El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Muchos profesionales llegan a un punto en su carrera en el que sienten que necesitan avanzar, pero no siempre tienen claridad sobre cuál camino tomar. Algunos dudan sobre si hacer una especialización o una maestría; otros, sobre si este es el momento adecuado o si podrán equilibrar trabajo y estudio. La oferta académica es amplia y las decisiones no siempre son sencillas.En Colombia, el interés por cursar estudios de posgrado ha crecido en los últimos años. Cada vez más personas ven en una maestría una oportunidad para mejorar su empleabilidad, fortalecer habilidades y ampliar su red de contactos. Sin embargo, más allá del entusiasmo, los expertos recomiendan tener en cuenta varios factores antes de tomar una decisión definitiva.Cinco aspectos que debe tener en cuenta si va a hacer una maestríaEstos son cinco aspectos esenciales que, según expertos de Westfield Business School, se deben tener en cuenta si se está considerando iniciar una maestría, especialmente un MBA:1. La modalidad del programaActualmente existen programas presenciales, híbridos y 100 % virtuales. La elección debe responder a la realidad profesional y personal de cada aspirante.Es clave evaluar si se cuenta con disponibilidad para asistir a clases presenciales, si el trabajo implica viajes frecuentes o si se requiere mayor flexibilidad. También resulta determinante analizar la disciplina y organización necesarias para estudiar de forma remota.Por ello, elegir la modalidad adecuada puede marcar la diferencia entre una experiencia exitosa y una carga difícil de sostener.2. El enfoque metodológicoNo todas las maestrías se imparten de la misma forma. Más allá del contenido técnico, es fundamental revisar cómo está estructurado el proceso de aprendizaje.Los programas con enfoques integrales que combinan liderazgo, sostenibilidad, rentabilidad y toma de decisiones estratégicas suelen ofrecer herramientas más vigentes frente a los retos actuales del entorno empresarial. Asimismo, conviene valorar el nivel de interacción con docentes y compañeros, así como la implementación de metodologías colaborativas que promuevan el aprendizaje en equipo.3. La proyección internacional y el tipo de titulaciónContar con una titulación con reconocimiento internacional puede convertirse en un diferencial competitivo.Optar por un programa con estándares académicos internacionales puede facilitar el acceso a oportunidades en mercados externos y fortalecer el perfil frente a organizaciones multinacionales. No se trata únicamente del prestigio, sino del alcance real que pueda tener el título en distintos países.4. Diferencias entre International MBA y Executive MBAAunque ambos programas comparten una formación en administración y liderazgo, no están diseñados para el mismo perfil profesional.El International MBA suele dirigirse a profesionales que buscan fortalecer su perfil directivo y profundizar en un área específica del negocio. Está pensado para quienes desean ampliar su visión empresarial y especializarse al mismo tiempo.Por su parte, el Executive MBA está enfocado en ejecutivos con mayor trayectoria y experiencia en liderazgo. Su objetivo es potenciar la visión estratégica y preparar a los participantes para liderar procesos de transformación organizacional desde posiciones de alto nivel.Analizar la experiencia acumulada y las metas profesionales es clave para elegir la opción más adecuada.5. Las experiencias inmersivas internacionalesAlgunas escuelas de negocios incluyen experiencias académicas en ecosistemas empresariales internacionales, lo que permite complementar la formación teórica con una visión práctica del funcionamiento de mercados globales.Estas experiencias pueden aportar una perspectiva más amplia sobre la dinámica empresarial y facilitar la creación de redes de contacto en distintos entornos. Aunque no todos los programas las ofrecen, representan un valor agregado relevante para quienes buscan una formación con enfoque global.En conclusión, elegir un posgrado o una maestría es una decisión que implica analizar objetivos, disponibilidad de tiempo y proyección profesional a mediano y largo plazo. Instituciones internacionales sugieren evaluar estos cinco aspectos con detenimiento antes de dar el paso.Por ello, más que seguir tendencias, la recomendación es identificar qué tipo de formación se alinea con el perfil y las metas que cada profesional desea alcanzar en los próximos años.
