El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes 13 de febrero en el corredor de la calle 80, uno de los principales accesos a la capital del país. El siniestro, ocurrido en los límites de Bogotá con la Sabana, dejó como saldo un ciclista muerto y generó una afectación vial de grandes proporciones, con congestión tanto para el ingreso como para la salida de la ciudad.De acuerdo con el reporte entregado por la cuenta oficial de Bogotá Tránsito en la red social X, sobre las 5:27 a. m. se confirmó un “siniestro vial con fatalidad” en el corredor de la calle 80, en el que se vieron involucrados un tractocamión y un ciclista. El hecho encendió las alertas de las autoridades, que de inmediato activaron los protocolos de atención y manejo del tráfico en la zona.A las 5:56 a. m., Bogotá Tránsito actualizó la situación e informó que el carril número dos presentaba afectación directa por el siniestro. “Ya tenemos una afectación considerable para los vehículos que ingresan a la ciudad, también se tiene afectación de la salida sobre el corredor de la calle 80. Se generan medidas de gestión de tráfico para mitigar la afectación que genera aquí el siniestro con fatalidad”, indicó uno de los agentes en el lugar.Las autoridades señalaron que, en ese momento, aún no se contaba con la presencia de unidades de criminalística, lo que prolongó el cierre parcial mientras se adelantaban las primeras labores de aseguramiento de la escena. Posteriormente, sobre las 6:32 a. m., se confirmó que el Grupo de Criminalística inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque entre el tractocamión y el ciclista.En el punto hacen presencia uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte (SETRA) y de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), además del Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito, quienes implementaron medidas de regulación para intentar disminuir el impacto en la movilidad.Vías alternasAnte el panorama de fuerte congestión, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas como la calle 13, movilizarse por la localidad de Suba o, en caso de requerir salir de la ciudad, utilizar la vía que comunica con el municipio de Cota.El corredor de la calle 80 es uno de los más transitados para quienes se desplazan entre la Sabana y la capital, por lo que cualquier incidente genera efectos en cadena durante las primeras horas del día.
La inusual ola invernal continúa generando afectaciones en todo el país, incluidas las vías. En este momento se registran 31 cierres en diferentes corredores del país, de los cuales 25 son parciales y 6 totales, según confirmó el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.Las principales afectaciones se concentran en los departamentos de Nariño, Córdoba y Magdalena, así como en la región del Urabá antioqueño. Los daños obedecen principalmente a pérdida de banca, fracturas estructurales y colapso de puentes.¿Cuáles son los cierres totales de vías por lluvias?NariñoEn el municipio de Tangua permanece el cierre total de la vía Rumichaca–Pasto, en el kilómetro 51+100, por pérdida total de banca. La ruta alterna habilitada es Pasto–Piales.Urabá (Antioquia)Se registran dos cierres totales:Vía Necoclí–Arboletes (Km 17+450), por afectación del Puente Mulatos. No hay vía alterna.Vía Arboletes–San Juan (Km 63+850), por afectación en la cabecera de puente. Tampoco cuenta con paso alterno.CórdobaLos Córdobas, vía Puerto Rey–Montería (Km 19+350), por fractura del Puente Jalisco. La vía alterna es Medellín–Caucasia–Planeta Rica–Montería.Lorica (sector Sabana Acosta), vía Tuchín–Momil (Km 23+100), por caída de puente sobre el arroyo Ejem. No hay vía alterna.MagdalenaVía Santa Marta–Palomino (Km 37+700), por colapso del Puente Mendihuaca. La ruta alterna es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.Las afectaciones viales se dan en medio de un panorama más amplio de emergencia por lluvias. Al menos 13 personas murieron esta semana en distintas zonas del país como consecuencia de las intensas precipitaciones, de acuerdo con balances oficiales conocidos este domingo.El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que un frente frío que ingresó desde el norte del continente americano hacia el Caribe colombiano incrementó en enero las lluvias en más de un 64 % frente al promedio histórico nacional.La entidad señaló que este comportamiento se presenta “en el marco de una crisis climática”, lo que ha derivado en crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y afectaciones en infraestructura vial en diferentes regiones.La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía mantiene monitoreo permanente sobre los puntos críticos y recomienda a los conductores consultar el estado de las vías.
