El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó como "inhumana" y "sorprendente" la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo del 23.7 % para el año 2026. Según el funcionario, el alto tribunal ignoró los términos procesales y puso en riesgo el ingreso de millones de colombianos que ya perciben lo que el Gobierno denomina un "salario vital".En una entrevista con Mañanas Blu, Sanguino denunció que la justicia administrativa tomó la decisión antes del 24 de febrero, fecha límite que tenía el Ejecutivo para presentar sus argumentos técnicos. "Es jugar con los sueños y los ingresos de la gente desde los cómodos sueldos que se ganan los magistrados", afirmó el ministro, señalando que la medida impacta directamente a soldados, aprendices del SENA y médicos internos.El jefe de la cartera laboral defendió la cifra del 23.7 %, argumentando que no se trata de una decisión caprichosa, sino de un modelo de redistribución del ingreso respaldado por la OIT. Sanguino aseguró que, tras un mes de vigencia del aumento, no se han registrado los efectos inflacionarios ni la pérdida masiva de empleos que sectores empresariales vaticinaban.¿Qué deben hacer las empresas con el pago de la quincena?Ante la incertidumbre jurídica generada por el auto del Consejo de Estado, el ministro Sanguino envió un mensaje de calma a los empleadores respecto a la liquidación de nómina inmediata. El funcionario instó a las empresas a mantener el pago con el aumento del 23.7 %, mientras el Gobierno agota los recursos legales."Yo les aconsejo que calculen la nómina como la calcularon en enero, porque vamos a defender como gato boca arriba el salario vital de los trabajadores", enfatizó Sanguino.Para el Gobierno, esta suspensión representa un nuevo episodio de lo que consideran un "bloqueo institucional" por parte de las cortes y organismos de control. Sanguino sugirió que la decisión tiene matices políticos, especialmente a tres semanas de las elecciones, y advirtió que el Ejecutivo no descarta acciones como una "tutelatón" para proteger lo que consideran un derecho adquirido de los trabajadores colombianos.
Ingrid Betancourt se refirió a la polémica que se ha desatado con Sofía Gaviria, quien es la cabeza de lista al senado por el partido Oxígeno, Betancourt aseguró que hubo al menos tres episodios que generaron diferencias con Gaviria."La primer diferencia con Sofía Gaviria fue porque en el Congreso de la Republica agredió y amenazó a un Policía luego de ella violar la seguridad del Capitolio. No respeta reglas básicas ni normas que sí respetamos los ciudadanos de a pie. La segunda fue por la campaña de comunicación donde cuestionábamos al Gobierno de Gustavo Petro y promovíamos que dejáramos la violencia física, verbal y digital, y castigáramos a la izquierda en las urnas. Ella quería que la campaña fuera de vallas por todo el país con su cara. Respetable pero inviable", explicó Betancourt.Además es importante recordar que Gaviria estaba evaluando la posibilidad de renunciar a su aspiración al Senado, Betancourt también se refirió al tema."La renuncia la tiene lista hace días. La filtró ayer a varios periodistas que esta mañana me llamaron a consultarme por su renuncia. Utilizaba a los medios para generar presiones en el Partido y se cumplieran sus caprichos personales. Es triste tener que decirlo. Seguimos sin ella!", agregó la directora del partido Oxígeno.Es importante recordar que el material electoral ya se encuentra en proceso de impresión y empezará la distribución en los próximos días, por eso si algún candidato renuncia sus votos se le contarán al partido al que pertenece.
La delegada departamental de la Registraduría Nacional, Yanira Córdoba Rivera, en diálogo con Blu Radio advirtió que durante las mesas de trabajo que se han adelantado con las demás autoridades, han identificado que tres municipios del Huila aparecen en el mapa con posible riesgo electoral principalmente por temas de orden público.Señaló la delegada para el Huila que los municipios con riesgos para el desarrollo de los comicios del próximo ocho de marzo, aparecen La Plata, Tesalia y Algeciras, donde la fuerza pública tendrá una atención y vigilancia especial para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto.“Bueno… existe un mapa de riesgo hay unas variables que ha detectado la Defensoría del Pueblo junto con la MOE y dentro de ese mapa de mayor riesgo están los municipios de La Plata, sobre todo en la zona rural, igual el municipio de Tesalia por el lado de Pacarní donde hay estadísticas que podrían afectar el proceso electoral y de igual manera se encuentra el municipio de Algeciras”, indicó la delegada para el Huila Yanira Córdoba.Agregó la funcionaria Córdoba Rivera que de manera permanente han venido realizando mesas de trabajo con la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la MOE, entre otras entidades competentes, para garantizar una jornada democrática en las mejores condiciones de seguridad para los votantes.“Hemos venido analizando con las autoridades cada uno de los puntos donde se van a instalar los puestos y las mesas de votación, 125 puestos van a estar a cargo del Ejército en la parte rural, a cargo de Policía Huila estarán 83 puestos y la Policía Metropolitana de Neiva vigilará 60 puestos de votación, eso quiere decir que todos los puestos tendrán cobertura de la fuerza pública”, anotó la delegada.De acuerdo con la Registraduría, en el Huila, habrá 268 puestos de votación de los cuales 121 son urbanos y 147 rurales, donde se instalarán 2.849 mesas en los cascos urbanos y centros poblados para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.Finalmente, la delegada de la Registraduría Yanira Córdoba explicó que el Huila tiene un censo de 937.740 huilenses habilitados para sufragar y fueron designados 19.300 jurados de votación que estarán cubriendo todos los puestos que se instalarán en todo el departamento para los comicios legislativos.
