El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Dos menores de edad perdieron la vida en un hecho que, según las autoridades, estaría relacionado con un presunto episodio de celos y conflictos de pareja. El responsable fue Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, Brasil. De acuerdo con la investigación preliminar, el funcionario disparó contra sus dos hijos, de 12 y 8 años, en el interior de su vivienda la noche del miércoles 11 de febrero y posteriormente se quitó la vida con la misma arma.La Policía Militar y la Policía Civil de Goiás asumieron el caso como un doble homicidio. Entre los elementos que analizan los investigadores se encuentra una carta de despedida que Machado publicó horas antes en sus redes sociales y que luego fue eliminada. El mensaje, dirigido a su esposa e hijos, hacía referencia a dificultades sentimentales y a una supuesta infidelidad.En el texto, el funcionario expresaba frases de afecto hacia los menores, al tiempo que insinuaba una decisión irreversible. Ese contenido ahora forma parte del proceso judicial y es evaluado como un posible indicio del estado emocional en el que se encontraba antes de cometer el crimen.Tras el ataque, los niños fueron trasladados de urgencia a hospitales locales. El mayor falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas, mientras que el menor murió en la madrugada del jueves, luego de una intervención quirúrgica. Machado murió en el lugar de los hechos.El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia. Además, alertó sobre la gravedad de la violencia intrafamiliar y mencionó el fenómeno de la violencia vicaria, en el que el agresor busca causar el mayor daño emocional posible a su pareja a través de los hijos.La Alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial en memoria de los menores. La madre de los niños, considerada víctima indirecta del crimen, no enfrenta imputaciones y ha colaborado con las autoridades. Actualmente recibe acompañamiento psicológico y medidas de protección.Sin embargo, el dolor se vio agravado durante el funeral, cuando la mujer tuvo que retirarse escoltada tras ser increpada por algunos asistentes que la responsabilizaban por lo sucedido. Las autoridades reiteraron que cualquier señalamiento o amenaza en su contra será investigado.
El Ministerio de Educación Nacional expresó su rechazo frente al incidente ocurrido en la vereda Miramonte, donde María Guerrero y sus hijos estudiantes de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia, resultaron heridos por la activación de una mina antipersonal.Según informó la entidad, los menores, de 9 y 10 años, cursan tercero y cuarto grado. Tras conocer el caso, el Ministerio notificó a la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) para activar la ruta de atención a víctimas e inició gestiones para adelantar capacitaciones sobre el riesgo de minas dirigidas a la comunidad.El Ministerio reiteró la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, que otorga protección a las escuelas y a los espacios habilitados para la enseñanza en contextos de emergencia, al considerarlos bienes civiles. Señaló que la instalación de minas antipersonal en entornos escolares y en sus vías de acceso vulnera la vida y el derecho a la educación.La entidad indicó que, en el marco de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE), adelanta acciones interinstitucionales para garantizar la continuidad del servicio educativo en condiciones de seguridad. También hizo un llamado a la comunidad educativa para organizar acciones de prevención y estrategias de educación sobre el riesgo de minas, con apoyo del Ministerio.Finalmente, el Ministerio afirmó que la prestación del servicio educativo requiere entornos seguros y reiteró su compromiso de promover medidas que protejan los caminos de acceso a las escuelas.
