Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
En el oriente de Cundinamarca se ubica la represa del Guavio, la primera central hidroeléctrica en funcionamiento más grande de Colombia, pues tiene una capacidad instalada de 1260 MW. Además de esto, es un lugar perfecto para descansar, pues muchos viajeros la prefieren por su ubicación cercana a los municipios de Gachetá, Gachalá, Gama y Ubalá.No obstante, existen puntos críticos en la vía que conecta a estos municipios y que hoy afectan la movilidad y la productividad del importante corredor que a diario usan los viajeros y habitantes.Por ello, desde la Gobernación de Cundinamarca anunciaron una inversión de más de $50.000 millones para intervenir el importante corredor.La importante vía que será rehabilitada en CundinamarcaSegún el gobernador Jorge Emilio Rey, el pasado 19 de septiembre de 2025, se adjudicó la obra para la intervención de la Troncal del Guavio, una importante vía que no solo conecta los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, sino que también por este corredor ingresan “insumos que garantizan el abastecimiento de energía en estos tres territorios que conforman entre sí una despensa agrícola y ganadera”.La intervención de la troncal incluye la rehabilitación de la estructura del pavimento, la construcción de muros de contención, el mejoramiento del sistema de drenaje mediante alcantarillas y manejo de aguas, así como la atención de puntos críticos que hoy afectan la movilidad y la productividad del corredor, indicó Rey en su cuenta de X.Como consecuencia, serán intervenidos 9,1 kilómetros de vía y para ello se usará una planta de trituración, concreto y asfalto, para producir los insumos directamente en la región, lo que reducirá costos, desplazamientos y mejorará el control de calidad de la obra, agregó el gobernador.Esta planta tendrá una capacidad estimada entre 50 y 60 metros cúbicos por hora de concreto y 50 metros cúbicos por hora de asfalto. La instalación avanza actualmente en un 70%.¿Cómo se desarrollará la intervención de la vía?Según la gobernación de Cundinamarca, las obras iniciarán con tres frentes de trabajo, “dos en Ubalá y uno en Junín, y comenzarán a ejecutarse a finales de enero”.El proyecto cuenta con una inversión total de $70.000 millones y, según Rey, junto con Instituto de Caminos y Construcciones del departamento, se llevarán a cabo seguimientos permanentes para garantizar que la obra se desarrolle con normalidad.
Las recientes excarcelaciones de presos políticos anunciadas por el Gobierno venezolano han abierto expectativas dentro y fuera del país, pero también han generado profundas dudas sobre su alcance real, sus criterios y su sostenibilidad en el tiempo, advirtió Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, en entrevista con El Radar de Blu Radio.Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número significativo de detenidos por razones políticas, Himiob aseguró que, hasta el momento de la entrevista, esas excarcelaciones “no se han concretado ni materializado en la extensión que fue anunciada”. Además, subrayó que no está claro si se trata de liberaciones plenas o simplemente de excarcelaciones bajo condiciones restrictivas.“Todavía no está claro si estas personas quedan libres de todas las investigaciones en su contra o si, como ha ocurrido antes, salen de la cárcel pero siguen sometidas a procesos penales, medidas restrictivas de su libertad o incluso decisiones irregulares como la deportación”, explicó el vicepresidente del Foro Penal.Himiob también precisó que este proceso no comenzó tras los hechos más recientes del fin de semana ni por la coyuntura internacional. Recordó que ya hubo tandas de excarcelaciones el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, cuando aún no se había producido la situación posterior relacionada con la intervención de Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que ahora podría haberse abierto “una ventana de oportunidad más contundente” para nuevas liberaciones.Uno de los puntos que más preocupa a la organización es la falta de transparencia. Según Himiob, el poder Ejecutivo venezolano conoce perfectamente quiénes son los presos políticos, pues maneja los datos sistematizados por el Foro Penal. “Tienen todos y cada uno de sus datos, saben quiénes son y dónde están. Pero al final del día, los que tienen la llave de la cárcel son ellos”, afirmó, insistiendo en que no existe claridad sobre los criterios usados para decidir quién sale y quién permanece detenido.Como ejemplo de esa opacidad, mencionó el caso del ciudadano español Miguel Moreno, tripulante de un buque de investigación arqueológica detenido por la Armada