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo del 23.7 %. A través de su cuenta en X, el mandatario defendió la legalidad de su decreto, asegurando que el concepto de salario vital es un mandato de la Constitución y que la medida judicial pone en riesgo el poder adquisitivo de la clase trabajadora."Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución", afirmó el jefe de Estado, quien calificó de "anticonstitucional" cualquier intento de disminuir la demanda de alimentos vitales en el país. Según el presidente, reducir el impacto del salario en las actuales circunstancias detendría la economía nacional y aumentaría indicadores críticos como el hambre y la desnutrición infantil.Convocatoria a concertación y movimientos socialesComo respuesta inmediata a la orden del magistrado Juan Camilo Morales, Petro instruyó al ministro de Trabajo para adelantar una reunión de concertación de urgencia. El objetivo es redactar el nuevo decreto transitorio solicitado por el tribunal, pero bajo una premisa inamovible: el respeto a los derechos del pueblo trabajador.Asimismo, el mandatario hizo un llamado a la coordinación de movimientos sociales para estudiar la postura del Gobierno y solicitó al "pueblo trabajador" expresarse sobre el asunto. Petro enfatizó que el Poder Judicial debe reconocer que su administración se debe al voto popular y al cumplimiento de la carta magna.El presidente argumentó que las últimas mediciones económicas demuestran que el aumento del 23.7 % ha tenido una incidencia marginal en el incremento de precios de alimentos. En su análisis, el verdadero riesgo para el empleo y la inflación en Colombia radica en el alza de las tasas de interés y no en el fortalecimiento del ingreso mínimo."El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político", advirtió el mandatario.Finalmente, Gustavo Petro reiteró su invitación a construir un "pacto social de la vida y de la paz". Para el Ejecutivo, la suspensión del decreto 1469 de 2025 es una medida con carácter "antisocial" que busca anular las prerrogativas del Gobierno en materia salarial, afectando la dignidad de quienes devengan el mínimo.
El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT) publicó el proyecto de la norma nacional obligatoria GB 11557-202X, titulada “Estipulación para proteger a los conductores de lesiones causadas por el mecanismo de dirección del vehículo”.La actualización reemplazará la norma vigente GB 11557-2011, que llevaba más de una década en funcionamiento. Según el medio CarNews China, el crecimiento acelerado de vehículos eléctricos y nuevas tecnologías hizo necesario revisar los criterios de evaluación de seguridad.Uno de los cambios más relevantes es la eliminación total del contenido técnico relacionado con volantes semicirculares, conocidos como “half-steering wheels” o tipo yoke.Qué cambia frente a la norma anteriorLa nueva regulación ajusta varios parámetros técnicos:Reduce el límite de fuerza horizontal en pruebas con módulo humano a 11.110 N, alineándose con la normativa internacional UN R12.Establece límites estrictos para el desplazamiento hacia arriba y hacia atrás de la columna de dirección durante impactos.Elimina exenciones previas en pruebas de impacto humano: ahora todos los vehículos deberán superar las pruebas, sin excepciones.Estas pruebas incluyen impactos en diez puntos específicos del aro del volante, entre ellos el punto medio del área más débil y el punto medio del área sin soporte más corta.Por qué los volantes tipo yoke no podrán cumplir la normaEl problema para los volantes semicirculares es estructural. Al carecer de la sección superior tradicional del aro, no pueden cumplir con los diez puntos de prueba exigidos por la nueva norma.Algunos de los puntos obligatorios simplemente no existen físicamente en este diseño, lo que impide su homologación bajo el nuevo estándar nacional.Según estadísticas citadas por el medio especializado Autohome, el 46 % de las lesiones de conductores en accidentes están relacionadas con el mecanismo de dirección. La estructura circular tradicional actúa como superficie de absorción cuando el conductor se proyecta hacia adelante, mientras que los diseños abiertos pueden permitir que el cuerpo pase por encima del volante en una segunda colisión.Nuevas exigencias sobre airbags y fragmentaciónLa norma también introduce requisitos estrictos sobre el despliegue del airbag. Se prohíbe que elementos duros —como piezas metálicas o plásticas— queden orientados hacia los ocupantes durante la activación.En el caso de los volantes tipo yoke, sus cubiertas irregulares y estructuras de soporte presentan patrones de fractura difíciles de predecir en pruebas de alta velocidad, lo que complica la validación técnica bajo los nuevos criterios.La normativa comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. Todos los modelos nuevos que soliciten homologación deberán cumplir inmediatamente con el estándar actualizado.Los vehículos ya aprobados dispondrán de un período de transición estimado en aproximadamente 13 meses para adaptar sus diseños.
