Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
La música popular colombiana está de luto tras el trágico accidente aéreo ocurrido en la tarde del sábado 10 de enero de 2026, en el que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez junto a otras cinco personas. El siniestro se registró cuando una aeronave Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, se precipitó a tierra en una zona rural del departamento de Boyacá, entre los municipios de Paipa y Duitama, específicamente en el sector de Romita, pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa.De acuerdo con la información confirmada por la Aeronáutica Civil y la Gobernación de Boyacá, en el avión viajaban seis personas, todas fallecidas en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como el cantante Yeison Jiménez; el piloto de la aeronave, capitán Hernando Torres; y cuatro integrantes de su equipo de trabajo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Tras confirmarse la noticia, la hermana del artista, Heidy Jiménez, envió un mensaje a sus seguidores donde pide prundencia en estos duros momentos. "Por favor no llamar, es un momento doloroso. Muchas gracias por los mensajes de apoyo", escribió. Según los reportes oficiales, la aeronave tenía como destino el departamento de Antioquia, donde el artista caldense tenía prevista una presentación en el municipio de Marinilla esa misma noche. Horas antes del accidente, Jiménez había cumplido compromisos artísticos en Santander. Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, contaba con una trayectoria artística de más de una década y era considerado una de las figuras más representativas de la música popular en Colombia.
Una tragedia enluta al barrio Flor del Campo, en el sur de Cartagena. Un menor de cuatro años murió en medio del incendio de una vivienda que se registró durante la tarde de este sábado 10 de enero.De acuerdo al reporte de las unidades de Bomberos que atendieron la emergencia en la manzana 1B de este popular sector de la ciudad, el cuerpo del menor fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda una vez fueron controladas las llamas.“Al llegar al lugar, se evidenció que la comunidad había logrado sofocar las llamas utilizando arena. Durante la inspección de la vivienda, lamentablemente, se encontró en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de un menor, de 4 años de edad, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales”, explicó Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Las autoridades investigan si el menor se encontraba solo en la vivienda y quién estaba a su cargo. Entretanto, las autoridades distritales reiteraron las recomendaciones a la comunidad, especialmente en esta temporada en la que se presentan altas temperaturas.No dejar niños solos dentro de las viviendas.Evitar el uso inadecuado de velas, velones, mecheros o elementos con llama abierta.Desconectar electrodomésticos que no estén en uso y revisar las instalaciones eléctricas.Mantener fósforos, encendedores y materiales inflamables fuera del alcance de los menores.En caso de incendio, dar aviso inmediato a la línea 119 y no exponerse al riesgo.
El cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, falleció tras un siniestro aéreo ocurrido en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, durante la tarde de este sábado 10 de enero.El artista era reconocido por su profunda entrega a su familia. Era hijo de Jaime Jiménez Aristizábal y Luz Mery Galeano, y padre de tres menores. Su compañera sentimental, Sonia Restrepo, madre de sus hijos, mantuvo una relación con el cantante durante varios años.Sus hijos eran Camila, la mayor, de aproximadamente 15 años, quien aunque era su hijastra, Yeison consideraba como su propia hija; Thaliana, de unos 7 años; y Santiago, el menor, nacido en 2024, quien apenas comenzaba a compartir sus primeros momentos junto a su padre.Fue Camila quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores en redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista. En un comentario escribió: “Te amo papá, no sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí”.A este mensaje se sumó el pronunciamiento de la hermana del cantante, Heidy Jiménez, quien a través de sus historias de Instagram pidió respeto por el duelo familiar: “Por favor no llamar, es un momento doloroso. Muchas gracias por los mensajes de apoyo”.De acuerdo con la información oficial, las muertes registradas fueron producto de un accidente aéreo. La Aeronáutica Civil informó que la aeronave transportaba seis ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, y que había presentado un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín.Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro. Asimismo, se confirmó que en la avioneta se movilizaban:Yeison JiménezJuan Manuel RodríguezÓscar MarínJefferson OsorioWeisman Mora