venezolana en junio del año pasado. Moreno fue excarcelado y trasladado a España, mientras que los otros ocho miembros de la tripulación, también extranjeros, continúan privados de la libertad. “No sabemos por qué se excarcela a uno y no a los demás”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Policía y el Ejército de Ecuador detuvieron a dos supuestos integrantes del grupo delictivo Los Chechenos, vinculados con el Frente Iván Ríos, una disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante una operación ejecutada en la provincia fronteriza de Esmeraldas, informaron este sábado ambas instituciones.Uno de los dos capturados fue identificado como Deret Argel A. Q., alias Dere, presunto líder de Los Chechenos en la zona, mientras que el otro es Manto Bryan M. B.Según la Policía, ambos serían los presuntos responsables de cometer delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, desapariciones, sicariatos (asesinatos por encargo), minería ilegal, tráfico de armas y municiones, y tráfico ilícito de hidrocarburos.Las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en el municipio de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, en medio de los cuales se produjo un enfrentamiento armado. Sin embargo, los hombres fueron "neutralizados" y detenidos.El Ejército añadió que se decomisaron dos armas de fuego, entre ellas un fusil; municiones, una granada de mano, un cuchillo, dos dispositivos móviles y otros indicios.Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas delictivas nacionales, que fueron denominadas como "terroristas", y que son consideradas como las causantes de la violencia sin precedentes que se registra en el país andino.Algunas de estas organizaciones criminales se han aliado con disidencias de las FARC en actividades como la minería ilegal, lo que llevó a Noboa a incluir a varios grupos extranjeros en su "guerra" contra el crimen organizado.
La forma en que los conductores interactúan con los sistemas a bordo de los vehículos continúa evolucionando. Lo que comenzó con tableros analógicos y alertas básicas ha dado paso a pantallas digitales, asistentes por voz y funciones conectadas. Ahora, la industria automotriz avanza hacia una etapa en la que la inteligencia artificial no solo muestra información, sino que interpreta el entorno y se comunica con el conductor en tiempo real.Ese es el enfoque de la nueva Plataforma de Cabina de IA que LG Electronics presentó durante el CES 2026, que se realizó en Las Vegas del 6 al 9 de enero. La compañía dio a conocer esta solución en una exhibición privada, donde mostraron una cabina digital construida sobre esta tecnología y su visión del vehículo definido por inteligencia artificial (AIDV).¿Cómo se puede aplicar la IA en la cabina?La plataforma desarrollada por LG es un dispositivo de computación de alto rendimiento diseñado para el entorno automotriz y basado en inteligencia artificial generativa. Funciona sobre la plataforma Snapdragon Cockpit Elite de Qualcomm Technologies y se integra al sistema de infoentretenimiento a bordo (IVI).Según informó la compañía, esta solución incorpora distintos modelos de IA, como grandes modelos de lenguaje (LLM), modelos de lenguaje visual (VLM) y sistemas de generación de imágenes. Con ello, el sistema no se limita a ejecutar comandos, sino que analiza información del entorno y del conductor para generar respuestas contextualizadas durante la conducción.Procesamiento en tiempo real y sin conexión a la nubeUno de los elementos destacados de la Plataforma de Cabina de IA es que todo el procesamiento se realiza dentro del propio vehículo. Gracias a las capacidades de la plataforma de Qualcomm Technologies, la inteligencia artificial funciona de manera local, sin necesidad de conectarse a servidores externos.De acuerdo con LG, este enfoque permite una operación más estable y en tiempo real, además de fortalecer la privacidad y la seguridad de los datos, al reducir los riesgos asociados al uso de servicios en la nube.Alertas y mensajes basados en el contextoLa plataforma utiliza información captada por cámaras internas y externas del vehículo para analizar tanto el entorno de conducción como el estado del conductor. A partir de ese análisis, el sistema puede generar mensajes de asistencia en tiempo real.Por ejemplo, si detecta que otro vehículo realiza una maniobra de incorporación y el conductor no ha reaccionado, la inteligencia artificial puede emitir una alerta verbal contextual para advertir sobre la situación y recomendar mayor atención en la vía.Este tipo de comunicación busca transformar las alertas tradicionales en mensajes más comprensibles, ajustados a lo que ocurre en ese momento