Las autoridades avanzan en la identificación de los dos presuntos responsables del homicidio del tendero Sergio Andrés Suárez, ocurrido el pasado 12 de febrero de 2026 en el barrio Monterredondo, en Bucaramanga.De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los sujetos estarían implicados en el hurto y posterior asesinato del comerciante, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes del sector.La institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que permita identificar plenamente y judicializar a los responsables. Por este caso, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue datos veraces que contribuyan al esclarecimiento del crimen.“La ciudadanía puede brindar información de manera confidencial a través de la línea 317 639 7244 o al correo mebuc.sijin@policia.gov.co”, indicó la Policía en un comunicado oficial.Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, pidió el respaldo de la comunidad para lograr la captura de los implicados.“Le pido a la ciudadanía que nos ayude a identificar a estos bandidos. Ofrecemos hasta 10 millones de pesos por información que lleve a su captura. Con ayuda de más de 40 cámaras de seguridad públicas y privadas, la Policía trabaja en este objetivo”, afirmó el mandatario.Las autoridades confirmaron que analizan material de más de 40 cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, instaladas en el sector, con el fin de reconstruir la ruta de escape de los delincuentes y consolidar las pruebas que permitan su pronta captura.El asesinato de Sergio Andrés Suárez ha reavivado el debate sobre la seguridad en zonas residenciales y comerciales de la ciudad, mientras familiares, vecinos y comerciantes exigen justicia y mayor presencia institucional en el barrio Monterredondo.
El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo. La información fue revelada en primicia por el periodista Ricardo Ospina durante la emisión de Mañanas Blu. Se trata de una medida cautelar adoptada por un magistrado ponente que ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.Medida cautelar suspende incremento del salario mínimoDe acuerdo con lo revelado, el magistrado que estudia la legalidad del decreto —que estableció un incremento del 23,78 %— dictó una suspensión provisional mientras se resuelve de fondo la demanda. La decisión implica que los efectos jurídicos del aumento quedan en pausa hasta que el Ejecutivo emita un nuevo acto administrativo que cumpla los criterios técnicos exigidos por la ley.La orden judicial subraya que el nuevo decreto deberá ser transitorio y aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales relacionados con la fijación del salario mínimo.Gobierno deberá expedir nuevo decreto de salario mínimo en ocho díasSegún la revelación, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá ocho días para emitir un nuevo decreto que respete los parámetros técnicos definidos por la normativa. Entre ellos se incluyen variables como la inflación, la productividad y el comportamiento económico, factores que deben ser considerados dentro del proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado. La medida recalca que el incremento salarial no puede obedecer únicamente a una determinación política, sino que debe sustentarse en criterios objetivos previamente establecidos.Criterios técnicos y concertación, eje de la decisiónEl elemento central señalado en la decisión es la necesidad de que el aumento del salario mínimo surja de un proceso de concertación y de la aplicación estricta de los indicadores técnicos. La revelación periodística enfatiza que la normativa vigente exige evaluar inflación y productividad como componentes esenciales para determinar el ajuste. Mientras se emite el nuevo decreto transitorio, el proceso continuará su curso en el alto tribunal administrativo, que posteriormente decidirá de fondo sobre la legalidad del incremento.El pasado 29 de enero de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento sin precedentes del 23,7 % del “salario mínimo vital”, que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos incluido el subsidio de transporte, informó el presidente Gustavo Petro. El salario mínimo quedó en 1.746.882 pesos, a lo que se suman cerca de 250.000 de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.Reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti: “Esto va en contra de la Constitución”Tras conocerse la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó en diálogo en vivo que no había sido notificado formalmente al momento de la entrevista, aunque reconoció que el Gobierno esperaba un fallo en ese sentido.