En medio de la emergencia por lluvias en Urabá, autoridades confirman casi 20 casos de dengue solo en el municipio de Necoclí. Aumentan medidas de vigilancia epidemiológica.Pérdidas en viviendas, cultivos y vías no es lo único que por estos días genera preocupación en el Urabá antioqueño durante la crisis generada por las lluvias.Con la disminución en los niveles de aguas, pero también al mismo tiempo la falta de medidas de salubridad, los riesgos por brotes de diferentes enfermedades aumentan y en medio de la llegada de miles de vacunas y toldillos, se siguen reportando casos.Según Amparo Sabogal, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Antioquia, ya son 19 los casos de dengue identificados solo en el municipio de Necoclí.Por eso, la funcionaria indicó que ya se implementan medidas especiales para contener una situación mucho más compleja en la localidad."Entre las actividades que se han venido realizando se han entregado toldillos, también se va a iniciar una búsqueda activa comunitaria de sintomáticos, se está haciendo también el análisis para cuando sea necesario realizar una fumigación en el municipio si se requiere", indicó la funcionaria.Las zonas inundadas favorecen el brote de dengue porque el agua acumulada genera condiciones ideales para la proliferación de vectores de esta enfermedad. Además, el aumento de la humedad y las temperaturas cálidas prolongan la vida del mosquito transmisor y aceleran su ciclo reproductivo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió un nuevo punto de atención en Bucaramanga con el propósito de fortalecer su presencia en Santander y acercar los servicios electorales a la ciudadanía, partidos y movimientos políticos.La sede, que ya está en funcionamiento desde el 9 de febrero de 2026, está ubicada en la carrera 36 #48-116, en el edificio Color Working, oficinas 14, 15 y 19. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.De acuerdo con la entidad, este espacio fue diseñado para brindar atención directa, orientación y acompañamiento a ciudadanos, organizaciones políticas, movimientos y candidatos, permitiendo resolver dudas, recibir información clara y hacer seguimiento a temas relacionados con la participación política y los procesos electorales.Entre los servicios que prestará la nueva sede se encuentran la orientación sobre derechos y deberes políticos; información y acompañamiento en procesos electorales, campañas y normatividad vigente; recepción de inquietudes, solicitudes y denuncias relacionadas con el régimen electoral; así como capacitaciones y jornadas de orientación para partidos y movimientos sobre organización y financiación de campañas.“En ese entendido, la sede física cumple con los requisitos y criterios establecidos en la Constitución Política y las leyes que regulan el acceso al voto y las garantías de las agrupaciones políticas. Nuestro rol como enlaces territoriales es acompañar, apoyar y orientar a las agrupaciones en el uso de la plataforma de postulación y acreditación”, señaló Sergio Hernández Moreno, apoyo en territorio Santander para la plataforma del CNE.Además de la atención presencial, el Consejo Nacional Electoral informó que mantiene habilitada su plataforma digital, a través de la cual los ciudadanos pueden realizar trámites, consultas y acceder a información oficial desde cualquier lugar.
En un giro jurídico que sacude el panorama económico del país, el Consejo de Estado decidió este viernes suspender de manera provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el incremento del salario mínimo para el año 2026. La medida responde a una serie de demandas interpuestas por sectores gremiales y expertos constitucionalistas, quienes cuestionaron la viabilidad financiera de un ajuste que alcanzó el 23,7%.La providencia del alto tribunal es clara: el Ejecutivo dispone de un plazo máximo de ocho días para emitir un nuevo lineamiento legal. Según el fallo, el tribunal ordenó al Gobierno que emita "un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso".Este es el decreto que suspende el salario mínimoEl origen de la controversia: Un aumento sin precedentesEl pasado 30 de diciembre, ante la falta de consenso en la mesa de concertación de políticas salariales, el presidente Gustavo Petro anunció por decreto el que se denominó como "salario mínimo vital". Este