Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
Entre 1995 y 2011, Óscar Julián Ruiz fue considerado uno de los árbitros más significativos en toda Sudamérica por su impecable trabajo a la hora de dirigir los partidos, tanto que la IFFHS lo nominó varias veces como mejor árbitro de Sudamérica y el mejor latinoamericano en todo el planeta.Por ende, sus palabras en torno al arbitraje son las más respetadas y las personas que hacen un balance de los jueces que han pasado por un fútbol colombiano lo ven como un referente, de muchos grandes que estuvieron en la máxima división en Colombia; sin embargo, para Ruiz en la última década hay uno en especial que se ha convertido en el mejor de todo el país.“Wilmar Roldán es el mejor árbitro que ha tenido el fútbol colombiano en 10 años”En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Ruiz aseguró que no es un secreto que Wilmar Roldán en la actualidad es el mejor árbitro en todo el país y en los últimos 10 años seguramente también, sin embargo, decir que el mejor de la historia, para él, sería faltarle el respeto “a otros grandes referentes que han transcendido en sus épocas”.“Es el mejor árbitro (Roldán) que ha tenido en los últimos 10 años el fútbol colombiano, uno de los mejores de América y uno de los mejores del mundo. Lo único cierto es que en Colombia muy buenos árbitros, sería marcar una persona como el mejor, sería desconocer a Omar Delgado, sería desconocer al Chato Velázquez, a Mecato Aristizábal, a John Jairo Toro, Armando Pérez, hoy Jesús Díaz Palacios, Henry Cervantes, que en paz descanse, Rafael Sanabria, Wilson Ramírez, José Borda, que no fueron internacionales”, fueron sus palabras.“Yo arbitraba para divertirme” “Arbitraba para responder a la confianza, no para batir récords”, confesó al recordar partidos históricos como los Brasil vs. Argentina —cuatro veces los dirigió— y encuentros icónicos como el Real Madrid vs. Boca Juniors en la Intercontinental de 2000.Precisamente en ese camino, Ruiz también fue protagonista de decisiones que marcaron precedentes en el fútbol moderno. En un partido entre Santa Fe y Tolima anuló un gol tras recibir información del cuarto árbitro basada en la televisión, lo que desató críticas y titulares internacionales. “Aplicamos justicia por encima de la ley”, dijo. ¿Y su relación con Wilmar Roldán?Al cierre, Ruiz aclaró que no tiene enemistades. “Ni siquiera con quien asesinó a mi hermano en 1993. Yo vivo en paz”. A pesar de rumores sobre diferencias con Wilmar Roldán, sentenció: “No tengo enemigos. Si alguien me considera su enemigo, ese es su problema, no el mío”.
Un avión privado se estrelló el jueves en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, lo que causó la muerte de siete personas, según las autoridades locales. Entre las víctimas hay un piloto reconocido de la Nascar.El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión.La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse."Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron", dijo a la AFP el alguacil Darren Campbell.¿Cuál fue el piloto de Nascar que murió?Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraban el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, así como su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos."Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían", dijo en sus redes sociales el legislador republicano Richard Hudson, amigo de la familia y representante de Carolina del Norte en el Congreso."Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás", agregó.La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente. "Se espera que el equipo llegue al lugar esta noche", informó la agencia en un comunicado.
Kristin Cabot, la mujer que se volvió protagonista de uno de los videos más virales del año tras aparecer en la kiss cam junto a su jefe durante un concierto de Coldplay, decidió hablar públicamente por primera vez sobre el episodio que cambió su vida personal y profesional.El hecho ocurrió el pasado 16 de julio en el Gillette Stadium, a las afueras de Boston. Mientras la banda británica ofrecía su espectáculo, las pantallas del estadio enfocaron a una pareja que, al notar que estaba siendo exhibida ante miles de asistentes, reaccionó con nerviosismo. Las imágenes no tardaron en llegar a TikTok, donde el clip superó los 100 millones de reproducciones en cuestión de días y generó una avalancha de comentarios en todo el mundo.Con el paso de las horas, los usuarios en redes sociales identificaron a los protagonistas como Kristin Cabot, entonces jefa de Recursos Humanos de la empresa Astronomer, y Andy Byron, director ejecutivo de la misma compañía. La exposición derivó en señalamientos de infidelidad y desató una controversia que, según relató Cabot, escaló rápidamente hacia el acoso y las amenazas.En declaraciones concedidas a The New York Times, Cabot reconoció su responsabilidad en lo ocurrido y explicó las consecuencias que asumió tras el escándalo. “Tomé una mala decisión. Bebí un par de tragos, bailé y me comporté de manera inapropiada con mi jefe. Asumí mi error y renuncié a mi carrera por eso. Ese fue el precio que decidí pagar”, afirmó.La exdirectiva relató que, tras aparecer en la pantalla gigante del estadio, ella y Byron permanecieron sentados, conscientes de que la situación había quedado expuesta ante miles de personas y, poco después, ante el mundo entero. Desde entonces, dijo, su vida cotidiana se vio profundamente afectada. “Cuando las personas me dan la espalda por esto, es mucho peor que cuando me gritan en una estación de gasolina”, confesó.Uno de los detalles que más debate generó en redes sociales también fue abordado por Cabot: aseguró que el beso captado en el concierto fue, según su versión, la única vez que ocurrió algo así entre ambos. “Lo que un instante antes parecía pura alegría se transformó en terror”, explicó, al describir cómo cambió el ambiente en cuestión de segundos.Finalmente, la mujer reconoció el peso simbólico del escándalo, dada la relación laboral que existía entre ambos. “Yo era la jefa de Recursos Humanos y él el director ejecutivo. Es un cliché y, al mismo tiempo, una lástima”, concluyó.
