El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
La candidata al Senado y presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, respondió en Mañanas Blu 10:30 AM a las críticas lanzadas por Sofía Gaviria, quien anunció su salida de la colectividad en medio de fuertes cuestionamientos sobre el manejo interno del movimiento. Frente al impacto electoral de esta ruptura, Betancourt fue enfática: “Aquí se va alguien y no se lleva votos”.La controversia se desató luego de que Gaviria asegurara que esperaba una colectividad democrática, con respeto por los disensos y autonomía de sus militantes, y no un partido “manejado por una sola persona”. En respuesta, Betancourt rechazó que el conflicto sea un asunto personal y sostuvo que se trata de “un problema de Sofía Gaviria con el partido”, no con ella."Nosotros no somos maquinaria, nosotros no somos clientelismo. Aquí se va alguien y no se lleva votos porque no tienen votos. Aquí lo que hay es valores y principios. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a Colombia es la posibilidad de meter al Congreso gente extraordinaria para sacar a los bandidos", añadió Betancourt.Varios conflictos con GaviriaSegún explicó la líder del partido Oxígeno, los desencuentros se originaron por varios episodios que generaron incomodidad dentro de la colectividad. La excandidata presidencial relató un incidente ocurrido en el Congreso, en el que —según dijo— Gaviria tuvo un altercado con un policía por un control de seguridad. También mencionó diferencias reiteradas en discusiones internas sobre decisiones de campaña, que, a su juicio, derivaban en acusaciones de autoritarismo cuando la mayoría no respaldaba la postura de la entonces cabeza de lista.Betancourt defendió la estructura y las reglas del partido, asegurando que a Gaviria se le dio espacio para integrar personas de su confianza dentro de la lista. No obstante, afirmó que el problema surgió cuando, en su criterio, no se respetaron los procedimientos internos ni las decisiones colectivas. "Se tiene que regir por códigos de ética, porque los partidos no pueden ser los garajes que muchos partidos son. Esto es prueba de la crisis de los partidos en Colombia. Hay problemas en todos los partidos, no solo en este", subrayó.Más allá del choque interno, Betancourt insistió en que la salida de Gaviria no compromete el futuro electoral de Oxígeno ni su personería jurídica, en un escenario donde los partidos deben alcanzar un umbral mínimo de votación para conservarla.Finalmente, la dirigente sostuvo que el partido cuenta con una lista “extraordinaria” y que la disputa interna no debe desviar la atención de lo que considera el verdadero debate electoral.
La tecnológica Meta, propietaria de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, ha registrado una patente que abre la puerta a una nueva dimensión en la interacción digital: la posibilidad de que los perfiles de usuarios fallecidos continúen participando activamente en redes sociales mediante sistemas de inteligencia artificial.El registro, concedido a finales de diciembre, describe un método para recrear la presencia virtual de personas que ya no están, permitiendo que sus cuentas permanezcan operativas de manera indefinida. Para ello, la empresa plantea el uso de modelos avanzados de lenguaje entrenados con el historial digital del usuario, incluyendo publicaciones, comentarios y mensajes privados acumulados a lo largo del tiempo.Según el documento oficial, la desaparición definitiva de un usuario puede generar un efecto significativo en su entorno digital. La compañía sostiene que la imposibilidad de “regresar” a la plataforma tiene un impacto emocional duradero en amigos, familiares y seguidores. Frente a ese escenario, la tecnología propuesta buscaría suavizar esa ruptura mediante respuestas automatizadas que imiten el estilo y la personalidad del fallecido.El sistema no se limitaría a contestar mensajes de texto. La patente contempla también la posibilidad de generar interacciones por voz e incluso video, con el fin de reproducir conversaciones que simulen la