Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
Desde Argentina y algunos periodistas cercanos de Atlético Nacional dan como un hecho la salida de Marino Hinestroza con destino a Boca Juniors por una cifra entre los 6 y 8 millones de dólares, además del deseo del propio futbolista de escribir un nuevo capítulo en su carrera profesional.De confirmarse el fichaje -se espera que sea en pocos días-, el cuadro verdolaga tendría un plan para invertir el dinero que entraría por el traspaso en pro el equipo profesional en 2026 y así continuar adelante con el proyecto deportivo.En esto usaría Atlético Nacional el dinero de Marino HinestrozaCon el porcentaje que recibiría Nacional por Hinestroza, una parte se iría en la negociación con Alfredo Morelos y Santos, pues el interés del club es que el delantero continúe en el equipo por más tiempo y por parte del futbolista el deseo es el mismo.Algunos han mencionado la posibilidad de que el equipo adquiera un porcentaje del pase de Morelos, por ende, este dinero por Hinestroza podría ser utilizado para la negociación. Asimismo, dicho dinero también sería usado para el reemplazo del futbolista, pues el equipo deberá mantener un ritmo competitivo de alta calidad y deberá tener jugadores con ese tipo de perfil.¿Es posible que se quede Alfredo Morelos en Nacional?Morelos, de 29 años, regresó al fútbol colombiano tras casi una década en el exterior, donde alcanzó notoriedad en clubes como Rangers FC de Escocia. Su llegada a Nacional fue vista como un golpe de autoridad en el mercado de fichajes, y su rendimiento no ha decepcionado: goles, liderazgo y una conexión inmediata con la afición.“No es fácil mantener un jugador de esos acá”, reconoció el presidente Sebastián Arango. “Es uno de los máximos goleadores colombianos en Europa y siempre haremos todos los esfuerzos necesarios para contar con este perfil de jugadores y de personas”.
Después de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, las autoridades decidieron ofrecer una millonaria recompensa por información que permita ubicar a los responsables de asesinar a Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN en Tuluá.La víctima, oriunda del departamento de Córdoba, fue asesinada cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones en el barrio El Jazmín de ese municipio vallecaucano, lo que le produjo la muerte al funcionario público.“Hemos evaluado las primeras indagaciones que se han realizado por el vil asesinato del director seccional aquí en el municipio de Tuluá y que no había ninguna denuncia formal por ningún medio de este funcionario que nos permitiera establecer que tenía amenazas o algo parecido y nuestra policía judicial avanza para establecer los autores materiales de este hecho, por eso la recompensa es de hasta $50 millones”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle.Sobre este hecho, que conmocionó al país, el presidente Gustavo Petro manifestó que la mafia que hoy lava dinero, principalmente, a través del contrabando ha amenazado a varios funcionarios de la entidad.“El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaina. La mafia de la cocaina hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro, entonces esta mafia ha amenazado a funcionarios de la DIAN en Tuluá y probablemente sea el autor del asesinato del señor Gilberto Calao”, expresó Gustavo Petro, presidente de Colombia.Por otro lado, el director de la DIAN, Carlos Galeano, señaló que esas mafias, con procedimientos irregulares de impuestos, podrían estar relacionadas con el asesinato.“Al parecer, mafias asociadas al tema de las importaciones ficticias tendrían que ve con el infortunado caso de asesinato de nuestro director de aduanas esta mañana en Tuluá, entonces eso es un tema de lavado de la DIAN porque además esto genera unas devoluciones importantes“, explicó Galeano.Con un equipo especial de la Policía y mediante diferentes actividades, se busca a los responsables de este hecho, mientras las autoridades, a través de videos de cámaras de seguridad, tratan de establecer la ruta que usaron los sicarios para cometer el crimen.