El Chontico Noche volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia durante la noche del jueves, 18 de diciembre de 2025, reafirmando su lugar como uno de los chances más tradicionales y consultados a nivel nacional. Con una fuerte identidad ligada al Valle del Cauca, este sorteo continúa ganándose la confianza de miles de jugadores gracias a su trayectoria, la facilidad para participar y la cercanía que ha construido con el público a lo largo de los años.Resultado oficial del Chontico Noche – 18 de diciembre de 2025La transmisión oficial del sorteo confirmó la combinación ganadora que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna: 9611 - 8.Número ganador: 9611.Tres últimas cifras: 611.Dos últimas cifras: 11.Quinta balota: 8.Como es habitual, miles de personas siguieron el sorteo en tiempo real para verificar sus apuestas y conocer de inmediato los resultados oficiales.Horarios oficiales del sorteoEl Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos que facilitan la organización de las apuestas y la consulta de resultados:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega cada jueves y se distingue por entregar premios especiales, ampliando las opciones para los participantes.Modalidades de apuesta disponiblesUno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para distintos gustos y niveles de riesgo:Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del sorteo.Esta diversidad convierte al Chontico Noche en un chance flexible, con opciones que van desde apuestas sencillas hasta jugadas con premios más altos.Costos de participaciónEl Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más accesibles del país, permitiendo participar con montos bajos y controlados:Apuesta mínima: $500Apuesta máxima: $10.000 por jugadaEstos valores facilitan el acceso a un público amplio, sin necesidad de realizar grandes inversiones.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?Para reclamar un premio, el operador del Chontico Noche establece un proceso sencillo y transparente. El ganador debe:Presentar el tiquete original en buen estado.Mostrar un documento de identidad vigente.En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional según sus políticas internas. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago ágil y sin inconvenientes.
Las centrales obreras CUT, CGT y CTC expusieron las razones por las cuales proponen un incremento del 16 % del salario mínimo para 2026, luego de que no se lograra un acuerdo en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales Salvedades.De acuerdo con los sindicatos, el salario mínimo actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Para sustentar esta afirmación, citaron un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que calcula que el costo mensual de una canasta básica para una familia de cuatro personas asciende a $3.141.188 en 2025, una cifra muy superior al salario mínimo vigente.Según las centrales, esta brecha demuestra que el salario mínimo está lejos de cumplir con el principio constitucional de ser vital y móvil, es decir, permitir una vida digna que incluya alimentación, vivienda, salud, educación y otros gastos esenciales.Otro de los argumentos clave es la deuda con los trabajadores por productividad. Las organizaciones sindicales aseguran que, en los últimos 20 años, los salarios no han crecido al mismo ritmo que la productividad laboral, lo que ha generado un rezago cercano al 32 %, según estudios basados en cifras oficiales del Dane.Las centrales también rechazaron la idea de que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación cause efectos negativos en la economía. Señalaron que en los últimos años los incrementos reales no dispararon la inflación ni el desempleo y, por el contrario, ayudaron a reducir la informalidad y a fortalecer el consumo interno.En ese contexto, explicaron que el aumento del 16 % llevaría el salario mínimo a $1.650.680 en 2026, un ajuste que, aunque no cubre totalmente el costo de vida, ayudaría a recuperar parte del poder adquisitivo perdido y a mover la economía a través del consumo de los hogares.Finalmente, las centrales pidieron que el incremento salarial venga acompañado de otras medidas, como desindexar tarifas que suben con el salario mínimo, bajar las tasas de interés y fortalecer la producción nacional para generar más empleo formal. Si no hay acuerdo antes del 30 de diciembre, solicitaron que estos argumentos sean tenidos en cuenta en la decisión final del Gobierno.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