A nueve meses del secuestro de dos agentes del CTI y dos miembros de la Dijín en poder del ELN, sus familias aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte del Gobierno nacional ni de la Fiscalía frente a una eventual gestión para lograr su liberación.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada, uno de los agentes del CTI retenidos, afirmó que la situación ha estado marcada por el silencio institucional.“Es muy triste la situación porque Rodrigo Antonio, Jesús Antonio y los dos miembros de la Dijín en varios videos han expresado su frustración y desesperanza debido a la falta de gestión del Gobierno nacional y la fiscal para lograr su liberación”, señaló.Según explicó, han pasado nueve meses desde el secuestro y cuatro meses desde el último video conocido, fechado el 30 de septiembre. “No sabemos nada de ellos y es muy triste porque preguntamos al Gobierno, a la fiscal, a los entes encargados de este proceso, y absolutamente no hay respuesta a nuestras preguntas. No hay respuesta”, reiteró.Macualo indicó que desde el primer momento las familias actuaron con cautela, siguiendo lo que los propios secuestrados manifestaron en un primer video divulgado el 9 de mayo. “Desde el primer momento nos tocó quedarnos quietos porque ellos mismos en el primer video dijeron que tocaba tener que quedarnos quietos, no hacer nada hasta que no saliera el segundo video”, explicó.Posteriormente, en una nueva prueba de supervivencia, los retenidos pidieron a sus familiares acudir ante el presidente de la República, la Fiscalía y otras entidades para gestionar su liberación. De acuerdo con la esposa del agente del CTI, las familias han acudido a la Fiscalía, la Presidencia, la ONU, organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. “Es un completo silencio, absolutamente. No hay respuesta a todas nuestras preguntas”, afirmó.En la misma entrevista participó Alejandra Sanabria, esposa de Franklin Esley Hoyos, agente de la Dijín también secuestrado. Señaló que en una de las pruebas difundidas por el ELN se mencionó la intención de realizar un intercambio de personas privadas de la libertad. “Indicaron que querían hacer un intercambio de presos. Pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta, ni del Gobierno ni pronunciamiento”, dijo.Sanabria aseguró que han enviado cartas y comunicados a distintas entidades, incluido el Ministerio de Defensa, sin obtener una respuesta concreta. “Nosotros hemos vuelto a escribir y enviar muchas cartas y comunicados para que nos atiendan, pero la respuesta ha sido nula. Simplemente lo que hacen es enviarse correos entre todos, como una forma de evasiva al caso”, sostuvo.Frente a la posibilidad de un acercamiento a través de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, indicó que han tenido comunicación con uno de los delegados de paz, aunque no directamente con el comisionado.“La razón que hasta el momento nos dan es que ellos están trabajando y van a hacer lo posible. Pero ya vamos para siete meses y no se ha hecho ninguna gestión real”, manifestó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila entregó un reciente balance de las emergencias que se han registrado en varios municipios por cuenta de las lluvias acompañadas de vendavales y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Municipios como Íquira, Saladoblanco, La Plata, Gigante, Pitalito y Palermo, han reportado daños en puentes veredales, vías terciarias, un acueducto averiado y al menos 15 cabezas de ganado que murieron impactadas por una descarga eléctrica en una finca del municipio de Teruel.De acuerdo con el boletín oficial de Gestión de Riesgo, en el departamento van hasta el momento 11 municipios que han declarado la calamidad pública como medida para atender de manera urgente a las familias que han resultado damnificadas y también afectaciones en obras de infraestructura.“Tenemos desde el día anterior varios deslizamientos en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45, allí cayeron rocas en la vía principal, también tenemos una emergencia en la vereda La Armenia de Teruel, donde afectó varias cabezas de ganado y un equino alcanzados por una descarga eléctrica. En Palermo desde hace dos días se presentó daños en la red principal del acueducto municipal, pero esta emergencia ya está siendo superada por la empresa de servicios públicos de Palermo”, dijo Orlando Garzón, profesional para la atención de desastres de la Oficina de Gestión en el Huila.Según el boletín oficial, a la fecha hay un registro de 196 familias damnificadas, 277 viviendas averiadas y destruidas, 118 deslizamientos de tierra, 176 vías entre principales y terciarias afectadas, emergencias censadas en 30 municipios del departamento.
Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en Buenaventura han provocado el desbordamiento de varios ríos y dejado más de 6.000 familias afectadas, principalmente en zonas rurales. Entre los afluentes que presentan mayores crecientes se encuentran los ríos Naya, San Juan, Calima y Cajambre, cuyas aguas han inundado viviendas, cultivos y vías de acceso.Las comunidades damnificadas dependen en gran medida de cultivos de pancoger que, en su mayoría, se perdieron por las inundaciones. A esto se suman daños en galpones, criaderos de cerdos y otras actividades productivas que representan el sustento diario de cientos de hogares.Ante la magnitud de la emergencia, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos unieron esfuerzos para adelantar una jornada de recolección de ayudas humanitarias desde este domingo 15 de febrero en el barrio San Nicolás, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. La iniciativa busca recolectar alimentos no perecederos, kits de aseo y otros insumos básicos para las familias damnificadas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.La temporada de lluvias en el departamento ya deja un saldo de 11 víctimas fatales y más de 27 municipios afectados, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante la posibilidad de nuevas emergencias si continúan las precipitaciones.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado se pronunció tras la decisión de la JEP de mantener la competencia para investigar el magnicidio del líder conservador. Esa jurisdicción va a investigar la versión de los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual ese grupo fue el responsable del homicidio, ocurrido en noviembre de 1995.Es importante recordar que la JEP ratificó la competencia en el caso después de negar una apelación de la familia de Gómez Hurtado que pedía devolver la investigación a la Fiscalía. En un comunicado, los familiares aseguran que las pruebas entregadas por los exfarc no son suficientes ni sólidas."Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado", señala el comunicado de la familia.Es importante recordar que en el año 2020 los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc enviaron una carta a la JEP en la que se adjudicaban el magnicidio, posteriormente algunos exjefes del grupo se presentaron a la jurisdicción para contar su versión sobre los hechos, sin embargo, esta hipótesis no convence a la familia de Gómez Hurtado."Confiamos en que la aclaración realizada por la Sección de Apelación respecto del alcance exclusivo de su competencia sobre exintegrantes de las FARC-EP no interfiera ni limite los procesos en curso ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con la eventual responsabilidad del entonces presidente Ernesto Samper en estos hechos", agregó la familia de Gómez Hurtado
En las últimas horas se registraron combates entre las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y el Ejército Nacional en La Plata, Huila. En medio de las confrontaciones murió una niña de cuatro años que huía de las hostilidades junto a su padre en la vereda Villa Esperanza, hecho que indignó al presidente Gustavo Petro."En el hecho resultó herida una menor de edad, a quien el enfermero de combate de la unidad militar le brindó los primeros auxilios; sin embargo, pese a los esfuerzos, lamentablemente perdió la vida", confirmó el ejército a través de un comunicado de prensa.En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo sucedido y afirmó que ningún niño debería ser víctima de la guerra y que tampoco pueden ser instrumentalizados por los grupos armados."Las niñas, niños y adolescentes nunca deberían ser víctimas de la guerra, ningún grupo armado puede instrumentalizarlos o volverlos objetivos. Rechazo absolutamente lo sucedido con la niña Harlin Salomé y me solidarizo con su familia. No ahorraremos esfuerzos para que estas atrocidades jamás vuelvan a ocurrir", señaló Petro.Unas horas antes el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, también se refirió a lo sucedido asegurando que seguirán trabajando para que cese el conflicto."Nos solidarizamos con la familia Ussa Mosquera y la comunidad de La Plata, Huila. La muerte de la niña Harlin Salomé reafirma, en medio del dolor, nuestra convicción de paz. En su honor seguiremos trabajando para resolver los diversos conflictos armados y que cese esta tragedia", señaló el alto comisionado para la Paz.Igualmente, se conoció que los habitantes de la zona estarían siendo amenazados por parte de este grupo armado para que actúen en contra de las tropas, con la intención de retirarlas de esta zona del occidente del Huila.Le puede interesar
Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco', fue comandante del antiguo Bloque Central Bolívar de las AUC, está a la espera de su audiencia única de verdad ante la JEP. Allí, deberá entregar detalles novedosos sobre el conflicto armado para que los magistrado evalúen la posibilidad de aceptarlo en esta jurisdicción. En las últimas horas, alias 'Macaco' protocolizó con la Unidad de Búsqueda un acuerdo, el cual el exjefe paramilitar aportará información para lograr el hallazgo de las víctimas de desaparición."La definición de esta ruta, que es el resultado de varios encuentros y meses de trabajo llevados a cabo en el establecimiento penitenciario y carcelario La Paz de Itagüí, permitirá recolectar información relevante para la búsqueda, con el único propósito de encontrar las personas desaparecidas para aliviar el dolor y la espera de las familias víctimas de estos hechos, en varias regiones del país", señaló la Unidad de Búsqueda.El Bloque Central Bolívar fue una estructura de las Autodefensas que tuvo una fuerte presencia en varias zonas del país, por eso no solo 'Macaco', sino otros exparamilitares que pertenecieron al Bloque se unirán a dichas labores de búsqueda."Este acuerdo consta de etapas de trabajo que se implementan progresivamente, con el objetivo de avanzar de manera pronta y efectiva para obtener resultados que se traducen en garantías reales del derecho a la verdad para quienes sufren la desaparición de sus seres queridos", explicó la Unidad de Búsqueda.Le puede interesar
Después de que el presidente Gustavo Petro, por medio de una resolución, reconociera a ocho disidentes de las Farc, del grupo al mando de alias 'Iván Mordisco', como los negociadores de las disidencias en la mesa de diálogo con el Gobierno; la Fiscalía suspendió todas las órdenes de captura en contra de estas personas, incluido alias 'Gafas'.Alexander Farfán Suárez, conocido como alias ‘Gafas’, fue capturado durante la operación 'Jaque' en el año 2008. En dicha operación se logró el rescate de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, tres ciudadanos norteamericanos y un grupo de militares y policías que estaban secuestrados por parte de la extinta guerrilla de las Farc. Sin embargo, se encuentra en La Picota pues habría vuelto a delinquir."El señor Alexander Farfán Suárez se encuentra privado de la libertad en centro de reclusión. La suspensión de órdenes de captura no implica la revocatoria ni sustitución de ninguna medida de aseguramiento, la concesión de ningún subrogado penal ni, en general, el decreto de libertades bajo ninguna figura prevista en la ley", señaló la resolución de la Fiscalía.Entre los delegados de las disidencias para la mesa de conversaciones están también alias ‘Andrey Avendaño’, comandante del bloque Magdalena Medio y señalado como uno de los presuntos responsables del atentado en contra del expresidente Iván Duque, cuando se movilizaba junto a algunos de sus ministros en un helicóptero, en Cúcuta.En la delegación estará también Ángela Izquierdo del bloque Occidental y quien salió de la cárcel hace unos meses para hacer parte del grupo negociador de las disidencias, incluso estuvo en el evento público en los llanos del Yarí donde este grupo anunció que empezarían los diálogos con el Gobierno nacional.Otro de los delegados será alias ‘Sebastián’, él se encontraba detenido en la cárcel de Popayán, en el Cauca, y salió también para hacer parte de esta delegación. Sobre él recaen crímenes relacionados con la fabricación y porte de accesorios de uso privativo de las Fuerzas Militares y hace parte del bloque Occidental."Carlos Eduardo García Téllez identificado con cédula de ciudadanía fungirá ahora como miembro representante para "participar en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos de paz, dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización". Y, de acuerdo con la solicitud del presidente de la República, la suspensión regirá por el estricto término que el Gobierno nacional determine", explicó la resolución.Le puede interesar
