El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Un nuevo elemento sacude el caso que ha generado conmoción y que involucra a un alto funcionario público señalado de haber acabado con la vida de sus dos hijos. En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales unos videos que presuntamente mostrarían a su esposa compartiendo con otro hombre en un restaurante, material que habría sido clave en el deterioro de la relación y que hoy hace parte del contexto que investigan las autoridades.La tragedia ocurrió en el municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás (Brasil), donde el entonces secretario de Gobierno, Thales Machado, habría disparado contra sus hijos de 12 y 8 años en el interior de su vivienda la noche del miércoles 11 de febrero. Posteriormente, el funcionario se quitó la vida con la misma arma.Las indagaciones están a cargo de la Policía Militar y la Policía Civil de Goiás, que analizan, entre otras pruebas, una carta que Machado publicó horas antes en sus redes sociales y que luego fue eliminada. En el mensaje hacía referencia a supuestas dificultades sentimentales y a la presunta confirmación de una infidelidad por parte de su esposa.De acuerdo con el medio ND Mais, las grabaciones mostrarían a la mujer, identificada como Sarah Tinoco Araújo, besándose con otro hombre en un restaurante de lujo en San Pablo. Las imágenes, que se difundieron masivamente la tarde del jueves 12 de febrero, habrían sido obtenidas por un detective privado que, según versiones en redes sociales, fue contratado por el propio secretario ante las sospechas que tenía desde días atrás.Este es el video de la infidelidadEn la carta que dejó antes de morir, Machado señalaba que había notado cambios en el comportamiento de su esposa y que estaba al tanto de un viaje que ella habría realizado para encontrarse con otro hombre.En uno de los apartes más polémicos del escrito, el funcionario manifestó que había llegado “al límite de lo improbable” y dio a entender que la relación había terminado de forma definitiva. Las autoridades analizan ese documento como una pieza clave para establecer si existió premeditación.Horas antes de la tragedia, Machado publicó además un video en el que aparecía con su hijo menor durante un entrenamiento de judo, acompañado de un mensaje en el que expresaba su amor por sus hijos.Tras el ataque, los menores fueron trasladados a centros médicos, donde fallecieron debido a la gravedad de las heridas. La comunidad permanece consternada mientras avanza la investigación para esclarecer todos los detalles de este caso que ha generado indignación y profundo dolor.
El presidente estadounidense, Donald Trump, alabó este viernes en una base militar de Carolina del Norte el operativo de las fuerzas especiales que culminó, el pasado 3 de enero, con la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro."Lo que hicimos recientemente en Venezuela, nadie había visto algo así", aseguró Trump en un discurso pronunciado ante las tropas en la base de Fort Bragg.El republicano aseguró que el asalto, que supuso una infiltración de varios helicópteros de ataque y transporte militar en Caracas, "terminó, literalmente, en un minuto"."Todos huyeron. Y eso es lo que tenemos. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo, con diferencia", afirmó Trump."Era una gran base, una de las más grandes de Suramérica, donde (Maduro) vivía, y en cuestión de minutos lo sacaron de allí en helicóptero. Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché", siguió relatando el presidente estadounidense sobre el asalto a Fuerte Tiuna en la capital venezolana.Maduro y la ex primera dama venezolana, Cilia Flores, fueron transportados ese mismo día a una prisión federal de Nueva York, donde aguardan juicio bajo acusaciones de narcoterrorismo y conspiración.Trump volvió a hablar sobre el sistema armamentístico que ha dado en llamar el "descombulador" y que asegura es un desarrollo secreto que se empleó en la operación del 3 de enero."Hablan del descombobulador porque (las tropas venezolanas) nunca lograron disparar. El equipamiento (de defensa) ruso no funcionó. El equipamiento chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo descubrirán, pero no funcionó. Es agradable poder volar sin que te disparen", comentó el presidente.Trump recordó a su vez que "tres pilotos de helicóptero estadounidenses "resultaron gravemente heridos en las piernas al aterrizar" y que hubo francotiradores apostados en estos helicópteros que neutralizaron las ametralladoras que hirieron a estos pilotos."Esos pilotos fueron increíbles y realmente valientes. Quizás vea a algunos de ellos muy pronto", añadió el magnate inmobiliario, que tenía previsto reunirse hoy, en compañía de la primera dama estadounidense, Melania Trump, con miembros de las fuerzas especiales que participaron en la operación y con familiares de los mismos.