específico del trayecto.Interfaces que se adaptan al entornoAdemás de las advertencias, la inteligencia artificial aplicada a la cabina puede modificar la interfaz visual del sistema de infoentretenimiento. LG explicó que el sistema es capaz de generar fondos gráficos acordes a las condiciones externas y sugerir contenidos relacionados con el contexto de conducción.En escenarios específicos, como la conducción nocturna bajo condiciones climáticas particulares, la plataforma puede adaptar el entorno visual del sistema y proponer contenidos que se ajusten a esa situación.LG enmarca esta tecnología dentro del concepto de vehículo definido por inteligencia artificial (AIDV), que plantea una evolución frente al vehículo definido por software (SDV). En este enfoque, la IA no solo ejecuta funciones preprogramadas, sino que interpreta datos y responde de manera dinámica a distintas condiciones de manejo.
El Radar del sábado 10 de enero de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, habló sobre la liberación de presos políticos en Venezuela.Ronald Rodríguez, politólogo e internacionalista, enfatizó sobre Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.Ricardo Hausmann, economista y exministro de Planificación de Venezuela, sobre el petróleo venezolano.Escuche el programa completo aquí:
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
La captura de Zulma Guzmán en el Reino Unido y el inicio formal de su proceso de extradición marcaron un nuevo avance en la investigación por el envenenamiento con frambuesas que cobró la vida de dos menores en Bogotá. Así lo confirmó el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, víctimas en el proceso, quien además reveló que la Fiscalía General de la Nación continúa indagando la posible participación de otras personas en los hechos.Abushihab explicó que, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, las líneas investigativas no se limitan a una sola persona. “Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido; es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas”, señaló. No obstante, fue enfático en aclarar que una de las personas mencionadas en algunos medios no tiene responsabilidad penal. “Particularmente, la persona que llevó las frambuesas no está vinculada; no es cierto. Es una persona que, inclusive, entregó información muy valiosa y muy útil”, precisó.Frente a la captura de Guzmán, la familia de la menor víctima expresó satisfacción por el avance del proceso. “Estamos absolutamente complacidos, primero, con el trabajo muy juicioso de la Fiscalía, y segundo, porque desde mediados de diciembre conocíamos el paradero de la señora Guzmán y estábamos expectantes a que se materializara la circular roja”, manifestó Abushihab. Añadió que la confirmación de que la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas es “una noticia absolutamente satisfactoria para la familia”.El abogado destacó el trabajo de la fiscal del caso, Elsa Reyes, al asegurar que la investigación se mantiene activa. “La doctora Reyes no descansa y vive permanentemente en un ejercicio investigativo alrededor de este caso y de esas líneas investigativas”, afirmó.Zulma Guzmán, de 54 años, fue recluida luego de negar su extradición ante el Tribunal de Westminster. La próxima diligencia está programada para el lunes 12 de enero, cuando se realizará una audiencia preliminar judicial. En esa etapa, Guzmán deberá contratar abogados defensores y Colombia expondrá los argumentos para solicitar su extradición. La justicia británica evaluará, entre otros aspectos, eventuales riesgos para los derechos humanos y la vida de la solicitada. La decisión que se adopte podrá ser apelada ante un tribunal superior.Paralelamente, en Colombia existe expectativa por la determinación que adopte la fiscal Elsa Reyes una vez concluya la vacancia judicial, en relación con la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de Guzmán. Sobre este punto, Abushihab explicó que el trámite de extradición no excluye el avance del proceso penal en el país. “Son actuaciones paralelas. Depende de que se den las condiciones para que la señora Guzmán sea vinculada al proceso y de su voluntad de comparecer”, indicó.El abogado señaló que, de no presentarse, la Fiscalía podría acudir a la figura de la contumacia, dado que la indiciada está plenamente ubicada. Finalmente, resaltó la coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Asuntos Internacionales con las autoridades del Reino Unido. “Ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que consideren apropiado, y nosotros, como víctimas, apoyaremos en un cien por ciento la decisión que adopte la doctora Elsa Reyes”, concluyó.