ajuste situó la remuneración básica en dos millones de pesos (aproximadamente 546 dólares), incluyendo el auxilio de transporte.Sin embargo, las cifras presentadas por el Gobierno distaron considerablemente de las propuestas iniciales en la negociación tripartita:Empresarios: Ofrecían un incremento cercano al 7%.Centrales Obreras: Aspiraban a un 16%.Gobierno Nacional: Decretó finalmente el 23,7%.Este porcentaje no solo superó las expectativas de los sindicatos, sino que encendió las alarmas en el sector privado y en organismos de control, debido al riesgo de una espiral inflacionaria.Impacto y argumentos jurídicosLa decisión del Consejo de Estado se fundamenta en el alto impacto económico que conlleva una medida de esta magnitud. En Colombia, el salario mínimo no es solo la base del ingreso para cerca de 2,3 millones de trabajadores (el 10% de la población activa); es también una unidad de medida.Analistas advierten que un incremento desproporcionado impacta directamente en:Seguridad Social: Los aportes de salud y pensión están indexados al mínimo.Copagos de Salud: Los costos de servicios médicos para los usuarios aumentan proporcionalmente.Costos Laborales: La presión sobre las pequeñas y medianas empresas (Pymes) podría desincentivar la formalidad.Desde diversos sectores se ha criticado que el aumento podría terminar "corroyendo el ingreso de los trabajadores" al disparar los precios de bienes y servicios básicos, anulando el poder adquisitivo ganado en el papel.¿Qué sigue ahora?A partir de la notificación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda deberán coordinar la redacción del decreto transitorio solicitado por el tribunal. Este nuevo documento deberá equilibrar las aspiraciones sociales del Gobierno con la estabilidad macroeconómica exigida por el marco jurídico colombiano. Mientras tanto, el país queda a la espera de una decisión de fondo que determine si el ambicioso incremento del 23,7% tiene sustento legal o si deberá ajustarse a una realidad económica más conservadora.
Carlos Mario Jiménez, conocido con el alias 'Macaco', fue un jefe paramilitar y comandó el Bloque Central Bolívar de las AUC, posteriormente fue extraditado a Estados Unidos y actualmente se encuentra recluido en Colombia.Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó a alias 'Macaco' a una audiencia única de verdad y, allí, deberá revelar datos desconocidos sobre el conflicto armado, además de las alianzas entre paramilitares y fuerza pública; como con sectores políticos. Dependiendo de su aporte a la verdad los magistrados decidirán si aceptan o no el sometimiento de 'Macaco' en la JEP.Sin embargo, se conoció hace semanas versiones que, según dicen, el exjefe paramilitar seguía delinquiendo con la banda 'La Cordillera'; teniendo en cuenta que la JEP no puede investigar delitos cometidos después del 2016 se hizo una solicitud a la Fiscalía y a la Policía para determinar si 'Macaco' estaba vinculado a alguna investigación con este grupo.“De esta consulta se obtuvieron varios resultados de noticias criminales seguidas en contra del mencionado señor, los cuales coinciden con los tipos de similitud 1 (100% similitud entre nombres y cedulas) y 2 (similitud entre cedulas del 100% y de los nombres mayor o igual 90%) criterios desarrollados por la Dirección de Políticas y estrategia para catalogar la mayor confiabilidad entre los datos que se buscan y los que reposan en el sistema de misionales de información. Sin embargo, ninguna de esas noticias criminales se adelanta por hechos ocurridos con posterioridad al 1° de diciembre de 2016”, señaló la Fiscalía.Por su parte, la JEP le consultó a la Policía Nacional sobre las anotaciones y antecedentes judiciales de Macaco y, allí, se encontraron 6 anotaciones que tienen relación con hechos que se registraron mientras fue jefe paramilitar.Le puede interesar