presencia del usuario. Para lograrlo, la inteligencia artificial sería entrenada con datos exclusivos y patrones comunicativos específicos, lo que permitiría mantener diálogos que aparenten continuidad tras la muerte.Sin embargo, la iniciativa ha despertado inquietudes en el ámbito académico y ético. Edina Harbina, profesora de la Universidad de Birmingham y experta en derechos digitales, advierte que el debate trasciende lo meramente tecnológico. A su juicio, no solo entran en juego posibles conflictos legales relacionados con la privacidad y el consentimiento, sino también profundas implicaciones sociales, morales y filosóficas.En una línea similar, Joseph Davis, sociólogo de la Universidad de Virginia, subraya que este tipo de desarrollos podría transformar la manera en que las personas enfrentan la pérdida. El proceso de duelo, afirma, implica aceptar la ausencia real del ser querido. Recrear su presencia mediante algoritmos no equivale a devolverlo a la vida, sino a producir una ilusión que podría generar confusión emocional y dificultar la elaboración sana del luto.Más allá del acompañamiento simbólico a familiares y amigos, algunos especialistas señalan que la patente revela posibles intereses empresariales. Mantener activas las cuentas de usuarios fallecidos podría incrementar el volumen de interacciones en las plataformas y, con ello, ampliar el flujo de datos disponibles para perfeccionar los sistemas de inteligencia artificial. Aunque la compañía ha negado que existan planes concretos para implementar esta funcionalidad a gran escala, la mera posibilidad ha reavivado el debate sobre los límites de la tecnología en terrenos tan sensibles como la muerte.En un contexto donde la identidad digital adquiere cada vez mayor relevancia, la propuesta plantea preguntas fundamentales sobre memoria, consentimiento y permanencia en línea. ¿Debe la tecnología intervenir en la forma en que recordamos a quienes ya no están? La discusión, lejos de cerrarse, apenas comienza.
Desde Múnich, en el marco de la Conferencia de Seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que ningún país, sin importar su poder, está a salvo de la desinformación. Y puso como ejemplo a Estados Unidos, al señalar que incluso allí se han difundido versiones erróneas sobre el papel de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.“Cada país del mundo, sin importar cuán poderoso se considere, es vulnerable a este flagelo global conocido como desinformación y mala información”, afirmó el ministro durante un espacio en el que compartió escenario con la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas; el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz; y el canciller saudí, Faisal bin Farhan Al Saud.Sánchez citó el informe “Riesgos Globales” del Foro Económico Mundial, que ubica la desinformación como el segundo mayor riesgo global después de los conflictos entre Estados, con la advertencia de que podría convertirse en el principal en los próximos años, impulsado por herramientas como la inteligencia artificial.En ese contexto, sostuvo que la desinformación también alcanzó al presidente estadounidense Donald Trump, a quien, según dijo, “hicieron creer que Colombia no estaba haciendo nada para combatir el narcotráfico”. No obstante, tras una reunión sostenida a comienzos de mes entre Trump y el presidente Gustavo Petro, se habría logrado un entendimiento más amplio sobre la dimensión del problema.El ministro recordó que, según cifras expuestas en ese encuentro, alrededor de 316 millones de personas consumen drogas en el mundo, un dato que, afirmó, demuestra la dificultad de erradicar el narcotráfico mientras persista la demanda global. “Esto hace que sea muy difícil erradicar el narcotráfico mientras siga existiendo la demanda”, recalcó.Sánchez defendió el papel de Colombia como principal aliado en el hemisferio occidental en la lucha contra el crimen organizado transnacional y aseguró que el país ha sufrido más de 2.000 bajas, entre heridos y muertos, en sus fuerzas militares y de policía durante los últimos años en esta confrontación.
