El caso de Alexis Gómez, un joven de 15 años del barrio San Javier El Salado, terminó en tragedia tras su desaparición el 3 de junio de 2023. Según autoridades y familiares, el adolescente salió de su casa con la intención de visitar a su novia. Semanas antes, la familia había recibido amenazas telefónicas y mensajes que advertían sobre un posible secuestro. El último contacto de Alexis con su madre, Claudia Cardona, ocurrió cerca de la medianoche del día de su desaparición. La mujer relató en entrevista con Conducta Delictiva Podcast que él respondió con voz tenue a su preocupación: "No te preocupes que yo ya enseguidita me voy para la casa". Tras perderse su rastro, se activó un operativo de búsqueda ciudadana e institucional. Las investigaciones apuntaron a un vecino del sector, identificado como alias ‘Danaker’, de más de 40 años. Testimonios de la comunidad indican, según su madre, que el hombre había ganado la confianza de varios jóvenes mediante regalos; sin embargo, en el caso de Alexis, el acoso escaló al hackeo de redes sociales y al monitoreo de llamadas.Al inspeccionar su vivienda, las autoridades hallaron, según Willington Cano, libretas con el nombre del menor repetidamente escrito, objetos relacionados con brujería y una póliza de seguro de vida en la que Alexis figuraba como beneficiario sin autorización de sus padres. Su madre recordó un episodio fuerte: "Hubo ocasión de que dijo que si no iba a ser para él, no iba a ser para nadie".Willington Cano, profesor de la escuela de fútbol de Alexis, agregó en Conducta Delictiva Podcast: "Yo lo conocí en la iglesia cristiana, pero él le hacía brujería a Alexis para poder controlarlo y mantenerlo atado a él. Tenía una frase como pidiendo que los niños llegaran a él, como unos santos, como unas cosas ahí todas raras y una frase que siempre oraba pidiendo que los niños estuvieran con él".El cuerpo de Alexis fue encontrado el 11 de junio de 2023 en una zona boscosa de Altos de Palmitas, ocho días después de su desaparición. Claudia Cardona identificó los restos mediante prendas y una pulsera:"Yo sé que ese es mi hijo… yo como mamá lo siento y ese corazón de mamá nunca engaña."El responsable fue condenado a 40 años de prisión, pero el proceso estuvo marcado por la indignación, ya que el hombre recuperó la libertad por vencimiento de términos y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los familiares de dos personas que murieron tras la activación de minas antipersonal en Putumayo y Cauca, y ordenó dejar sin efectos las sentencias que habían negado la responsabilidad del Estado en estos casos.En la sentencia, con ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo, se concluyó que los Tribunales Administrativos de Nariño y del Cauca incurrieron en defectos fácticos y desconocimiento del precedente judicial, al valorar de forma fragmentada las pruebas y apartarse de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre responsabilidad estatal por daños causados con minas antipersona.Los casos analizados corresponden a la muerte de Hernando Castillo Tobar, ocurrida en 2012 en Puerto Leguízamo (Putumayo), y de Gerson Carabalí Popo, fallecido en 2013 en Buenos Aires (Cauca).En ambos hechos, las víctimas eran civiles ajenos al conflicto armado y perdieron la vida al detonar minas instaladas en zonas con presencia activa de la Fuerza Pública.De acuerdo con la sentencia, al desconocer las pruebas se vulneraron los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las víctimas.Por esa razón, la Corte Constitucional exhortó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y al Ministerio de Defensa Nacional a fortalecer las medidas de prevención, desminado y atención integral a las víctimas, al advertir que, pese a los avances del Estado, persisten serios retos en señalización, monitoreo y educación sobre el riesgo por minas antipersonal.
Nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en una red de corrupción judicial dedicada, según la Fiscalía, a cobrar dinero a cambio de direccionar procesos de lavado de activos y frenar actuaciones clave como órdenes de captura y medidas cautelares de extinción de dominio. Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos y habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los hechos corruptos se habrían presentado en investigaciones que cursaban en la Unidad de Lavado de Activos y en la de Extinción de Dominio. Según señaló, se logró establecer que en al menos tres procesos, relacionados con hechos ocurridos entre 2014, 2015, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas dependencias habrían eliminado elementos materiales probatorios y solicitado dinero a los involucrados a cambio de evitar medidas contra bienes o impedir órdenes de captura.Entre los capturados figuran integrantes activos de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron detenidos los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.La investigación permitió establecer que los presuntos integrantes de la red, quienes cumplían funciones de policía judicial, habrían eliminado evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones y habrían constreñido a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares de alias Manicomio. Estas presiones, según el ente acusador, se habrían intensificado como retaliación ante la negativa de pagar las sumas exigidas.Por estos hechos, se les imputarán a los capturados, según su grado de participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Zulma Guzmán, principal sospechosa en el caso de envenenamiento con talio que dejó dos menores de edad fallecidos, continúa hospitalizada en el Reino Unido en un delicado estado de salud, situación que ha impedido avanzar, por ahora, en la notificación de la circular roja de Interpol y en el trámite efectivo de su extradición a Colombia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que la última certificación médica conocida por el ente acusador indica que la mujer sigue bajo un estricto protocolo de salud mental, vigente en el Reino Unido, el cual limita cualquier actuación judicial mientras permanezca internada.“Recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del Ministerio y estamos esperando la contestación del Reino Unido”, señaló Jaramillo. Añadió que, pese a las restricciones, la investigación en Colombia continúa avanzando tanto en las actividades propias de policía judicial como en las diligencias ante jueces de control de garantías.La funcionaria reiteró que la Fiscalía mantiene dos frentes activos: el fortalecimiento del perfil investigativo de la sospechosa y el desarrollo de las actuaciones judiciales necesarias para cuando se destrabe el escenario internacional. “Tenemos una situación donde nos informan que está en delicado estado de salud. Esa es la información que tenemos”, puntualizó.El proceso de extradición en el Reino Unido contempla dos escenarios una vez se verifique la condición física y mental de la requerida. El primero es que la persona acepte voluntariamente la extradición; el segundo, que se oponga a ella. En este último caso, será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega, con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende automáticamente el procedimiento y, en algunos casos, la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentra en trámite.De acuerdo con la información oficial, la orden de captura internacional fue emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería, y el pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas.Las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A este episodio se suman alertas emitidas por Interpol sobre sus desplazamientos previos en distintas ciudades, lo que, según los investigadores, incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.
En Santander, las autoridades se encuentran en alerta debido al aumento de lesionados con pólvora, hasta la fecha ya son 10 los menores de 18 años y 22 los adultos reportados.“A toda la comunidad santandereana, para que evitemos la manipulación de la pólvora y en especial a los padres de familia para que los menores de edad no manipulen la pólvora, la mitad de los lesionados en Colombia están asociados a menores de edad”, afirmo Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.De acuerdo con el sistema de vigilancia en salud pública, entre las personas quemadas hay un menor de edad que se encontraba en compañía de un adulto en estado de embriaguez.Entre los municipios donde se han registrado quemados están: Mogotes, Sabana de Torres y Floridablanca. Frente a las cifras, Orlando Quintero, subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS) invitó al no uso de juegos pirotécnicos, “la pólvora no es un juego, la mejor decisión es no manipularla”.Las autoridades hacen un llamado a tener cuidado con el uso de voladores en especial, con los totes, lo que llamamos quintos, ya que cualquier manipulación indebida de pólvora puede presentar alguna alteración.Cabe destacar, que las sanciones por la manipulación de la pólvora son de hasta 32 salarios mínimos diarios vigentes, alrededor de un millón quinientos mil pesos.Según la información reportada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la capital santandereana no se registraron quemados por manipulación de pólvora el 24 de diciembre.
Desarticulan en corregimiento San Antonio de Prado de Medellín una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión. Tras siete meses de investigación, nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en amenazas y cobros ilegales que afectan a comerciantes y trabajadores del sectorUn operativo del Gaula de la Policía Nacional permitió desarticular una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión que operaba en el corregimiento de San Antonio de Prado y otros sectores del suroccidente de Medellín. La acción fue el resultado de una investigación que se extendió durante siete meses y que permitió identificar la estructura y el modo de operación del grupo conocido como ‘El Limonar’.Durante el procedimiento fueron capturadas nueve personas, señaladas de integrar este grupo delincuencial organizado. Entre los detenidos se encuentran dos presuntos coordinadores, conocidos con los alias de 'Orejas' y 'Camilo', quienes, según el material probatorio recopilado por las autoridades, serían los encargados de dirigir las actividades criminales de la organización.Las extorsiones y presiones ejercidas por el grupo se convirtieron en un problema recurrente para quienes desarrollan actividades económicas en la zona, lo que motivó el fortalecimiento de las labores investigativas por parte del Gaula. Las autoridades lograron recolectar información clave que permitió ubicar a los presuntos responsables y ejecutar las capturas de manera simultánea, como lo destacó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.