El caso de Alexis Gómez, un joven de 15 años del barrio San Javier El Salado, terminó en tragedia tras su desaparición el 3 de junio de 2023. Según autoridades y familiares, el adolescente salió de su casa con la intención de visitar a su novia. Semanas antes, la familia había recibido amenazas telefónicas y mensajes que advertían sobre un posible secuestro. El último contacto de Alexis con su madre, Claudia Cardona, ocurrió cerca de la medianoche del día de su desaparición. La mujer relató en entrevista con Conducta Delictiva Podcast que él respondió con voz tenue a su preocupación: "No te preocupes que yo ya enseguidita me voy para la casa". Tras perderse su rastro, se activó un operativo de búsqueda ciudadana e institucional. Las investigaciones apuntaron a un vecino del sector, identificado como alias ‘Danaker’, de más de 40 años. Testimonios de la comunidad indican, según su madre, que el hombre había ganado la confianza de varios jóvenes mediante regalos; sin embargo, en el caso de Alexis, el acoso escaló al hackeo de redes sociales y al monitoreo de llamadas.Al inspeccionar su vivienda, las autoridades hallaron, según Willington Cano, libretas con el nombre del menor repetidamente escrito, objetos relacionados con brujería y una póliza de seguro de vida en la que Alexis figuraba como beneficiario sin autorización de sus padres. Su madre recordó un episodio fuerte: "Hubo ocasión de que dijo que si no iba a ser para él, no iba a ser para nadie".Willington Cano, profesor de la escuela de fútbol de Alexis, agregó en Conducta Delictiva Podcast: "Yo lo conocí en la iglesia cristiana, pero él le hacía brujería a Alexis para poder controlarlo y mantenerlo atado a él. Tenía una frase como pidiendo que los niños llegaran a él, como unos santos, como unas cosas ahí todas raras y una frase que siempre oraba pidiendo que los niños estuvieran con él".El cuerpo de Alexis fue encontrado el 11 de junio de 2023 en una zona boscosa de Altos de Palmitas, ocho días después de su desaparición. Claudia Cardona identificó los restos mediante prendas y una pulsera:"Yo sé que ese es mi hijo… yo como mamá lo siento y ese corazón de mamá nunca engaña."El responsable fue condenado a 40 años de prisión, pero el proceso estuvo marcado por la indignación, ya que el hombre recuperó la libertad por vencimiento de términos y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los familiares de dos personas que murieron tras la activación de minas antipersonal en Putumayo y Cauca, y ordenó dejar sin efectos las sentencias que habían negado la responsabilidad del Estado en estos casos.En la sentencia, con ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo, se concluyó que los Tribunales Administrativos de Nariño y del Cauca incurrieron en defectos fácticos y desconocimiento del precedente judicial, al valorar de forma fragmentada las pruebas y apartarse de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre responsabilidad estatal por daños causados con minas antipersona.Los casos analizados corresponden a la muerte de Hernando Castillo Tobar, ocurrida en 2012 en Puerto Leguízamo (Putumayo), y de Gerson Carabalí Popo, fallecido en 2013 en Buenos Aires (Cauca).En ambos hechos, las víctimas eran civiles ajenos al conflicto armado y perdieron la vida al detonar minas instaladas en zonas con presencia activa de la Fuerza Pública.De acuerdo con la sentencia, al desconocer las pruebas se vulneraron los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las víctimas.Por esa razón, la Corte Constitucional exhortó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y al Ministerio de Defensa Nacional a fortalecer las medidas de prevención, desminado y atención integral a las víctimas, al advertir que, pese a los avances del Estado, persisten serios retos en señalización, monitoreo y educación sobre el riesgo por minas antipersonal.
Nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en una red de corrupción judicial dedicada, según la Fiscalía, a cobrar dinero a cambio de direccionar procesos de lavado de activos y frenar actuaciones clave como órdenes de captura y medidas cautelares de extinción de dominio. Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos y habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los hechos corruptos se habrían presentado en investigaciones que cursaban en la Unidad de Lavado de Activos y en la de Extinción de Dominio. Según señaló, se logró establecer que en al menos tres procesos, relacionados con hechos ocurridos entre 2014, 2015, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas dependencias habrían eliminado elementos materiales probatorios y solicitado dinero a los involucrados a cambio de evitar medidas contra bienes o impedir órdenes de captura.Entre los capturados figuran integrantes activos de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron detenidos los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.La investigación permitió establecer que los presuntos integrantes de la red, quienes cumplían funciones de policía judicial, habrían eliminado evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones y habrían constreñido a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares de alias Manicomio. Estas presiones, según el ente acusador, se habrían intensificado como retaliación ante la negativa de pagar las sumas exigidas.Por estos hechos, se les imputarán a los capturados, según su grado de participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Zulma Guzmán, principal sospechosa en el caso de envenenamiento con talio que dejó dos menores de edad fallecidos, continúa hospitalizada en el Reino Unido en un delicado estado de salud, situación que ha impedido avanzar, por ahora, en la notificación de la circular roja de Interpol y en el trámite efectivo de su extradición a Colombia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que la última certificación médica conocida por el ente acusador indica que la mujer sigue bajo un estricto protocolo de salud mental, vigente en el Reino Unido, el cual limita cualquier actuación judicial mientras permanezca internada.“Recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del Ministerio y estamos esperando la contestación del Reino Unido”, señaló Jaramillo. Añadió que, pese a las restricciones, la investigación en Colombia continúa avanzando tanto en las actividades propias de policía judicial como en las diligencias ante jueces de control de garantías.La funcionaria reiteró que la Fiscalía mantiene dos frentes activos: el fortalecimiento del perfil investigativo de la sospechosa y el desarrollo de las actuaciones judiciales necesarias para cuando se destrabe el escenario internacional. “Tenemos una situación donde nos informan que está en delicado estado de salud. Esa es la información que tenemos”, puntualizó.El proceso de extradición en el Reino Unido contempla dos escenarios una vez se verifique la condición física y mental de la requerida. El primero es que la persona acepte voluntariamente la extradición; el segundo, que se oponga a ella. En este último caso, será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega, con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende automáticamente el procedimiento y, en algunos casos, la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentra en trámite.De acuerdo con la información oficial, la orden de captura internacional fue emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería, y el pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas.Las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A este episodio se suman alertas emitidas por Interpol sobre sus desplazamientos previos en distintas ciudades, lo que, según los investigadores, incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
Al menos 25 personas lesionadas y daños materiales dejaba un sismo de magnitud 6,0 registrado la noche del sábado en Perú, en la región de Áncash al norte de Lima, informaron el domingo autoridades y medios locales.El potente terremoto se produjo a las 21H51 del sábado (02H51 GMT del domingo) a una profundidad de 52 kilómetros con epicentro en el océano Pacífico, frente a la ciudad portuaria de Chimbote, según el parte oficial.El temblor ha dejado "25 personas lesionadas, de las cuales 12 se encuentran hospitalizadas y 13 han sido dadas de alta", señaló el ministerio de Salud en un comunicado.Medios locales difundieron el domingo imágenes sobre el impacto material del movimiento. En Chimbote, una ciudad de medio millón de habitantes ubicada a unos 450 kilómetros al norte de Lima, el principal hospital sufrió daños, al igual que escuelas y casas.En los videos que circulan en redes sociales también se ven inmuebles con rajaduras y supermercados con la mercadería en el suelo. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó en redes sociales que desde el jueves 25 ha registrado varios sismos en el país, incluso uno de magnitud 4,8 el domingo a 155 kilómetros al sur de Lima.El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico también reportó que "tiene identificadas zonas críticas por peligros geológicos" en Áncash y La Libertad, otro departamento más al norte.Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste de América y este de Asia.En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Solo en Perú, ocurren anualmente al menos un centenar de movimientos telúricos perceptibles para la población. En 1970, Perú sufrió uno de los terremotos más mortíferos de los últimos 100 años, en el que fallecieron 67.000 personas en Ancash.