El Grupo Empresarial Madecentro confirmó que mantendrá el aumento del 23 % del salario mínimo para sus empleados, incluso si el Gobierno, la Corte o el Consejo de Estado deciden reducir ese porcentaje en el futuro.El gerente de la compañía, Dimas Tobón, explicó en entrevista con Blu Radio que el incremento salarial ha tenido un impacto significativo en los costos operativos, pero aseguró que la empresa ya había proyectado ese escenario y realizado los ajustes financieros necesarios. A pesar de que, como empresa, les convendría una reducción del salario, tomaron la decisión de apoyar a sus trabajadores y mantener los salarios estables.“Hemos decidido apoyar a nuestros empleados y pase lo que pase, vamos a mantener esos salarios estables. Esto afectaría a 2.666 empleados en Madre Centro y a 595 en RTA Design. La nómina no se ha tocado, por el contrario, nosotros estamos en un proceso de extensión. Lo que hicimos es tratar de reducir, de ser más eficientes, reducir costos por otros rumbos y definitivamente algo de precio hubo que transferir, pero no de manera importante”, indicó.Sobre la suspensión provisional del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado, el directivo afirmó que los jueces están cumpliendo su labor institucional, pero consideró que el aumento debería mantenerse.Finalmente, frente a los llamados de sindicatos a movilizaciones para evitar una reducción del salario, Madecentro señaló que no ve necesarias las protestas y que lo más conveniente es avanzar en una mesa de diálogo entre empresarios, Gobierno y trabajadores.
No se ve cerca una solución vial para el municipio de San Juan de Urabá, que sigue incomunicado tras las lluvias que vienen golpeando con fuerza la región desde hace más de una semana y donde la movilidad se ha venido complicando cada día más, tras el colapso del puente Mulatos y el daño en el que lleva el mismo nombre de esa localidad, dejando incomunicada a la comunidad de la zona tanto hacia Montería como hacia otros municipios vecinos.Aunque en las últimas horas la Gobernación de Antioquia confirmó que los dos puentes militares que fueron solicitados para esta localidad y para San Pedro de Urabá ya fueron aprobados por parte del batallón de ingenieros y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la conexión vial no estará lista a la vuelta de la esquina. De hecho, podría tardar hasta un mes, por lo que las peripecias para habitantes del sector y transportadores seguirán.El secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón, aseguró que el ente departamental, junto con alcaldes de la zona, aportarán en la puesta de los puentes.En la zona la situación es crítica para los habitantes, quienes no solo tendrán que seguir usando garruchas para transportar carga, sino también pagando 5.000 pesos para poder cruzar.En cuanto al suministro de gas natural para Arboletes y San Juan de Urabá, que justamente también se había afectado por las malas condiciones de la vía por donde debe llegar el vehículo compactador de este servicio público, se espera que por lo menos este viernes llegue a Arboletes, localidad a donde llegará un carro más pequeño para que pueda recorrer el camino desde San Marcos, Sucre; pasando por Montería y el municipio de Canalete, el cual lograría llegar hasta inmediaciones del puente Jalisco, también afectado en la actualidad.Por lo pronto, las autoridades avanza en la habilitación de la vía San Juan de Urabá - San Juancito - El Tigre - Villa Fátima - Siete Hermanas, luego de las afectaciones que dejaron las lluvias.Para dimensionar lo que ocurre en materia de infraestructura vial hay que mencionar que las pérdidas en cultivos son millonarias, más que todo en la vía Necoclí - San Juan de Urabá, que conecta al departamento de Antioquia con Córdoba.