“Son requeridas por los delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de sustancias. Este grupo de delincuencia común organizada estaría alineado a un grupo de delincuencia organizada denominado Los Trian y venían afectando a comerciantes, residentes, parqueados y trabajadores”, dijo el general Castaño.Durante el operativo también fueron incautados cinco teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial. Estos dispositivos serán sometidos a análisis técnico con el fin de obtener información que refuerce el proceso investigativo y la judicialización de los capturados.Por lo pronto, los nueve detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las audiencias de control de garantías se definirá su situación jurídica, mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con los hechos que se les atribuyen.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado de la República, Lidio García, se pronunció de manera contundente sobre la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. García advirtió que el Congreso iniciará un riguroso control político a esta medida, la cual considera innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos,.Control político a la emergencia económicaEl presidente del Legislativo informó que, aunque las sesiones extraordinarias estaban inicialmente programadas para debatir los ascensos de militares y policías, la agenda se extendió debido a la polémica que rodea el decreto de emergencia económica. "Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.García explicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar este informe, a pesar de que el gobierno cuenta con un plazo de hasta 40 días para presentarlo formalmente. Según el senador, el debate es urgente porque existe la sospecha de que el Ejecutivo busca implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo. "El país tiene que saber todo lo que está pasando", enfatizó el presidente del Senado."No más impuestos" y la baja ejecución presupuestalUno de los puntos más críticos de la intervención de Lidio García fue su rechazo a la posibilidad de que la emergencia económica derive en nuevos gravámenes. "Este país no aguanta un impuesto más", sentenció, argumentando que una emergencia de este tipo suele traer consigo nuevas cargas fiscales.Además, el senador cuestionó la justificación de la medida al señalar que el gobierno actual cuenta con una cantidad significativa de recursos sin ejecutar. Para García, resulta "inconcebible" que se hable de una emergencia económica cuando hay "tanta plata sin ejecutar" en las arcas del Estado, sugiriendo que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.Asamblea ConstituyenteGarcía no dudó en calificar estas movidas del Ejecutivo como una "jugada política" de cara a los próximos ciclos electorales. Según su visión, tanto la emergencia económica como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente son herramientas para mantener la presencia del gobierno en las calles durante el debate electoral para el Congreso y la Presidencia.Escuche aquí la entrevista:
El almirante Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares, luego del nombramiento del general Hugo López como nuevo comandante. A su salida, el almirante destacó el sacrificio, la vocación de servicio y la unidad operacional de soldados, marinos y aviadores que integran la institución a lo largo y ancho del país.Cubides aseguró que su paso por el comando general estuvo marcado por el orgullo de liderar a hombres y mujeres que, incluso en los rincones más apartados del país, custodian la soberanía y velan por la seguridad de los colombianos. “Fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, afirmó el oficial, al tiempo que agradeció el esfuerzo incansable del personal militar y el respaldo de sus familias.El almirante resaltó que los resultados operacionales alcanzados durante su gestión no obedecen al liderazgo de una sola persona, sino al trabajo conjunto y a la valentía de toda la Fuerza Pública. “Los colombianos reconocen su entrega, su coraje, su compromiso y su disciplina”, señaló, subrayando que ese sacrificio constituye la columna vertebral de la institucionalidad del país.Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la importancia de la conjuntez como pilar estratégico. Cubides agradeció de manera especial a los generales y almirantes de la cúpula militar saliente por haber creído en el trabajo articulado entre las fuerzas. Según indicó, esa unidad de criterio y de acción permitió enfrentar con éxito los desafíos más complejos que amenazan la estabilidad de Colombia.En su despedida, el oficial naval extendió un mensaje directo a la nueva cúpula militar que asume el mando, a la que deseó éxito y sabiduría en la conducción de la institución. “Queda en sus manos el tesoro más grande de Colombia: sus soldados, marinos y aviadores”, expresó, al tiempo que los instó a preservar el legado de honor y disciplina.“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares que a partir de ahora serán lideradas por el señor general Hugo López, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.Cubides también hizo un llamado a todo el personal de las Fuerzas Militares para continuar trabajando por la paz, manteniendo la mística, la convicción y el compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones y el pueblo colombiano. “Sigan siendo los guardianes de la soberanía nacional”, enfatizó.Finalmente, el almirante se despidió asegurando que, aunque deja el cargo, el servicio a la nación no termina. “El compromiso con Colombia jamás acaba”, concluyó, cerrando su gestión con un mensaje de gratitud, admiración y reconocimiento hacia quienes continúan portando el uniforme de la Patria.
El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que a partir de 2026 se hará efectivo el pago de una remuneración mensual a los estudiantes de medicina que cursan su año de internado obligatorio. De acuerdo con la entidad, los recursos permitirán cubrir un salario mínimo mensual y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud para más de 8.000 internos en todo el país.Según el comunicado oficial, para la vigencia 2026 se destinarán más de 200.000 millones de pesos, los cuales serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios. El Ministerio explicó que esta medida se enmarca en lo dispuesto por la reforma laboral, que modificó normas laborales y estableció el reconocimiento económico para los internos de medicina durante su práctica clínica obligatoria.Este anuncio se conoce en medio de las movilizaciones convocadas por estudiantes de medicina, quienes anunciaron un plantón en 17 ciudades del país este lunes 29 de diciembre. Los organizadores de la protesta han señalado que, aunque la reforma laboral contempla el pago a los internos, aún persiste la preocupación por la asignación presupuestal necesaria para garantizar estos recursos durante 2026.Recordemos que Andrés Salcedo, médico y promotor de las movilizaciones, indicó que la manifestación busca llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad de asegurar de manera efectiva los recursos que permitan cumplir con lo establecido en la ley y evitar retrasos en los pagos a los estudiantes que realizan su internado médico obligatorio.