La defensa de Edwin Delgado, propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, fijó una postura clara frente a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio a título de dolo eventual. El abogado Jimmy Erazo aseguró que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso formalmente al cargo al considerar que los hechos atribuidos a su representado no se ajustan al tipo penal invocado por el ente acusador.“Es importante precisar que el día de ayer, en audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso a la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, considerando que los hechos jurídicamente relevantes que imputa no se adecúan al tipo penal de homicidio, en este caso a título de dolo eventual”, explicó Erazo. A juicio del abogado, la conducta atribuida a Delgado, ser pasajero del vehículo, no puede ser considerada un hecho penalmente relevante. “Ser pasajero de un vehículo no son hechos jurídicamente relevantes que se puedan constituir en un homicidio. El derecho penal no está para presionar ni para amenazar”, afirmó.Durante la diligencia, la defensa solicitó al juez que ejerciera un control material de legalidad sobre la imputación. Sin embargo, el despacho judicial consideró que se trataba de un acto propio de la Fiscalía y que existirán otras etapas procesales para discutir la adecuación típica de los hechos. Pese a ello, Erazo reiteró que desde las fases iniciales del proceso se ha advertido que la conducta atribuida a Delgado es, en su criterio, “abiertamente atípica”.La Fiscalía, por su parte, sustentó la imputación señalando que la presunta responsabilidad de Delgado estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero, quien posteriormente salió del país y que para el ente acusador se encontraba en estado de alicoramiento, condujera el vehículo. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría contribuido de manera determinante al accidente que dejó dos víctimas mortales.Frente a esta versión, la defensa la rechazó y explicó un contexto distinto de los hechos. “Esta relación que surge simplemente es una persona que se designa el 31 de octubre; ellos designan y contratan ese servicio a esa persona que prestaba esa opción de conducción para que sea la persona encargada de conducirlos a su domicilio”, sostuvo Erazo. Añadió que la defensa cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan esa versión, entre ellos un video que ha circulado en medios de comunicación, en el que se observa que el conductor llega a recogerlos y presta un servicio de transporte. “En ningún momento esa persona estaba departiendo con mis clientes, simplemente estaba prestando un servicio”, subrayó.El abogado también destacó la actitud procesal de su defendido y de su pareja, señalando que han sido los únicos en comparecer voluntariamente ante la justicia. “La única persona que se ha presentado en este proceso judicial, que fue voluntariamente a la Fiscalía, donde se hizo su arraigo y la individualización de forma voluntaria, es el señor Edwin y su pareja”, afirmó. Según Erazo, ambos han rendido declaración y están dispuestos a aportar todos los elementos probatorios necesarios.Finalmente, la defensa insistió en que el interés de Delgado es que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de quien, a su juicio, sería el verdadero responsable del siniestro. “La disposición está de colaborar con la justicia. Hemos estado en todas las diligencias judiciales y va a comparecer a todas las etapas del proceso penal”, concluyó el abogado.
Alias ‘La Enfermera’ fue detenida por las autoridades en Villavicencio cuando portaba un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos calibre 38 milímetros.Su captura cobra relevancia porque las autoridades identificaron que la mujer se desplazaba en la misma motocicleta que días atrás usaron dos delincuentes para atacar una buseta de servicio público, en el barrio La Madrid, al sur de Villavicencio.En su momento, voceros del gremio de transporte público señalaron que este ataque, además de unos panfletos amenazantes dirigidos al conductores y propietarios, estaban relacionados con hechos de extorsión de los que venían siendo víctimas.El coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, señaló que con esta captura y una investigación que está en curso, se ha podido determinar que se trata de una banda de delincuencial común que delinque en la comuna 9 de la ciudad.“Tenemos otros cuatro actores criminales identificados que esperamos capturar pronto para llevarlos ante la justicia”, dijo el alto oficial.De hecho, según la Policía, alias ‘La Enfermera’ es la pareja sentimental del presunto líder delinque la banda, quien a su vez habría ordenado el ataque con arma de fuego en contra del vehículo de servicio público.Según la Policía, este hombre ha enfrentado otros procesos judiciales con la justicia por delitos como tráfico de estupefacientes.