Rufo, un canino antinarcóticos de la Policía Metropolitana de Antioquia, detectó un cargamento de marihuana que estaba almacenada al interior de una bodega en el municipio de Itagüí, Antioquia.El olfato entrenado de un perro policía es entre 10.000 y 100.000 veces más agudo que el de un ser humano, lo que les permite tener una precisión excepcional, casi a prueba de errores, al detectar sustancias, explosivos o personas, incluso, a kilómetros de distancia. Su efectividad en detección de drogas oscila entre el 70% y el 91%.Pero seguramente esto era lo que desconocían los dueños de este cargamento de marihuana que fue hallado por Rufo en medio de las labores de control de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en una bodega de una empresa de mensajería terrestre de Itagüí, al sur del área metropolitana.El operativo fue articulado también con soldados del Batallón de Policía Militar N.º 4 de la Cuarta Brigada, quienes en medio de los cientos de paquetes con encomiendas hallaron, al interior de una caja, un cargamento de aproximadamente 10 kilogramos de marihuana, contenidos en 14 paquetes envueltos en papel chicle color negro.De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, estas sustancias psicoactivas tendrían un valor cercano a los 20 millones de pesos en el mercado ilegal. Con este operativo se logró evitar su distribución en los barrio de la capital antioqueña
El entrenador del Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, explicó cuál es la inquietud que tiene en las próximas horas, pues se aproxima el partido de la Liga BetPlay -en el que tiene la presión de ganar para acercarse al grupo de los ocho- y el de la Copa Libertadores -en la fase pevia para clasificar a grupos- en territorio uruguayo. Entre ambos compromisos, el técnico reconoció en Blog Deportivo que existe una “preocupación” lógica por la carga física y mental del plantel.El primer desafío será ante Deportivo Pereira, un rival con carga emocional para Restrepo, quien salió campeón con el club matecaña. Aunque admitió gratitud por la institución y la ciudad, fue claro en que los sentimientos quedan de lado cuando rueda el balón. "Ahora defendemos los colores de 'El poderoso', así que ya ese sentimiento queda de lado cuando estamos en la cancha, pero obviamente sí, mucha gratitud especialmente por la institución”, señaló, enfocado exclusivamente en la competencia.Sin embargo, más allá del componente emocional, lo que realmente inquieta al cuerpo técnico es la cercanía de los partidos. Ganar en liga no solo significaría sumar puntos clave en la tabla, sino también un impulso anímico antes del viaje internacional para enfrentar a Liverpool. “Es el juego más importante porque nos acerca en la clasificación y mentalmente nos ayuda”, explicó, dejando ver que el calendario aprieta y cada decisión pesa el doble.¿Cómo manejará la nómina?Alejandro Restrepo fue sincero: deberán ser “muy inteligentes” para manejar los minutos de quienes vienen con mayor desgaste, especialmente tras el reciente compromiso en Cúcuta (1-3). El entrenamiento más reciente, el único con todo el grupo disponible, será determinante para definir el once inicial.El entrenador también habló de la presión permanente que se vive en el fútbol colombiano, donde un par de resultados adversos pueden cambiar el ambiente en cuestión de días. Con más de 90 partidos dirigidos en Medellín y una experiencia extensa en Pereira, aseguró que la clave está en mantener firme el propósito y no perder de vista el trabajo diario, incluso en contextos de exigencia máxima.Así las cosas, el primer reto del DIM será este sábado contra el Pereira en condición de local desde las 6:30 de la tarde.
De nuevo hay pliego de cargos contra quienes desempeñaron labores durante la alcaldía de Daniel Quintero. La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos en contra de exfuncionarios de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), por presuntas irregularidades en el Proceso de Selección Abreviada en el año 2022.Se trata de Carlos Alberto Chaparro Sánchez, en calidad de director general y Cristian David Muñoz Velasco, en calidad de jefe de la Oficina Jurídica, ambos de esta entidad adscrita a la alcaldía.Según explicó el Ministerio Público, las presuntas irregularidades consistieron en la vulneración de los principios de planeación, responsabilidad y transparencia que regulan la contratación estatal, en la subasta inversa SASI 004 de 2022, cuyo objeto era “adquirir equipos tecnológicos (computadores) para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital, administrativos y complementarios de Medellín”, en donde se observaron deficiencias en los estudios de mercado, precios inflados, cotizaciones de empresas sin idoneidad, falta de claridad en la cantidad y tipo de equipos, cierre anticipado de la subasta y una adjudicación que no respondió a las necesidades técnicas, lo que habría afectado la transparencia y legalidad del contrato.Respecto al referido proceso contractual, dice la Personería que, presuntamente, fue adelantado en ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos rigurosos. Esto es, sin la planeación requerida al no contar con claridad sobre la necesidad real a contratar, pues no se establecieron especificaciones concretas y determinadas, precios unitarios comparables y cantidades fijas, vulnerando así reglas técnicas previamente establecidas por la propia entidad, contrariando el ordenamiento jurídico contractual.Por ahora, la presunta falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima y el proceso disciplinario será remitido al área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el trámite de juzgamiento respetando el debido proceso.