La tranquilidad de San Vicente del Caguán, Caquetá, se vio alterada en mayo de 2025 tras una serie de desapariciones de mototaxistas que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades. El primer caso se registró el 7 de mayo, con la desaparición de Jaime Fierro Clavijo. Dos días después, el 9 de mayo, se reportó la ausencia de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo ocurrió un tercer caso, el de John Freddy Morales.Las investigaciones permitieron establecer un patrón. El presunto responsable, Joiner Alquiver Cabrera Mota, solicitaba servicios de transporte para ser llevado hasta su vivienda. Una vez allí, intimidaba a los conductores con armas, los amarraba y posteriormente los asesinaba para despojarlos de sus pertenencias.El 12 de mayo, Cabrera Mota fue capturado y durante la inspección a su residencia, las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto en una caneca. Posteriormente, tras la confesión del detenido, fue localizado un tercer cadáver en zona rural del municipio.En una conversación con Séptimo Día de Caracol Televisión, Linivet Fierro, hija de una de las víctimas, recordó que el día de la desaparición puso una denuncia, pero tras días, nadie sabía nada de Jaime. Simultaneamente, Fanny Morales Narváez estaba denunciando la desaparición de su esposo, otra de las víctimas: "Sobre las 4 de la mañana yo le escribí "Hola ¿cómo estás?" Y me dice "Hola ¿cómo va la familia?" Y yo dije pues raro porque si yo soy la familia de él por qué me responde así".En julio de 2025, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro. Sin embargo, un error administrativo y de comunicación entre el juzgado y el Inpec provocó que Mota quedara en libertad el 12 de agosto, mediante la expedición de una boleta de salida por el delito menor.Tres días después, el 15 de agosto, el hombre volvió a atacar. La víctima fue el mototaxista Alfredo Felantana, quien logró sobrevivir pese a la gravedad de las heridas. José Hernández, sobrino de Alfredo, dijo que: "Es un error donde estamos hablando de vidas humanas, es algo demasiado grave diría yo".Tras una intensa búsqueda, Cabrera Mota fue recapturado el 20 de agosto en Villavicencio, cuando se movilizaba en una motocicleta reportada como robada.En una entrevista realizada por Séptimo Día de Caracol Televisión, el presunto asesino confesó que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.
Varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento público en el centro poblado de Regueros, del municipio de Pitalito, sur del Huila, protagonizaron una riña donde, además, se registró una balacera hecho que dejó una persona fallecida y dos más con heridas de consideración.De acuerdo con versiones de las autoridades, las tres personas lesionadas fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial de Pitalito, donde una de las víctimas del hecho de intolerancia por la ingesta del alcohol identificado como Héctor Yaté Rodríguez, falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.“Recibimos una llamada sobre el ingreso de tres personas heridas con arma de fuego al hospital de Pitalito, donde lamentablemente uno de los lesionados identificado como Héctor Yaté, fallece en su intervención quirúrgica inmediata. Este hecho estaría relacionado con un hecho de intolerancia social agravado por la ingesta excesiva de bebidas embriagantes en esta temporada decembrina”, relató el capital Hernández.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde han recopilado videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás evidencias que les permita identificar y dar con la captura de los responsables.No obstante, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que, durante la celebración de estas fiestas de fin de año, eviten confrontaciones o situaciones de intolerancia por la ingesta del alcohol, hechos que terminan en tragedia y que afectan la seguridad de muchas más personas.
