La Sala Séptima del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta por el partido Colombia Humana, con la que esa colectividad buscaba dejar sin efectos la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades y violación de los topes de financiación electoral.La tutela fue presentada por el movimiento político fundado por el hoy presidente de la República, con el argumento de que durante el proceso administrativo sancionatorio se habrían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, el principio de legalidad, así como los derechos políticos y a la igualdad de participación.Sin embargo, tras analizar los argumentos y las pruebas aportadas, el Tribunal Superior de Bogotá decidió denegar las pretensiones de la tutela. Para los magistrados, no se acreditó uno de los requisitos esenciales para que proceda este mecanismo excepcional, el cual es la existencia de un perjuicio irremediable.En su decisión, el Tribunal señaló que “aún existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectación a los derechos que se reclaman o, incluso, cuando ejercidos éstos, se encuentra pendiente su resolución, torna el auxilio constitucional en prematuro”.La Sala también fue enfática en que los efectos económicos derivados de las sanciones impuestas por el CNE no justifican, por sí solos, la intervención del juez de tutela. “El presunto perjuicio irremediable que se aduce por los efectos económicos de las multas impuestas a los partidos políticos involucrados debe probarse y sustentarse ante el juez administrativo que conozca de la acción de nulidad del acto controvertido”, precisó el Tribunal.En esa línea, los magistrados concluyeron que la tutela no puede desplazar a la jurisdicción contencioso administrativa, que es la autoridad competente para estudiar de fondo la legalidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la banda criminal autodenominada 'PPP' (Por el Pueblo y para el Pueblo) confirmó nuevos detalles sobre su presunto financiamiento, estructura y vínculos con personas relacionadas con el ELN, así como su participación en actos de vandalismo y terrorismo en sectores aledaños a universidades públicas de Bogotá.De acuerdo con el ente acusador, esta organización estaría dedicada a promover y ejecutar manifestaciones violentas, bloqueos y ataques con artefactos explosivos improvisados, entre ellos bombas incendiarias y las denominadas “papas bomba”, con especial afectación al sistema de transporte TransMilenio y a la seguridad de decenas de ciudadanos. Según la Fiscalía, parte de los recursos utilizados para estas actividades ilícitas habrían sido enviados desde Medellín, con el propósito de financiar la logística y la fabricación de los artefactos.Durante las diligencias de judicialización, la fiscal del caso expuso el presunto modus operandi del grupo y la forma en la que se camuflarían dentro de las instituciones educativas para evadir a las autoridades. “Ustedes presuntamente utilizarían guantes de carnaza para manipular los elementos peligrosos. Una vez hayan realizado esas conductas delictivas, ingresan nuevamente a las instituciones educativas para cambiarse y así no ser detectados por las autoridades”, señaló la funcionaria judicial.La investigación sostiene que los integrantes de esta red se refugian en universidades públicas de la capital, aprovechando la masividad y el flujo constante de estudiantes. En ese contexto, la Fiscalía indicó que la organización habría cambiado de nombre de manera reiterada para dificultar su identificación. “Este grupo presuntamente estaría siendo financiado por personas con vínculos con el ELN, y constantemente ustedes cambian su nombre como organización. A lo largo de la investigación se han hecho llamar FEC (Frente Estudiantil Clandestino), ‘Los Nadie’, ‘Los Arruera’ y, por último, ‘PPP’, para así lograr evadir la administración de justicia”, afirmó la fiscal.Según el ente investigador, al menos 11 personas se habrían concertado para conformar una sociedad criminal con vocación de permanencia, con roles definidos y participación en por lo menos 15 eventos violentos. Estos hechos, de acuerdo con la Fiscalía, no fueron aislados, sino coordinados y planificados para generar caos y temor en la comunidad.Uno de los elementos más graves revelados en el proceso es la presunta relación directa con estructuras guerrilleras. La fiscal explicó que para asegurar la financiación y el aval de las acciones violentas, algunos integrantes de la red habrían asistido a campamentos guerrilleros. “Que es presentarse a un campamento de guerrilla y hablar con un comandante para firmar un contrato. Una vez se firme y se tiene el aval para hacer cualquier cosa de impacto con el fin de generar caos y miedo en la comunidad”, relató durante la audiencia, al referirse a los contactos atribuidos a la organización.La Fiscalía también documentó un proceso de infiltración en universidades públicas mediante el uso de carnés falsos, lo que les habría permitido ingresar sin restricciones a sedes como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. “Ingresan a un baño, a un salón o cerca de una de las puertas de estas universidades, con el fin de preparar artefactos explosivos improvisados, con insumos que presuntamente arribarían desde la ciudad de Medellín”, detalló la fiscal, quien añadió que los elementos incendiarios eran fabricados de manera artesanal.Entre los hechos de mayor impacto atribuidos a esta estructura se encuentran el ataque con bombas incendiarias a una patrulla de la Dirección Antinarcóticos en la calle 26 y un caso en el que un bus de TransMilenio fue secuestrado e incendiado en inmediaciones de una universidad pública. Para la Fiscalía, estos episodios evidencian una escalada en la violencia y un patrón de conducta que va más allá de la protesta social.
