La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que funcionaban en viviendas de Medellín, sin cumplir las mínimas condiciones de higiene y salubridad exigidas por la ley. De acuerdo con el ente acusador, al menos 55 personas habrían sido víctimas de estos procedimientos invasivos.Según la investigación, los hechos se habrían presentado entre abril de 2023 y mayo de 2024, periodo en el cual las procesadas junto con otras personas, practicaron múltiples procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas principalmente a través de redes sociales. La intervención ofrecida era conocida como lipólisis láser con transferencia glútea, la cual se realizaba en inmuebles ubicados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.La Fiscalía estableció que las cirugías se efectuaban en espacios acondicionados de manera precaria, sin controles sanitarios adecuados y sin la infraestructura necesaria para este tipo de procedimientos médicos. Las investigadas, al parecer, participaban directamente en las intervenciones, desempeñando labores como la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos.La investigación también evidenció que, cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones derivadas de las cirugías, las presuntas responsables trasladaban la operación a otros barrios de la ciudad, con el fin de evadir controles y continuar con la actividad ilícita. Como consecuencia de estos procedimientos, más de 40 mujeres habrían sufrido lesiones de consideración, entre ellas deformidades, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones físicas de carácter permanente.Durante la audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito y lesiones personales dolosas. Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las presuntas articuladoras de la actividad delincuencial, dentro de un proceso que busca establecer la responsabilidad penal de todos los involucrados en esta red de cirugías estéticas ilegales.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
Un pensionado de la Policía Nacional, identificado como Jimmy Leonardo Vargas Briceño, de 43 años, resultó herido con arma de fuego durante un violento asalto registrado hacia las 2:00 de la madrugada de este lunes 12 de enero de 2026, en el barrio Alfonso López, en Bucaramanga.De acuerdo con la información suministrada por la esposa de la víctima, Vargas Briceño se movilizaba en motocicleta y estaba llegando a su lugar de residencia, cuando fue interceptado por dos hombres armados que lo venían siguiendo y lo interceptaron en el garaje de la casaAl oponer resistencia para evitar que le hurtaran otros elementos de valor, uno de los agresores accionó el arma de fuego en dos oportunidades, hiriéndolo de gravedad, alcanzaron a llevarse 300.000 pesos.Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar en una motocicleta de color negro con rumbo desconocido.El pensionado fue auxiliado inicialmente por su esposa y trasladado de urgencia a la Clínica de la Policía Nacional (CLIPO), donde recibió atención médica inmediata. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido, posteriormente, al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanece bajo observación médica y su estado de salud es estable, según el más reciente parte médico.Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga adelantan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del ataque, apoyándose en testimonios y en la revisión de cámaras de seguridad del sector.El hecho vuelve a generar preocupación entre los habitantes del barrio Alfonso López, quienes insisten en la necesidad de reforzar la presencia de las autoridades ante el aumento de los hechos de inseguridad.
Una operación liderada por la Policía permitió intervenir 12 minas ilegales en el corregimiento de Guayabal, zona rural del municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó. La acción representó un golpe directo a las economías ilícitas del Clan del Golfo, estructura criminal que se lucraba de la explotación ilegal de yacimientos mineros y que ha sido señalada de depredar de manera sistemática los recursos naturales de la región.La intervención fue ejecutada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Inspección de Policía de Quibdó y la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó). El trabajo articulado permitió identificar varios frentes de extracción ilegal durante patrullajes de observación y control en zonas de difícil acceso.Como resultado de la operación, las autoridades intervinieron 12 casos de minería ilegal y lograron la destrucción e inutilización de cinco dragas, 20 motobombas y 13 motores, maquinaria empleada para la extracción ilícita de minerales en afluentes y áreas boscosas. De acuerdo con la Policía, estos equipos tenían un avalúo aproximado de 275 millones de pesos, lo que representa una afectación significativa a la capacidad financiera y logística del Clan del Golfo en esta zona del país.Además del impacto contra las economías criminales, el operativo tuvo un efecto directo sobre la protección del capital natural del Chocó. La minería ilegal venía generando una grave degradación de ecosistemas estratégicos, la alteración de la franja forestal protectora y la contaminación de fuentes hídricas, principalmente por el uso de mercurio y otros químicos altamente tóxicos utilizados en los procesos de extracción.Las autoridades advirtieron que estas prácticas no solo ponen en riesgo los ríos y suelos, sino que también afectan de manera severa la fauna y la flora silvestre, provocando el desplazamiento de especies y, en muchos casos, su muerte por intoxicación. La intervención permitió frenar de manera temporal estos daños y reducir la presión ambiental sobre territorios altamente sensibles.“Cada una de estas operaciones refleja el compromiso permanente de la Policía Nacional con la protección del capital natural del país. Al intervenir la minería ilegal no solo afectamos las economías criminales, sino que protegemos los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad que son fundamentales para las comunidades y para las futuras generaciones”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, quien reiteró que el trabajo interinstitucional seguirá fortaleciéndose para garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio.