El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano, afianzándose con el paso del tiempo como una auténtica tradición nocturna para miles de jugadores. Más allá de ser un simple juego de azar, este sorteo hace parte de la rutina diaria de quienes consultan los resultados del chance con la expectativa de acertar la combinación ganadora cada noche.Resultado oficial del Sinuano Noche – 18 de diciembre de 2025La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al jueves, 18 de diciembre de 2025, una jornada que mantuvo la atención de apostadores en distintas regiones del país. El resultado oficial fue: 7447 - 9.Número ganador: 7447. Tres últimas cifras: 447.Dos últimas cifras: 47.Quinta balota: 9.Estos resultados marcaron el cierre de una nueva edición del tradicional chance, seguido atentamente por jugadores que revisan cada noche la suerte de sus apuestas.Un juego tradicional, accesible y en constante evoluciónEl éxito del Sinuano Noche se explica por su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Con valores de apuesta que van desde $500 hasta $25.000, el sorteo permite la participación de jugadores con distintos presupuestos, manteniéndose como una opción cercana y popular dentro de los juegos de azar en Colombia.Durante 2025, el Sinuano Noche incorporó una innovación clave con la quinta balota, una modalidad que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Esta actualización aportó mayor dinamismo al sorteo, modernizando su formato sin perder la esencia clásica que lo ha caracterizado a lo largo de los años.Horario y transmisión oficialEl Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados de forma clara, oportuna y confiable.La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso fortalecen la confianza del público, posicionando al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos en el país.Modalidades de apuesta del Sinuano NochePara adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.Una cifra (uña): acierto de la última cifra.Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores más experimentados.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original y fotocopia.Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:Menos de 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.
La Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los chances más emblemáticos del Caribe colombiano, convirtiéndose en una cita nocturna infaltable para miles de apostadores en distintas regiones del país. Más allá de ser un juego de azar, este sorteo representa un espacio diario de expectativa y emoción, fortaleciendo el sentido de comunidad entre quienes siguen con atención los resultados noche tras noche.Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, una actualización que transformó su dinámica al ampliar las combinaciones posibles y ofrecer nuevas oportunidades de acierto para los participantes.Resultado oficial de la Caribeña Noche – 18 de diciembre de 2025Durante la noche del jueves, 18 de diciembre de 2025, se dio a conocer el resultado oficial del sorteo, definiendo la suerte de numerosos jugadores: 1490 - 2.Número ganador: 1490.Tres últimas cifras: 490.Dos últimas cifras: 90.Quinta balota: 2.¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados, permitiendo a los jugadores consultar la información de manera rápida, segura y confiable.Este horario fijo se ha integrado a la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras regiones, facilitando el seguimiento constante del sorteo.Modalidades de juego disponiblesLa Caribeña Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a jugadores de todos los niveles de experiencia:Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.Cuatro cifras combinado: se gana sin importar el orden de los números.Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.Una cifra (uña): acierto de la última cifra.Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo.Costos de las apuestasFiel a su carácter accesible, la Caribeña Noche mantiene costos pensados para diferentes presupuestos, lo que impulsa una amplia participación:Apuesta mínima: $500Apuesta máxima por jugada: $10.000Límite por tiquete: $25.000Estas condiciones la posicionan como una de las alternativas más atractivas dentro de los juegos de chance en Colombia.¿Cómo reclamar un premio?El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche es claro y transparente. El ganador debe presentar:El tiquete original en buen estado.Documento de identidad, original y fotocopia.Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT, el operador puede solicitar documentación adicional, conforme a la normativa vigente. Con este procedimiento, la Caribeña Noche reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad y la confianza de sus apostadores.