Uno de los casos que más conmocionó a los colombianos se registró el pasado 31 de octubre de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, cuando Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, fue asesinado.La madre de Juan Carlos Suárez, Nancy Ortiz, habló por primera vez en el programa Conducta Delictiva sobre lo ocurrido aquella noche. Según relató, decidió hablar pese a que había hecho un pacto con su hijo de no hacerlo, afirmando que le pide perdón a Dios por romper esa promesa.La mujer rompió en llanto al expresar que “yo oro y lloro por Juan Esteban en el cementerio y por mi hijo Juan Carlos en la cárcel”. Además, pidió disculpas a la familia de Jaime, a la universidad y a todos sus allegados.Ortiz señaló que Juan Carlos proviene de una familia humilde, conformada por ella, su madre y el joven. Afirmó que, cuando era más joven, su hijo tenía amigos, era sociable y tranquilo. Dijo que cuando se molestaba no solía ser violento ni agresivo; sin embargo, reconoció que le gustaba salir y algunas veces consumir alcohol.Sobre el día en que murió Jaime, relató que escuchó cuando su hijo salió de la casa. Posteriormente, en la mañana del día siguiente, “me llama un señor agente de la Policía y me dice: ‘¿Juan Carlos Suárez Ortiz es su hijo?’. Yo le dije que sí, y me respondió: ‘Su hijo está aquí en la URI de Engativá’”.Tras recibir esa información, la mujer aseguró que se dirigió al lugar donde se encontraba el joven para llevarle útiles de aseo y que, “a partir de ese momento, yo nunca más volví a ver a Juan Carlos”.En una llamada que él le hizo, le dijo que estaba en un problema, a lo que ella respondió: “Acabaste con tu abuela y conmigo acabaste. Le dije que lo amaba mucho y que seguiría guerreando por él, porque es mi hijo. No somos una sino dos madres en este momento, y tres madres con mi madre, enfrentando cosas muy duras”.Nancy Ortiz afirmó que en ese momento no sabía que Jaime había fallecido. Relató que le preguntó a su hijo por qué había hecho eso, y que él le respondió: “Usted no sabe nada”.Agregó que no lo notó con una actitud desafiante, sino “muy calmado y muy reflexivo”. Según contó, él le dijo: “Estoy orando, madre”.La mujer dijo que solo después de ver a su hijo se enteró de que Jaime había perdido la vida. “Le dije: ‘Juan Carlos, ¿y esto por qué?’. Él me respondió: ‘Madre, yo soy inocente, yo no lo maté’. Le dije que cuando hablara con su abuela le dijera las cosas como eran, porque lo que más me interesa es que me diga la verdad”, afirmó.Ortiz también relató que lloró al ver los videos del caso y concluyó diciendo: “Le pido perdón a Dios y disculpas a ellos, a su señora madre, en especial a su hermano, a su padre y a su familia, porque esto no debió haber sucedido. Esto fue una tragedia para todos”.Finalmente, afirmó que su hijo no es un asesino y que le entregó todo a Dios. “Un error lo puede cometer cualquiera. Muchas veces uno escucha a los demás y no hace lo que tiene que hacer en el momento, y muchas veces otras personas influyen para llegar a ese punto”, concluyó.
Sin duda, el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez marcó la agenda noticiosa de 2025. El caso vuelve a sonar porque las víctimas reconocidas dentro del proceso ya radicaron su demanda de casación, con la que buscan tumbar la absolución del exmandatario por un episodio de presunta manipulación de testigos.El recurso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, quienes figuran como víctimas reconocidas dentro del proceso.La demanda busca que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo emitido el 14 de octubre de 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de 12 años de prisión impuesta en primera instancia por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, el cual había declarado penalmente responsable al exmandatario.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.En particular, cuestionan la exclusión de interceptaciones telefónicas que, a su juicio, eran determinantes para acreditar la responsabilidad penal del expresidente Uribe.El recurso fue presentado dentro del término legal, luego de que el Tribunal concediera una ampliación excepcional del plazo debido a la complejidad del caso y al volumen de pruebas analizadas.En el escrito, los demandantes sostienen que los hechos investigados no son aislados, sino que hacen parte de un patrón sistemático de manipulación de testigos, presuntamente dirigido por Álvaro Uribe Vélez a través de intermediarios, con el propósito de incidir en decisiones judiciales y desacreditar a testigos que lo vinculaban con estructuras paramilitares.La Corte Suprema de Justicia deberá ahora decidir si admite el recurso de casación radicado por las víctimas reconocidas dentro del proceso.
En diálogo con Mañanas Blu, Lester Toledo, abogado y estratega político vinculado a la causa de María Corina Machado, ofreció un análisis profundo sobre la situación actual de Venezuela tras los eventos del 3 de enero.Toledo afirmó con contundencia que "Nicolás Maduro es el pasado" y que el país atraviesa actualmente una fase de transición hacia un futuro democrático.El control factual de Estados Unidos y la "transición" de Delcy RodríguezToledo explicó que, en la práctica, es el gobierno de los Estados Unidos quien hoy ejerce el mando sobre los pilares fundamentales de Venezuela, incluyendo el petróleo, las finanzas y el control de entradas y salidas del país. Según el estratega, esta situación es necesaria para la estabilización y recuperación del país, bajo un plan que incluye el retorno de exiles y la liberación de presos políticos.En este contexto, calificó a Delcy Rodríguez como una figura transitoria, a quien denominó "Delcy la breve", señalando que su posición es insostenible debido a que carece de respaldo popular y está sancionada por Washington.La legitimidad de María Corina MachadoRespecto a las declaraciones de Donald Trump sobre la falta de respaldo de Machado para gobernar, Toledo aclaró que se trató de un comentario pragmático referido exclusivamente a la fuerza militar y el control de las armas, y no a su apoyo popular. Destacó que Machado cuenta con más del 80% de respaldo ciudadano y obtuvo el 91% de los votos en las primarias.Asimismo, defendió el plan de gobierno "Venezuela Tierra de Gracia", el cual contempla la apertura del mercado y acciones concretas para la industria petrolera. Toledo confirmó que este plan es conocido y ha sido elogiado por autoridades estadounidenses, subrayando que Machado será recibida próximamente en la Casa Blanca por el presidente Trump.Escuche aquí la entrevista:
El representante a la Cámara Andrés Forero informó que presentó un derecho de petición para solicitar información detallada sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados en una entidad pública, en medio de un escenario que, de acuerdo con lo expuesto por el congresista, está marcado por restricciones presupuestales.Según el contenido del requerimiento, Forero pidió precisar las funciones, perfiles profesionales, experiencia requerida y remuneración de varios cargos recientemente creados o provistos. Entre los casos mencionados se encuentra el de un cargo de internacionalista, con una asignación mensual de 22 millones de pesos, cuya creación fue cuestionada por el representante en el documento enviado a la entidad.El derecho de petición también hace referencia a un cargo de gerente de gestión humana, ocupado por una persona de 25 años de edad, con tres años de haber culminado sus estudios profesionales y con una especialización en derecho procesal civil. De acuerdo con la información solicitada, este cargo tendría una remuneración mensual cercana a los 23 millones de pesos. El congresista pidió conocer los criterios utilizados para la designación y la relación del perfil con las funciones desempeñadas.Otro de los casos incluidos en el requerimiento corresponde a un exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, quien, según lo expuesto en el documento, no contaría con experiencia previa en el sector salud y tendría una asignación mensual de 40 millones de pesos. Frente a este nombramiento, Forero solicitó detalles sobre el proceso de selección, el tipo de vinculación y la justificación técnica del salario.El representante indicó que el derecho de petición busca establecer si la creación de estos cargos y los montos salariales cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen la administración pública. En el documento, también se solicita información sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la situación financiera reportada por la entidad.Forero señaló que, una vez se conozca la respuesta oficial al derecho de petición, se evaluará la información suministrada para determinar si se requieren actuaciones adicionales en el marco de las funciones de control político que ejerce el Congreso de la República. Mientras tanto, el requerimiento permanece a la espera de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado.
El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su impacto es especialmente notable en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores revisan a diario sus resultados.Gracias a su amplia trayectoria y a la regularidad de sus sorteos, este chance se ha consolidado como una alternativa habitual para quienes disfrutan de los juegos de azar. Su éxito se debe, en gran parte, a una mecánica simple y a la facilidad para realizar apuestas, características que lo han convertido en un referente a nivel nacional. Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 13 de enero de 2026El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 13 de enero de 2026 es el 6538 - 2. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.Número ganador: 6538 Dos últimas cifras: 38 Tres últimas cifras: 538 La quinta: 2Desde el año 2025, el Sinuano Día incorporó la quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias siempre que este número se acierte de manera simultánea con las cifras principales.¿A qué hora juega el Sinuano Día?El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad y la transparencia en cada jornada han sido claves para fortalecer su credibilidad, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance continúa siendo una práctica popular.Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEl Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.Estas alternativas permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, presupuesto y forma de jugar.¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?Participar en el Sinuano Día es fácil y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos. Esta flexibilidad ha sido determinante para mantener su carácter popular y su amplia aceptación en todo el país.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?El proceso para reclamar un premio del Sinuano Día depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.Documentos fundamentales para cualquier premio:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de 8 días hábiles.De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y organizado para que los ganadores puedan reclamar sus premios de forma segura.
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Con sorteos diarios y una trayectoria consolidada, este juego se mantiene como una opción habitual para miles de personas que consultan sus resultados cada día con la expectativa de obtener un premio.Su popularidad se debe, en gran medida, a su mecánica sencilla y a la facilidad para participar. Los jugadores pueden realizar apuestas con montos accesibles, desde $500 hasta $25.000, eligiendo números que deben coincidir, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 13 de enero de 2026El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 13 de enero de 2026 es el 3489 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.Número ganador: 3489 Dos últimas cifras: 89 Tres últimas cifras: 489 La quinta:6¿A qué hora juega Caribeña Día?El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial suele publicarse pocos minutos después de finalizar el sorteo, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.¿Cómo se juega el chance?El chance Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Cuánto cuesta apostar?La Caribeña Día se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite a cada jugador invertir según su presupuesto:Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado. No obstante, existen documentos básicos que siempre deben presentarse.Documentos fundamentales para cualquier premio:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria a nombre del titular del tiquete, con vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de medida cautelar para que se suspenda de manera inmediata el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional el 22 de diciembre de 2025, así como los efectos de la reforma tributaria adoptada bajo esa figura.El mandatario aseguró que la declaratoria de emergencia no cumple con los requisitos constitucionales de excepcionalidad e imprevisibilidad y responde, según dijo, a una crisis generada por el propio Gobierno. Indicó que los argumentos utilizados, como lo son la situación del sistema de salud, la seguridad, el pago de sentencias judiciales y la ola invernal no corresponden a hechos nuevos ni extraordinarios.Gutiérrez cuestionó que el Ejecutivo haya recurrido a la emergencia para expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, entre ellos una reforma tributaria que ya había sido hundida por el Legislativo. Señaló que, desde el 1 de enero, se están cobrando nuevos impuestos que afectan el patrimonio de ciudadanos y empresas, incluyendo incrementos en el IVA de productos de consumo básico."Como alcalde, le he pedido, y le pido a los magistrados y magistradas de la corte constitucional, que frenen ya, que frenen ya este decreto en el que el gobierno nacional nos quiere gobernar, por excepción, lo que perdió en democracia", aseguró.Gutiérrez también advirtió que estas decisiones se estarían tomando en un contexto electoral, lo que, a su juicio, agrava la situación. Según afirmó, el Gobierno estaría buscando financiarse “en plena época de campaña” mediante medidas que golpean el bolsillo de los colombianos y que considera contrarias a la Constitución.Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón manifestó que son los departamentos los más afectados con estas medidas, porque impacta los tributos propios de los licores, tabacos y los juegos de suerte y azar, por lo que evaluarán en conjunto si se adhieren a esta acción judicial gestada desde el Distrito de Medellín."Aquí todos tenemos que ayudar y pedirle insistentemente no sólo a la Corte Constitucional en el caso del decreto de emergencia económica, sino al Consejo de Estado en el caso del salario mínimo que revise esto, pero las gobernaciones, los departamentos que somos los más afectados fiscalmente, necesitamos a una cumbre de emergencia para este jueves", señaló Rendón.Finalmente, el alcalde también se refirió al alza del pasaje de transporte público y del valor de la vivienda VIS, ante el incremento del salario mínimo del 23%, indicando que sin duda esto causa efectos en la economía y los precios deben subir. La solicitud presentada ante la Corte tiene 48 páginas y fue radicada a las 7:44 de la mañana de este martes 13 de enero. En ella se pide suspender provisionalmente los decretos mientras se adelanta el análisis de fondo.