“No, señor, yo estaba esperando turno para hablar aquí en Blu cuando me enteraron de la situación… el Gobierno desde hace dos días la estaba esperando”, explicó. El ministro admitió sorpresa por la materialización de la suspensión, aunque señaló que existían versiones previas sobre su inminencia. En sus primeras impresiones, cuestionó el fondo de la decisión:Benedetti defendió que el incremento del 23,78 % se sustentó —según dijo— en el concepto de salario vital, calculado con base en el costo de la canasta familiar y en lineamientos asociados a estándares internacionales. También advirtió sobre el impacto jurídico de la medida frente a trabajadores que ya recibieron pagos ajustados:Salario provisional y efectos prácticosSobre la orden de expedir un decreto transitorio en ocho días, el ministro calificó el escenario como complejo: “Es algo bastante surrealista… imaginar un salario mínimo provisional trae problemas inimaginables”. Según explicó, el salario mínimo sirve como referencia para múltiples escalas salariales, lo que podría generar efectos en cadena mientras se define el fallo de fondo.En el plano político, Benedetti reconoció que la decisión podría convertirse en un argumento de campaña: “No está equivocado… políticamente le dieron un arma a un sector de los candidatos”.
El Consejo de Estado dictó una medida cautelar que suspende provisionalmente los efectos del Decreto 1469 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado un incremento del salario mínimo del 23,78 %. La decisión, proferida por el magistrado Juan Camilo Morales, ordena al Ejecutivo expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días, ajustado a los parámetros técnicos y legales vigentes.El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su sorpresa ante la decisión judicial, calificándola como un golpe inesperado para la administración. "Cuando estaba esperando para que me dieran turno para hablar me cayó como un balde de agua helada la noticia", admitió el funcionario, quien defendió la legalidad del incremento basándose en mandatos internacionales.Según Benedetti, el porcentaje del 23,78 % no fue caprichoso, sino que buscaba alcanzar un salario vital. "La Constitución dice que hay que buscar es un salario vital más que un salario mínimo", explicó el ministro, detallando que la canasta familiar ronda los 3,5 millones de pesos y requiere el ingreso de al menos 1,5 personas por hogar. "Con base en eso se llegó al 23 % para que el salario mínimo, incluido el subsidio de transporte, llegara a 2 millones de pesos", puntualizó.La suspensión genera un vacío normativo complejo, dado que muchas empresas ya efectuaron los pagos de enero con el nuevo monto. Ante la posibilidad de revertir estos pagos, el ministro mostró su preocupación por la seguridad jurídica de los empleados: "Hay personas que ya han recibido su sueldo y es un derecho adquirido. Yo no entiendería cómo ya un derecho adquirido se puede echar para atrás".En un contexto preelectoral, Benedetti reconoció que esta decisión judicial podría dinamizar el discurso de ciertos sectores. Al ser consultado sobre si esto otorga un "arma política" al Gobierno para señalar a las élites, el ministro fue directo: "No está equivocado para nada. Si yo fuera candidato, saldría a decir: ¿Usted quiere de verdad salario mínimo? Tiene que votar por mí".Finalmente, el funcionario subrayó que la medida le pone "gasolina a las campañas" en un periodo que calificó como "gris" y falto de publicidad robusta. Mientras tanto, el Ejecutivo analiza un "Plan B" para cumplir con la orden del magistrado Morales y fijar una cifra provisional que no desproteja a los 2,4 millones de ciudadanos que dependen de este ingreso.