Los problemas digestivos suelen pasar desapercibidos hasta que aparecen síntomas claros y, en muchos casos, dolorosos. Uno de los más frecuentes es la aparición de cálculos en la vesícula biliar, una afección que afecta a miles de personas y que, según algunos especialistas, podría prevenirse con hábitos sencillos incorporados a la rutina diaria.¿Qué son los cálculos en la vesícula y por qué aparecen?Los cálculos en la vesícula, también conocidos como cálculos biliares, son depósitos sólidos que se forman en el interior de este órgano, encargado de almacenar la bilis producida por el hígado. Estas formaciones pueden ser muy pequeñas, similares a un grano de arena, o alcanzar tamaños considerables, comparables al de una pelota de golf. Su aparición suele estar relacionada con una acumulación excesiva de colesterol o bilirrubina en la bilis, así como con una evacuación ineficiente de la vesícula.Aunque muchas personas pueden tener cálculos sin presentar síntomas, en otros casos provocan dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos e inflamación, lo que puede derivar en intervenciones médicas o incluso quirúrgicas.El consejo del endocrino Antonio EscribanoEn este contexto, el endocrino Antonio Escribano compartió una recomendación que ha despertado interés en redes sociales y en el ámbito de la nutrición. El especialista sostiene que consumir una cucharada de aceite de oliva en ayunas puede contribuir a reducir el riesgo de formación de cálculos biliares.Según explica, la ingesta de grasa saludable a primera hora del día estimula el funcionamiento del sistema digestivo, especialmente del duodeno y la vesícula biliar. Esta activación favorece la liberación de bilis, evitando que se estanque y se solidifique, uno de los procesos clave en la formación de cálculos.Cómo incorporar el aceite de oliva a primera hora del díaLejos de recomendar métodos tradicionales, Escribano apuesta por formas poco habituales de consumo que faciliten su integración en la rutina matinal. Algunas de las opciones que plantea son:Añadir una cucharadita de aceite de oliva al café con leche para mejorar su mezcla.Tomarlo junto a un vaso de leche.Incorporarlo a una infusión caliente.Consumirlo solo, en pequeñas cantidades, siempre en ayunas.El endocrino insiste en que estas propuestas buscan ampliar las formas de consumo habituales y aprovechar mejor las propiedades del aceite de oliva.Precauciones y límites de esta recomendaciónAunque la idea resulta llamativa, el propio Escribano subraya que no se trata de un tratamiento médico. Esta práctica no es aconsejable para personas que ya padecen cálculos en la vesícula o enfermedades biliares diagnosticadas, ya que podría desencadenar molestias o episodios dolorosos. Además, reconoce que la evidencia científica específica sobre este hábito aún es limitada, por lo que debe entenderse como una medida preventiva y complementaria dentro de un estilo de vida saludable.El especialista también propone alternativas para otros momentos del día. Una de ellas es combinar frutos secos con una cucharadita de aceite de oliva y un toque de miel.
El Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo nocturno se ha consolidado como una tradición para miles de personas que, noche tras noche, consultan los resultados del chance con la expectativa de que la suerte esté de su lado.La constancia en sus sorteos, junto con la rápida publicación de los números ganadores, ha permitido que el Sinuano Noche mantenga una alta recordación y participación en distintas regiones del país.Resultado oficial del Sinuano Noche hoy 28 de diciembreLa organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al domingo, 28 de diciembre de 2025, una jornada seguida de cerca por los jugadores habituales del chance. El resultado oficial fue: 9508 - 6Número ganador: 9508 Tres últimas cifras: 508 Dos últimas cifras: 08 Quinta balota: 6Un juego tradicional, accesible y en constante evoluciónEl éxito del Sinuano Noche radica en la combinación entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, facilitan la participación de jugadores con distintos presupuestos, conservando su carácter popular y cercano al público.Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad relevante: la quinta balota. Esta actualización amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio, sin alterar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocen. La inclusión de esta balota permitió una adaptación sencilla tanto para apostadores habituales como para nuevos participantes.Horario y transmisión oficialEl Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita la organización de las apuestas y la consulta oportuna de los resultados.La transparencia del proceso de sorteo, sumada a la publicación constante de los números ganadores, refuerza la confianza del público en este juego nocturno de amplia trayectoria.Modalidades de apuesta del Sinuano NochePara atender a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de apuesta:Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.Una cifra (uña): acierto de la última cifra.Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite definir estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar:El tiquete original en buen estado.El documento de identidad original y una fotocopia legible.De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.
La Secretaría de Marina (Semar), a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, informó detalles del accidente ferroviario ocurrido este domingo en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, donde viajaban aproximadamente 250 personas.De acuerdo con la información oficial, el accidente dejó un saldo de 13 personas fallecidas, mientras que 98 sufrieron lesiones. De estas últimas, 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto presenta lesiones no graves. 139 personas resultaron ilesas.La Semar expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a las personas afectadas.Durante las labores de búsqueda, localización y atención, la institución desplegó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.La Secretaría de Marina reafirmó su vocación de servicio y señaló que continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y en favor de la seguridad y bienestar de la población.