La tarde del sábado 10 de enero se oscureció luego de conocerse la muerte de Yeison Jiménez, famoso cantante colombiano de música popular a causa de un accidente aéreo ocurrido en entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.El lamentable hecho dejó a seis personas sin vida; no obstante, Jiménez no habría sido el único famoso que perdió la vida en el siniestro, pues, según Yina Calderón, un familiar cercano a ella también murió.De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el accidente ocurrió en horas de la tarde luego de que la aeronave despegara del aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, al parecer la avioneta no logró alcanzar la altura suficiente y terminó por precipitarse al suelo con gran fuerza.La Administración Municipal de Paipa informó que pasadas las 4:00 p. m. de este sábado, recibieron un reporte de un accidente aéreo, lo cual llevo a activar acciones para brindar la debida atención y respuesta en el lugar de la emergencia.De inmediato, la emergencia fue atendida, por el cuerpo de bomberos de la zona, priorizando la verificación de las condiciones del área y la seguridad de la comunidad. Al lugar acudieron ambulancias y demás autoridades.Yina calderón habría perdido a ser querido en el mismo accidente aéreo de Yeison JiménezLuego de que la Aerocivil confirmó las entidades de las seis personas fallecidas, la creadora de contenido Yina Calderón manifestó en sus redes sociales que una persona cercana ella y a su familia estaba entre las víctimas.Así notificó la entidad aérea la identidad de las personas que iban a bordo de la avioneta:“En el avión se desplazaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el artista, cuya presencia a bordo fue confirmada oficialmente por las autoridades”.Piloto: Capitán Hernando Torres.Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.Por medio de una historia en Instagram, la influencer aseguró una doble tragedia que vivió ella y su familia: Juan Manuel Rodríguez, era el productor audiovisual de Yeison Jiménez y, según Yina Calderón, era el novio de su hermana Juliana Calderón.Sin embargo, comentarios de internautas en la historia publicada por la creadora de contenido, mencionan que Rodríguez no sería el novio actual de Juliana Calderón.En otra historia, Yina Calderón rindió homenaje al cantante de 34 años, Yeison Jiménez, tras su trágica partida.
El economista venezolano y exministro de Planificación, Ricardo Hausmann, en entrevista con El Radar de Blu Radio analizó el papel del petróleo en el escenario posterior a la intervención de Estados Unidos en Venezuela e indicó que la recuperación de la industria petrolera no puede darse sin un cambio político profundo y la restauración de la democracia.En medio del debate sobre la reconstrucción económica del país y el énfasis del gobierno estadounidense en el petróleo venezolano, Hausmann sostuvo que el verdadero potencial económico de Venezuela no radica en la extracción directa de sus recursos por actores externos, sino en la capacidad de los propios venezolanos para reconstruir su país. “La recuperación de Venezuela tiene un potencial valor económico gigantesco, pero no porque Estados Unidos va a extraer unos recursos petroleros, sino porque los venezolanos van a tener la capacidad de reconstruir su país”, afirmó.Democracia y marco legal, condiciones indispensablesHausmann explicó que, bajo la legislación vigente, Venezuela no resulta atractiva para la inversión petrolera. “La Ley de Hidrocarburos hace que Venezuela no sea invertible en petróleo”, señaló, al detallar que esta norma obliga a que PDVSA tenga participación mayoritaria en los proyectos, además de imponer altas cargas fiscales. A esto se suma, dijo, la situación financiera de la estatal: “PDVSA está quebrada, está en default con todo el mundo, entonces es un mal socio”.El economista subrayó que el problema petrolero no es técnico, sino político. “Si tú quieres recuperar el petróleo, tenemos que recuperar los derechos primero, tenemos que recuperar la democracia primero. Sin democracia no puede haber recuperación”, enfatizó, al cuestionar la legitimidad de las autoridades actuales para modificar leyes o aprobar nuevas concesiones.El