El Real Madrid ha decidido prescindir de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, y en comunicado informa que "de mutuo acuerdo" con el técnico "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo"."Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", asegura en el comunicado.Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid Castilla, es el elegido por la directiva madridista para tomar las riendas de primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso, el día después de caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona."El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", anunció el club blanco en un comunicado.Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando las riendas de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A.
Con música del artista de fondo y, en medio de un ambiente cargado de emociones, el artista santandereano Jorge Hernández realizó un mural en homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, en el barrio Toledo Plata, como muestra de respeto, solidaridad y memoria para su familia y seguidores.La obra fue plasmada en el proyecto cultural del sector conocido como “Callarte”, un corredor artístico de más de 400 metros de longitud, donde se destacan murales dedicados a figuras que han dejado huella en la historia musical y cultural, como Egidio Cuadrado, Diomedes Díaz y Martín Elías.El mural de Yeison Jiménez, elaborado en acrílico, mide más de cinco metros de alto por tres metros y medio de ancho. Los trabajos iniciaron hacia las 5:30 de la tarde y se extendieron hasta las 11:30 de la noche, con el acompañamiento constante de la comunidad del sector.Hernández explicó que esta obra no solo busca exaltar el legado artístico del cantante, sino también brindar un espacio de encuentro para quienes lo siguieron y admiraron.“A su familia, a sus hijos, a su esposa y a sus padres, les expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento del cantante, quien partió a los 34 años. Le pido a Dios que les conceda fortaleza para afrontar este momento tan difícil. Con respeto y amor realizamos desde acá este mural para enviarles un mensaje de unión y esperanza, y también para brindarle a la comunidad un espacio donde puedan recordarlo, ya que él visitaba frecuentemente la ciudad. En el barrio nos gusta plasmar este tipo de murales que conservan la memoria de quienes dejan huella”, expresó el artista.El proyecto “Callarte” nació durante la pandemia y se ha convertido en un símbolo de transformación cultural del barrio Toledo Plata, consolidando el arte urbano como un punto de encuentro para la memoria colectiva y el reconocimiento de quienes marcaron generaciones.