Tras el anuncio hecho desde la Habana, Cuba, de un cese al fuego bilateral entre el ELN y el Estado colombiano, el expresidente de la República Álvaro Uribe se pronunció e indicó que este acuerdo significa igualar a esta guerrilla con el Ejército.Luego de la finalización del tercer ciclo de diálogos de paz, se conoció que desde el 3 de agosto y durante seis meses se llevaría a cabo este cese, con el que se empezaría a construir la paz total con esta agrupación.“Que un ejército democrático, como el ejército colombiano, entre en cese bilateral de fuego, implica igualarlo con quienes delinquen, un enorme daño a la institucionalidad democrática. La institución ejército no delinque, por ende, no se entiende que lo pongan a la par del grupo que delinque”, indico Uribe, a través de un video.El exmandatario también se pronunció sobre las declaraciones de alias ‘Pablo Beltrán’, miembro del Comando Central (COCE) de este grupo armado, en las que fue claro en decir que las retenciones o secuestros continuarán, “de ser necesarias”; lo cual genero críticas.“Debe entenderse que el cese criminal cobija todos los delitos, por supuesto el secuestro, aislado o sistemático, sin que puedan ser oponibles interpretaciones acomodadas o restringidas del Derecho Internacional Humanitario o del Estatuto de Roma. La paz necesita cesación de crímenes para construir confianza en la comunidad”, agregó el ex jefe de Estado.Por último, el exmandatario apoya un cese al fuego, siempre y cuando la agrupación ilegal lo haga de buena fe. “Cosa diferente es dar garantías a un grupo que cese el crimen como muestra de buena fe e intención de paz. Que mientras cumpla no se le ataque”, puntualizó Uribe.Le puede interesar:
Varios sectores se pronunciaron por el cese al fuego bilateral al que se llegó en la Habana, Cuba, entre el Gobierno nacional y el ELN, el cual iniciará el próximo 3 de agosto como quedó establecido en medio de los diálogos que se adelantan con esta guerrilla.Diferentes voces se escucharon tras conocer el anuncio al considerar que es un avance en el proceso de la construcción de la paz con esta guerrilla al igual que para las víctimas en los territorios donde hace presencia esta agrupación.“Es algo muy importante porque la paz es un derecho de todos los colombianos y sobre todo de las víctimas del conflicto armado. Esto es un acuerdo muy importante, porque, según la Defensoría del Pueblo esta guerrilla tiene presencia en 224 municipios, que están en 19 departamentos en todo el territorio nacional y observamos que digamos este es un acuerdo muy importante porque estas acciones de violencia que se han generado en estos municipios. Esperamos que este éste tenga un efecto para respetar los derechos de las víctimas y sobre todo ayudar a un alivio humanitario que reclama los colombianos que están padeciendo las afectaciones de este conflicto armado”, explicó la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón.El representante especial de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo desde su cuenta de Twitter que este acuerdo es un “hito fundamental en el proceso, abriendo una etapa de actividad permanente en la mesa para la construcción de paz”.Desde el Gobierno se pronunció la alta consejera presidencial, Sandra Ortiz, para las regiones quien aseguró que este anuncio ayuda a la construcción de la paz definitiva que requiere el país.“Los colombianos y colombianas estamos cansados de tanta violencia en este país, una guerra absurda sin sentido. Celebramos hoy la firma del acuerdo de paz en La Habana Cuba, ese es el fuego que nos llevará a que este país viva en paz y a una paz definitiva, ese es el camino”, expresó.Por su parte, la Red Campesina Rural se pronunció a través de su cuenta de Twitter y resaltó la importancia del acuerdo que se logró entre las partes.“Celebramos el anuncio de cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN. El país necesita un diálogo sin la presión de las hostilidades que dé garantías plenas de participación de la sociedad en la construcción de paz”, indicó.Le puede interesar:
Este sábado, 10 de junio, en El Radar con Ricardo Ospina, estuvo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien expuso sus preocupaciones por la liberación de alias 'Álvaro Boyaco', uno de los guerrilleros más temibles de las disidencias de las Farc en los llanos orientales y por el nombramiento que se le hizo como gestor de paz.Según el gobernador, el departamento del Meta es uno de los más golpeados por el accionar de este disidente y, en efecto, la decisión de nombrarlo gestor de paz causó indignación en el departamento.“Él representó el terror en el departamento del Meta. Cometió delitos, cometió asesinatos, cometió extorsiones. Todos los delitos que cometen estos delincuentes, y con un gran esfuerzo la fuerza pública lo captura (..) y que ahora nos digan que sale de la cárcel, y es gestor de paz, yo creo que eso le baja la moral a los colombianos”, comentó el gobernador del Meta.Por otro lado, el gobernador del Meta explicó los delitos de alias 'Álvaro Boyaco' y por qué no debería ser nombrado gestor de paz.“Todo lo que cometen las disidencias, desde enterrar minas antipersona, reclutamiento de menores, asesinatos, extorsiones, intimidación, era el terror en el sur, por el sector de la Macarena y La Uribe”, explicó el gobernador del Meta.Además, después de que el gobernador del Meta expresara su frustración, los demás mandatarios locales del departamento se manifestaron en las redes sociales y le pidieron una explicación al Gobierno nacional.“A raíz de la notica del Gobierno usted no sabe la cantidad de mensajes que me han llegado de alcaldes, de agricultores; por que esa cara y ese nombre de ´Álvaro Boyaco” ya tiene una historia, y la gente lo recuerda con dolor (…) Ver que ahora es gestor de paz, lo que uno se pregunta es ¿Quién nos garantiza que no va a seguir delinquiendo? ¿Quién nos garantiza que ya no tiene las conexiones criminales que antes tenía?”, afirmó el gobernador ante las estrategias para consolidar el proyecto de ´paz total´ propuesto por el presidente Gustavo Petro.Escuche la entrevista completa aquí:
Luego del cierre de la tercera ronda de conversaciones entre el ELN, el Gobierno y el pronunciamiento de alias ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación de diálogos de esa guerrilla, en el que mencionó que el cese del fuego bilateral no incluye suspensión de secuestros y extorsiones por parte del ELN, las críticas no se hicieron esperar.el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, vía Twitter expuso que el cese al fuego en esas condiciones “solo les sirve a los bandidos. Es arrogante y cínica la actitud del comandante del ELN. Siguen con licencia para extorsionar y secuestrar”.Pero esto no fue todo, Zuluaga indicó que se quiere la paz, pero no a un precio tan alto porque es imposible.“El cese al fuego significa que bajamos los brazos para que ellos sigan delinquiendo, el mismo día nos anuncian la liberación de tres sujetos de la cárcel, criminales que fueron capturados por sus fechorías y los vuelven gestores de paz. Álvaro Boyacá que después de cometer crímenes es capturado por nuestra fuerza pública, pero es liberado y lo vuelven gestor de paz “Cabe recordar que el viernes, 9 de junio, el Gobierno acordó oficialmente el cese al fuego bilateral, el cual se espera tenga una vigencia de 180 días.Le puede interesar:
Las delegaciones del Gobierno nacional y el ELN firmaron el cese al fuego nacional por seis meses. Desde ahora comenzó un proceso de pedagogía que luego será de desescalamiento de acciones ofensivas para que, finalmente, el 3 de agosto se den todas las "reglas de juego" del cese al fuego bilateral, que se basa en el Derecho Internacional Humanitario y todas sus infracciones serán consideradas violaciones a lo acordado.El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, hace parte de la delegación de diálogos del Gobierno nacional y aseguró que este cese se da en estas tres etapas, ya que es necesario empezar a disminuir las acciones, socializar lo acordado para que el país conozca bien el documento y lograr que el mecanismo de monitoreo y verificación empiece a funcionar.“Yo creo que esto es, yo no sé si usar la palabra histórico, pero no se había dado un acuerdo de esta dimensión porque cuando hay reglas de juego evidentemente las partes tienen que acogerse”, señaló Lafaurie.La guerrilla también hará socialización de lo acordado con los diferentes frentes en Colombia y se espera que se pueda ir ampliando a medida que avanzan las conversaciones.“Ahora bien aquí toda operación defensiva, es decir el cumplimiento estricto de la constitución y la ley y el código penal bajo ningún punto de vista queda derogado, por consiguiente cualquier acción ilícita en el territorio la fuerza pública tendrá que reprimirla, como la reprime para cualquier actor”, explicó LafaurieLe puede interesar:
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.