colapso de PDVSA y la industria petroleraDurante la entrevista, Hausmann describió el deterioro de la industria petrolera venezolana. Recordó que, al inicio del chavismo, el país producía alrededor de 3,4 millones de barriles diarios, mientras que hoy la producción de PDVSA estaría por debajo de los 200 mil barriles. “La industria petrolera se hundió por problemas políticos, porque el chavismo destruyó la industria petrolera”, afirmó.También destacó el deterioro de la infraestructura, la pérdida de capacidad de refinación y la paradoja de que Venezuela, antiguo exportador de gasolina, hoy deba importarla.Más allá del petróleoFinalmente, Hausmann insistió en que la recuperación económica de Venezuela no debe limitarse al crudo. “Tenemos un potencial agrícola, turístico, industrial y minero fenomenal, además de una diáspora súper educada”, señaló, rechazando la idea de reducir al país a “una estación de gasolina al sur de la Florida”.Sus declaraciones refuerzan el debate sobre los resultados del petróleo venezolano, la crisis de PDVSA y la necesidad de un cambio político como base para cualquier recuperación económica sostenible.Escuche la entrevista compelta acá:
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
La captura de Zulma Guzmán en el Reino Unido y el inicio formal de su proceso de extradición marcaron un nuevo avance en la investigación por el envenenamiento con frambuesas que cobró la vida de dos menores en Bogotá. Así lo confirmó el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, víctimas en el proceso, quien además reveló que la Fiscalía General de la Nación continúa indagando la posible participación de otras personas en los hechos.Abushihab explicó que, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, las líneas investigativas no se limitan a una sola persona. “Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido; es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas”, señaló. No obstante, fue enfático en aclarar que una de las personas mencionadas en algunos medios no tiene responsabilidad penal. “Particularmente, la persona que llevó las frambuesas no está vinculada; no es cierto. Es una persona que, inclusive, entregó información muy valiosa y muy útil”, precisó.Frente a la captura de Guzmán, la familia de la menor víctima expresó satisfacción por el avance del proceso. “Estamos absolutamente complacidos, primero, con el trabajo muy juicioso de la Fiscalía, y segundo, porque desde mediados de diciembre conocíamos el paradero de la señora Guzmán y estábamos expectantes a que se materializara la circular roja”, manifestó Abushihab. Añadió que la confirmación de que la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas es “una noticia absolutamente satisfactoria para la familia”.El abogado destacó el trabajo de la fiscal del caso, Elsa Reyes, al asegurar que la investigación se mantiene activa. “La doctora Reyes no descansa y vive permanentemente en un ejercicio investigativo alrededor de este caso y de esas líneas investigativas”, afirmó.Zulma Guzmán, de 54 años, fue recluida luego de negar su extradición ante el Tribunal de Westminster. La próxima diligencia está programada para el lunes 12 de enero, cuando se realizará una audiencia preliminar judicial. En esa etapa, Guzmán deberá contratar abogados defensores y Colombia expondrá los argumentos para solicitar su extradición. La justicia británica evaluará, entre otros aspectos, eventuales riesgos para los derechos humanos y la vida de la solicitada. La decisión que se adopte podrá ser apelada ante un tribunal superior.Paralelamente, en Colombia existe expectativa por la determinación que adopte la fiscal Elsa Reyes una vez concluya la vacancia judicial, en relación con la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de Guzmán. Sobre este punto, Abushihab explicó que el trámite de extradición no excluye el avance del proceso penal en el país. “Son actuaciones paralelas. Depende de que se den las condiciones para que la señora Guzmán sea vinculada al proceso y de su voluntad de comparecer”, indicó.El abogado señaló que, de no presentarse, la Fiscalía podría acudir a la figura de la contumacia, dado que la indiciada está plenamente ubicada. Finalmente, resaltó la coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Asuntos Internacionales con las autoridades del Reino Unido. “Ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que consideren apropiado, y nosotros, como víctimas, apoyaremos en un cien por ciento la decisión que adopte la doctora Elsa Reyes”, concluyó.