Una cadena de desapariciones registrada en mayo de 2025 encendió las alarmas en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, especialmente entre el gremio de mototaxistas. Con el paso de los días, lo que comenzó como reportes aislados terminó revelando uno de los casos criminales más graves del año, cuyo principal señalado es Joiner Alquiver Cabrera Mota.De acuerdo con las investigaciones y lo revelado por Séptimo Día, el primer caso ocurrió el 7 de mayo, cuando Jaime Fierro Clavijo desapareció tras aceptar un servicio de transporte. Dos días después, el 9 de mayo, fue reportada la desaparición de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo se perdió todo rastro de John Freddy Morales, lo que generó una creciente preocupación entre familiares y compañeros de oficio.Las autoridades establecieron que el modus operandi de Cabrera Mota consistía en solicitar servicios de transporte hasta su vivienda, donde una vez llegaban las víctimas, las intimidaba con armas, las retenía y posteriormente las asesinaba, presuntamente mediante asfixia o degollamiento.El caso dio un giro el 12 de mayo, cuando el señalado fue capturado en flagrancia, al ser encontrado en posesión del teléfono celular de una de las víctimas, hecho que inicialmente permitió su judicialización únicamente por el delito de receptación. Sin embargo, tras su captura, una inspección a su residencia reveló una escena aún más grave: dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto dentro de una caneca.Posteriormente, y gracias a la confesión del propio capturado, las autoridades lograron ubicar un tercer cadáver en una zona rural del municipio, confirmando así la magnitud del caso. En julio, un juez le impuso una segunda medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro agravado.No obstante, un fallo administrativo terminó permitiendo que Cabrera recuperara su libertad en agosto. Según se conoció, la comunicación entre el juzgado y el Inpec fue defectuosa y solo se tramitó la boleta de libertad correspondiente al delito de receptación, sin tener en cuenta la medida de aseguramiento vigente por homicidio, lo que derivó en su excarcelación.El 15 de agosto, ya en libertad, Cabrera atacó brutalmente a Alfredo Felantana, quien fue apuñalado en 27 oportunidades y abandonado a un costado de una vía. La víctima sobrevivió y logró alertar a las autoridades.El 20 de agosto fue recapturado en Villavicencio. Actualmente, Cabrera permanece bajo custodia judicial y enfrenta cargos por homicidio agravado, desaparición forzada y tentativa de homicidio.En entrevista con Séptimo Día, de Caracol Televisión, el sujeto reveló paso a paso cómo fueron los ataques. Sobre su primera víctima dijo que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.Recordó que no conocía a los hombres, que los detenía al azar y les quitaba la vida. “Era un trabajo para alguien, pero no para mí; eso sí me lo reservo. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho él? No lo sé. Son cosas que uno no pregunta”, señaló.Dijo que con las siguientes víctimas pasó lo mismo y que le suplicaban que no los matara. Uno de los momentos más tensionantes de la entrevista fue cuando el periodista enfrenta al presunto asesino sobre sus tatuajes:“¿Qué significan esas cruces en la mano? A mí me habían dicho que era una por cada persona asesinada. ¿Es así? ¿Cuántas tiene?”.A lo que el señalado responde: veintitrés cruces.El periodista insiste: “¿Y cada cruz equivale a una persona asesinada?”. La reacción de Cabrera es sorprendente: se queda callado y afirma con la cabeza, indicando que no puede hablar sobre esos crímenes.
Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el presunto responsable del homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional, Rafael Granados Rueda, ocurrido el pasado 27 de noviembre en Popayán, Cauca.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el oficial se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego por el hoy procesado, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona. Gravemente herido, el teniente coronel fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después.“El 27 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 12:23/12:25 de la tarde en la ciudad de Popayán, en momentos en que el señor Teniente Coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda (en paz descanse), se desplazaba como conductor del vehículo marca Kia Picanto de color blanco, con placa IGV-920, fue alcanzado por dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta y el parrillero de rodantes, es decir, usted señor Jean Paul Sánchez Gómez, utilizando un arma de fuego de la que carecía de permiso para su porte, le dispara al Teniente Coronel en varias oportunidades, logrando impactarlo en su humanidad”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.Las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, permitieron establecer que el presunto agresor habría esperado a la víctima en un establecimiento comercial y luego la siguió para cometer el ataque. Tras el crimen, quedó registrada la ruta de escape: descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y abordó un bus intermunicipal con destino a El Bordo, Cauca.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí, Valle del Cauca, en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma traumática, dos teléfonos celulares y una motocicleta.
La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
La defensa de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar le solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que evalúe si el fiscal Daniel Hernández debe continuar en el proceso judicial que ya se encuentra en etapa de juicio, teniendo en cuenta que él también está siendo investigado por la misma Fiscalía.Según la carta enviada, el fiscal Hernández fue imputado por los delitos de prevaricato y concusión. Para los defensores, su permanencia en el caso afectaría la “credibilidad, neutralidad y legitimidad institucional del ejercicio de la acción penal”.“El Estado tiene el deber de asegurar que quienes representan el poder punitivo se encuentren libres de todo reproche ético o jurídico que pueda comprometer la integridad y legalidad de sus actuaciones. En este caso, el conflicto es evidente: quien está siendo procesado por hechos lesivos al interés público no puede, a su vez, sostener válidamente una acusación penal en nombre de ese mismo interés”, se lee en el documento.Además, se remitió una segunda carta al procurador general, Gregorio Eljach, en la que se solicita tener en cuenta los alegatos finales del procurador penal Bladimir Cuadro en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, como antecedente en este otro proceso, relacionado con los mismos hechos.“En consecuencia, solicitamos respetuosamente que, en el proceso que se surte en nuestra contra, se mantenga la línea jurídica previamente asumida por el delegado del Ministerio Público en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, quien en sus alegatos finales solicitó la absolución del procesado. Dicha solicitud no solo se encuentra debidamente sustentada y en armonía con el estado actual del proceso, sino que además responde al ejercicio de valoración probatoria realizado por el Ministerio Público, el cual fue guiado por criterios racionales, que son los únicos que deben orientar el análisis, máxime en procesos con tendencia a la parcialidad por cuestiones políticas”, señala la misiva.