Durante los últimos días se generó una fuerte polémica en el departamento de Norte de Santander por cuenta de un video que se hizo viral en redes sociales donde en el marco de un aniversario de las Farc, se observa a el grupo de las disidencias entregando obras de infraestructura en El Catatumbo.En el video se observó que uno de los comandantes, conocido con el alias de ‘Andrey’, manifestó su alegría por poner en marcha las obras de infraestructura para la vereda Barranca, el corregimiento de Versalles y la vereda La Esperanza en Tibú. Además, indicó que estas obras fueron entregadas tal y como se lo prometieron a los habitantes de esta región.Al ser cuestionado por los hechos que se registraron en el video el alto comisionado para la Paz, aseguró que se trata de “la expresión de nuestro país”.“Pues esa es la expresión de nuestro país, ese es un país real, un país donde muchos territorios quedaron abandonados, donde solamente ha habido una presencia de la fuerza pública temporalmente o de las fuerzas policiales temporalmente, pero donde el conjunto de la institución no ha llegado y entonces un grupo armado asume esas responsabilidades y ese Estado que existe es el que queremos transformar a través de la paz”, señaló el funcionario.Estos hechos fueron criticados por varios sectores del país, al ver a miembros de grupos al margen de la ley entregando este tipo de obras.“Sr. @mindefensa @Ivan_Velasquez_ está claro que no es posible que las disidencias de las Farc entreguen obras como sucedió en el Catatumbo, Norte de Santander. Es responsabilidad de la fuerza pública brindar seguridad, así como también es responsabilidad de nosotros como gobernantes, darles el respaldo y las herramientas que ellos necesitan para que continúen entregando resultados contundentes. Por eso reiteramos nuevamente al Gobierno Nacional que debemos tomar medidas necesarias que frenen el accionar de los grupos al margen de la ley”, trinó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.Por otro lado, también hay personas que aseguraron que prefieren verlos entregando este tipo de obras y no cometiendo otros delitos.Cabe recordar que estás imágenes fueron grabadas finalizando mayo, pero solo hasta la semana pasada se dieron a conocer en el país.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro terminó su visita oficial a Berlín, Alemania, durante dos días, en el que se reunió con colombianos residentes en el país, el presidente Frank-Walter Steinmeier y el canciller Olaf Scholz. En este último encuentro, el mandatario nacional se refirió al proceso de diálogo con el ELN y aseguró que en la mesa no se ha acordado un fondo multilateral de países que inviertan en el proceso, pero tampoco descartó la posibilidad.La propuesta generó opiniones divididas desde varios sectores políticos y sociales. Iván Cepeda, miembro de la mesa de negociación entre Gobierno y ELN, entregó detalles en Noticias de la Mañana sobre la posibilidad de buscar fondos internacionales para financiar a esta guerrilla.“No hay ningún acuerdo en esa materia. Lo que escuché textual es que el presidente de la República dijo que ese podría ser un posible escenario si se dan unas condiciones que son acuerdos de paz y si se evoluciona hacia el final del conflicto armado. No es cierto que se esté trabajando para financiar al ELN (...) Estamos trabajando para que el cese el fuego se convierta en una realidad”, señaló el congresista.Cepeda, se refirió a la importancia de la rigurosidad con la que se entregue la información, pues señaló que la especulación le hace daño al proceso de paz que se esta llevando con la guerrilla del ELN.“Por ejemplo el fiscal Barbosa, quien, para variar, a vuelto a especular en torno a La Paz, a tratar de manera irresponsable un asunto tan delicado y esa es la situación así que yo llamaría a que la información se trate de una manera seria. Aquí no hay nada discutido en la mesa, yo soy negociador en este proceso, a diferencia de comentaristas y analistas; mi labor no es estar hablando de especulación sino de los hechos y los hechos son los acuerdos que tejemos con el ELN”, señaló.Cese al fuego bilateralEl senador Cepeda se refirió a los protocolos que se están construyendo entre el ELN y el Gobierno frente al cese al fuego, uno de los puntos más importantes de este proceso de paz y que ha tenido grandes inconvenientes.“En estos días habrá anuncios sobre el particular. Cómo se puede ver en el tercero punto del acuerdo que se firmó en La Habana hay una hoja de ruta que tiene unas fechas y una de esas es el alistamiento y una preparación que consiste en una pedagogía interna y la fuerza pública”, indicó el congresista.El congresista reiteró que en el tema de financiación al ELN debe existir rigurosidad en la información, pues, según él, las informaciones mal entregadas le hacen daño al proceso de paz que se lleva con esta guerrilla.