La defensa de Edwin Delgado, propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, fijó una postura clara frente a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio a título de dolo eventual. El abogado Jimmy Erazo aseguró que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso formalmente al cargo al considerar que los hechos atribuidos a su representado no se ajustan al tipo penal invocado por el ente acusador.“Es importante precisar que el día de ayer, en audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso a la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, considerando que los hechos jurídicamente relevantes que imputa no se adecúan al tipo penal de homicidio, en este caso a título de dolo eventual”, explicó Erazo. A juicio del abogado, la conducta atribuida a Delgado, ser pasajero del vehículo, no puede ser considerada un hecho penalmente relevante. “Ser pasajero de un vehículo no son hechos jurídicamente relevantes que se puedan constituir en un homicidio. El derecho penal no está para presionar ni para amenazar”, afirmó.Durante la diligencia, la defensa solicitó al juez que ejerciera un control material de legalidad sobre la imputación. Sin embargo, el despacho judicial consideró que se trataba de un acto propio de la Fiscalía y que existirán otras etapas procesales para discutir la adecuación típica de los hechos. Pese a ello, Erazo reiteró que desde las fases iniciales del proceso se ha advertido que la conducta atribuida a Delgado es, en su criterio, “abiertamente atípica”.La Fiscalía, por su parte, sustentó la imputación señalando que la presunta responsabilidad de Delgado estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero, quien posteriormente salió del país y que para el ente acusador se encontraba en estado de alicoramiento, condujera el vehículo. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría contribuido de manera determinante al accidente que dejó dos víctimas mortales.Frente a esta versión, la defensa la rechazó y explicó un contexto distinto de los hechos. “Esta relación que surge simplemente es una persona que se designa el 31 de octubre; ellos designan y contratan ese servicio a esa persona que prestaba esa opción de conducción para que sea la persona encargada de conducirlos a su domicilio”, sostuvo Erazo. Añadió que la defensa cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan esa versión, entre ellos un video que ha circulado en medios de comunicación, en el que se observa que el conductor llega a recogerlos y presta un servicio de transporte. “En ningún momento esa persona estaba departiendo con mis clientes, simplemente estaba prestando un servicio”, subrayó.El abogado también destacó la actitud procesal de su defendido y de su pareja, señalando que han sido los únicos en comparecer voluntariamente ante la justicia. “La única persona que se ha presentado en este proceso judicial, que fue voluntariamente a la Fiscalía, donde se hizo su arraigo y la individualización de forma voluntaria, es el señor Edwin y su pareja”, afirmó. Según Erazo, ambos han rendido declaración y están dispuestos a aportar todos los elementos probatorios necesarios.Finalmente, la defensa insistió en que el interés de Delgado es que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de quien, a su juicio, sería el verdadero responsable del siniestro. “La disposición está de colaborar con la justicia. Hemos estado en todas las diligencias judiciales y va a comparecer a todas las etapas del proceso penal”, concluyó el abogado.