Tras la votación que se efectuó el pasado 14 de mayo en el Senado, donde se hundió la consulta popular, a la Corte Suprema de Justicia llegó una demanda contra Efraín Cepeda, donde lo señalan de presunta manipulación de esa votación.En ese sentido, la Sala de Instrucción de la Corte, concretamente el despacho del presidente César Reyes, dispuso la apertura de una indagación al Senador.Allí, la Corte ordenó la práctica de varias pruebas, la escucha de varios testimonios y llamará al presidente del Senado para que rinda versión libre dentro del proceso.La polémicaToda una polémica se generó en el Congreso después de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, puso en el orden del día la apelación de la reforma laboral antes de la votación de la consulta popular.Desde la oposición aseguraron que esta decisión, Cepeda, la habría tomado como una “jugadita” para no votar la consulta popular.Petro oficializa la derogatoria del "decretazo" de consulta popularEl Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó la derogatoria del "decretazo" con el que inicialmente se había convocado a una consulta popular. La nueva decisión quedó registrada en el Diario Oficial con la publicación del Decreto 0703 de 2025, firmado por el jefe de Estado.Con esta medida, el Ejecutivo deja sin efectos el Decreto 639 del 11 de junio, que citaba a los colombianos a las urnas el próximo 7 de agosto para pronunciarse sobre 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral. Según el nuevo decreto, la convocatoria ya no es necesaria porque el Congreso culminó el trámite del proyecto de ley y aprobó la conciliación del texto el pasado 20 de junio.El Gobierno sostiene que el documento que será sancionado este martes por el presidente Gustavo Petro recoge “ampliamente” el contenido material de las preguntas que se planeaban someter al voto ciudadano.El decreto lleva la firma del presidente Gustavo Petro y de todos los ministros, con excepción de dos que fueron reemplazados por encargados: el ministro Mauricio Cabrera Leal en representación del Ministerio de Ambiente y Kevin Fernando Henao Martínez por el Ministerio de Ciencia.
La Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de una fosa común con ocho cuerpos en una zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Las víctimas eran líderes religiosos y sociales provenientes, en su mayoría, del departamento de Arauca, y fueron ejecutadas por integrantes del Frente Primero de las disidencias de las FARC.La revelación más impactante llegó por voz del fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, quien en entrevista con Mañanas Blu aseguró que los asesinados “fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados por presuntos vínculos con el ELN, acusación sin sustento alguno según la investigación en curso”.“Esta situación aparentemente se da por el origen de algunos de ellos; son de origen araucano, y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento”, explicó el fiscal González.Las víctimas: líderes comunitarios y religiososLos ocho asesinados, identificados por sus familiares, respondían a los nombres de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.Según detalló la Fiscalía, la mayoría eran campesinos, líderes sociales y un pastor evangélico, quienes estaban organizando iniciativas comunitarias, principalmente en torno a actividades agrícolas y religiosas. Aunque no pertenecían a ninguna organización política, eran figuras de cohesión comunitaria.“Eran familias campesinas que buscaban dónde hacer una nueva vida”, afirmó González, al tiempo que destacó el papel del pastor asesinado: “Predicaba en espacios comunitarios, no en una gran iglesia, pero tenía un liderazgo fuerte entre los suyos”.¿Quién ordenó el la masacre en Calamar, Guaviare?Los hechos se remontan a principios de abril de 2025, cuando dos de las víctimas fueron citadas por miembros del Frente Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC), disidencia liderada por alias ‘Iván Mordisco’, en la vereda Agua Bonita Media. Tres días después, se convocó a los otros seis. La excusa fue una supuesta verificación de información sobre su vínculo con el ELN.Las víctimas fueron interrogadas, ejecutadas con armas de fuego y enterradas en una fosa clandestina. La investigación avanzó tras la captura de un integrante de la estructura criminal, en cuyo teléfono se hallaron imágenes de las víctimas con vida y posteriormente muertas.“Al hacer la extracción de información del celular de esta persona, encontramos secuencias fotográficas que permitieron corroborar los hechos y ubicar la fosa”, explicó González. La Fiscalía sostiene que la ejecución fue ordenada por la cadena de mando del frente primero, lo cual implica al entorno cercano de alias ‘Iván Mordisco’, aunque su participación directa no ha sido confirmada formalmente.Falta de acción institucional: ¿una omisión evitable?En la entrevista, el fiscal González reconoció falencias institucionales que pudieron haber evitado la tragedia.“Desafortunadamente, siempre hay una falla. Estas situaciones no deberían ocurrir. Vivimos en unos niveles de violencia que nos exigen mayor responsabilidad como Estado frente a la protección de nuestros ciudadanos”, lamentó.El municipio de Calamar, donde ocurrieron los hechos, es considerado uno de los más afectados por la violencia armada en el sur de Colombia. Las disidencias de las FARC ejercen control territorial en vastas zonas, realizando vigilancia extrema sobre el flujo de personas y estableciendo sus propias reglas de seguridad interna.Un patrón de terror: citación, secuestro y ejecuciónLas autoridades han identificado un modus operandi claro en esta masacre, que podría replicarse en otras zonas del país bajo influencia de las disidencias. Se trata de una política de “limpieza” basada en la desconfianza hacia personas foráneas, en especial si provienen de regiones como Arauca, donde el ELN tiene fuerte presencia.“Ellos manejan un control estricto del territorio y, cuando perciben una posible infiltración, ejecutan acciones preventivas bajo su lógica criminal”, afirmó el fiscal. Actualmente, las autoridades trabajan en el desmantelamiento de esta subestructura, al tiempo que avanzan los procedimientos de exhumación e identificación plena de los cuerpos para su entrega a los familiares.