La crisis en la Universidad del Atlántico parece no tener fin, pese al reciente nombramiento como rector encargado por un periodo de hasta un año, del economista Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien llegó en reemplazo de Leyton Barrios, luego de que fuera apartado del cargo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.La decisión del Ministerio de Educación de nombrar a Castillo para superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa ya genera controversia, pues el profesional, quien en años anteriores ya había asumido el cargo de rector de manera temporal, tiene una sanción disciplinaria vigente que ordena su suspensión por 4 meses.Dicha sanción, según el registro de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025, de la cual no se habría recibido notificación de su cumplimiento.Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, cuestionó el nombramiento e indicó que esta sanción está reportada ante el Ministerio de Educación y que podrían estar incurriendo en un delito con este nombramiento“Están designando a una persona que está inhabilitada al parecer hoy en día por la Procuraduría General de la Nación por hechos irregulares que cometió precisamente siendo rector de la universidad de la cual hoy se encarga. Eso es muy grave porque esa sanción en lo que conocemos aparece vigente y reportada al Ministerio de Educación. Es decir, que el funcionario que informa al señor ministro o que le da la información errada al Ministro de Educación, puede estarlo haciendo incurrir en una falta grave”, precisó el abogado. La medida de suspensión está relacionada con los mismo hechos que llevaron a que el 12 de septiembre de 2023, la Procuraduría lo inhabilitara por 10 años por extralimitarse en sus funciones.Cabe destacar que la inhabilidad fue revocada, sin embargo la medida de suspensión sigue vigente y no ha sido notificada ante el Ministerio Público su aplicación.La sanción disciplinaria tiene su origen cuando en siendo rector encargado de la Universidad el Atlántico, otorgó al docente de la facultad de ciencias económicas, Wendell Graham Archibold Barrios, una comisión de servicio remunerada para viajar a Argentina y asistir a las clases del Doctorado en Contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
En octubre de 2024 el antiguo secretariado de las Farc le envió una carta a la JEP en la que solicitaban una única resolución de conclusiones y una única sentencia por todos los delitos cometidos durante el conflicto.La JEP le respondió a los excomandantes de la guerrilla este lunes, 7 de abril, asegurando que habrá una única resolución de conclusiones para cada uno de ellos, pero también se puede presentar una ampliación de hechos a medida que avances las investigaciones del tribunal.“En los casos en los que ya se haya proferido una resolución de conclusiones se emitirán ampliaciones posteriores a la que ya está surtiendo trámite ante el Tribunal. Es decir, en caso de que con posterioridad a una resolución ya emitida se identifiquen hechos adicionales, relacionados con el mismo compareciente, la Sala expedirá ampliaciones a dicha resolución, que la Sección de Reconocimiento estudiará según sus mecanismos de distribución de la carga judicial, buscando preservar la unidad de la actuación y facilitar una respuesta más célere y eficaz”, explicó la JEP.El presidente de esa jurisdicción, el magistrado Alejandro Ramelli, explicó que de esta manera se busca garantizar la seguridad jurídica de quienes firmaron el acuerdo y en general de los comparecientes ante el tribunal.“Se va a cumplir el mandato de estricta temporalidad y precisamente esta decisión es para agilizar y para dar seguridad jurídica. Ningún compareciente que haya aceptado su responsabilidad va a cumplir una sanción superior a ocho años”, señaló Ramelli.
Este sábado empieza el proceso de destrucción del material de guerra que ha entregado hasta el momento el grupo Comuneros del Sur, una estructura que hizo parte del ELN pero que se separó de la guerrilla y se mantuvo en las negociaciones de paz con el Gobierno.Los Comuneros del Sur tienen presencia en Nariño y en esta primera fase de destrucción de material de guerra el grupo entregó 585 artefactos entre morteros, minas antipersona y cilindros.El presidente Gustavo Petro participará este sábado en un evento en Nariño en el que se hablará sobre los avances en el proceso de paz con Comuneros del Sur.