La Policía capturó a Anderson Zapata, alias ‘Enano’, César Ibáñez, alias ‘Dibur’ y Manuel Lobo, alias ‘Loica’, miembros de la peligrosa banda ‘Los Morenos’, responsables del hurto a vehículos de transporte de carga en el Magdalena Medio.Los criminales, según las autoridades, utilizaban armas de fuego para intimidar y someter a conductores de vehículos de carga, y son responsables de los robos de este tipo de vehículos registrados en el Magdalena Medio durante 2024.Fue gracias a labores de inteligencia que la Policía identificó el modus operandi de la banda, que consistía en perfilar vehículos de carga con mercancía comerciable que luego era distribuida en el mercado ilegal del Magdalena Medio y del departamento de Santander.Los capturados contaban con una trayectoria criminal aproximada de dos años y presentan antecedentes por delitos de hurto calificado y receptación. Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local 2 de Barrancabermeja, donde responderán por los delitos que se les imputan.
Con mirada nerviosa, fija en una de las aulas del Colegio Mayor de San Bartolomé, Fernando Llano aseguró que esperó 49 años para este momento.A las tres de la tarde de este viernes, se encendió un cirio en la plazoleta del colegio. El padre Hermann Rodríguez, actual líder de los jesuitas en Colombia, dio inicio al acto de disculpas públicas a la familia Llano Narváez: los ocho hermanos víctimas de abuso sexual por parte del padre Darío Chavarriaga.Tan pronto comenzó el discurso, la lluvia hizo su aparición y acompañó todo el acto simbólico.Uno de los momentos más conmovedores fue el testimonio de Fernando, quien tomó la vocería en nombre de sus hermanos y narró, con voz entrecortada, los hechos que marcaron su infancia y su vida familiar."Fue un acto que marcó mi vida para siempre... Recuerdo con una claridad dolorosa el momento posterior, recibir la comunión de su mano, la mano de mi agresor, un sacramento de fe que se tiñó de oscuridad generando dudas y conflictos que me acompañaron durante años cuestionando mi fe, mi relación con dios", contó.A pesar de la lluvia, el cirio permaneció encendido y fue testigo del fuerte y solemne abrazo que el padre Francisco de Roux ofreció a cada uno de los hermanos Llano Narváez, acompañado de cantos.Al finalizar el acto, una de las hermanas se desmayó y tuvo que ser asistida por sus hermanos y por varias personas presentes.Un detalle que no pasó desapercibido fue que, en el orden del día, había un espacio destinado a preguntas por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, hubo un intento de omitir ese punto. Queda la duda si fue por la lluvia o por algún otro motivo.No obstante, Luis Fernando atendió a los medios antes de ingresar a una de las aulas del colegio.Mientras todos se enfocaban en los Llano, el padre Hermann Rodríguez atendió brevemente a un grupo de periodistas, aunque respondió sin dar mayores detalles sobre las otras investigaciones por abuso sexual que involucran al padre Chavarriaga y a otros sacerdotes.El acto culminó con un anuncio de la familia Llano: la creación de una fundación para evitar que cualquier otro niño vuelva a pasar por el drama que ellos vivieron durante más de 40 años.