El país se encuentra conmocionado tras el trágico fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrido el pasado sábado 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá. El siniestro se registró cerca de las 4:00 de la tarde cuando la aeronave en la que viajaba el artista, junto a otros cinco integrantes de su equipo, perdió potencia poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, impactando a aproximadamente una milla de la pista. Entre las víctimas mortales se encuentran, además del intérprete de 'Destino final', su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, dos colaboradores más y el piloto de la avioneta, el capitán Hernando Torres.En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede observar al artista en una tienda junto a tres integrantes de su grupo fuera del municipio minutos antes del siniestro que cobró con su vida. La grabación de cámaras de seguridad del lugar, con hora en las 2:18 de la tarde, muestra al cantante vestido de blanco, sonriente y sosteniendo una conversación con la dueña del local. Además, se escucha cómo le dice a la mujer “¿Cuál es el mejor queso campesino?”.Este video es el último rastro del artista con vida antes del accidente. Este es el video:Según los reportes del Ministerio de Transporte, las autoridades han establecido tres líneas de investigación prioritarias para esclarecer el accidente: el componente operacional y meteorológico, el estado técnico y de mantenimiento de la aeronave, y los factores humanos vinculados al piloto. Testigos en la zona relataron que tras un intento de giro para regresar a la pista, la avioneta impactó contra el suelo, sufriendo una fractura en la cola y dos explosiones consecutivas debido a residuos de combustible. Por su parte, la Fiscalía General ya inició una indagación formal para determinar las causas exactas del siniestro que dejó la aeronave totalmente calcinada.Mientras miles de seguidores se congregaron en puntos emblemáticos como el estadio El Campín para rendir homenajes, se confirmó que las honras fúnebres de Yeison Jiménez se realizarán el martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
El Tribunal Superior de Bogotá ha tomado una decisión directa y contundente en un caso que involucra publicaciones que afectaron la reputación del excontralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte. El tribunal ordenó al periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos rectificar, en un plazo de 10 días, las publicaciones que realizó el 2 de junio de 2022 y el 6 de febrero de 2024, las cuales contenían afirmaciones que dañaban el buen nombre y la honra de Córdoba.Córdoba, a través de su apoderado, sustentó en la impugnación de la tutela que el Juzgado de Primera Instancia desconoció que las publicaciones de Barrientos Hoyos, contienen información inexacta y carente de veracidad e imparcialidad, lo que distorsiona el concepto público que se tiene de Hoyos y responsabilizándolo de haber cometido plagio para obtener sus títulos académicosEl tribunal, al evaluar el caso, determinó que era necesario proteger los derechos de Córdoba. Por ello, revocó parcialmente el fallo impugnado y ordenó que se emitiera una rectificación de la información difundida por el periodista. La decisión especifica que la corrección debe publicarse en los mismos sitios donde se difundieron originalmente los artículos y, además, en la red social X. Esta medida busca restablecer la verdad y reparar el daño causado a la imagen del excontralor.Indicó igualmente el Tribunal que “el periodista obvió emplear, como lo instruye la Corte, las formas lingüísticas condicionales o dubitativas, más concretamente, expresiones como ‘presuntamente’, que denotan la indemnidad de la presunción de inocencia” según lo establece el fallo.El tribunal también confirmó en lo demás la sentencia de primera instancia, lo que significa que, fuera de la rectificación ordenada, se mantienen las decisiones previas en el caso. Además, se ha dispuesto que, de manera oportuna, la actuación se remita a la Corte Constitucional para una eventual revisión, lo que garantiza que la protección de los derechos fundamentales de Córdoba sea evaluada desde la máxima instancia judicial.Blu Radio procedió a realizar la rectificación de información de la presente nota, precisando y corrigiendo lo mencionado de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre este caso.
La justicia avanza en el caso de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El próximo miércoles, 30 de abril, a las 11:30 de la mañana, el juzgado 049 penal del circuito con función de conocimiento llevará a cabo la audiencia de verificación del preacuerdo firmado por Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el conocimiento del Riesgo de la entidad.La diligencia, que se desarrollará de manera virtual, busca la aprobación del acuerdo pactado entre Barreto Gantiva y la Fiscalía General de la Nación, en el que el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y soborno. Como parte del preacuerdo, se estableció una pena de tres años, siete meses y 13 días de prisión, además de la devolución de $150 millones.Barreto Gantiva es uno de los exfuncionarios involucrados en el millonario desfalco a la UNGRD, caso en el que también figura Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad y testigo clave en la investigación. Recientemente, Barreto fue señalado de intentar sobornar a Pinilla para que lo excluyera de su testimonio ante la justicia.Además de aceptar su responsabilidad en el caso de corrupción relacionado con la contratación de carrotanques en La Guajira, Barreto Gantiva ha manifestado su disposición de colaborar con la justicia. Por esta razón, la Fiscalía decidió otorgarle un principio de oportunidad para que delate a otros implicados en el escándalo de la UNGRD. Una de las líneas de investigación en las que Gantiva aportaría información es sobre los presuntos beneficios que habría recibido el exdirector de la Función Pública, César Manrique, quien recientemente fue condenado a 10 años de prisión por su participación en otro caso de corrupción relacionado con la compra de motos eléctricas para la Policía Nacional cuando era funcionario en la Alcaldía de Gustavo Petro.El preacuerdo hace parte de una serie de negociaciones que la Fiscalía viene adelantando con los implicados en el escándalo de corrupción, en un proceso liderado por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño.