La tranquilidad de San Vicente del Caguán, Caquetá, se vio alterada en mayo de 2025 tras una serie de desapariciones de mototaxistas que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades. El primer caso se registró el 7 de mayo, con la desaparición de Jaime Fierro Clavijo. Dos días después, el 9 de mayo, se reportó la ausencia de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo ocurrió un tercer caso, el de John Freddy Morales.Las investigaciones permitieron establecer un patrón. El presunto responsable, Joiner Alquiver Cabrera Mota, solicitaba servicios de transporte para ser llevado hasta su vivienda. Una vez allí, intimidaba a los conductores con armas, los amarraba y posteriormente los asesinaba para despojarlos de sus pertenencias.El 12 de mayo, Cabrera Mota fue capturado y durante la inspección a su residencia, las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto en una caneca. Posteriormente, tras la confesión del detenido, fue localizado un tercer cadáver en zona rural del municipio.En una conversación con Séptimo Día de Caracol Televisión, Linivet Fierro, hija de una de las víctimas, recordó que el día de la desaparición puso una denuncia, pero tras días, nadie sabía nada de Jaime. Simultaneamente, Fanny Morales Narváez estaba denunciando la desaparición de su esposo, otra de las víctimas: "Sobre las 4 de la mañana yo le escribí "Hola ¿cómo estás?" Y me dice "Hola ¿cómo va la familia?" Y yo dije pues raro porque si yo soy la familia de él por qué me responde así".En julio de 2025, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro. Sin embargo, un error administrativo y de comunicación entre el juzgado y el Inpec provocó que Mota quedara en libertad el 12 de agosto, mediante la expedición de una boleta de salida por el delito menor.Tres días después, el 15 de agosto, el hombre volvió a atacar. La víctima fue el mototaxista Alfredo Felantana, quien logró sobrevivir pese a la gravedad de las heridas. José Hernández, sobrino de Alfredo, dijo que: "Es un error donde estamos hablando de vidas humanas, es algo demasiado grave diría yo".Tras una intensa búsqueda, Cabrera Mota fue recapturado el 20 de agosto en Villavicencio, cuando se movilizaba en una motocicleta reportada como robada.En una entrevista realizada por Séptimo Día de Caracol Televisión, el presunto asesino confesó que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.
Varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento público en el centro poblado de Regueros, del municipio de Pitalito, sur del Huila, protagonizaron una riña donde, además, se registró una balacera hecho que dejó una persona fallecida y dos más con heridas de consideración.De acuerdo con versiones de las autoridades, las tres personas lesionadas fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial de Pitalito, donde una de las víctimas del hecho de intolerancia por la ingesta del alcohol identificado como Héctor Yaté Rodríguez, falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.“Recibimos una llamada sobre el ingreso de tres personas heridas con arma de fuego al hospital de Pitalito, donde lamentablemente uno de los lesionados identificado como Héctor Yaté, fallece en su intervención quirúrgica inmediata. Este hecho estaría relacionado con un hecho de intolerancia social agravado por la ingesta excesiva de bebidas embriagantes en esta temporada decembrina”, relató el capital Hernández.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde han recopilado videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás evidencias que les permita identificar y dar con la captura de los responsables.No obstante, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que, durante la celebración de estas fiestas de fin de año, eviten confrontaciones o situaciones de intolerancia por la ingesta del alcohol, hechos que terminan en tragedia y que afectan la seguridad de muchas más personas.
Una cadena de desapariciones registrada en mayo de 2025 encendió las alarmas en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, especialmente entre el gremio de mototaxistas. Con el paso de los días, lo que comenzó como reportes aislados terminó revelando uno de los casos criminales más graves del año, cuyo principal señalado es Joiner Alquiver Cabrera Mota.De acuerdo con las investigaciones y lo revelado por Séptimo Día, el primer caso ocurrió el 7 de mayo, cuando Jaime Fierro Clavijo desapareció tras aceptar un servicio de transporte. Dos días después, el 9 de mayo, fue reportada la desaparición de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo se perdió todo rastro de John Freddy Morales, lo que generó una creciente preocupación entre familiares y compañeros de oficio.Las autoridades establecieron que el modus operandi de Cabrera Mota consistía en solicitar servicios de transporte hasta su vivienda, donde una vez llegaban las víctimas, las intimidaba con armas, las retenía y posteriormente las asesinaba, presuntamente mediante asfixia o degollamiento.El caso dio un giro el 12 de mayo, cuando el señalado fue capturado en flagrancia, al ser encontrado en posesión del teléfono celular de una de las víctimas, hecho que inicialmente permitió su judicialización únicamente por el delito de receptación. Sin embargo, tras su captura, una inspección a su residencia reveló una escena aún más grave: dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto dentro de una caneca.Posteriormente, y gracias a la confesión del propio capturado, las autoridades lograron ubicar un tercer cadáver en una zona rural del municipio, confirmando así la magnitud del caso. En julio, un juez le impuso una segunda medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro agravado.No obstante, un fallo administrativo terminó permitiendo que Cabrera recuperara su libertad en agosto. Según se conoció, la comunicación entre el juzgado y el Inpec fue defectuosa y solo se tramitó la boleta de libertad correspondiente al delito de receptación, sin tener en cuenta la medida de aseguramiento vigente por homicidio, lo que derivó en su excarcelación.El 15 de agosto, ya en libertad, Cabrera atacó brutalmente a Alfredo Felantana, quien fue apuñalado en 27 oportunidades y abandonado a un costado de una vía. La víctima sobrevivió y logró alertar a las autoridades.El 20 de agosto fue recapturado en Villavicencio. Actualmente, Cabrera permanece bajo custodia judicial y enfrenta cargos por homicidio agravado, desaparición forzada y tentativa de homicidio.En entrevista con Séptimo Día, de Caracol Televisión, el sujeto reveló paso a paso cómo fueron los ataques. Sobre su primera víctima dijo que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.Recordó que no conocía a los hombres, que los detenía al azar y les quitaba la vida. “Era un trabajo para alguien, pero no para mí; eso sí me lo reservo. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho él? No lo sé. Son cosas que uno no pregunta”, señaló.Dijo que con las siguientes víctimas pasó lo mismo y que le suplicaban que no los matara. Uno de los momentos más tensionantes de la entrevista fue cuando el periodista enfrenta al presunto asesino sobre sus tatuajes:“¿Qué significan esas cruces en la mano? A mí me habían dicho que era una por cada persona asesinada. ¿Es así? ¿Cuántas tiene?”.A lo que el señalado responde: veintitrés cruces.El periodista insiste: “¿Y cada cruz equivale a una persona asesinada?”. La reacción de Cabrera es sorprendente: se queda callado y afirma con la cabeza, indicando que no puede hablar sobre esos crímenes.
Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el presunto responsable del homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional, Rafael Granados Rueda, ocurrido el pasado 27 de noviembre en Popayán, Cauca.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el oficial se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego por el hoy procesado, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona. Gravemente herido, el teniente coronel fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después.“El 27 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 12:23/12:25 de la tarde en la ciudad de Popayán, en momentos en que el señor Teniente Coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda (en paz descanse), se desplazaba como conductor del vehículo marca Kia Picanto de color blanco, con placa IGV-920, fue alcanzado por dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta y el parrillero de rodantes, es decir, usted señor Jean Paul Sánchez Gómez, utilizando un arma de fuego de la que carecía de permiso para su porte, le dispara al Teniente Coronel en varias oportunidades, logrando impactarlo en su humanidad”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.Las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, permitieron establecer que el presunto agresor habría esperado a la víctima en un establecimiento comercial y luego la siguió para cometer el ataque. Tras el crimen, quedó registrada la ruta de escape: descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y abordó un bus intermunicipal con destino a El Bordo, Cauca.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí, Valle del Cauca, en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma traumática, dos teléfonos celulares y una motocicleta.
La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
En pleno Día de la Madre, Colombia fue testigo de uno de los feminicidios más brutales y dolorosos de los últimos años. Erika Ponte, una joven de 26 años, madre de un menor de 8 años para entonces, trabajadora y amante de las motos, fue asesinada por su expareja, Christian Camilo Rincón, en su lugar de trabajo dentro del centro comercial Unicentro en el norte de Bogotá. Tras cometer el crimen, el hombre se suicidó.El suceso quedó registrado en videos de personas que se encontraban en el lugar, muchas de ellas aterradas por la brutalidad del ataque, se escondían bajo las sillas de una cafetería. En una entrevista con Blu Radio, Juliana Panesso Silva, presidenta y fundadora de la Red Apoyo Cicatrices Resilientes, organización que nació en memoria de Erika Aponte y que ayuda a mujeres, reveló detalles de cómo era la relación de la mujer con su feminicida, Christian Camilo Rincón.Según contó, Erika llevaba más de diez años en una relación marcada por la violencia. Conoció a Christian cuando ambos eran adolescentes y a los 17 años quedó embarazada. Con el nacimiento del hijo comenzaron los episodios de maltrato, que escalaron de manera progresiva. Aunque Erika intentó separarse en varias ocasiones, las amenazas, la dependencia económica y el miedo a que su hijo sufriera violencia vicaria la hicieron volver."Fueron varios intentos donde ella intentó terminar la relación, pero lamentablemente no es fácil salir de ahí. Ya finalmente cuando toma la decisión radical de irse por el proceso legal de denuncia, es cuando exacerba la ira de su expareja", contó.Además, mencionó que cuatro días antes del asesinato, Erika se armó de valor e inició un proceso legal para obtener una medida de protección que llegó demasiado tarde: "Cuando la medida llegó, Erika ya no estaba".Spencer López, psicólogo de la red, explicó que muchas mujeres que deciden romper con su agresor están en el momento de mayor peligro: “Cuando la víctima toma la decisión de irse, es cuando más se expone”.Menor está con los abuelos paternosErika fue despedida entre homenajes, caravanas de moteros y velatones. El hijo de la pareja quedó bajo custodia de los abuelos paternos. Frente a esto, el especialista advirtió que podría generarse una distorsión en la narrativa sobre los hechos, aumentando el riesgo de revictimización: "No sabemos en qué lugar de esa narrativa va a quedar, en este caso Erika", comentó. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, entre enero y junio de 2025 se han registrado 342 casos, un incremento del 6,5 % respecto al año anterior. “La lucha no puede quedarse en cifras. Necesitamos políticas públicas firmes, protección real para las mujeres, acompañamiento psicológico y jurídico efectivo, y sobre todo, una transformación cultural que nos permita detectar, prevenir y erradicar las violencias de género”, concluyeron.
El fundador de la plataforma de inversión OmegaPro y uno de sus directivos fueron acusados en Puerto Rico de realizar una estafa global de 650 millones de dólares en cripto inversiones y divisas, anunció este miércoles la Fiscalía Federal en la isla.Los acusados por defraudar a inversionistas son Michael Shannon Sims, de 48 años, fundador, consultor estratégico y promotor de OmegaPro; y Juan Carlos Reynoso, de 57 años, quien dirigió las operaciones de la plataforma en América Latina y partes de Estados Unidos y Puerto Rico."Operaron un esquema de fraude global a través de OmegaPro, engañando a los inversionistas con falsas promesas de ganancias extraordinarias, solo para malversar cientos de millones de los fondos de las víctimas", declaró en rueda de prensa el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.El fiscal federal reafirmó su compromiso con "el desmantelamiento de los esquemas financieros internacionales y con la recuperación de las ganancias ilícitas mediante el enjuiciamiento penal y el decomiso de bienes".Sims fundó OmegaPro en enero de 2019 y Reynoso se unió unos meses después. Según el pliego judicial, los acusados y otros operaban y promocionaban OmegaPro como un esquema de marketing multinivel (MLM) para que los inversionistas adquirieran 'paquetes de inversión'.A sus víctimas, les prometieron falsamente que generaría rendimientos del 300 % en 16 meses mediante la compraventa de divisas por parte de operadores de élite. Se instruía a los inversionistas a comprar estos paquetes de inversión utilizando moneda virtual.Sims presuntamente engañó a las víctimas al asegurar el rendimiento comercial de OmegaPro y la habilidad de los operadores contratados, y al anunciar falsamente la seguridad de invertir en OmegaPro.Por su parte, Reynoso presuntamente declaró falsa y engañosamente que OmegaPro operaba con una licencia legítima y, en otras ocasiones, que OmegaPro no estaba sujeto a las leyes de ningún país, según la Fiscalía Federal.La acusación formal alega que Sims y Reynoso organizaron ostentosos eventos promocionales, incluido uno en Dubái, proyectando su logo en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para convencer a los inversionistas de que OmegaPro era una empresa legítima que ofrecía un camino hacia la riqueza y un estilo de vida lujoso.Después de que OmegaPro anunciara que había sufrido un ataque informático, Reynoso y otros informaron a las víctimas alrededor de enero de 2023 que sus inversiones estaban seguras y que OmegaPro las estaba transfiriendo a otra plataforma llamada Broker Group.A pesar de estas declaraciones, las víctimas no pudieron retirar dinero ni de sus cuentas de OmegaPro ni de las de Broker Group, lo que les causó pérdidas millonarias.Los más de 650 millones de dólares recaudados de las víctimas supuestamente se enviaron primero a direcciones de monederos virtuales controlados por ejecutivos de OmegaPro y luego a miembros de OmegaPro y promotores de alto rango para distribuir los fondos y ocultar su origen.Sims y Reynoso están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de un cargo de conspiración para lavado de dinero. De ser declarados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años en prisión por cada cargo.
El domingo 24 de noviembre de 2024, alrededor de las 11:30 a. m., en el barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, se desató una violenta confrontación. Juan Felipe Rincón Morales, de 21 años e hijo del entonces inspector general de la Policía, general William Rincón, llegó acompañado por su escolta y una menor, según informes de 15 años, a un parque del sector. Testigos relataron que se inició una disputa con familiares de la adolescente, quienes lo acusaban de mantener conversaciones inapropiadas con ella a través de redes sociales. La discusión derivó en un forcejeo que rápidamente escaló a una agresión física.En medio del altercado se escucharon varios disparos. Según el informe de Medicina Legal, Juan Felipe recibió un impacto de bala en el tórax, además de múltiples golpes en la cabeza, espalda y extremidades. Aunque en un comienzo se señaló a Andrés Camilo Sotelo Torres, quien también resultó herido durante los hechos, la Fiscalía concluyó que el arma en su poder era inoperante, lo que generó dudas sobre la autoría del disparo que causó la muerte.La noticia causó conmoción tanto en la opinión pública como en la Policía Nacional. El general William Rincón pidió públicamente una investigación rigurosa y expresó que, si su hijo incurrió en comportamientos indebidos, debía ser juzgado sin privilegios ni encubrimientos. Paralelamente, la Fiscalía avanzó en la reconstrucción de los hechos, revisando videos, recogiendo testimonios, analizando las vainillas halladas y tratando de establecer la trayectoria del disparo.En las últimas semanas, investigadores privados contratados por la defensa de la familia Rincón, representada por los abogados Iván Cancino y Juan Felipe Criollo, han revelado hallazgos que no hacen parte de la indagación oficial de la Fiscalía. Uno de los informes técnicos sostiene que en el lugar de los hechos se encontraron seis vainillas: cinco coinciden con el arma del escolta de Juan Felipe, el patrullero Sergio Felipe Rico Rueda, pero una sexta, de marca L84, no pertenece a su dotación oficial. Este hallazgo sugiere la existencia de una segunda arma, presuntamente accionada por una persona distinta a Rico Rueda.Además, tras revisar múltiples videos grabados por testigos del hecho, se identificó que se escucharon al menos ocho disparos. El arma del escolta tenía una capacidad máxima de seis cartuchos, que coinciden con las seis vainillas encontradas en el parque. Sin embargo, no se recuperaron dos de las vainillas que corresponderían a los disparos adicionales. La defensa sostiene que esta omisión podría tener origen en la falta de una reacción inmediata para sellar el parque donde ocurrió el crimen. El ingreso de personas ajenas, antes de que se asegurara adecuadamente la escena, habría permitido la alteración o pérdida de elementos clave para la investigación.Otro elemento que cuestiona la integridad del proceso es la presentación de una camiseta con un orificio de bala, la cual fue introducida como si Juan Felipe la hubiera llevado puesta al momento del impacto. No obstante, el informe de Medicina Legal establece que la víctima no portaba camiseta cuando fue herida, lo que compromete la autenticidad de esa evidencia.También se evidencian irregularidades en el manejo de la prueba de residuos de pólvora. Aunque Sotelo fue atendido en un centro médico tras los hechos, no hay constancia de que se le haya practicado esta prueba de manera oportuna por parte del CTI. Esa omisión abrió una ventana crítica en la cadena de custodia, afectando el valor probatorio de los análisis posteriores.La defensa de la familia de la víctima ha advertido que la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía se enfoca únicamente en el delito de homicidio, sin considerar otros posibles tipos penales como tortura, uso indebido de arma no letal o manipulación de pruebas. A esto se suman las inconsistencias en la trayectoria del proyectil, aspecto técnico esencial para determinar las posiciones relativas de los involucrados durante el tiroteo.Por su parte, el patrullero Sergio Felipe Rico Rueda también es investigado penalmente por estos hechos. Su arma, una pistola SIG Sauer SP2022, fue la única funcional recuperada en el lugar.Este 9 de julio se reanuda la audiencia sobre si se acepta o no la solicitud de preclusión de la Fiscalía a favor de Andrés Camilo Sotelo. La defensa de la familia insiste en que el proceso debe continuar hasta agotar todas las líneas de investigación.Reapareció la testigo clave del casoEl 27 de enero de 2025 se activaron las alertas después de que se denunciara la desaparición de la menor que acompañó a Juan Felipe Rincón al parque del barrio Quiroga. La niña, entonces bajo protección del ICBF, se perdió tras salir de una cita médica.Blu Radio pudo confirmar que las autoridades ubicaron a la menor y la devolvieron al centro donde permanece bajo vigilancia del instituto.El 7 de abril, la Procuraduría solicitó al ICBF autorización para entrevistar a la menor S. V. B., con la presencia obligatoria de un defensor y de un funcionario del ICBF, como exige la ley para los menores de edad.“Esa actividad es de vital importancia, no sólo para garantizar la seguridad de S. V., sino para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Juan Felipe Rincón Morales (…) Por tal motivo, como agente especial del Ministerio Público, solicitó que se brinde la colaboración necesaria para que la representación de víctimas realice la diligencia lo antes posible y sin barreras administrativas”, señala la carta del procurador penal al ICBF.Sin embargo, hasta la fecha la diligencia no se ha podido llevar a cabo y la Fiscalía no ha informado a la defensa sobre nuevos actos investigativos.