Este martes se conoció un comunicado del Comando Central del ELN en el que ordenan a todos sus frentes suspender las acciones ofensivas contra las Fuerzas Militares y la Policía a partir del 6 de julio y hasta el 3 de agosto, con el fin de entrar en la fase de alistamiento para la implementación plena del cese al fuego bilateral.“La Gestoría de Paz del ELN queda habilitada como enlace de comunicación entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional para informar sobre novedades que puedan presentarse, relacionadas con el cese el fuego”, agrega el documento.El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió a este anuncio en diálogo con la emisora de la Presidencia e insistió en que el Gobierno nacional buscará un cese al fuego multilateral con los diferentes grupos armados que tienen presencia en el país."Podemos decir que, si logramos avanzar en ceses bilaterales, con el conjunto de los grupos armados que están en disputa, podemos ir visualizando un cese multilateral de fuegos, que es el propósito del presidente Gustavo Petro desde septiembre del año pasado", señaló Rueda.Haciendo referencia al caso en específico del ELN, el alto comisionado para la Paz manifestó que, tras el comunicado de la guerrilla en el que se ordena suspender las acciones ofensivas contra la fuerza pública, el presidente Gustavo Petro emitirá en las próximas horas unas directrices."Es aquí donde se va a probar la unidad de mando que pueda tener el Ejército de Liberación Nacional y de ahí que eso pueda tener efectos sobre situaciones muy concretas como las que se viven en Sipí, Chocó, si afirman que no va a haber enfrentamientos con fuerza pública significaría que nosotros podríamos como Gobierno, sin riesgo a existencia de confrontaciones armadas, acompañar el retorno, por ejemplo, de la población", reiteró Rueda.Le puede interesar:
Luego de los videos que se conocieron en redes sociales en donde hombres armados con fusiles hacen patrullajes en las calles de Buenaventura, el Gobierno rechazó lo sucedido y envió una propuesta de fortalecimiento de “construcción de paz” en medio de las confrontaciones armadas y los sabotajes, principalmente en los barrios Los Ángeles, en la Comuna 6, Nueva Colombia, en la Comuna 11 y Juan XXIII y San Francisco, de la Comuna 7, en esta ciudad al Valle del Cauca.“El acercamiento con Shotas y Espartanos ha permitido avanzar hacia el inicio en las próximas dos semanas del Espacio de Conversación Sociojurídica, que contará con testigos nacionales e internacionales y veedurías civiles, y partirá de una base de compromisos públicos”, se pudo leer en el comunicado.El Gobierno nacional también hizo un llamado a estos dos grupos criminales a pronunciarse públicamente rechazando los hechos de violencia recientes y reiterando su disposición a ser parte de la "paz urbana".“Con estos pronunciamientos, el Espacio de Conversación Sociojurídica contará con garantías para sus gestores y voceros”, señaló.El comunicado de la oficina del alto comisionado para la Paz, se refiere también a las versiones que aseguran que la fuerza pública no puede actuar debido al proceso de construcción de paz.“Precisamos que nuestros acercamientos jamás han implicado suspender la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de su función legal de defensa y protección de los derechos de la población”, dijo.Cabe recordar que este sábado, 2 de julio, en horas de la noche, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que integrantes de la Policía Nacional, realizan operaciones de control en los barrios Carlos Holmes y Bello Horizonte de Buenaventura, para brindar seguridad a su población.Le puede interesar:
La figura de paz total no es algo nuevo, por el contrario, cada Gobierno en turno la renueva y la implementa de acuerdo con los requisitos, según explicó en Mañanas Blu el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, quien también se pronunció sobre la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien pidió tumbar esta ley.Según dijo, la ley de paz total es una prórroga en la que cada Gobierno “le mete cosas nuevas” y es la que permite el sustento jurídico para los acercamientos con los diferentes grupos armados ilegales, como en este momento se está haciendo con el ELN; también la posibilidad de asignar equipos y crear mesas y, establecer límites dentro de la negociación.¿Qué pasa si se tumba la ley de paz total?El senador Ávila señaló que, a la espera de la decisión, examinarán que acciones tomar en caso de que tengan que radicar nuevamente la ley, pues, aseveró, aunque se pueden usar figuras basadas en la Constitución, habría unos “vacíos jurídicos” en ese periodo de tiempo y tendrían que iniciar desde cero.