Un juez de ejecución de penas le negó a Daneidy Barrera Rojas, 'Epa Colombia', la extinción de la pena que solicitó con base en la Ley de justicia restaurativa. Ella seguirá privada de la libertad tras la confirmación de su pena a 5 años de cárcel por parte de la Corte Suprema de Justicia tras haber vandalizado una estación de Transmilenio en 2019.Epa Colombia hizo esta solicitud basada en la Ley 2477 de 2025, que introdujo una serie de reformas orientadas a descongestionar los juzgados, agilizar los procesos judiciales y fortalecer el enfoque de justicia restaurativa, con mayor protagonismo para las víctimas.Esta iniciativa, que recibió el guiño de la Corte Suprema, no le fue útil a la influenciadora condenada por delitos relacionados con el vandalismo por el episodio en el marco del estallido social de 2019 cuando se grabó y subió a sus redes sociales un vídeo pegándole con un martillo a las puertas y registradoras de la estación Molinos, sur de Bogotá.Sin embargo, el juez negó la petición tras estudiarla, lo que significa que Barrera Rojas seguirá recluida en un sitio especial purgando la pena de 5 años y 2 meses.Con esta decisión, la influenciadora fracasó una vez más en el intento por recuperar su libertad, ya que en el pasado interpuso una serie de recursos como tutelas, poniendo de presente su condición de madre de una menor de edad.Sin embargo, la defensa de ‘Epa Colombia’ sigue dándole pelea, pues sus abogados recientemente le pidieron a la Corte Constitucional seleccionar para revisión la tutela en la que cuestiona la legalidad de la condena en su contra por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, por el cual ella está privada de su libertad.
Según la solicitud formal presentada por Washington, alias 'Chiquito Malo' habría tenido un rol clave dentro del Clan del Golfo, organización criminal señalada de producir y transportar grandes cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas y contenedores marítimos. La acusación sostiene que el requerido habría coordinado estos envíos durante más de una década y recibido pagos en dólares por la venta de la droga.En su análisis, la Sala de Casación Penal señaló que se cumplen los requisitos constitucionales y legales para conceder la extradición, los delitos imputados no son de carácter político porque los hechos habrían ocurrido después de 1997, las conductas también están tipificadas en la legislación penal colombiana y no existe una sentencia en firme en Colombia por los mismos hechos.La Corte precisó que, aunque alias “Chiquito Malo” registra múltiples procesos penales activos aquí en Colombia, entre ellos investigaciones por homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y uso de menores de edad, ninguno ha llegado a una decisión judicial definitiva que impida su entrega a la justicia estadounidense.’Chiquito Malo’ no ha sido capturado por las autoridades colombianasLa Corte Suprema de Justicia dejó claro que el requerido no ha sido capturado y permanece en condición de prófugo, razón por la cual no fue posible realizar un cotejo dactiloscópico directo. Sin embargo, el alto tribunal consideró plenamente acreditada su identidad con base en los documentos oficiales remitidos por las autoridades colombianas y estadounidenses.La decisión final sobre la entrega de alias 'Chiquito Malo' la tomará el presidente Gustavo Petro que deberá evaluar el concepto de la Corte Suprema de Justicia.
El proceso de extradición de Zulma Guzmán en el Reino Unido continúa avanzando. La justicia británica fijó para el próximo 9 de febrero una nueva audiencia ante el juzgado de Westminster. Se espera que, en dicha diligencia, la defensa de la mujer precise los recursos jurídicos que empleará para sustentar su oposición a ser extraditada a Colombia.La fecha fue establecida tras una audiencia celebrada en las últimas horas, la cual se desarrolló de manera virtual y tuvo un carácter estrictamente procedimental. En esa diligencia, la autoridad judicial consultó a Guzmán si estaba de acuerdo con que el trámite de extradición continuara bajo la competencia de ese tribunal, sin que se abordaran de fondo los argumentos de las partes.Mientras el proceso avanza en el Reino Unido, en Colombia las autoridades judiciales se preparan para retomar las actuaciones suspendidas durante la vacancia judicial. Con la reanudación de actividades, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto avanzar en la radicación de la audiencia de imputación de cargos, a la espera de definir si la mujer, de 54 años, podrá comparecer de manera virtual desde el centro de reclusión europeo o si se procederá con su vinculación formal en contumacia.Sobre este punto, el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, explicó recientemente el alcance de esta figura procesal. “Si ella decidiera no comparecer, no asistir, estando de presente y a su disposición todos estos mecanismos para que lo haga, la Fiscalía podría optar por una figura que se llama o se conoce como la contumacia”, señaló el jurista. Aclaró, además, que “aquí no podemos hablar de persona ausente, porque la persona ausente supone que justamente el indiciado no pueda ser ubicado. Aquí ya hay una ubicación clara, concreta y específica”.El abogado precisó que la contumacia se configura cuando el procesado, pese a estar plenamente localizado, decide no comparecer ante la justicia. “La contumacia supone que el procesado está ubicado y simplemente no quiere comparecer. Pero eso depende también de una decisión absolutamente autónoma de la Fiscalía”, agregó Abushihab, quien destacó que el ente acusador adelanta el caso en coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales y las autoridades del Reino Unido.De manera paralela, la Fiscalía ha reiterado que cuenta con múltiples elementos probatorios que comprometerían a Zulma Guzmán en el presunto envenenamiento de dos menores de edad mediante frambuesas contaminadas con talio. Asimismo, continúa abierta una línea de investigación relacionada con dos episodios de intoxicación con la misma sustancia que habría sufrido Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout y madre de una de las menores fallecidas.