Durante un encuentro que sostuvieron los magistrados del Consejo Electoral y el registrador nacional, Alexander Vega, se trató las implicaciones que tiene sobre las próximas elecciones el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y ELN.Una de las preocupaciones que mostró el registrador Alexander Vega es que el Gobierno y el ELN deben incluir cláusulas que eviten la intervención negativa de esta guerrilla en el proceso electoral en curso."Se incluyó que el ELN no intervenga de forma negativa en el proceso electoral. Celebramos el cese al fuego bilateral, pero debe incluirse, sí o sí, que no interfieran no solo el día de las elecciones, sino que ni constriñen a la población ni afecten la inscripción de cédulas en el Chocó, donde actualmente hacen presencia (...) Vamos a hacerle una solicitud al presidente Gustavo Petro y al comisionado de Paz para que se incluya sí o sí y de manera inmediata en esos compromisos de verificación la no intervención del ELN en el certamen electoral", manifestó el registrador nacional.Incluir esta cláusula de "no intervención" del ELN en las elecciones, según el registrador nacional, son algo vital para preservar la transparencia y la integridad del proceso, al igual que salvaguardar los derechos democráticos de los ciudadanos: "Debe hacer presencia del Estado, a través de las Fuerzas Militares, Policía y obviamente en el diálogo con el CNE que no se intervenga en el proceso electoral".La Registraduría ha alertado por diversas amenazas que podrían afectar las elecciones locales programados para octubre en la que habría interés de narcotraficantes y grupos armados ilegales en influir en la jornada.Según el registrador, existen evidencias claras proporcionadas por los registradores locales y las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo que indican el deseo de estos actores irregulares por afectar el proceso electoral. Su objetivo no solo es generar violencia, sino también ejercer presión y coacción sobre los electores.
Se trata de un ataque que se registró en el sector de Sequihonda, cuando un sujeto armado llegó en motocicleta hasta la vivienda de Félix Luna, conocido como alias 'Gordo Lindo', y lo atacó, provocando un cruce de disparos que dejó heridos tanto a él como a uno de sus hombres de confianza.Ante esta situación, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, rechazó el intento de homicidio contra Félix Orlando Luna, líder de la banda ‘La Local’, pues señaló que estos hechos vulneran los esfuerzos de consolidación de la paz urbana en la ciudad puerto, de la cual Félix ha sido un importante partícipe.Aseguró también que este atentado se suma a la desaparición de "Súper", otro partidario de la paz entre los grupos armados de la ciudad."Consolidar la paz urbana y la inclusión social en Buenaventura es posible, y por esa razón sus habitantes están tejiendo un futuro distinto para la ciudad, con las mujeres como motor del proceso. Los responsables de estos repudiables hechos deben escuchar la exigencia de paz que los bonaerenses han elevado a los armados y al Gobierno", indicó el comisionado.Además, le pidió a los grupos de la zona persistir y sumarse a los esfuerzos de paz en la zona.