La JEP le ordenó a los ministerios de Defensa e interior, así como a la oficina del Consejero Comisionado de Paz, adelantar las gestiones necesarias para garantizar la expedición del decreto mediante el cual se adopte el Programa de Protección Integral (PPI). En ese auto, la jurisdicción revela que los firmantes del acuerdo están viviendo una compleja situación de seguridad. El tribunal señala que en algunos AETCR y NAR, que son los sitios donde están las personas en reincorporación, hay riesgo de desplazamiento."Considerando que la UIA, en su informe La Reincorporación Desarraigada, alertó sobre el riesgo que enfrentan algunos AETCR y NAR, ubicados en territorios con fuerte presencia de grupos armados no estatales, y que, de no garantizarse condiciones adecuadas de seguridad, existe una alta probabilidad de desplazamientos forzados de sus habitantes; y teniendo en cuenta la regulación jurídica de estos espacios de reincorporación colectiva mediante el Decreto 1048 de 2024, se ordenará al Ministerio de Defensa mantener y fortalecer los despliegues preventivos de la Fuerza Pública" señala el auto de la JEP.La JEP advierte que ha notado un deterioro en las garantías de seguridad para las personas en proceso de reincorporación y ha aumentado la estigmatización, es por esto que la jurisdicción pide proteger los espacios de reincorporación."La Sección de Ausencia de Reconocimiento ha identificado un deterioro en las garantías de seguridad y en la oferta institucional destinada a proteger a las personas en proceso de reincorporación, así como un aumento en los casos de estigmatización. Ante las diversas denuncias y demandas de la población firmante, la Sección considera pertinente reforzar las medidas para prevenir la estigmatización y mantener los dispositivos de seguridad que se establecieron en el Acuerdo Final de Paz respecto de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (en adelante, AETCR) y las Áreas Especiales deReincorporación Colectiva (en adelante, AERC)", señala la JEP.En el mismo sentido, desde la jurisdicción aseguran que más de 1.300 firmantes han sido desplazados de los espacios de reincorporación."Desde la creación de los espacios de reincorporación se han registrado 28 eventos de desplazamiento forzado que han implicado el desarraigo del territorio de 1.350 firmantes del acuerdo de paz: 52 % fueron eventos de desplazamiento forzado de tipo individual o familiar y 48 % fueron eventos de desplazamiento forzado masivos que requieren ser atendidos por el Estado", agrega el auto de la jurisdicción.
Los grupos armados reclutan a un promedio de un menor cada dos días en Colombia desde la firma del acuerdo de paz de 2016 con la entonces guerrilla de las FARC, según un informe de la justicia especial publicado este viernes.El reclutamiento forzado de niños ha sido una de las violaciones de derechos más graves en seis décadas de conflicto armado y no cedió pese al pacto de desarme de la guerrilla."Después de la firma del acuerdo de paz en 2016 al menos 1.494 niños, niñas y adolescentes habrían sido víctimas de reclutamiento forzado", dijo en su informe la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del pacto.Las estadísticas con corte al 10 de abril de 2025 muestran cómo rebeldes, paramilitares y narcos han usado a miles de menores como combatientes, mensajeros o espías, exponiéndolos a violencia extrema.Las redes sociales son el gancho principal en las zonas donde "el conflicto persiste". Utilizan música y tendencias virales con mensajes que ensalzan "la vida guerrillera".Las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco son las que más recurren a esta estrategia."Lo hacen a través de contenidos que exaltan el poder armado, el narcotráfico y la vida en campamentos ilegales", sostiene el documento.Cauca (suroeste), plagada de narcocultivos, es la región con mayor probabilidad de "ciberreclutamiento" de menores, seguido por el Huila (sur) y Nariño (suroeste).Las antiguas FARC son las principales responsables del delito, según la JEP.Entre 1996 y 2016 la guerrilla reclutó "entre 19.253 y 23.811 niños y niñas". De ellos, el 30% tenía menos de 15 años pero la mayoría, un 53%, eran adolescentes de entre 15 y 17."Utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas (...) como parte de su política expresa y formal de reclutamiento", acusó el organismo.La JEP investiga los mayores crímenes del conflicto y una vez dicte las primeras condenas impartirá sanciones alternativas a la cárcel para los máximos responsables a cambio de que cuenten la verdad y reparen a las víctimas.La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas registró a finales de enero al menos 3.201 menores desaparecidos por el conflicto.Con las negociaciones de paz estancadas, Colombia vive su peor repunte de violencia desde la firma del acuerdo.El conflicto armado impulsado por el narcotráfico deja casi 10 millones de víctimas, la mayoría desplazados.