La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición de Camilo Esteban Betancourt. alias 'Max', solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos para que comparezca ante una corte federal en Texas por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, concierto para delinquir y lavado de activos.A Betancourt se le señala de presuntamente lavarle dinero al cartel de Sinaloa y de tener nexos con la Segunda Marquetalia. Según la acusación de EE. UU., alias Max era el blanqueador de dineros de uno de los mayores productores de cocaína en el mundo.El alto tribunal explicó que el procesado aceptó voluntariamente acogerse al trámite de extradición simplificada, el cual permite renunciar al procedimiento ordinario siempre que la decisión sea libre, informada y cuente con el aval de su defensa y del Ministerio Público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación verificó que no se vulneraron sus garantías fundamentales.No obstante, el concepto favorable está sujeto a condicionamientos, según explicó el alto tribunal, entre ellos, que el Gobierno colombiano exija a Estados Unidos garantizar los derechos humanos del extraditado, que no sea juzgado por hechos distintos a los que motivaron la solicitud y que, en caso de absolución o una vez cumplida la pena, se permita su retorno a Colombia en condiciones de dignidad.La decisión final sobre la entrega de alias Max la tomará el presidente Gustavo Petro, que deberá evaluar el concepto de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela presentada por el mayor del Ejército Enrique Diago Benavides, quien buscaba recuperar su libertad por presunto vencimiento de términos dentro de un proceso penal militar por delitos contra la administración pública.El oficial es investigado por hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2024 en Ipiales (Nariño), cuando, según la Fiscalía Penal Militar, habría exigido dinero a varios subalternos a cambio de concederles permisos remunerados.Por estos hechos enfrenta cargos por concusión, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros y abuso de la función pública.Diago Benavides fue capturado el 4 de marzo de 2025 y un día después un juez penal militar legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión del Ejército Nacional.Posteriormente, su defensa solicitó la libertad por vencimiento de términos, sin embargo, tanto el Juzgado Penal Militar de Control de Garantías de Popayán como el Tribunal Superior Militar y Policial negaron la solicitud.Ante estas decisiones, la defensa acudió a la tutela, argumentando la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal, el debido proceso y la igualdad, así como la inaplicación indebida de la ley especial militar frente a la ordinaria.No obstante, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existió defecto judicial en las decisiones cuestionadas y respaldó la aplicación del régimen ordinario para el conteo de términos, al tratarse de delitos comunes contra la administración pública, incluso cuando el procesado ostenta fuero penal militar.Con este fallo, el mayor Benavides continuará privado de la libertad mientras avanza el juicio en su contra.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, defendió la decisión del mandatario de denunciar a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), ante la Corte Penal Internacional (CPI). La discusión surgió luego de que se conociera un audio atribuido a Iván Mordisco en el que convoca a otros grupos armados ilegales a una “cumbre insurgente” y a una unión para enfrentar lo que califican como injerencias extranjeras. Para Carranza, ese mensaje confirma la necesidad de acudir a instancias internacionales.“Esta batalla que se da para garantizar la soberanía y la libertad del país es tanto militar como jurídica”, afirmó el abogado, quien insistió en que la denuncia ante la CPI busca integrar un instrumento internacional a la persecución contra un “delincuente, terrorista y criminal” como Mordisco. ¿Denuncia es sinónimo de incapacidad del Estado?En su concepto, el país enfrenta una “guerra híbrida” que combina acciones armadas, judiciales, políticas y comunicacionales, lo que obliga al Estado a responder con todas las herramientas disponibles.Carranza rechazó que la denuncia implique una admisión de incapacidad de la justicia colombiana. Por el contrario, sostuvo que Iván Mordisco tiene múltiples procesos y condenas en el país y que tuvo la oportunidad de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a nuevos intentos de negociación, pero los desaprovechó. “Colombia tiene todas las capacidades para hacerlo y lo seguirá haciendo”, dijo, al tiempo que explicó que la diferencia está en cómo se presenta el caso ante otros Estados de la región.Según el abogado, llevar el caso ante la CPI cambia la narrativa internacional: “No es lo mismo que un país crea que en su frontera hay un supuesto guerrillero con discurso político, a que sepa que hay un criminal de guerra”. En ese sentido, señaló que la decisión del presidente Petro busca que los países de América tengan claridad sobre la naturaleza de estas estructuras y actúen en consecuencia.Carranza también aseguró que con esta denuncia se marca un punto de quiebre frente a futuras negociaciones. A su juicio, el presidente está cambiando la doctrina histórica que veía el narcotráfico como un resultado del conflicto armado, para señalarlo como el motor de la violencia. “Son grupos narcoterroristas que lesionan el Derecho Internacional Humanitario y luego salen a dar discursos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que, de prosperar el proceso, Iván Mordisco quedaría catalogado como criminal de guerra y no podría volver a salir de listas de terrorismo ni aspirar a nuevas negociaciones de paz.Frente a las críticas que señalan que el Gobierno debería concentrarse exclusivamente en operaciones militares en zonas como el Amazonas o el Guaviare, Carranza respondió que no se trata de un “show”, sino de una estrategia integral. Argumentó que el Estado colombiano, a diferencia de los grupos armados, está obligado a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a la población civil. “No vamos a acabar con el Amazonas ni con el Caquetá; vamos a proteger a nuestra población y a usar los instrumentos internacionales”, sostuvo.