La Defensoría del Pueblo emitió la 'Alerta Temprana 023-2023' en la que se dan a conocer los factores de amenaza que presentan los más de 148.000 habitantes de la ciudad de Yopal y del municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare, por la presencia de las disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo.En este lugar del país esos tres grupos armados pretenden retomar y consolidar el control en esa región del oriente y esto pone en alto riesgo de vulneración de los derechos de los habitantes.“La Alerta Temprana muestra que existe una reactivación y consolidación de estructuras insurgentes y de los reductos de los grupos sucesores del paramilitarismo. También evidenciamos que tienen la pretensión de retomar las áreas donde ejercieron control territorial”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.Esta alerta que fue entregada al Ministerio del Interior evidencia los riesgos debido a la presencia de las disidencias de las Farc, de los frentes 10 y 28, en los municipios mencionados. Estos grupos realizan acciones armadas, publicitarias y mediáticas, presiona a las comunidades y recaba finanzas para su reconfiguración y posicionamiento regional.Además, la Defensoría también aseguró que el ELN no solo ejerce presiones contra la población, también lo hace contra liderazgos sociales y recluta niñas, niños y adolescentes. Asimismo, las fuerzas de seguridad del Estado y sus instalaciones, en los cascos urbanos de Aguazul y Yopal, han sido blanco de las acciones criminales de ese grupo armado.Mientras tanto, el Clan del Golfo, según el reporte, quiere consolidarse en la región para lucrarse de actividades ilícitas de microtráfico hacia el centro del país pero también para extenderse a través de corredores de narcotráfico hacia Venezuela, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.“Entregamos 32 recomendaciones para que el Gobierno y las autoridades locales atiendan los riesgos evidenciados en la alerta. Urge la puesta en marcha tanto de acciones preventivas como de carácter humanitario para evitar la presencia y consolidación de estos grupos armados ilegales, que quieren someter a la población”, comentó el Defensor del Pueblo.Le puede interesar
Yezid Arteta Arteaga es excomandante del frente 29 de las extintas Farc, hizo parte de los procesos de pacificación en las cárceles y pagó una condena de 10 años de cárcel por el delito de rebelión. Sin embargo, aún tiene varios procesos, por ejemplo, se le acusa de homicidio agravado, por el asesinato de un hombre en zona rural de Nariño.El Gobierno le había pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz que se levantara la orden de captura que tenía en su contra con el fin de que Arteta pueda ser negociador de paz con las disidencias de las Farc.Ahora, la JEP informa que la Sala de Amnistía o Indulto que sometió al régimen de condicionalidad a Yesid Arteta Dávila por un caso de homicidio en persona protegida que tiene en su contra y remitió su proceso a la Sala de Reconocimiento de Verdad.“Por tratarse de un delito catalogado como crimen de guerra, Arteta quedará supeditado al régimen de condicionalidad de la JEP para poder acceder y mantener el beneficio transitorio de la libertad condicionada que le fue otorgada”, indicó la JEP.Además, explica que la Sala de Amnistía o Indulto le concedió la amnistía por el delito de rebelión como exintegrante de las Farc-EP.Puede ver:
El Consejo de Estado profirió un fallo en segunda instancia en el que condena a la Nación por los hechos de falsos positivos ocurridos en Santa Rosa de Osos, Antioquia, el 11 de enero de 2008 cuando tres hombres: José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño, fueron reportados como integrantes de bandas criminales y fueron abatidos por integrantes del Gaula Militar de este departamento.En su momento, el Ejército Nacional negó las actuaciones, pero el Consejo de Estado con esta sentencia ratificó que los tres hombres fueron sacados de sus casas engañados y fueron asesinados mientras no podían defenderse."La sala advierte que se está frente a una grave violación de derechos humanos por tratarse de ejecución extrajudicial (falsos positivos); por lo tanto, la valoración probatoria debe ser más flexible dadas las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos, razón por la cual la sala, en virtud de los principios de justicia material y de acceso a la Administración de Justicia, dará valor a la totalidad de los elementos de convicción que obran en dicho encuadernamiento, decisión que se ajusta plenamente a lo precisado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013", puntualizó la sentencia.Con este fallo se condenó a la Nación, ya que, según el Consejo de Estado, hubo actuaciones "arbitrarias, ilegítimas y desproporcionadas", porque los miembros del Ejército Nacional dispararon injustamente en contra de las víctimas para reportarlas como bajas en un enfrentamiento armado que nunca ocurrió.Además, la decisión también le ordenó declarar "patrimonialmente responsable" a la Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional-, por las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) de los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño, ocurrida el 11 de enero de 2008, en la vereda San Pablo”del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia.Además, el Ministerio de Defensa deberá publicar en un periódico local en el departamento de Risaralda, concretamente en La Virginia: "Una nota de prensa con base en las consideraciones de esta sentencia, con el fin de que se rectifique la verdadera identidad de las víctimas directas. Dicho escrito deberá informar que la muerte de los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño no ocurrió como consecuencia de un combate entre el Ejército Nacional e integrantes de bandas criminales o de narcotráfico, sino que fue causado por parte de integrantes del Grupo Gaula Militar Antioquia".Le puede interesar: Millonarios, entre los mejores del mundo
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.