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, UIA, publicó un informe denominado “Red-Clutamiento en el posacuerdo”, en el cual señala que al menos 1.494 menores han sido reclutados en el país desde diciembre de 2016 y hasta el 10 de abril de 2025.“Los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de 'Iván Mordisco' serían quienes más reclutan menores de edad en Cauca y Valle del Cauca. El bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo sería quien más recluta menores de edad en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño”, señala el informe.Reclutamiento de menores con redes socialesLos grupos armados están utilizando las redes sociales para reclutar menores de edad, pero también otro mecanismo para la vinculación de menores ha sido la interceptación dentro o en inmediaciones de las escuelas, estos casos se han registrado en zonas como La Plata, Huila, y Morales y Caldono, en el Cauca.El documento también señala que el 61 % de los municipios donde las disidencias de las Farc tuvieron presencia en 2024 hubo casos de reclutamiento.El informe señala además que “146 cuentas activas en redes sociales fueron revisadas y se identificó que son utilizadas por integrantes de grupos armados ilegales para promover la vinculación de menores a sus filas. En conjunto, estos contenidos han alcanzado un promedio de más de 230.000 reproducciones”.Según la UIA, TikTok es la plataforma más utilizada para el reclutamiento de menores y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' es el grupo que más utiliza este método, especialmente en el Cauca.
La JEP le negó a los exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc una solicitud con la que pedían que los términos ante el tribunal se suspendieran mientras se resolvía una tutela en la que ellos aseguran que se les están vulnerando algunos de sus derechos.Es importante recordar que recientemente la jurisdicción resolvió una solicitud del antiguo secretariado de las Farc para que el tribunal emita una única resolución de conclusiones en la que se incluyan todos los hechos y conductas en los que han sido involucrados, pues aseguran que de esta manera se evita la fragmentación de los procesos.Lo que ha determinado la JEP es que se emitirá una resolución de conclusiones, pero que puede tener ampliaciones, es decir, que en la medida en la que avancen las investigaciones se pueden incluir otros hechos a esa resolución. Los excomandantes de las extintas Farc por medio de una tutela, advirtieron que esta decisión del tribunal generaba inseguridad jurídica.“El procedimiento ante la sección está diseñado para tramitar una resolución de conclusiones integral y definitiva, en la que se evalúe la correspondencia entre las conductas reconocidas, los responsables y se emitan de manera ágil las sanciones, conforme a los parámetros establecidos. La normativa no contempla la tramitación fragmentada, ni por partes, de resoluciones parciales, lo cual podría afectar la coherencia del proceso y vulnerar los principios de unidad procesal y seguridad jurídica”, señala la tutela.En esa tutela, el antiguo secretariado también pedía que, mientras se resolvía la tutela, se suspendieran los términos de los procesos ante la JEP."Esta solicitud cumple con el principio de proporcionalidad, ya que la medida solicitada (la suspensión de términos procesales) no implica la anulación de decisiones adoptadas, ni afecta derechos de terceros. Por el contrario, busca evitar una afectación más profunda y potencialmente irreversible de nuestros derechos fundamentales como comparecientes, garantizando que no se adopten decisiones fragmentadas o desarticuladas durante el estudio de esta acción constitucional", argumentaron los excomandantes de las Farc.La Sección de Revisión de la JEP avocó conocimiento de la acción de tutela, pero en el mismo documento la magistrada Claudia López negó la solicitud del antiguo secretariado de suspender los términos."Para este Despacho la situación hipotética puesta de presente por los actores en su petición de medida provisional carece, por lo pronto, de sustento fáctico, al no demostrarse, siquiera en modo tangencial, que la actuación de las Salas y Secciones de esta Jurisdicción causará un perjuicio irremediable", señala el auto de la magistrada López.Es importante recordar que el antiguo secretariado de las Farc tiene hasta el próximo 21 de mayo para responderle a la JEP si se acepta o no la imputación por reclutamiento de menores durante el conflicto, una fecha que queda en firme con la decisión tomada por la magistrada López. Según esa jurisdicción, la antigua guerrilla reclutó a más de 18.000 niños."En el caso en cuestión, la medida solicitada versa, directamente, sobre el propio objeto principal perseguido en la acción de tutela y, por consiguiente, implicaría, abordar de fondo las vulneraciones planteadas por el accionante, sin que se cuente con elementos de juicio suficientes que lo permitan a esta altura. Dicho de otro modo, atender lo requerido en este momento, implicaría anticipar el juicio sobre la eventual responsabilidad de las accionadas, como de las vinculadas, en la señalada trasgresión de sus derechos sin el sustento debido, en tanto las irregularidades planteadas solo pueden ser probadas a lo largo del trámite constitucional", señala el auto de la JEP.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.