“El presidente no lanzó ninguna propuesta ni ha lanzado. Lo que ha dicho, si es que escuchamos la misma declaración, es que cabe una posibilidad en qué momento y en qué condiciones también lo dijo claramente por eso pido rigurosidad informativa porque la especulación le hace daño al proceso de paz y eso se trata con mucha seriedad no como el fiscal Barbosa, por ejemplo, al que le escuche un discurso en el que él imagina cosas y sobre esas cosas que imagina lanza juicios”, dijo.Finalmente, el congresista habló de una carta elaborada por las delegaciones y enviada a la instancia correspondiente de las Naciones Unidad para solicitar el mecanismo de verificación al proceso.Escuche la entrevista acá:
Luego de las explosivas declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP, en las que señaló que el expresidente Álvaro Uribe le quitó el esquema de seguridad a Eudaldo 'Tito' Díaz, alcalde de El Roble, Sucre, en el año 2003, Blu Radio indagó sobre las medidas de protección con las que contaba Díaz cuando denunció públicamente que lo podrían asesinar, también sobre las acciones que se habrían tomado para protegerlo.El caso 'Tito' Díaz se revivió tras la audiencia de Salvatore Mancuso ante la JEP"Eso fue por solicitud directa creo que fue del gobernador. No recuerdo con exactitud en este momento, sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos", señaló Salvatore Mancuso.Tras esta declaración, Blu Radio consultó con la Policía Nacional para determinar cuáles eran las medidas de protección con las que contaba Eudaldo Díaz en el momento en el que hizo la denuncia pública sobre las amenazas en su contra, durante un consejo comunitario en el año 2003."Una vez verificadas las bases de datos se logró establecer que no cuenta con acervo documental sobre las medidas de protección implementadas al señor alcalde del municipio del Roble para la fecha de los hechos", respondió a Blu Radio la institución.No hubo solicitud para reforzar la seguridad de Eudaldo Díaz, dice PolicíaLa Policía Nacional en un documento entregado a Blu Radio aseguró que tampoco hubo órdenes o solicitudes del Gobierno para reforzar la seguridad del alcalde, luego de denunciar públicamente estas amenazas en su contra.“Según lo manifestado por el comandante del plurimencionado departamento de Policía, una vez verificados los anaqueles documentales que reposan en el archivo de gestión documental de esa unidad, no se evidenció ninguna solicitud registrada por parte del Gobierno nacional hacia la Policía Nacional, motivo por el cual no es posible hacer entrega de la misma”, explicó la institución.También se indagó sobre las medidas que se tomaron para reforzar la seguridad de Eudaldo Díaz tras sus denuncias.La Policía Nacional explicó a Blu Radio que solo hay registro de una solicitud de seguridad que hizo la familia del alcalde m buscando protección después del homicidio de 'Tito' Díaz."Según lo manifestado por el comandante del departamento de Policía Sucre, a través de comunicación oficial ya anotada, no se encontró información sobre la seguridad del señor Eudaldo Díaz, indicando que solo se evidenció una solicitud de fecha 15 de abril de 2003, efectuada por la señora Martha Salgado, viuda de Díaz, donde requiere 3 escoltas para su residencia y 2 escoltas más para sus desplazamientos por fuera de su domicilio, esto en razón a que su esposo había sido asesinado, solicitud que fue atendida por el señor coronel Norman León Arango Franco, comandante de esa unidad policial para la época, brindándole la seguridad necesaria a la solicitante", explicó la Policía.Familia de Eudaldo Díaz responde por la seguridad del entonces alcalde de El RobleJuan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, respondió algunas preguntas de Blu Radio sobre la situación de seguridad de 'Tito' en ese momento, asegurando que es lamentable que tras unas denuncias tan graves no se haya brindado una protección."No existió ninguna orden de parte de él -Uribe- para proteger la vida de mi padre, yo creo que aquí primero hay que solicitar una investigación para que responda la nación, que ya está condenada, el Estado está condenado, pero también debe haber una investigación individual contra el señor Álvaro Uribe Vélez ¿por qué él no solicitó la protección siendo él el presidente de la república?", señaló el hijo.Eudaldo Díaz alertó al gobierno Uribe de su asesinatoEn el año 2003, Eudaldo Díaz durante un Consejo Comunitario denunció públicamente al entonces gobernador del departamento, Salvador Arana, a quien acusó de tener vínculos con el paramilitarismo. Ese día ante el entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió que por no permitirle a las AUC hacer parte de su administración lo iban a asesinar."Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar, ahora viene el otro paso repito y es que a mí me van a matar", le dijo Eudaldo Díaz a Álvaro Uribe ese día en Corozal.En ese momento, Uribe interrumpió al alcalde y pidió trasladar las denuncias que hizo Eudaldo a la Procuraduría y Fiscalía."Le voy a pedir al doctor Germán Cardona que se dirija a la Procuraduría y transmita al señor Procurador General de la Nación lo que le hemos escuchado a usted aquí porque la transparencia no puede tener excepciones y la seguridad es para todos los colombianos, de lo contrario no estaríamos hablando de seguridad democrática", explicó el entonces presidente Uribe en el ConsejoDos meses después, Eudaldo Díaz fue secuestrado y asesinado y 20 años después, ante la JEP, el exgobernador Salvador Arana reconoció ser el responsable del homicidio de el alcalde de El Roble. Arana además ha reconocido sus vínculos con el paramilitarismo.Uribe niega las acusaciones de Salvatore Mancuso por este homicidioLas declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP por este caso llevaron a la respuesta de Uribe, en dos ocasiones se refirió a lo dicho por Mancuso, primero, lo hizo por medio de su cuenta de Twitter."Cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al Alcalde del Roble, si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar esquemas de seguridad. Cuando empezó nuestro Gobierno había más de 300 alcaldes que no podían estar en sus municipios por presiones de terroristas. Los protegimos a todos. Los paramilitares asesinaron al alcalde del Roble, la guerrilla al Gobernador del Caquetá. Sigue la cobarde acusación de los bandidos", señaló Uribe.Una vez se acabaron las 4 sesiones de la audiencia única de verdad ante la JEP, Uribe volvió a referirse a lo dicho por el exjefe paramilitar e incluso anunció que lo denunciará en Estados Unidos y en Colombia."15 años después de haber sido extraditado me acusa de haberle quitado la protección al alcalde de El Roble que ellos, los paramilitares, asesinaron, yo pedía protecciones, nadie que me conozca puede decir que yo habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado", explicó el expresidente.Le puede interesar
Durante el cierre del tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN el pasado viernes, 9 de junio, en La Habana, Cuba, el presidente Gustavo Petro en su discurso señaló que en 2025 podría acabarse el conflicto con esta guerrilla, después de que se firmara el cese al fuego bilateral y nacional por un periodo de seis meses que podría ampliarse."Esta firma de estos acuerdos parciales hoy que los lleva a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa, el 25 de mayo o en mayo del 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia", señaló el presidente.Sin embargo, el máximo cabecilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró que hasta ahora se han hecho acuerdos sobre los procedimientos que se van a manejar en la mesa de conversaciones, pero que aún no hay acuerdos sustanciales, recordando además que el fin del conflicto es el punto cinco de la agenda y que aún no se ha abordado."El presidente Petro lo confundió con el cuarto punto del acuerdo sobre participación de la sociedad que dice: 'El desarrollo del proceso de participación abarca los tres primeros puntos del acuerdo de México y se desarrollará hasta el mes de mayo de 2025; momento en el que se establecerán los resultados de los puntos 1, 2, 3 y se firmarán los acuerdos correspondientes a los mismos'", señaló García.En el mismo sentido, 'Antonio García' aclaró que los acuerdos se harán en la mesa de diálogos y que lo único que queda en firme será lo pactado y firmado entre las dos partes: "Los acuerdos se rigen sobre los textos escritos y firmados, no sobre lo que se diga o se interprete".Le puede interesar
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.