Fiscalía desmantela red de lavado de activos del ELN que movió más de $885 mil millones
El ente acusador descubrió una estructura del frente Domingo Laín que habría blanqueado dinero mediante empresas fachada y operaciones bancarias.
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La Fiscalía General de la Nación propinó un contundente golpe financiero al Ejército de Liberación Nacional (ELN) al descubrir una red de lavado de activos que habría blanqueado más de $885.000 millones provenientes de actividades ilícitas desde 2005.
Según la investigación, liderada por la Dirección Especializada de Lavado de Activos y Extinción de Dominio en coordinación con la Dijin y el CTI, la red operaba en Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bogotá. La estructura habría creado un entramado de empresas fachada en los sectores construcción, venta de medicinas y comercio de vehículos para dar apariencia de legalidad a los capitales del grupo armado.
En los operativos realizados durante esta semana fueron incautados 59 lingotes de oro avaluados en más de $32.000 millones, $563 millones en efectivo, 22.805 dólares, y libros contables que revelarían la magnitud de las operaciones simuladas.
De acuerdo con la Fiscalía, el dinero fue transferido a través de corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá, donde se registraron movimientos por $685.000 millones, muchas de ellas realizadas por ciudadanos venezolanos.
Las autoridades identificaron como presunto cabecilla del esquema a Arturo Archila Rincón, alias “Nacho”, quien tendría orden de captura vigente y se encontraría fuera del país. En total, fueron capturadas ocho personas vinculadas a la red, entre ellas Yasser Husseir Ardila Urbina, señalado de canalizar los recursos ilícitos, y Ana Yamileth Cuadros Pérez, quien habría asesorado las operaciones simuladas aprovechando su experiencia como contadora pública.
Simultáneamente, la Dirección de Extinción de Dominio impuso medidas cautelares sobre 33 bienes urbanos, 10 rurales, 22 vehículos, 4 sociedades y 23 establecimientos de comercio, cuyo valor preliminar asciende a $37.000 millones.
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El ente acusador imputará a los capturados por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y financiación del terrorismo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.