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que funcionaban en viviendas de Medellín, sin cumplir las mínimas condiciones de higiene y salubridad exigidas por la ley. De acuerdo con el ente acusador, al menos 55 personas habrían sido víctimas de estos procedimientos invasivos.Según la investigación, los hechos se habrían presentado entre abril de 2023 y mayo de 2024, periodo en el cual las procesadas junto con otras personas, practicaron múltiples procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas principalmente a través de redes sociales. La intervención ofrecida era conocida como lipólisis láser con transferencia glútea, la cual se realizaba en inmuebles ubicados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.La Fiscalía estableció que las cirugías se efectuaban en espacios acondicionados de manera precaria, sin controles sanitarios adecuados y sin la infraestructura necesaria para este tipo de procedimientos médicos. Las investigadas, al parecer, participaban directamente en las intervenciones, desempeñando labores como la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos.La investigación también evidenció que, cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones derivadas de las cirugías, las presuntas responsables trasladaban la operación a otros barrios de la ciudad, con el fin de evadir controles y continuar con la actividad ilícita. Como consecuencia de estos procedimientos, más de 40 mujeres habrían sufrido lesiones de consideración, entre ellas deformidades, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones físicas de carácter permanente.Durante la audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito y lesiones personales dolosas. Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las presuntas articuladoras de la actividad delincuencial, dentro de un proceso que busca establecer la responsabilidad penal de todos los involucrados en esta red de cirugías estéticas ilegales.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras determinar que la juez encargada del caso no tramitó correctamente la recusación en su contra. La decisión, que responde a una tutela interpuesta por la defensa de Uribe, establece que la juez no podía rechazar de plano la recusación sin someterla a revisión por otro juez.Jaime Granados, abogado del expresidente, calificó el fallo como un precedente significativo dentro del proceso. En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, Granados enfatizó que la decisión de la Corte deja claro que “un juez no puede ser juez de sí mismo en un trámite de recusación” y que la imparcialidad no solo debe existir, sino que debe ser evidente para garantizar la confianza en el sistema judicial.“La Corte señala y rechaza como totalmente indebido que la juez haya asumido una competencia que no tenía, negando de plano la recusación sin seguir el procedimiento establecido”, afirmó Granados.El debate sobre la imparcialidad judicialUno de los puntos centrales del recurso de la defensa de Uribe es la presunta parcialidad de la juez a cargo del caso. Según Granados, existen múltiples acciones que demuestran una falta de garantías procesales, entre ellas, la negativa a admitir pruebas y testimonios clave para la defensa.“Ha habido una actitud sistemática de la juez que ha generado dudas sobre su imparcialidad. Nos negó más de 50 testimonios y llegó al punto de acusarme de engañar a la justicia sin pruebas, cuando demostramos que había más de 100.000 archivos borrados que no fueron tenidos en cuenta”, señaló el abogado.El defensor del expresidente también hizo referencia a un principio clave en el derecho internacional sobre la imparcialidad judicial: “Desde 1982, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que no basta con que un juez sea imparcial; también debe generar confianza en su imparcialidad. Es decir, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”.Una comparación futbolística sobre la credibilidad del juezEn un intento por ilustrar la importancia de la imparcialidad en el juicio, Granados recurrió a una analogía con el fútbol: “Me recuerda un episodio en la Premier League, donde un árbitro celebró un gol de un equipo mientras pitaba el partido. Independientemente de si su arbitraje fue justo o no, ese gesto minó su credibilidad como juez imparcial. Lo mismo sucede en este caso”.La afirmación del abogado refuerza la idea de que, en un juicio de alta relevancia como el de Uribe, cualquier duda sobre la imparcialidad de la juez afecta la legitimidad del proceso.El futuro del juicio y los próximos pasosCon la decisión de la Corte, el juicio contra Uribe queda suspendido hasta que un nuevo juez determine si la recusación tiene fundamento. En caso de ser aceptada, el caso pasaría a otro magistrado; si es rechazada, la actual juez podría continuar con el proceso.“El tribunal competente decidirá si la juez garantiza imparcialidad o no. Si concluyen que sí, acataremos la decisión, como siempre lo hemos hecho. Pero lo que quedó claro es que el procedimiento no se respetó y, por eso, la tutela fue concedida”, explicó Granados.A pesar de la suspensión temporal del juicio, el abogado del expresidente asegura que la defensa se mantiene optimista. “Hasta ahora, ningún testigo ha señalado a Uribe de haber cometido un delito. Seguimos ganando este caso por goleada”, concluyó.La decisión de la Corte Suprema abre una nueva etapa en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, cuyo caso ha sido uno de los más mediáticos en la historia reciente de Colombia. Ahora, la atención se centra en la nueva revisión de la recusación y en las implicaciones que esto tendrá para el desarrollo del juicio.