Dos decisiones muy importantes tomó el Consejo de Estado en primer lugar dejó en firme la elección de Hernán Penagos como registrador nacional del Estado Civil, la demanda de nulidad contra Penagos alegaba una que él estaba inhabilitado para aspirar al cargo por haber sido miembro del Consejo Nacional Electoral hasta septiembre de 2022, y que su inscripción al concurso se dio menos de un año después sin embargo el Consejo de Estado desestimó esos argumentos.Además, se desestimaron los reclamos sobre los certificados disciplinarios, los puntajes de la entrevista y la supuesta falta de imparcialidad en la calificación.El Consejo de Estado recordó que el proceso se hizo bajo los lineamientos de la Ley 1134 de 2007 y del reglamento aprobado por los presidentes de las altas cortes, quienes son los encargados de esta elección.En el caso del contralor, su elección realizada por el Congreso el 12 de junio de 2024, fue demandada por varios ciudadanos entre ellos el abogado Germán Calderón España, quienes alegaban que Rodríguez estaba inhabilitado por haber ejercido gestión fiscal y por incurrir en una reelección anticipada, ya que ocupó el mismo cargo entre agosto de 2022 y junio de 2023, hasta que se declaró la nulidad de su primer nombramiento.Los demandantes insistían en que Carlos Hernán Rodríguez violó los artículos 126 y 267 de la Constitución, al postularse nuevamente sin haber dejado pasar un año desde su anterior designación, también cuestionaban su rol como gestor fiscal, por haber ordenado gastos y realizado más de 300 nombramientos en su primera etapa como contralor.Sin embargo, la Corte sostuvo que la primera elección fue anulada con efectos “ex tunc”, es decir, como si nunca hubiera existido jurídicamente. Esto significa que, legalmente, Rodríguez no fue contralor en esa etapa, lo cual elimina cualquier inhabilidad o prohibición para volver a postularse.Así las cosas, tanto el Contralor como el Registrador, quedan firmes en su cargo tras las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado.
Una ola de indignación se desató luego de que el 17 de abril de 2025 comenzaran a circular en redes sociales y plataformas digitales una serie de videos protagonizados por Andrés Ricci, condenado a más de 45 años de cárcel por el feminicidio de la expatinadora Luz Mery Tristán. En los clips, grabados desde el interior de la cárcel La Picaleña, en Ibagué, Ricci da su propia versión de los hechos.El material audiovisual ha sido rechazado de manera generalizada por la opinión pública, los familiares de la víctima y distintas autoridades, quienes cuestionan cómo fue posible que Ricci, en calidad de recluso, accediera a medios digitales y redes sociales para difundir sus declaraciones.En uno de los videos, Ricci se presenta directamente ante la cámara: “Soy Andrés Gustavo Ricci. Mucho se ha dicho de mí, pero aún nadie me ha escuchado. Pronto me verán sin filtros, sin omitir nada: hay una verdad por contar”, manifestó, en un intento evidente por desmarcarse de la responsabilidad penal que ya le fue atribuida por la justicia.Ante este hecho, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, anunció públicamente que se ha abierto una investigación para esclarecer cómo se vulneraron las normas penitenciarias que prohíben expresamente el uso de dispositivos electrónicos y plataformas digitales dentro de los centros de reclusión. Según la titular de la cartera, lo ocurrido representa una grave transgresión del régimen carcelario.La ministra subrayó que las pesquisas no solo apuntan a Ricci, sino también a quienes facilitaron la producción y difusión del contenido: se busca establecer quiénes permitieron el ingreso de los dispositivos, quiénes colaboraron con la grabación y cómo se gestionó la publicación del material en internet. “Como esto está en investigación, hay que mirar […] quién abrió el Tik Tok, dónde lo abrió y, obviamente, el canal de YouTube. ¿Quién se lo facilita o quién genera este canal de YouTube?”, precisó Buitrago.
La ciudad de Bogotá sigue conmocionada por el nuevo caso de feminicidio protagonizado por un miembro activo de la Policía Nacional, Andrés Julián Mesa Ramírez, quien asesinó a su expareja sentimental, Yesika Paola Chávez, dentro de una peluquería en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, y luego se quitó la vida.El hecho ocurrió en la madrugada del martes 22 de abril, en un local comercial del barrio Quintas del Sur, donde Yesika Paola trabajaba como estilista. Mesa, quien se encontraba en su día de descanso, ingresó al establecimiento y sin mediar palabra disparó contra la joven con su arma de fuego. Posteriormente, se quitó la vida con la misma arma.La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el subintendente estaba adscrito a la estación de Puente Aranda y era oriundo de Puerto Boyacá.Los antecedentes del agresor: un historial de violencia ignoradoSegún conoció Blu Radio, uno de los aspectos más alarmantes del caso es el historial delictivo del uniformado. Mesa contaba con dos anotaciones en el sistema SPOA por violencia intrafamiliar, una en 2019 y otra en 2024: 03/06/2019: Indiciado por violencia intrafamiliar.20/06/2024: Nueva anotación por el mismo delito.Versiones preliminares, los hechos estarían relacionados con la negativa de la víctima a continuar viviendo con su agresor, debido a repetidos episodios de maltrato físico y verbal.Este historial ha generado fuertes críticas hacia las autoridades, especialmente por permitir que un uniformado con antecedentes tan graves continuara portando un arma de fuego y ejerciendo funciones policiales.El crimen no pasó desapercibido. Varias personas que se encontraban cerca del lugar fueron testigos presenciales y ya han brindado sus declaraciones a las autoridades. Además, el establecimiento contaba con cámaras de seguridad, que capataron el momento exacto del ataque.La historia de Yesika Paola Chávez se suma a una larga lista de mujeres víctimas de sus parejas o exparejas. Su caso, sin embargo, resalta con fuerza al tratarse de un agresor dentro de la misma institución que debe garantizar la seguridad ciudadana.
La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves, 24 de abril, la radicación de una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias de servidor público. Esta medida se enmarca dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La diligencia será programada por la Judicatura, que establecerá la fecha y el juzgado de control de garantías encargado del proceso.Benavides, economista de profesión, ha sido señalada como una de las piezas clave dentro de la red de corrupción que, según las autoridades, operaba al interior de la UNGRD. El exdirector de esta entidad Olmedo López la implicó directamente en las maniobras ilegales que habrían servido para asegurar apoyo político en el Congreso a través de la adjudicación irregular de millonarios contratos de obra pública.De acuerdo con la revelaciones periodísticas, Benavides habría coordinado junto con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, gestionar recursos por más de 92.000 millones de pesos destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Estos fondos habrían sido utilizados con el objetivo de influir en las decisiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, órgano que tiene un rol determinante en la aprobación de endeudamientos del Estado colombiano.Benavides, quien ha decidido colaborar con la justicia, ha denunciado haber recibido amenazas y ha solicitado medidas de protección ante la gravedad del caso y las posibles represalias. Las investigaciones continúan, y la Fiscalía no descarta más imputaciones.UNGRD: la cuarta libreta y los nuevos secretos de Olmedo LópezUn elemento clave en las investigaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD , han sido las libretas en las que Olmedo López consignó información sensible sobre los contratos que debían ser direccionados a congresistas.Según los testimonios de Olmedo López, uno de los responsables de escribir, de su puño y letra, los nombres de los congresistas y los contratos por 92.000 millones de pesos que debían ser adjudicados a los parlamentarios de la Comisión de Crédito Público fue la congresista Karen Manrique.Blu Radio pudo confirmar que la Fiscalía ha trasladado copias que demuestran que no se trataba de una sola libreta, sino de al menos cuatro, las cuales contienen otros detalles inéditos hasta la fecha.Recientemente, la Fiscalía hizo referencia a un episodio que involucra al senador Julio Elías Chagüi. “El 4 de diciembre de 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco , quien le solicitó direccionar contratos dentro de la Unidad para beneficiar al congresista Julio Elías Chagüi, por un valor aproximado de 35.000 mil millones de pesos. El senador le indicó dónde y con quién ejecutar los contratos”, señaló la Fiscalía en la imputación de cargos.
En una ajustada votación de 5 a 4, la Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022. La medida se mantendrá hasta que la propia Corte resuelva de fondo una tutela presentada por el mandatario contra el Consejo de Estado.La decisión solo cobija al jefe de Estado y no a los otros involucrados en el proceso, como Ricardo Roa, gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol. La suspensión se mantendrá mientras la Sala Plena del alto tribunal estudia una tutela interpuesta por el propio presidente Petro contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.La solicitud fue hecha por el magistrado Vladimir Fernández —quien fue secretario jurídico del presidente Petro— a sus colegas de la Corte, con el fin de suspender las actuaciones del CNE en la investigación por las supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente.La tutela fue presentada por el presidente tras considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y fuero constitucional especial.El origen del proceso se remonta a una decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que avaló la competencia del CNE para adelantar investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de Petro, tanto en calidad de precandidato como de candidato.La decisión de la Corte Constitucional no fue unánime. Los magistrados Natalia Ángel, Paola Meneses, Jorge Enrique Ibáñez y José Fernando Reyes manifestaron su desacuerdo mediante salvamento de voto.La medida fue adoptada mediante el Auto 554 de 2025, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, y se enmarca en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el presidente.Entre las determinaciones de la Corte, se incluye la suspensión provisional de la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, así como de las actuaciones administrativas del CNE contra el presidente Petro, mientras se resuelve de fondo la tutela.Asimismo, se ordenó la suspensión de términos, lo que implica que también se congelan los plazos de prescripción del proceso administrativo en curso. Estos se reanudarán una vez se notifique la decisión definitiva del alto tribunal y se resuelva el fondo de la acción de tutela.
En una jornada decisiva del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía General de la Nación presentó como pruebas principales las interceptaciones telefónicas entre el exmandatario y su exabogado Diego Cadena, dentro del proceso por presunta manipulación de testigos.Los audios fueron recopilados por el investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Óscar Álvarez Muñoz, y, según la Fiscalía, evidencian el interés del expresidente en influir en el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos más controvertidos del caso.“Yo lo único que necesito es que él (Monsalve) diga la verdad, porque eso es para la Corte Suprema. (…) A él no se le va a ofrecer nada, solo que diga la verdad. Y si no la quiere decir, también, pero que lo reciba (Diego Cadena)”, se escucha en una de las grabaciones reveladas entre el expresidente Uribe y Cadena.En otra conversación clave, Uribe agradece a Cadena por su apoyo en un asunto que califica como “muy delicado”, y le pide tomar nota de una historia que involucra a Tuso Sierra, un exparamilitar extraditado durante su gobierno. Según Uribe, Sierra hizo un acuerdo con las autoridades estadounidenses y permaneció en ese país, desde donde, afirma el expresidente, relató que durante su reclusión fue visitado por Rodrigo Lara, Iván Cepeda y Piedad Córdoba. En esa supuesta reunión, dice Uribe, Lara le habría ofrecido beneficios a cambio de acusar a José Obdulio Gaviria, mientras que Córdoba y Cepeda le ofrecieron incentivos para que, una vez en libertad, se trasladara a Suiza y declarara en contra del propio Uribe.El juicio continúa con expectativa ante la posible aparición de nuevos testimonios y más interceptaciones. Se espera que la próxima semana la defensa comience a presentar sus testigos.Caso Uribe: hermana de alias 'Víctor' dice que recibió 18 millones proveniente de abogadosEn días pasados, la Fiscalía llevó al estrado a María Helena Vélez Ramírez, hermana del exparamilitar conocido como alias 'Víctor'. Su testimonio busca esclarecer los supuestos ofrecimientos realizados por el abogado Diego Cadena para que su hermano modificara su versión sobre los presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares.Durante su declaración, Vélez Ramírez señaló que recibió varias consignaciones de parte del abogado Juan José Salazar, quien trabajaba junto a Cadena. De acuerdo con lo registrado en el expediente, estos pagos habrían tenido como objetivo persuadir a alias 'Víctor', quien permanece recluido en una cárcel, para que cambiara su testimonio a favor de Uribe.La testigo también relató que se produjeron dos encuentros en los que recibió sobres con dinero provenientes de los abogados. Uno de ellos ocurrió directamente en la cárcel de Palmira, donde se le entregó un sobre con 16 millones de pesos. “Yo lo regañé (a Víctor)”, dijo Vélez. “Le dije: ‘El abogado es quien le va a seguir su proceso, ¿por qué usted le recibe plata a él, si es usted quien debería pagarle?’. Él solo se rio”, añadió.