“El frente Comuneros del Sur se formó en 1992, siendo la primera estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño. En marzo de 2024, este grupo armado se desvinculó del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y comunicó públicamente su intención de construcción territorial de paz en dicho departamento”, señaló la Consejería de Paz sobre este proceso.Este es un paso importante en el contexto de la escalada violencia que azota al país. El ELN tiene presencia en distintas partes de Colombia, donde las autoridades ya han incautado arsenal de guerra en días anteriores. Por ejemplo, el pasado 2 de abril en una operación de registro y control militar, la Armada Nacional asestó un duro golpe al ELN con la incautación de un depósito ilegal de material de guerra en la zona rural de Buenaventura, donde tropas de Infantería de Marina encontraron dos fusiles – uno calibre 5.56 y otro 7.62 milímetros –, 1.138 cartuchos de distintos calibres, cinco granadas artesanales, proveedores para fusil, equipos de telecomunicaciones y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, avanzan en las labores de intervención en La Escombrera, de la Comuna 13 en Medellín. En esa zona se han hallado cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado.En Blu Radio hablamos con la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, quien se refirió a la financiación de esta intervención que, en parte, habían sido aportados por esta entidad en las primeras fases. Sin embargo, la Unidad de Búsqueda viene alertando desde hace algunos meses por el agotamiento del presupuesto destinado para la maquinaria pesada necesaria para este proceso. Pese a esta situación la directora Forero ha explicado que los equipos siguen en la zona. Su llamado es también para que se garantice el presupuesto de las labores de búsqueda, no solo en La Escombrera, sino en diferentes zonas del país."La mayoría de búsquedas son en territorios selváticos, en la Colombia profunda donde hay que llegar después de 8 o 10 horas de camino usando una cantidad de elementos y recursos multimodales de transporte, que en nuestro país es costoso. El verdadero mensaje que debe quedar es que no deben ser contingencias para atender casos puntuales, la búsqueda tiene que tener un respaldo y un apalancamiento real y serio que pueda atender estas exigencias de la búsqueda y que las familias participen activamente", señaló Forero.Por otro lado, la directora de la entidad advirtió que en diferentes instancias se han hecho los llamados para garantizar los recursos en el caso de La Escombrera."En muchos escenarios, mesas y reuniones hemos anunciado de muchas maneras que el proyecto que apalancábamos recursos de esta entidad para el movimiento de tierras tenía recursos disponibles hasta el 31 de marzo, luego esto lo hicimos de manera oficial y no solo en las mesas, sino de manera oficial a través de comunicados que hemos enviado a las instancias competentes y el ministerio de hacienda en manera particular. No era desconocido que esto se podía venir y hemos hecho alertas de distintas formas", agregó la directora.En este momento la entidad también está a la espera de que la Alcaldía de Medellín defina cómo se van a utilizar los recursos anunciados para la intervención en La Escombrera, que según el alcalde Federico Gutiérrez, serían alrededor de 2.000 millones de pesos."Estamos esperando la comunicación de la Alcaldía de Medellín frente a la disponibilidad de los recursos y hacia la forma como la alcaldía los puede implementar, en mesas de trabajo que tuvimos antes de este día cero la alcaldía ofreció posibilidades de que la operación del movimiento de tierras no fuera necesariamente a través del modelo que tiene la entidad sino que lo podía hacer directamente con sus recursos institucionales", detalló Forero sobre el tema.
El Consejo Nacional de Reincorporación del Partido Comunes, es decir, los firmantes del acuerdo de paz del año 2016, emitieron un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro en el que le piden avanzar con la reincorporación de quienes dejaron las armas tras el proceso de paz.“Señor presidente Gustavo Petro, la reincorporación no puede seguir esperando. A casi nueve meses de la firma del Decreto 0846 de 2024, el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) aún no ha sido instalado y el Comité Ejecutivo –su órgano rector– ni siquiera ha sido convocado. Sin esta estructura en marcha, la reincorporación integral de los firmantes del Acuerdo de Paz sigue sin dirección ni garantías reales”, se leyó en el comunicado.En el mismo sentido aseguran que aún se deben hacer más esfuerzos para garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo, además, advierten que hay una institucionalidad frágil para la implementación.“Más de 11.000 firmantes del Acuerdo continúan su tránsito a la vida civil en condiciones de incertidumbre y riesgo. Aunque el acceso a tierras ha venido mejorando en el marco del actual gobierno, el reto aún es grande, los proyectos productivos siguen sin sostenibilidad y con una ofertainstitucional insuficiente en los territorios, para no hablar de los desafíos permanentes en temas de seguridad y estigmatización que atentan directamente la reincorporación política”, le dicen los firmantes al mandatario.Por último también cuestionaron algunas decisiones tomadas por el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.“El actual Consejero Comisionado para la Paz pretende diluir lo pactado en La Habana dentro del concepto de "Paz Total", confundiendo procesos de naturaleza distinta y debilitando aún más la ruta trazada en el Acuerdo Final de Paz”, señalaron los firmantes.Y finalizaron, “Sin una dirección clara y con un andamiaje institucional fragmentado, la reincorporación sigue siendo una deuda incumplida, dejando a miles de firmantes en la incertidumbre y al proceso de paz en un preocupante estado de fragilidad”.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.