Epa Colombia seguirá recluida en la cárcel El Buen Pastor, luego de que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negara una acción de tutela presentada por la defensa de la influenciadora, quien fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público, tras destruir una estación de TransMilenio en 2019.En su decisión, la Corte Suprema concluyó que no se configuró una vulneración a los derechos fundamentales alegados por la defensa, entre ellos el debido proceso, la libertad de expresión y la legalidad penal.Además, el alto tribunal ratificó que la conducta de la condenada, ampliamente difundida en redes sociales y con más de cuatro millones de seguidores en ese momento, tuvo la capacidad de incitar a otros a cometer actos violentos que generaron zozobra y afectaron bienes públicos.La sentencia confirmó la condena de 63 meses y 15 días de prisión, así como la inhabilitación para ejercer como influencer o youtuber durante ese mismo periodo. Asimismo, la Corte negó la aplicación de beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena, debido a la gravedad del tipo penal imputado.La defensa argumentaba que el delito de instigación a delinquir con fines terroristas no debía ser aplicado, pues los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor de la ley que modificó esa figura. También alegaban que la condenada es madre cabeza de hogar de una menor de edad, por lo que solicitaban beneficios contemplados en normas como la Ley 750 de 2002.Sin embargo, la Corte descartó estos argumentos por falta de competencia del juez constitucional para revocar decisiones del juez penal ordinario.El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas estudia un amparo interpuesto por el abogado Francisco Bernate, quien solicita el beneficio de casa por cárcel para la influenciadora y que se le aplique la ley de utilidad. Con esta nueva negativa de la Corte, “Epa Colombia” seguirá recluida en El Buen Pastor.
La familia de Kelly Johana Plazas Mana, víctima de desaparición forzada, está pidiendo realizar de forma virtual el juicio oral contra Fidel Borrero Solano, expareja de la victima y principal sospechoso del caso, tras la decisión del Juzgado Segundo Penal de Neiva. La familia afirma que temen coincidir con Borrero Solano en el mismo recinto, lo que representa un riesgo emocional y de seguridad.Además de Barrera Solano, hay dos sospechosos más, Rafael Antonio Puentes Ortega y Alexis Sotelo Salas acusados del delito de desaparición forzada. La familia buscan una condena en cárcel, y no casa por cárcel para los tres sospechosos.“Estamos pidiendo esto porque tenemos derecho, como víctimas, como ciudadanos, a no tener que irnos a arriesgarnos allá a un juzgado, a no tenerle que ver la cara a quienes secuestraron a nuestra mamá. Esas personas son unos delincuentes, irresponsables, peligrosos, tanto para mí como para mi familia”, expresó Valentina Plazas, hija de la victima.Además, la familia dice que el Inpec advirtió que no cuenta con los medios para trasladar al acusado, lo que podría generar la suspensión de las audiencias y, con ello, abrir la puerta a una libertad por vencimiento de términos, algo que la defensa ya ha intentado en varias ocasiones sin éxito.El abogado de la familia, Francisco Bernate, solicitó al juzgado que se permita una modalidad virtual para proteger a las víctimas. Recordó que la Corte Constitucional permite excepciones en casos de violencia basada en género, priorizando los derechos de quienes buscan justicia.
Luego de que la Corte Constitucional decretase la suspensión de los efectos de la decisión proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil que avala la competencia del CNE para investigar al Presidente Petro y ordenó suspender el proceso administrativo que la autoridad electoral adelanta contra el Primer Mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, la gran incertidumbre era sobre el estado avanzado de la investigación y su futuro.Fuentes del CNE aseguraron a BLU Radio que los magistrados investigadores Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz aún no han sido notificados formalmente y procesalmente por parte de la Corte Constitucional de la suspensión del proceso que ya finalizó la etapa probatoria.Y es que para el CNE, aunque se conoce un comunicado emitido por la Sala Plena de la Corte en las últimas horas, estos comunicados no son vinculantes jurídicamente, por lo que se debe expedir el Auto con la decisión y ser remitida oficialmente al CNE para que tenga validez y se pueda suspender el proceso en lo que atañe al jefe del Estado.Señalan las fuentes que los magistrados esperarán un tiempo prudencial para ser notificados por la Corte y así decidir si dan traslado para alegatos finales solamente a los otros seis actores investigados (el exgerente de la campaña y presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aydeé Mogollón Alfonso; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica) o si también incluyen al Primer Mandatario.