La Fiscalía en Neiva judicializó a la mamá y el padrastro de Jordán, el pequeño de tan solo 2 años de edad que falleció por múltiples contusiones en su cuerpo, tras recibir una golpiza en hechos ocurridos el pasado 13 de marzo, en una vivienda del barrio Eduardo Santos, en Neiva, Huila.Ochos días de investigación realizada por un fiscal adscrito a la Unidad de Vida y la Policía Judicial de la Policía permitieron indicar que la muerte de Jordán se dio por un presunto caso de violencia infantil.“Se logra la materialización de la captura de dos ciudadanos, quienes son señalados como presunto responsables de los hechos ocurridos el pasado 13 de marzo en el barrio Eduardo San, donde un menor de edad pierde la vida los capturados presentan investigaciones judiciales por violencia intrafamiliar inasistencia alimentaria y lesiones personales”, señaló el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana al momento de la captura de la pareja.Igualmente, se conoció que el día de los hechos una vecina escuchó unos gritos provenientes del inmueble y acudió al lugar, donde encontró al niño gravemente herido. Ante la situación, le prestó ayuda y lo llevó al CAIMI de Neiva, ubicado en la comuna 9, sin embargo, llegó sin signos vitales.Aunque la madre del menor indicó en el centro asistencial que el niño venía presentando problemas estomacales, el dictamen de Medicina Legal señaló que no fue muerte natural, sino producto de los golpes propinados con un objeto contundente en el abdomen y signos de tortura en otras partes del cuerpo.Durante la investigación, la Fiscalía estableció que el pequeño Jordán, desde diciembre de 2024, venía siendo víctima de un ciclo de violencia y maltrato.Por todo lo anterior, les fueron imputados los delitos de homicidio agravado y Tortura. La mamá y el padrastro del menor, que no aceptaron cargos, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centros carcelarios.En lo corrido del 2025 se han presentado en Neiva, según la Secretaría de la Mujer de Neiva, 1.800 casos de violencia intrafamiliar, donde, en más de 300 de estos casos las víctimas son menores de edad. La Policía hizo un llamado para extremar el cuidado de los niños.
Todo comenzó el 3 de junio de 2023, cuando el señalado irrumpió en la vivienda de su expareja en el barrio La Florida de Zipaquirá y en un acto de celos, revisó su cuello y prendas en busca de pruebas de una posible infidelidad, tomó alcohol de la nevera y luego intentó arrebatarle el celular.Durante el forcejeo, la golpeó en el rostro y la cabeza, allí, la víctima logró pedir ayuda a la Policía, lo que llevó a la captura del agresor, quien además la amenazó de muerte en presencia de los uniformados las agresiones dejaron lesiones físicas que requirieron 15 días de incapacidad médica.El sujeto fue condenado en primera instancia a (78) meses de cárcel por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Zipaquirá el 10 de octubre de 2023. Sin embargo, el 30 de noviembre, el Tribunal Superior de Cundinamarca revocó la condena argumentando que la única prueba directa era la denuncia de la víctima, quien no testificó en juicio por miedo.La Fiscalía interpuso recurso de casación, argumentando que se desestimaron pruebas clave, como testimonios de familiares y policías que capturaron al agresor, además de exámenes médicos y medidas de protección previas concedidas a la víctima.La Corte Suprema determinó que el fallo del Tribunal desconoció la perspectiva de género y la obligación de evaluar la violencia sistemática sufrida por la víctima.El alto tribunal destacó que la decisión de la víctima de no declarar en juicio no fue libre, sino producto del miedo y la manipulación de su agresor y su entorno. Además, reconoció la existencia de violencia institucional, es decir, fallas en el sistema de justicia que perpetúan la impunidad en casos de violencia de género.Este fallo refuerza el uso de la perspectiva de género en procesos judiciales y establece un precedente sobre el tratamiento de pruebas en casos de violencia intrafamiliar, permitiendo que testimonios indirectos y pruebas periciales sean valoradas adecuadamente cuando la víctima teme declarar.
La Corte Constitucional rechazó dos recusaciones presentadas contra el presidente de ese alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, quien está a cargo de la ponencia sobre la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional.Las recusaciones fueron presentadas por dos ciudadanos, quienes argumentaban que el magistrado Ibáñez tenía un posible conflicto de interés debido a su trayectoria política y su elección con el respaldo de sectores opositores al Gobierno actual.Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que las solicitudes carecían de pertinencia, ya que los peticionarios no acreditaron legitimación dentro del proceso.El auto 282 de 2025, emitido por la Sala Plena, precisó que la sola presentación de una recusación no suspende los términos procesales, salvo que se determine su pertinencia y en este caso al no cumplirse los requisitos, se rechazaron las solicitudes y se reafirmó que el proceso seguirá su curso sin interrupciones.Al alto tribunal, han llegado varias recusaciones, no solo contra el magistrado Ibáñez, sino también contra la sala plena en su totalidad.El presidente de la Corte Constitucional es quien lleva la ponencia sobre la demanda de inconstitucionalidad que interpuso la senadora de oposición Paloma Valencia."Rechazar, por falta de pertinencia, las recusaciones presentadas por los señores Edwin More y William Estrada en contra del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar en el Expediente D-15.989, por las razones expuestas en la parte motiva", expresa la decisión de la Corte.Hay gran expectativa por la decisión que pueda adoptar la sala plena de la corte en tal vez una de sus decisiones más importantes de este año determinar si es o no constitucional la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Por orden de la Corte Suprema de Justicia, se suspende el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe mientras otra jueza decide sobre la recusación presentada por la defensa contra la jueza Sandra Liliana Heredia. La decisión deberá conocerse en los próximos tres días.La medida fue anunciada por la jueza Sandra Heredia durante la audiencia, en la que leyó el Auto emitido por la Corte Suprema, en el cual se revoca la decisión de primera instancia de una acción de tutela y se le ordena dar trámite a la recusación en un plazo máximo e improrrogable de 48 horas.Durante la sesión, la jueza explicó el alcance de la decisión de la Corte:La jueza continuó con la lectura del documento, destacando la instrucción específica que establece que la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá debe remitir el expediente al juez que le sigue en turno, es decir, a la jueza 45 Penal del Circuito, quien deberá pronunciarse sobre la recusación en un plazo máximo de tres días.“Frente a esas circunstancias, debemos dar cumplimiento inmediato. Se ordena que de manera inmediata se remita la actuación a la señora jueza 45 Penal del Circuito, quien es quien me sigue en turno, para que se pronuncie en relación con la recusación formulada en mi contra por parte de la defensa técnica del señor Álvaro Uribe Vélez”, explicó Heredia.Esta es la segunda recusación presentada por la defensa de Álvaro Uribe contra la jueza Sandra Heredia, lo que refleja la tensión constante entre ambas partes en el proceso judicial. La defensa ha cuestionado reiteradamente la imparcialidad de la jueza, lo que ha derivado en múltiples incidentes que han afectado el desarrollo normal del juicio.Ahora, el futuro del proceso dependerá de la decisión de la jueza 45 Penal del Circuito de Bogotá, quien tendrá la responsabilidad de resolver si la recusación es válida o si el juicio contra Uribe puede continuar con la jueza Heredia al frente.