El ELN y el Gobierno nacional lograron acordar un cese al fuego bilateral en el tercer ciclo de diálogos, esta ronda de conversaciones se realizó en La Habana, Cuba, durante mas de un mes.Este cese al fuego bilateral tendrá tres momentos diferentes: hasta el 6 de julio empieza el proceso de pedagogía para que la sociedad comprenda cómo va a funcionar el cese y cuáles son las reglas de juego, también la guerrilla socializará el documento con sus frentes en Colombia.Posteriormente, empezará un proceso de desescalamiento de las acciones ofensivas por parte de la fuerza pública y de la guerrilla; el 3 de agosto empezarán a regir todas las reglas de juego, el Derecho Internacional Humanitario será la base de este acuerdo y se considerará un incumplimiento cualquier violación al DIH.Todo este proceso, además de aliviar la situación en las comunidades, busca que la sociedad civil, académicos, comunidades, empresarios, entre otros, puedan participar en los diálogos de paz aportando sus ideas con garantías plenas.El mecanismo de monitoreo y verificación al cese al fuego bilateral lo integrará la ONU, la Iglesia católica y algunos países de la comunidad internacional. Se espera que también participe la sociedad civil en algunos territorios y allí radica la importancia de la primera fase de socialización.Petro ya está en La Habana, Cuba, para el anuncia del cese al fuego bilateralEl presidente Gustavo Petro aterrizó este jueves en La Habana, Cuba, para asistir el viernes a la clausura del tercer ciclo de negociaciones de paz entre su Gobierno y el ELN.Petro llegó a la capital cubana -sede rotatoria de las conversaciones y país garante del proceso- sobre las 22.00 hora local (02.00 GMT del viernes), con 12 horas de retraso sobre el horario inicialmente previsto, ya que la clausura estaba en principio agendada para este jueves.Le puede interesar:
El Gobierno y el ELN cerrarán en las próximas horas en La Habana el tercer ciclo de las conversaciones de paz en un contexto político convulso y necesitados ambos de mostrar avances, especialmente en torno al cese al fuego, un aspecto clave para el proceso y su respaldo social.Los días de diálogos en Cuba han sido intensos, según los equipos negociadores, con largas jornadas de contactos en las que varios de los participantes, que guardan absoluta confidencialidad sobre el contenido, aseguran que ha primado el "buen ambiente", la "voluntad" de diálogo, el "compromiso" y la "honestidad".Luis Eduardo Celys, analista de conflicto armado, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre el panorama en el país de cara a los anuncios que se harán con el fin del ciclo de negociación.Sobre el cese el fuego, aseguró que espera que haya un clima de tranquilidad en los territorios, teniendo en cuenta que son varios los actores armados alrededor del país. “El ELN es una organización con un importante nivel de cohesión, pero no quiere decir que funcione como un reloj suizo”, aseguró sobre la percepción que hay de esta guerrilla y a la cual en muchas ocasione la han calificado como fraccionada.La clausura del tercer ciclo de negociaciones, se esperaba que se llevara a cabo este jueves 8 de junio, sin embargo fue pospuesta para el viernes con el fin de "ultimar detalles" del acuerdo y los protocolos."Hemos solicitado un día más (...) para ultimar los detalles de los textos de los Acuerdos de Cuba y sus respectivos protocolos", explicaron en un comunicado conjunto las delegaciones negociadoras de ambas partes.El anuncio se produjo apenas cuatro horas antes del momento previsto para el acto de clausura del tercer ciclo de los diálogos de paz, que se celebran en La Habana.