“Si se confirma la ponencia, falta la mesa plena de la Corte Constitucional, toca arrancar desde cero (…) En el mejor de los casos eso va a estar para octubre, no va a estar antes. Entonces sí habría dos o tres meses de vacío jurídico muy difícil, pero tenemos que esperar que dice la corte”, puntualizó en Mañanas Blu, con Néstor Morales.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí: bit.ly/42ZQznFCabe recordar que la ponencia presentada evalúa una demanda contra la ley de paz total, la 2272 que fue aprobada en el 2022. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien es el ponente del caso, les pidió a sus ocho colegas tumbarla por vicios de trámite. Según el argumento principal, violó el trámite en el Congreso de la República.“Tumbar esa ley sería de una gravedad inmensa, es decir, dejaría sin piso jurídico un montón de cosas que en este momento están avanzando”, respondió el senador Ávila.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
La columna vertebral de la ‘paz total’, que es la principal bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, está en riesgo de caerse en la Corte Constitucional.La historia es la siguiente: el año pasado se tramitó en el Congreso la Ley 2272, que le entregó al presidente de la República, herramientas jurídicas y políticas para facilitar las negociaciones de paz con las disidencias, el Clan del Golfo y otros grupos de narcotraficantes.Esa ley fue demandada ante la Corte, petición que fue admitida para estudio y por tratarse de un asunto de urgencia nacional, el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibañez, analizó el asunto con celeridad y, en las últimas horas, entregó a sus ocho colegas la ponencia en la que considera que la llamada ley de ‘paz total’ debe ser declarada inconstitucional.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí: bit.ly/42ZQznFLos argumentos del magistrado Ibañez tienen que ver con errores de forma en el trámite de la ley, es decir, no se pronuncia sobre el fondo de la norma, pero entre los vicios que considera el magistrado que se cometieron, están posibles errores de trámite, entre ellos que no se respetó el principio de consecutividad del proyecto en el Congreso y porque no hubo un concepto previo del consejo de política criminal.En caso de que la mayoría de magistrados acoja la ponencia presentada este lunes, el Gobierno tendría que volver a tramitar desde cero un proyecto de ley que permita modificar la ley de orden público y faculte al presidente a adelantar negociaciones, incluso, con grupos que, en teoría, ya tuvieron una oportunidad para desmovilizarse y para buscar negociaciones para facilitar el sometimiento de los carteles del narcotráfico que existen en el país.Políticamente sería una derrota muy dura para el presidente Gustavo Petro, quien quedaría aún más maniatado para avanzar hacia una eventual firma masiva de acuerdos de paz y de sometimiento a la justicia con grupos al margen de la ley.
Para el próximo 25 de julio está previsto que se convoque el comité nacional de participación que hará parte de la mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN.Ese comité se encargará de construir cómo será la participación de la sociedad en el proceso de paz según explicó Aureliano Carbonell y el cual se instalaría en la ciudad de Bogotá en los próximos días.“En ese Comité Nacional de la Participación habrá delegados de distintos sectores de la sociedad. Hemos convocado a procesos de los pueblos indígenas, de los afros, a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a los campesinos, a distintos sectores en ese comité que estaría integrado por 30 procesos y 80 integrantes. Ese comité esperamos instalarlo el 25 de julio y ayudará para desarrollar todas las tareas que corresponden a la fase de diseño”, explicó Aureliano Carbonell, delegado del ELN en la mesa de diálogos.Es de recordar que el pasado 20 de junio, comenzaron en La Habana, Cuba, las sesiones de la fase de alistamiento y pedagogía para el cese al fuego, que las partes prevén poner en marcha desde el próximo 3 de agosto.En este momento, el ELN y el Gobierno se encuentran en la mesa discutiendo las reglas de lo que está permitido y lo que no cuando inicie el cese al fuego. Esto será la guía tanto la fuerza pública como para esta guerrilla y que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación haga su trabajo de observación.Le puede interesar:
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.