El Clan del Golfo tiene "presencia e influencia" en 24 de los 32 departamentos de Colombia denunció este jueves el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, quien también aseguró que las estructuras armadas se han fortalecido en las zonas abandonadas por las antiguas FARC."El grupo armado con mayor presencia e influencia sobre el territorio nacional son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, (AGC) -Clan del Golfo- que delinque o tiene injerencia en 24 departamentos y 392 municipios", dijo Camargo en una reunión con alcaldes de Colombia.El funcionario desglosó que en segundo lugar está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) "con presencia en 19 departamentos y 224 municipios; de manera concreta, en todo el corredor de la frontera con Venezuela, como también en buena parte del Pacífico".Entre tanto, el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', hace presencia en 18 departamentos y 180 municipios del suroeste del país, la Amazonía y algunos territorios cercanos a la frontera con Venezuela.En cuarto lugar están las disidencias de las FARC denominadas Segunda Marquetalia, grupo que delinque en 14 departamentos y 69 municipios; particularmente, en el suroeste del país, aunque tiene injerencia en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, La Guajira y Guainía, según las cifras recogidas por funcionarios de la Defensoría.Camargo enfatizó en que en Colombia también hay grupos de crimen organizado con alcance territorial, que son utilizados por los grupos armados ilegales mediante encadenamientos delictivos, a través de la subcontratación o tercerización de acciones criminales. Igualmente, se ha identificado presencia y operación de grupos de crimen organizado transnacional."Para poder enfrentarlos, se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un gobierno nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables", dijo Camargo.Igualmente aseguró que la Defensoría seguirá en la labor que le corresponde y que tiene que ver con que los "alcaldes y gobernadores no continúen siendo atemorizados por los irracionales".Además, se refirió a las advertencias sobre alteraciones de orden público de cara a las elecciones de octubre próximo: "Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo 'su ley'; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia".Colombia tendrá elecciones regionales el próximo 29 de octubre en las que se elegirán gobernadores, alcaldes y ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL).Le puede interesar
Durante esta semana, la Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, ONU DDH, estuvo realizando una visita al Guaviare y después de algunos encuentros con las comunidades, la organización hizo un balance sobre la situación de violencia que afecta a este departamento del país, pues hay una expansión de los grupos armados que ejercen control social y territorial y esto ha llevado a un incremento en el reclutamiento de menores."Llamamos a los grupos armados a respetar a la población civil, a respetar las normas del derecho internacional humanitario y a demostrar su buena voluntad de negociar una paz para Colombia y para este territorio respetando los derechos humanos de la población civil. Me preocupa, particularmente, que se hayan desfinanciado 42 escuelas e internados del departamento del Guaviare que no tienen financiamiento ya de la Gobernación y en donde niños y niñas, ya no pueden acceder a la educación y sus familias ya no tienen alternativas para educarlos", señaló Juliette de Rivero, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.Esta situación de las escuelas tiene a los niños afectados en riesgo por el posible reclutamiento de grupos armados, pero la ONU también constató que los pueblos indígenas en el territorio se encuentran en riesgo de extinción."Se tiene que articular tanto el Gobierno local como regional y nacional para asegurar la pervivencia de estos pueblos y garantizar sus derechos, ya que viven en situaciones muy precarias, desde el punto de vista socioeconómico, y de mucho riesgo, desde el punto de vista de su seguridad" señaló Rivero.Le puede interesar
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.