido de forma oportuna. Por todo esto, la Sala Séptima de Revisión ordenó el reintegro inmediato del ciudadano al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y exigió a la institución abstenerse de incurrir en futuros actos que desconozcan sus derechos.
Dos de los procesos que se encontraban en indagación preliminar contra el general en retiro de la Policía, Tito Castellanos, fueron archivados por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Las investigaciones estaban relacionadas con hechos ocurridos durante su gestión como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).Uno de los casos tiene que ver con la fuga del narcotraficante Juan Larrison Castro, alias 'Matamba', de la cárcel de máxima seguridad La Picota en Bogotá en marzo de 2022. El otro corresponde a las salidas irregulares del empresario Carlos Mattos, vinculado al escándalo de Hyundai, también desde La Picota. Estos hechos fueron revelados por Noticias Caracol.Aunque fueron archivados, en ambos expedientes la Fiscalía determinó que no existían elementos suficientes para continuar con las investigaciones. En su momento, se buscaba establecer si Castellanos pudo haber favorecido a los implicados durante su paso por el Inpec.Sin embargo, otros procesos siguen en curso en etapa de indagación preliminar. Entre ellos figuran los relacionados con presuntos vínculos con alias 'Papá Pitufo' y el 'Bendecido', así como una investigación por la supuesta financiación de tiquetes aéreos con dinero del narcotráfico.Este último expediente involucra cerca de 23 millones de pesos, que habrían sido utilizados para pagar vuelos usados por familiares del general. Según fuentes consultadas por Blu Radio, el dinero habría sido prestado por otro oficial de la Policía, pero los investigadores intentan determinar si esos fondos provienen de actividades ilícitas.Castellanos compareció ante la Fiscalía el pasado 5 de marzo, donde rindió interrogatorio y respondió a las preguntas del ente investigador.Para la época de los hechos que aún se investigan, Castellanos se desempeñaba como director de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. La Fiscalía continúa recaudando pruebas dentro de esas diligencias.El general en retiro también fue subdirector de la Policía Nacional durante el primer año del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El 2 de noviembre de 1995, Colombia fue sacudida por la noticia del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Fundador de la Universidad Sergio Arboleda y director del periódico El Nuevo Siglo, fue una figura clave en la historia política del país, siendo también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.Han pasado 30 años y su familia aún espera respuestas contundentes sobre este magnicidio. Cabe mencionar que, durante años, el caso de Gómez Hurtado estuvo marcado por la falta de claridad en cuanto a los responsables.Sin embargo, en 2017, la Fiscalía identificó el asesinato como un delito de lesa humanidad, estableciendo la imprescriptibilidad del crimen. Este hecho fue significativo, ya que dio un nuevo impulso a la búsqueda de justicia. A pesar de esto, todavía no se ha logrado una imputación formal contra los autores intelectuales o materiales del crimen.La familia de Gómez Hurtado, representada por su abogado Enrique Gómez Martínez, ha sido clara en su rechazo a la competencia de la JEP para investigar el caso. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, aseguró que esta investigación “ha sido objeto de múltiples desviaciones y el fracaso total con falsos testigos e imputaciones fue evidente"."Esta investigación ha sido objeto de múltiples desviaciones, por lo menos en cinco líneas de investigación se ha visto el fracaso total con falsos testigos, falsas imputaciones. Recordemos los muchachos adolescentes de Sincelejo, el llamado grupo de atracadores bancarios en Bogotá y después se inventaron la tesis de un grupo de asesinos de la brigada 20, el grupo cazadores. Todas esas hipótesis fueron desvirtuadas judicialmente por el Juzgado Segundo Penal especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá", explicó.Además, dijo que existen profundas inconsistencias en las declaraciones de los exmiembros de las Farc que aceptaron la autoría del homicidio, enfatizando que esta asunción no puede tomarse como prueba contundente.Rechazo a la intervención de la JEPLa familia, que ha sometido evidencias sólidas ante la Fiscalía durante 18 años, ve en la JEP una amenaza a la búsqueda de verdad. Martínez argumentó que la resolución que dice que la JEP se limitará a las aportaciones probatorias de las Farc deja fuera la información y pruebas que han aportado.“La resolución uno de 2025 de la sala de reconocimiento dice es otra cosa, dice que el JEP no va a investigar y que se va a tener exclusivamente a los aportes probatorios que hagan los miembros del secretariado de las Farc y expresamente también, como ha sucedido y lo hemos denunciado, ha excluido toda la aportación probatoria que las víctimas hemos hecho en ese foro judicial, lo cual no deja de ser sorprendente (…) Es algo inviable”, sostuvo.Este planteamiento se convierte en una cuestión crucial del debate: ¿es la JEP una instancia viable para encontrar justicia en el caso de Álvaro Gómez Hurtado?.
La Fiscalía General radicó la solicitud de legalización del principio de oportunidad para María Alejandra Benavides, en el marco del escándalo de corrupción en la UNGRD. La audiencia se llevará a cabo el próximo 22 de julio a las 12:00 p. m.El ente acusador imputó cargos contra Benavides por el presunto interés indebido en la celebración de contratos de servidor público.Economista de profesión, Benavides ha sido señalada como una figura central en el entramado de corrupción que, según las autoridades, operaba dentro de la UNGRD. Su nombre fue mencionado directamente por el exdirector de la entidad, Olmedo López, quien aseguró que ella participó en maniobras ilegales destinadas a garantizar apoyo político en el Congreso mediante la adjudicación irregular de millonarios contratos de obra pública.Según la Fiscalía, Benavides habría coordinado con el entonces ministro Bonilla la gestión de más de 92.000 millones de pesos destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Estos recursos, presuntamente, se habrían utilizado para influir en las decisiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, órgano clave en la aprobación de endeudamientos del Estado colombiano.La exfuncionaria ha manifestado su intención de colaborar con la justicia, y denunció haber recibido amenazas tras su decisión, por lo que ha solicitado medidas de protección. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones y no descarta nuevas imputaciones en los próximos días.