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Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilitó en la tarde de este martes, en Arauca, la liberación de dos adolescentes que se encontraban en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el mes de noviembre.
La misión humanitaria activó la ruta de protección y entrega a los menores de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
"Activamos todos los canales humanitarios de la Defensoría del Pueblo con el propósito de facilitar liberación de estos menores de edad y seguiremos atentos para adelantar las misiones humanitarias necesarias que permitan la libertad de todas las personas que estén en poder de los grupos armados ilegales”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Al entregar el informe de la liberación de los menores de edad, el defensor del Pueblo hizo un llamado a todos los grupos armados que operan de manera ilegal a que sigan teniendo gestos de reconciliación para que se avance de manera decidida en los diálogos de paz que propone el Gobierno nacional.
Los jóvenes están en proceso de verificación de su estado de salud para que luego sean entregados a sus familiares.
El pasado 8 de diciembre se informó que el ELN también dejó en libertad a dos menores que tenía en su poder en el departamento de Arauca.
Cabe recordar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN reiniciaron en Venezuela las conversaciones de paz que estaban congeladas desde 2018. Las partes cerraron la semana pasada en Caracas el primer ciclo de negociaciones en Caracas con el anuncio de que 20 personas que estaban bajo el poder del grupo irregular fueron liberadas en los últimos meses.
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Las negociaciones fueron reanudadas luego de cuatro años y medio, con el impulso del Gobierno Petro, y buscan contar con el apoyo de Estados Unidos, que hasta ahora no responde a la invitación, así como con el acompañamiento de Alemania, Suecia, Suiza y España.
Además de tener a Venezuela, Cuba y Noruega como países garantes, las partes acordaron sumar a Chile, Brasil y México en este rol.
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