Un juez envió a la cárcel a Huberth Leonardo Suárez Cárdenas, patrullero de la Policía, que estaría involucrado en la planeación del secuestro.De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Huberth Leonardo Suárez Cárdenas, planeó y dio la orden de secuestrar a tres integrantes de una familia y, así mismo, ordenó el hurto a una empresa de giros ubicada en el departamento del Huila, de propiedad de las víctimas.Y es que fue el pasado 10 de marzo de 2024 que Suárez Cárdenas le habría dado las indicaciones otro hombre para que se acercara hasta la vivienda de las víctimas, quienes fueron retenidas y amordazadas con el fin de hurtarles las llaves del local comercial, joyas y otros objetos de valor.Una vez con las llaves en su poder, ese hombre se comunicó a través de video llamadas con el patrullero quien, al parecer, le dio la orden de ingresar a la empresa de giros y apoderarse de la caja fuerte, que supuestamente contenía 500 millones de pesos.Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército, hicieron efectiva la orden de captura contra el patrullero en Sibaté, Cundinamarca. Una fiscal Gaula de la Seccional Huila le formuló imputación por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y tentativa de hurto calificado, todas las conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados por el patrullero.
El 22 de febrero de 2025 fueron capturados en inmediaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá los agentes del CTI Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López, por presuntamente alterar informes de Policía Judicial en el expediente contra el excoordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, alias ‘Pacho Malo’, vinculado con redes de corrupción y narcotráfico.Blu Radio conoció en primicia el escrito de acusación que será leído el próximo 22 de agosto por los delitos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, amenazas a testigos y favorecimiento.El documento al que tuvo acceso Blu Radio señala que desde marzo de 2021 los funcionarios de la Fiscalía “conocieron desde un primer momento las presuntas andanzas criminales (al parecer actos de narcotráfico) de Francisco Javier Martínez Ardila, no obstante, contrario a su función y sin reparo alguno, buscaron la manera de encubrir las pesquisas que involucraban a este”.El inicio de la investigaciónEn enero de 2021, los investigadores del CTI Pablo Andrés Bolaños, Fabio González y Mario Fernando Herrera, junto con el fiscal Jaime Hernán Ocampo, abrieron una noticia criminal para indagar sobre organizaciones delictivas en Risaralda, Caldas, Cauca y Valle del Cauca. Como parte de esta investigación, se autorizó la figura de agentes encubiertos, entre ellos Julio César Toro Morales y Yeison Andrés Garzón Holguín, quienes ya habían sido investigados por tráfico de estupefacientes, pero colaboraban con la Fiscalía.El 25 de marzo de 2021, durante una operación en Santander de Quilichao, Toro Morales entregó a los investigadores información clave sobre alias ‘Pacho Malo’. Según su testimonio, Martínez Ardila (Pacho Malo) estaba involucrado en narcotráfico. Esa misma noche, Fabio González y Mario Herrera elaboraron un informe con pruebas fotográficas, números telefónicos y un organigrama que vinculaba a ‘Pacho Malo’ con estructuras criminales. Sin embargo, el documento nunca llegó a la carpeta de la investigación, aunque el fiscal Ocampo tuvo conocimiento de su existencia.La muerte de Mario Herrera y la reacción de la FiscalíaEl 26 de marzo de 2021, en una misión en Corinto, Cauca, el agente del CTI Mario Herrera fue interceptado en un retén guerrillero mientras se trasladaba con sus compañeros. Fabio González y Pablo Bolaños lograron escapar, pero Herrera fue secuestrado. Dos días después, su cuerpo apareció abandonado en una carretera.El caso por su secuestro y homicidio quedó en manos de la Fiscalía Cuarta Especializada en Popayán. Mientras tanto, el 28 de marzo, los investigadores sobrevivientes informaron sobre ‘Pacho Malo’ a la entonces vicefiscal Martha Mancera, en una reunión en Cali. Según testimonios de los investigadores, Mancera se habría molestado al conocer estos hallazgos.La aparición del anónimo y la intervención de Forero y López LinaresEl 30 de marzo de 2021, mientras se realizaban las exequias de Mario Herrera, la