¿Usted es de las personas que considera que castigar a su hijo físicamente es una corrección? Pues la Corte Suprema de Justicia realizó un importante pronunciamiento luego de estudiar un caso en el que el padre le pegó a su hija bajo el argumento de "corregirla".El alto tribunal ratificó una condena de seis años de cárcel para este hombre que golpeó a su hija. La Corte determinó que este acto constituye violencia intrafamiliar agravada y afectó la armonía familiar.Según la Corte, el deber de educar de los padres no justifica castigos corporales o morales hacia sus hijos. La decisión enfatiza que el derecho de corrección no incluye la justificación de golpes. En este caso, la niña sufrió lesiones que le causaron ocho días de incapacidad, lo que tuvo consecuencias penales.Expertos consideran este fallo un precedente importante, ya que puede convertir en procesos penales lo que antes se consideraba una práctica parental común."Esta sentencia sin duda alguna marca un hito, marca la evolución social y jurídica en la materia. Conductas que anteriormente podrían enmarcarse dentro del denominado ius corrigendi o que podrían ser consideradas adecuadas socialmente, hoy definitivamente pueden servir de sustento para una condena, por ejemplo, para violencia intrafamiliar. Definitivamente la Corte evoluciona y protege los intereses superiores de los menores", manifestó el abogado Felipe Caballero.Sin duda este caso será un ejemplo en el derecho penal cuando se vuelva a presenta situaciones similares en el país y así proteger los derechos de los menores de edad, generando un cambio en la sociedad sobre las conductas y costumbres de educación.
La defensa de la excontralora general de la República, Sandra Morelli Rico, solicitó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia declarar la nulidad de varias actuaciones procesales, alegando una grave violación al debido proceso por intervención indebida de un fiscal sin competencia para ejercer la acción penal en su contra.En un extenso escrito, el abogado Pablo Elías González Monguí expuso que las audiencias de declaratoria de contumacia, imputación y solicitud de medida de aseguramiento celebradas en septiembre de 2014 se llevaron a cabo con la intervención del fiscal de apoyo Carlos Ibán Mejía Abello, cuando el titular de la acción penal, el entonces vicefiscal general Jorge Perdomo, no compareció a las diligencias, pese a haber sido expresamente delegado para el caso.Según el documento, la figura del fiscal de apoyo, creada para asistir al fiscal titular, no tiene competencia autónoma para formular imputaciones ni solicitar medidas privativas de la libertad, funciones que solo pueden ser ejercidas por quien ostente la titularidad del caso.La defensa afirma que esta situación vulneró no solo el derecho de defensa de la exfuncionaria, sino también el principio de legalidad, afectando la legitimidad del proceso.“La actuación del fiscal de apoyo sin presencia del titular constituye una irregularidad insubsanable”, señala el abogado González, quien además argumenta que el proceso fue impulsado desde el inicio sin la debida legitimación, generando un perjuicio verificable a su defendida, tanto en el plano jurídico como en su imagen pública.La solicitud de nulidad invoca múltiples normas nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas el artículo 29 de la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.Fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia que esta es una suspensión provisional hasta tanto se resuelva la petición de Morelli.
Según el exministro de Justicia, después de haber radicado su denuncia el pasado 27 de mayo en La Haya, fue notificado de una decisión de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que redujo significativamente su esquema de seguridad, a pesar de las múltiples amenazas y ataques documentados en su contra.Entre los hechos más graves mencionados por el exminjusticia Wilson Ruiz se encuentra, un intento de atentado en noviembre de 2022 en Cali, frustrado por su esquema de seguridad.Además, habla de un ataque armado en enero de 2023 contra su hijo, en el que el vehículo recibió seis disparos.A esto se suma, según el comunicado, el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio del presente año, quien había elevado más de 20 solicitudes a la UNP para reforzar su protección sin recibir respuesta.“Al respecto, vale relacionar los hechos ocurridos en la ciudad de Medellín, en el lugar conocido con el nombre de la Plaza de la Alpujarra, donde el jefe de Estado, se dirigió a varios ciudadanos de su misma línea de Gobierno y a su vez lo hizo en compañía y compartió tarima con poderosos exmiembros de estructuras criminales que operaban en el Valle de Aburrá, una región en Colombia muy afectadas por estas bandas delincuenciales”, señala la ampliación del exministro.