Alias 'Antonio García' es el máximo cabecilla del ELN, que en las últimas horas llegó a La Habana, Cuba, para firmar el cese al fuego bilateral con el Gobierno nacional, el acuerdo se hará este viernes después de que las dos delegaciones aplazaran un día más el cierre de este tercer ciclo.En las últimas horas se conoció una resolución firmada por el presidente Gustavo Petro, allí se autoriza a alias 'Antonio García' para participar en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional.“Reconocer como miembro representante por parte del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, de conformidad con lo solicitado por miembros representantes autorizados de la misma organización, a Elíecer Herlinto Chamorro Acosta, conocido como 'Antonio García', para participar en la Mesa de Diálogo que se reanudará entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y el ELN”, señaló la resolución.En este tercer ciclo se acordó un cese al fuego bilateral que se encuentra en redacción en este momento y será el que firmen el presidente Gustavo Petro y alias 'Antonio García' en las próximas horas.Se aplazó el anuncio para el viernes para ultimar detallesLa clausura del tercer ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN fue pospuesta de este jueves al viernes para "ultimar detalles" del acuerdo y los protocolos."Hemos solicitado un día más (...) para ultimar los detalles de los textos de los Acuerdos de Cuba y sus respectivos protocolos", explicaron en un comunicado conjunto las delegaciones negociadoras de ambas partes.El anuncio se produjo apenas cuatro horas antes del momento previsto para el acto de clausura del tercer ciclo de los diálogos de paz, que se celebran en La Habana.El acto iba a contar con la presencia del presidente Gustavo Petro, que frente a lo que había hecho en los dos ciclos anteriores -en Venezuela y México-, había anunciado que viajaba a Cuba para participar en el cierre del ciclo de conversaciones."Voy a Cuba a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia, firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para el país", afirmó este miércoles Petro, según recogió "Noticias Caracol", de Colombia.Este período de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN -que arrancó el 2 de mayo y se había prorrogado ya diez días- se ha centrado en los alivios humanitarios, la participación de la sociedad civil en el proceso de paz y, especialmente, en un cese al fuego que permitiese el avance en todos los demás ámbitos.Le puede interesar:
El desenlace del tercer periodo de diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, previsto originalmente para este jueves, fue aplazado hasta el viernes con el fin de "afinar detalles" del convenio y sus protocolos correspondientes al cese del fuego bilateral"Hemos solicitado un día adicional (...) para afinar los pormenores de los textos de los Acuerdos de Cuba y sus protocolos respectivos", declararon en un comunicado conjunto las comitivas negociadoras de ambos bandos.Anuncio de última hora y la presencia del presidente Gustavo PetroEl comunicado de aplazamiento se difundió únicamente cuatro horas antes de la hora fijada para la ceremonia de clausura del tercer ciclo de los diálogos de paz, que tiene lugar en La Habana. La ceremonia iba a contar con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien, a diferencia de los dos ciclos anteriores celebrados en Venezuela y México, había anticipado que se desplazaría a Cuba para estar presente en el cierre de las conversaciones. "Me dirijo a Cuba a participar en un evento que puede ser trascendental en la historia de Colombia, para firmar un documento que puede simbolizar el inicio irreversible de una era de paz para el país", afirmó Petro este miércoles.Este ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN, que dio inicio el 2 de mayo y ya se ha extendido diez días adicionales, se ha centrado en temas como los alivios humanitarios, la incorporación de la sociedad civil en el proceso de paz y, particularmente, en un cese al fuego que permita avanzar en todos los demás aspectos.Expectativas disímiles frente al cese al fuego bilateralLas partes han hecho énfasis en el aspecto crucial del cese al fuego bilateral, aunque con expectativas diferentes. El ELN promueve un cese "bilateral y nacional" que incluya a "fuerzas paraestatales y grupos delictivos", además de proponer que sea "preliminar", ya que el definitivo se daría con el acuerdo final. Por su parte, el Gobierno estima que el cese al fuego debería contemplar las hostilidades (perjuicios contra la población civil: desde amenazas hasta confinamientos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores) y una "limitación geográfica" para su verificación.Las conversaciones de paz comenzaron en noviembre del año pasado en Caracas, donde las partes acordaron impulsar alivios humanitarios en algunas de las regiones más afectadas por el conflicto armado. El segundo ciclo, celebrado entre febrero y marzo en Ciudad de México, culminó con el reconocimiento por parte del Gobierno del estatus político al ELN como "organización armada rebelde", además del registro de "progresos" de cara a lograr un acuerdo para un cese al fuego bilateral.Texto del comunicado conjunto:
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que, tras reunirse con la Policía y las Fuerzas Militares, recogió una serie de observaciones para el cese al fuego bilateral con el ELN que se espera sea oficializado este jueves, 8 de junio."Se hicieron algunas observaciones que esperamos hayan sido acogidas en estas discusiones en La Habana. No conocemos el texto definitivo, pero sí un avance que, de acuerdo con lo que se nos informaba, estaba ya prácticamente para su suscripción", dijo Velásquez.Si bien el ministro no entregó detalles de esas observaciones, sí fueron incluidas varias condiciones. La idea es evitar situaciones como las reportadas con las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras suspender el cese al fuego, pues las autoridades confirmaron que ese grupo ilegal logró expandir control mientras las operaciones ofensivas estaban frenadas."Se revisaron los decretos de diciembre del año pasado para tomar previsión respecto de algunas de esas situaciones que menciona. Hay unos protocolos discutidos y eso incluye acciones prohibidas y permitidas, compromisos que vamos a esperar en todo caso queden en el documento del acuerdo del cese", puntualizó Velásquez.Se espera que este jueves, 8 de junio, el presidente Gustavo Petro viaje a La Habana, Cuba, donde ya está la delegación del Gobierno y de la guerrilla que han avanzado en la construcción de ese cese.Puede ver:
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.