En una entrevista con Blu Radio, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, abordó la polémica llegada a Colombia de Carlos Lehder, exintegrante del Cartel de Medellín, y defendió su derecho a regresar a su país de origen. “El tema de Carlos Lehder es colombiano; desde ese punto de vista, tiene el derecho a estar en su patria”, afirmó la ministra.Un juez de ejecución de penas determinó que la condena que le impidió entrar con normalidad a Colombia la semana pasada ya había prescrito.Sin embargo, Buitrago destacó otro aspecto de la situación: “Lo que sí sería muy interesante y muy importante es mirar si, dentro de la información que tiene el señor Lehder, podría ayudar a reconstruir elementos para las víctimas de todos esos hechos”. La ministra señaló que parte del proceso judicial y de la investigación que involucró al Cartel de Medellín pudo haber dejado datos relevantes que, de ser compartidos, contribuirían a la reparación y esclarecimiento de los hechos que marcaron a las víctimas y al tejido social del país.Ante la interrogante de si se ha considerado que Lehder se reúna con las autoridades colombianas para esclarecer los hechos vinculados al cartel, la ministra indicó que, por el momento, el Ministerio de Justicia se ha mantenido a la espera de la definición de los jueces. “Ese es el primer camino”, precisó, remarcando que, en paralelo, la Fiscalía General ya certificó que no existe ninguna investigación en curso respecto a los hechos relacionados con el excapo del cartel.De acuerdo con Buitrago, la apertura a evaluar la información que Lehder pudiera aportar dependerá del avance en el proceso judicial y de la decisión que tomen las autoridades competentes. Así, se abre la posibilidad de que, en un futuro, se revaloricen ciertos elementos históricos y probatorios que, de ser confirmados, podrían contribuir a un mejor esclarecimiento y reparación de los daños ocasionados por la violencia asociada al Cartel de Medellín.
La reliquia, conocida como el Benedictin Rosari, es considerada de incalculable valor histórico y religioso. Según las investigaciones, la colombiana Carol Pineda formaba parte de una organización criminal dedicada al hurto de objetos de alto valor en Brasil. El robo fue meticulosamente planeado y, tras ser sustraída, la pieza fue vendida en el mercado negro por apenas 400.000 dólares, una fracción de su valor real.El coronel Gonzalo Córdoba, jefe de la Interpol en Colombia, explicó en entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, que la captura de Pineda se logró el pasado 10 de marzo en Bogotá. "Era la última integrante de este grupo que faltaba por capturar; las otras tres personas ya han sido puestas a disposición de la justicia", señaló.La pieza sustraída, un rosario de oro, madera y lino del siglo XIX, estaba custodiada en el Museo Sacro de Nuestra Señora del Pilar, en Ouro Preto, Brasil, y está valorada en más de 8.000 millones de pesos colombianos (2 millones de dólares). El mercado negro del patrimonio culturalLas autoridades han alertado sobre el creciente mercado negro de objetos religiosos y patrimoniales. "Para nadie es desconocido que existen redes ilícitas que trafican con elementos del patrimonio cultural de los países", afirmó el coronel Córdoba. En este sentido, la Interpol ha implementado desde 2021 la aplicación ID Arts, que contiene más de 52.000 fichas de bienes culturales buscados a nivel mundial.En Colombia, según el oficial, existen 400 fichas de elementos patrimoniales registrados como desaparecidos, incluyendo arte moderno y piezas precolombinas. La Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía Nacional trabaja de la mano con la Interpol para rastrear estos objetos y evitar su comercialización ilegal.El robo del Benedictin Rosari ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en el Museo Sacro de Nuestra Señora del Pilar. Pineda logró burlar los controles y sustraer la reliquia sin ser detectada en el momento. "Debe realizarse una evaluación de seguridad, pero eso corresponde a las autoridades brasileñas, ya que el hurto ocurrió en su jurisdicción", indicó el coronel Córdoba.
Fue condenado a 62 meses de cárcel un mayor del Ejército, quien fungía como Jefe de Operaciones del Batallón de Selva No. 53 en la vereda El Gualtal de Tumaco -Nariño-, por recibir dinero de algunos de sus subalternos a cambio de gestionar traslados de unidad militar. El mayor, de acuerdo con la investigación tuvo acceso a información operacional privilegiada, misma que vendió a sus compañeros para que reportaran resultados exitosos, por lo que habría recibido alrededor de 12 millones de pesos.Según la Justicia Penal Militar, el Mayor del Ejército fue condenado por los delitos de concusión y tráfico de influencias por los hechos ocurridos en el segundo semestre del año 2024 en el departamento de Nariño.De acuerdo con la investigación, el oficial recibió dinero de algunas de las personas bajo su mando con el fin de hacer la respectiva gestión de los traslados. El cobro que les exigía a los subalternos variaba dependiendo de la dificultad de la solicitud y, por supuesto, el grado del solicitante.El uniformado fue declarado responsable de estos hechos por el Juzgado 1203 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado y condenado a 62 meses de prisión, multa de 94 millones de pesos y la separación absoluta del Ejército Nacional.“Desde la Fiscalía General Penal Militar y Policial continuamos trabajando con autonomía, efectividad y transparencia, para luchar contra los delitos que afectan la administración pública dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, indicó la autoridad.
En las últimas horas fueron capturadas las integrantes de la banda ‘Las Eróticas’, cuatro mujeres que creaban perfiles falsos con la imagen de modelos para ofrecer servicios de acompañamiento o contenido explícito y quienes, luego de ganar la confianza de las víctimas, las extorsionaban diciéndoles que hablaban con menores de edad: “La niña con la que usted estaba hablando es menor de edad, lo voy a denunciar por pedófilo”, le decían a las víctimas.Una de las víctimas le dijo a la Policía que había pagado a las delincuentes una suma de 35 millones de pesos ante el temor de ser judicializado. Caso similar le ocurrió a un comerciante que terminó entregando cerca de 40 millones de pesos, dinero transferido a través de billeteras digitales y recibido por las cuatro mujeres.Estas eran las amenazas que estas mujeres les hacía a sus víctimas una vez ejecutaban su macabro plan criminal, el cual consistía en crear perfiles con la imagen de atractivas modelos para ofrecer servicios de acompañamiento o contenido explícito para adultos en el departamento de Casanare.Una vez creaban dichas cuentas, las delincuentes permanecían al asecho de los desprevenidos que ingresaban a sus páginas, ganaban su confianza e iniciaban un intercambio de información íntima que era enviada a su cómplice, recluido en un centro penitenciario de Bogotá, el cual, a través de mensajes de texto les manifestaba que la joven con la que estaban chateando era menor de edad, que los denunciaría por pedofilia; además, amenazaba con difundir el contenido íntimo por redes sociales, contarle a sus familias y les hacían montajes acusándolos de violadores.Con las denuncias y el material probatorio recolectado durante la investigación, se llevó a cabo un operativo simultaneo en las localidades de Bosa, Suba y Ciudad Bolívar en Bogotá. donde fueron capturadas alias ‘La Mona’, ‘Chikis’ y ‘Nikita’ mientras que su cabecilla, alias ‘Doña’, fue capturada en zona rural del municipio de San Martín (Cesar), lugares a donde habían huido para evadir el accionar de las autoridades.Según investigaciones adelantadas, producto del accionar criminal recaudaban cerca de 90 millones de pesos mensuales. Las capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde tendrán que responder por el delito de extorsión.