En medio de la creciente controversia por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la senadora Martha Peralta negó categóricamente haber gestionado contratos a favor de terceros. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, la congresista del Pacto Histórico aseguró que, si bien visitó la entidad en tres ocasiones, nunca sostuvo reuniones con contratistas ni participó en negociaciones relacionadas con un contrato de volquetas en La Guajira."Fui tres veces a la UNGRD, pero jamás ninguna de esas visitas tuvieron que ver con contratistas o reuniones con Olmedo López y Sneiyder Pinilla", afirmó Peralta, en respuesta a las declaraciones de estos exfuncionarios y a la investigación de la Fiscalía.Las visitas a la UNGRD y los contratistas RiscalaUno de los puntos más polémicos de la investigación es la presencia de los contratistas Isaac Francisco Riscala y Jorge Riscala en la entidad el mismo día que Peralta. Según el expediente, los contratistas fueron registrados como acompañantes de la senadora en su ingreso el 19 de septiembre de 2023. Sin embargo, la congresista desmintió haberlos llevado a la reunión con Olmedo López."Eso nunca pasó. De hecho, las cámaras de la Unidad deben tener la información. Cuando yo llego, ellos ya estaban ahí y jamás entramos juntos a una reunión con Olmedo", explicó. Además, aseguró que el error pudo haber ocurrido al momento de registrar su ingreso: "Creo que hubo un error de la chica que tramitaba los ingresos. Yo me anuncié como senadora, pero ellos ya estaban en el lugar esperando su propia reunión".Proyectos en La Guajira y otras regionesSegún Peralta, sus visitas a la UNGRD tenían como propósito conocer el avance de proyectos en su región, sin interés en contratos específicos. "Nunca fui a preguntar por un contrato en particular. Me interesaba saber qué se estaba haciendo en La Guajira y expresar preocupaciones sobre la ejecución de proyectos", afirmó.La senadora mencionó que en una de sus reuniones con Olmedo López también abordó temas de otras regiones, como la situación de emergencia en Mistrató, Risaralda, tras la caída de un puente, y el proceso de reconstrucción de Mocoa, Putumayo."Es parte de mi labor como congresista gestionar soluciones para las comunidades", sostuvo. "No pueden ahora encasillar que uno no puede ir a las instituciones a gestionar porque sea un delito".Negación de vínculos con los Riscala y aclaraciones sobre los contratosPeralta negó cualquier tipo de relación con los contratistas Riscala y rechazó que hayan financiado su campaña o solicitado su ayuda para obtener contratos. "Los había visto en reuniones políticas, pero no tengo amistad con ellos ni los he presentado para contratos", enfatizó.Sobre el contrato de $2.170 millones para maquinaria en La Guajira, la senadora dijo no haber estado al tanto de su adjudicación: "Había muchos contratos en marcha, pero yo no conocía los detalles de este en particular", aseguró.Expectativa por respuestas de la FiscalíaAnte la gravedad de las acusaciones, la senadora solicitó acceso a la audiencia completa en la que se le menciona, pues considera que no hay pruebas que la vinculen a irregularidades. "Nunca ha habido una reunión tripartita entre contratistas, Olmedo, Sneijder y yo para direccionar contratos", insistió.El caso de Carmen Domitila IguaránUno de los nombres que ha surgido en el escándalo de la UNGRD es el de Carmen Domitila Iguarán, una mujer wayúu que terminó vinculada como contratista en la entidad. Se ha especulado que su nombramiento fue impulsado por la senadora Martha Peralta, dada su cercanía con el movimiento político del Pacto Histórico y con la comunidad indígena de La Guajira.Sin embargo, Peralta rechazó cualquier responsabilidad en su designación y aclaró que Iguarán no era diseñadora de sus mantas wayúu, como se ha sugerido. "Carmen no es diseñadora wayúu, ella es administradora de empresas y especialista en su campo", aseguró la senadora. La congresista explicó que Iguarán tenía una Orden de Prestación de Servicios (OPS), pero que su rol en la UNGRD era limitado y no ocupaba un cargo de mando o dirección. "Si hubo una vinculación de ella, fue una decisión directa de Olmedo López. Yo pude haberla recomendado, pero eso no me genera a mí ningún tipo de circunstancia", afirmó.¿Influencia política en la UNGRD?Ante las acusaciones de que Iguarán habría sido una "cuota política" suya dentro de la entidad, Peralta insistió en que su labor fue estrictamente técnica. "Ella formaba parte del equipo de región dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo, pero no tenía poder de decisión ni coordinaba ninguna oficina", reiteró.La senadora también aclaró que la participación de Iguarán en reuniones con la UNGRD tenía relación con la sentencia que ordena medidas especiales para la población wayúu. "Dentro de las reuniones en el marco de la sentencia, ella quedó dentro de ese grupo, pero jamás tuvo una vinculación de mando o dirección", puntualizó.