Fiscalía recibió un anónimo en el que se acusaba a los investigadores Bolaños y González de presuntas irregularidades, junto con el fiscal Ocampo. Ese mismo día, los investigadores Juan Camilo López Linares y Víctor Alfonso Forero Cortés, junto con el fiscal Jesús Alfredo Ortiz, aparecen en la historia.Para el 3 de abril, Forero Cortés aseguró en un informe que una fuente confiable, ‘El Paisano’, le había revelado que Herrera, Bolaños y otros investigadores estaban involucrados en crimen organizado. Con base en este testimonio, se ordenaron interceptaciones telefónicas contra Bolaños y González.El 5 de abril, Juan Camilo López Linares inspeccionó la investigación sobre el homicidio de Herrera y obtuvo copias del radicado por narcotráfico a cargo del fiscal Ocampo, el mismo que contenía los hallazgos sobre ‘Pacho Malo’. Además, junto con Forero, presionaron a Yeison Garzón para que declarara en contra de los agentes Bolaños y González.Pese a que tanto el anónimo como la supuesta fuente ‘El Paisano’ mencionaban a múltiples funcionarios del CTI, la investigación solo avanzó contra quienes tenían información sobre ‘Pacho Malo’.La reunión en PereiraEl 20 de abril de 2021, en las instalaciones de la Fiscalía en Pereira, los investigadores Pablo Bolaños y Fabio González declararon en el caso por la muerte de Mario Herrera. La entrevista, dirigida por Juan Camilo López Linares, incluyó detalles clave sobre alias 'Pacho Malo'. Según González, ese día entregó un informe firmado por él y el fallecido Mario Herrera, en el que se documentaban los nexos de 'Pacho Malo' con el narcotráfico. Sin embargo, horas después, recibió una llamada en la que le informaban que era necesario hacer ajustes a la declaración.Al día siguiente, el 21 de abril, Juan Camilo López y Víctor Forero llegaron a la oficina de González y Bolaños en Manizales. Según la Fiscalía, la conversación no se llevó a cabo en la oficina, sino en otro piso, donde López y Forero explicaron a González qué debía quedar en la entrevista. “Incluso Víctor reconoció que no debían dejarse menciones de Pacho Malo porque era un tema delicado”, se expuso en la imputación.Finalmente, la declaración fue modificada con fecha del 20 de abril y firmada solo por González y López, omitiendo la firma de Forero. El documento original, con referencias a 'Pacho Malo', nunca llegó al fiscal que llevaba la investigación en Popayán sobre la muerte de Herrera.Con estos elementos, la Fiscalía concluyó que Víctor Forero y Juan Camilo López Linares manipularon la investigación para desviar la atención sobre Francisco Javier Martínez Ardila, alias ‘Pacho Malo’, obstaculizando la indagación en su contra.Cabe agregar que el próximo 1 de agosto se realizará otra diligencia crucial en este proceso: la audiencia de apelación sobre la medida de aseguramiento. Un juez de garantías dejó en libertad a los agentes del CTI Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López, mientras avanza esta investigación. La Fiscalía y la representación de víctimas buscarán que esa decisión sea revocada.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre tres inmuebles que pertenecerían al senador de la República Édgar de Jesús Díaz Contreras; uno más al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado; y otros tres al contratista Pedro Antonio Silva Ruíz.Los elementos materiales probatorios indican que los siete bienes habrían sido adquiridos durante el periodo en el que se presentaron presuntas irregularidades en la celebración, ejecución y liquidación de un contrato para el suministro de materiales pétreos, en el que se detectó un posible detrimento patrimonial por más de 3.700 millones de pesos.Los hechos investigados comenzaron con la suscripción del contrato en 2009, cuando Villamizar Laguado ejercía por primera vez el cargo de mandatario departamental, y se extendieron de acuerdo con diferentes etapas contractuales posteriores hasta 2012, año en el que Díaz Contreras se desempeñaba como gobernador de Norte de Santander.En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio encontró configurados los requisitos legales para afectar las propiedades, en el entendido de que serían producto directo e indirecto de una actividad ilícita.Los bienes, avaluados en 3.390 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander).