El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
El presidente estadounidense, Donald Trump, se explayó en su primer discurso sobre el estado de la Unión de su segundo mandato, y habló de todo: desde la economía hasta América Latina e Irán.Estos son los momentos clave de su intervención de una hora y 47 minutos, la más larga de su tipo en la historia:Trump y la seguridad en América Latina "Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos" en América Latina, dijo Trump, quien se congratuló por la caída del exdirigente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero.La aparición en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas, fue un momento de gran emoción.El republicano aseguró asimismo que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio "El Mencho" Oseguera, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).Tensión con la Corte Suprema Al entrar en el Capitolio, Trump estrechó la mano de varios jueces de la Corte Suprema, tres de los cuales votaron días antes a favor de anular los aranceles globales que el republicano había convertido en su política económica insignia.Trump expresó su descontento durante el discurso y calificó el fallo de "muy desafortunado". Pero no se detuvo mucho en el tema y dijo que su gobierno trabaja en una solución legal para mantener los gravámenes.Equipo olímpico Uno de los pocos momentos de unidad de un discurso marcado por las divisiones entre republicanos y demócratas se vivió cuando el equipo olímpico masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, entró en la sala. La audiencia se levantó y aplaudió coreando: "¡Estados Unidos!, ¡Estados Unidos!".Resistencia de los demócratasNormalmente, durante el discurso sobre el estado de la Unión, los congresistas aplauden y se levantan en señal de acuerdo con el presidente o permanecen sentados para expresar su descontento.En este caso decenas de demócratas se saltaron el acto y la gran mayoría de los que asistieron se quedaron sentados, excepto en contadas ocasiones. Varios iban vestidos de blanco para rendir homenaje al movimiento sufragista que celebra el derecho de las mujeres al voto, o lucían insignias que exigían cuentas a las personas que aparecen en los archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.En un acto de resistencia, el congresista demócrata Al Green fue expulsado por haber levantado un cartel en el que se leía "¡Los negros no son simios!", en respuesta a un video racista compartido por Trump en el que el expresidente demócrata Barack Obama y su esposa, Michelle, aparecían representados como primates.Congresista interrumpe a Trump -La tensión se disparó cuando la demócrata de la Cámara de Representantes Ilhan Omar gritó al mandatario mientras hablaba. "Deberían avergonzarse", dijo Trump a los demócratas que se habían negado a levantarse durante todo el discurso."Ustedes han matado a estadounidenses", gritó Omar en respuesta, refiriéndose a la muerte de dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias, a manos de agentes federales enviados a Mineápolis el mes pasado.La congresista se marchó antes de que Trump terminara de hablar. El discurso más largo -Trump pronunció el discurso del estado de la Unión más largo de la historia de Estados Unidos.Con una hora y 47 minutos superó el récord anterior de una hora y 20 minutos establecido por el expresidente demócrata Bill Clinton en 2000.Incluso fue más extenso que la propia intervención de Trump ante el Congreso del año pasado, que duró una hora y 40 minutos.
El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta el traslado de los recursos de afiliados que decidieron cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.La propuesta normativa obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a girar a Colpensiones la totalidad del dinero acumulado en la cuenta individual del afiliado. Esto incluye no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia.El documento fue divulgado por el MinTrabajo en medio de la implementación parcial de la Reforma Pensional, actualmente suspendida en su aplicación general por la Corte Constitucional.¿Qué establece el borrador de decreto del MinTrabajo?El proyecto de decreto señala que, una vez el afiliado ejerce la opción de traslado del RAIS al Régimen de Prima Media, las AFP deberán transferir a Colpensiones el 100 % del saldo existente en la cuenta individual.Esto comprende:El capital acumulado por aportes.Los rendimientos financieros generados.Los valores adicionales que correspondan hasta la fecha de giro efectivo.La medida aplicaría a quienes se acogieron a la denominada “ventana de traslado” creada en el marco de la reforma pensional.Suspensión parcial de la reforma pensionalLa Reforma Pensional se encuentra suspendida mientras la Corte Constitucional analiza posibles vicios de trámite en su aprobación. No obstante, el alto tribunal permitió la implementación de dos artículos, entre ellos el artículo 76, relacionado con los traslados entre regímenes.El artículo 76 habilita a las personas que estén a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión para trasladarse entre el régimen privado (RAIS) y el público (Régimen de Prima Media), según les resulte más conveniente. Antes de la reforma, este grupo tenía restricciones para cambiarse.De acuerdo con el propio borrador del decreto, 119.632 afiliados se han trasladado desde los fondos privados hacia Colpensiones en el marco de esta disposición.Punto de controversia: administración de los recursosEl parágrafo del artículo 76 establece que el ahorro de cada afiliado trasladado continuaría siendo administrado por los fondos privados hasta que la persona alcanzara la pensión.Sin embargo, el borrador del MinTrabajo modifica esa dinámica al ordenar que las AFP consignen de manera inmediata la totalidad de los recursos en Colpensiones.Esta diferencia ha generado interrogantes sobre la coherencia entre el decreto reglamentario y lo dispuesto en la ley aprobada por el Congreso.¿Cuántos recursos estarían en juego?Según cifras del Ministerio de Trabajo, en 2023 los traslados representaron 12,9 billones de pesos sobre una nómina total de 47,2 billones. En 2024, los traslados ascendieron a 15,3 billones de pesos frente a 55,5 billones en nómina.Aunque el borrador no precisa el monto total que debería girarse a Colpensiones, estimaciones preliminares indican que la cifra podría superar los 15 o incluso 20 billones de pesos, dependiendo del número final de afiliados trasladados y del saldo acumulado en cada cuenta individual.Reacciones y debate públicoEl periodista económico de Blu Radio, Víctor Grosso, señaló en su cuenta de X que el borrador es “muy importante” porque obligaría a los fondos privados a consignar en Colpensiones todo el ahorro acumulado (stock) de quienes utilizaron la opción de traslado habilitada por la reforma.El debate se centra en si un decreto reglamentario puede establecer una obligación distinta a la prevista en la ley, así como en el destino y administración de los recursos trasladados. El Ministerio de Trabajo mantiene abierto el periodo de comentarios al borrador antes de su eventual expedición definitiva.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó la noche del martes 24 de febrero de 2026 su sorteo número 3141, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en todo el país.En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que ampliaron las oportunidades de ganar.Premio mayor – 24 de febrero de 2026El número ganador del premio mayor fue: 2581 de la serie 152. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario, contados a partir de la fecha del sorteo, una vez presentado el billete original.Premios secos – Sorteo 3141Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:Seco de $200 millones1226 – Serie 114Seco de $100 millones4572 – Serie 233Secos de $50 millones6256 – Serie 1838976 – Serie 109Secos de $30 millones5559 – Serie 2032382 – Serie 1935632 – Serie 3160629 – Serie 3178228 – Serie 2138450 – Serie 235Secos de $20 millones7888 – Serie 1324308 – Serie 2279640 – Serie 1345278 – Serie 2627672 – Serie 1570962 – Serie 0077802 – Serie 0806390 – Serie 1994315 – Serie 2590608 – Serie 2504910 – Serie 0274075 – Serie 0835175 – Serie 2994859 – Serie 2091923 – Serie 146Secos de $10 millones1739 – Serie 1177914 – Serie 1029153 – Serie 1230648 – Serie 1995413 – Serie 3005517 – Serie 2405477 – Serie 1201855 – Serie 2191554 – Serie 2553609 – Serie 1764792 – Serie 0608151 – Serie 1913351 – Serie 2805273 – Serie 2825481 – Serie 1162365 – Serie 1952883 – Serie 2742137 – Serie 2798186 – Serie 1598635 – Serie 271Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la imagen oficial publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.¿Cuándo y dónde se juega la Lotería de la Cruz Roja?El sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:El sitio web oficialRedes sociales verificadasLínea telefónica: (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.¿Cómo reclamar un premio?Para reclamar un premio es obligatorio:Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Presentar la cédula de ciudadanía (para premio mayor y premios secos).Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.Recomendación finalLa recomendación para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y respetar los plazos establecidos por la ley para realizar el trámite de cobro.
El Gobierno expidió cinco decretos (0173, 0174, 0175, 0176 y 0177 de 2026) como parte del paquete de medidas para enfrentar la emergencia causada por inundaciones y fenómenos climáticos extremos en ocho departamentos del país.El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que establece un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia provocada por la ola invernal.El tributo aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonio igual o superior a 200.000 UVT ($10.474.800.000) al primero de marzo de 2026.La tarifa general será del 0,5%, pero sube al 1,6% para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo como petróleo y carbón.Se pagará en dos cuotas, en abril y mayo de 2026, y los recursos se destinarán exclusivamente a atender la crisis.El Gobierno expidió el Decreto 0174 de 2026 para agilizar la compra y saneamiento de tierras tras las inundaciones en el norte del país. La norma declara de utilidad pública los predios necesarios para reubicar campesinos y recuperar la producción. Cuando el Estado adquiera un terreno, quedará libre de deudas o embargos para uso inmediato.La Agencia Nacional de Tierras podrá hacer compra, registro y adjudicación en un solo trámite, incluso usando bienes incautados a grupos criminales mediante extinción de dominio, como fincas o empresas. También se permite contratación directa y registro en un día.El Decreto 0175 habilita la contratación directa sin licitación pública y sin las restricciones de la Ley de Garantías, en periodo electoral. Además, permite adicionar contratos sin el límite tradicional del 50%, siempre que estén directamente relacionados con la atención de la crisis.El Decreto 0176 asegura la continuidad del Programa de Alimentación Escolar para más de un millón de estudiantes, permitiendo entregar raciones en casa si se suspenden las clases.El Decreto 0177 establece un aporte adicional del 2% a generadoras eléctricas para financiar la recuperación ambiental y ordena ajustes obligatorios en la operación de represas.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Gobierno en diálogos con el ELN, señaló a través de su cuenta en Twitter que no hay “nada más conveniente que presidente francés tenga una percepción directa de lo que se está haciendo en Colombia para aclimatar la paz”.
Los altos mandos de las Farc aseguraron que sabían que el resultado del plebiscito iba a ser negativo por la mala gestión del presidente Juan Manuel Santos y su intención de ingresar al tablero electoral que se desplegará el próximo año para elegir al nuevo presidente. En una entrevista a la Revista Crisis de Argentina, el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’, reiteró que las negociaciones casi consecutivas, interrumpidas para el proceso de paz fueron necesarias sólo por un plebiscito al que las Farc no querían ir y en el cual ganó el rechazo al acuerdo. El periodista Pablo Waisberg aseguró que en el dialogo que tuvo en Cuba con el líder guerrillero, Timochenko “Dice que sabían que el resultado iba a ser malo: un plebiscito sirve como respaldo al presidente (y Santos tiene una mala gestión, asegura)”. En la entrevista Rodrigo Londoño resalta que hubo poca información sobre el contenido del acuerdo y una campaña de desinformación de los sectores que no quieren la paz. Finalmente reitera lo que el grupo ha venido hablando, que si el acuerdo avanza y los que se oponen a él no logran detenerlo, las Farc tienen previsto sumarse a la vida democrática, lo que implica la reinserción de sus guerrilleros en la vida cotidiana de las ciudades y pueblos y por otro lado el ingreso en el tablero electoral que se desplegará el próximo año para elegir al nuevo presidente. ‘Timochenko’ afirmó que el candidato no será de las Farc sino una figura de consenso que garantice la implementación de los acuerdos alcanzados en La Habana.
El jefe de la delegación del Gobierno Nacional para los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, anunció que la fecha para retomar las conversaciones con la guerrilla fue aplazada. Aunque en un principio se tenía fijada para el 10 de enero, se tomó la decisión de aplazarla para el próximo jueves 12 de enero en Quito, Ecuador. Además, se confirmó que los representantes del Gobierno serán Juan Camilo Restrepo, la exministra Luz Helena Sarmiento, el mayor general Eduardo Herrera Berbel, Alberto Fergusson, Jaime Avendaño y María Alejandra Villamizar. “El Gobierno colombiano agradece una vez más al gobierno ecuatoriano la generosa hospitalidad que ha venido prestando en su territorio para el desarrollo de estas conversaciones”, dice un comunicado emitido por el Gobierno. Este es el comunicado emitido por el Gobierno: El Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional para los Diálogos con el ELN se permite informar a la opinión pública: 1. La reactivación de las conversaciones para concretar la fecha de instalación de la mesa pública, será el próximo jueves 12 de enero en Quito, Ecuador. 2. A través de la resolución 473, del 28 de diciembre de 2016, el Presidente de la República nombró una comisión especial, encabezada por el exministro Juan Camilo Restrepo, para que se reúnan con representantes del ELN con el fin de encontrar fórmulas de entendimiento que conduzcan a la apertura de la mesa pública de conversaciones prevista en el Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional de marzo de 2016. 3. Los representantes del gobierno en la reunión del próximo 12 de enero, con los delegados del ELN en Quito serán: Juan Camilo Restrepo, la exministra Luz Helena Sarmiento, el Mayor General Eduardo Herrera Berbel, Alberto Fergusson, Jaime Avendaño y María Alejandra Villamizar. 4. El gobierno colombiano agradece una vez más al gobierno ecuatoriano la generosa hospitalidad que ha venido prestando en su territorio para el desarrollo de estas conversaciones. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Las autoridades confirmaron la desaparición de la avioneta HK714 de la empresa ASA en el Magdalena. La Defensa Civil inició la búsqueda en la zona de Buritaca. -El hijo del piloto de la aeronave desaparecida asegura que a pesar de la búsqueda todavía no hay reporte de su padre ni de la avioneta. -Un familiar del exdiputado del Valle Alberto Quintero, asesinado en cautiverio por la guerrilla de las Farc, señaló que las imágenes donde aparecen miembros de la ONU bailando con guerrilleros de las Farc no merece un escándalo como el que se ha generado. -El Gobierno de Israel confirmó que el autor del ataque que dejó 4 muertos y 13 heridos en Jerusalén es simpatizante del grupo Estado Islámico. -Jeison Murillo y Duván Zapata fueron titulares en el juego entre el Inter y Udinese...y Carlos Bacca estaría con el Milán ante el Cagliari. -Chile podría ahorrar hasta 106 millones de dólares al año por pérdidas asociadas a los desastres de origen natural si pusiera en marcha una serie de iniciativas estratégicas, dijo el presidente del Consejo Nacional de Innovación Gonzalo Rivas. -Un traficante de personas dejó abandonados a 19 refugiados en un parqueadero de una autopista del sur de Alemania a temperaturas de 20 grados bajo cero, informó la Policía. -El Instituto Nacional de Meteorología de Uruguay (Inumet) anunció una alerta amarilla por "tormentas intensas" en 10 de las 19 provincias del país.
BLU Radio estableció que la ONU investiga a otros observadores de paz en Colombia por participar en una fiesta de Año Nuevo con la guerrilla de las Farc. "Estamos investigando. La misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan. Tenemos total compromiso con la imparcialidad", señaló una vocera del organismo, sin dar más detalles. Unas fotografías divulgadas en las últimas horas en redes sociales por el Colectivo Internacional de Fotoperiodismo MiraV, muestran a observadores de la ONU bailando con guerrilleros de las Farc durante el festejo de fin de año en un punto temporal de concentración. "Me siento sorprendido por la polémica generada por un baile", dijo a la AFP Damien Fellous, el fotógrafo de origen francés que registró el 31 de diciembre el festejo de las Farc en La Elvira, departamento del Cauca, junto con su colega Christian Escobar. "Para mí esto es un símbolo de reconciliación", agregó, señalando que el ambiente del festejo era "tranquilo, familiar y sin excesos" y que para los observadores de la ONU hubiera resultado "incluso grosero" no participar. El jueves, la misión de la ONU en Colombia anunció que cuatro de sus integrantes -entre ellos un militar portugués, otro salvadoreño y una oficial de carabineros chilena, según informaron sus países- fueron retirados de sus funciones por bailar con rebeldes en una fiesta de fin de año en La Guajira. El gobierno de Colombia había expresado el miércoles a la ONU su preocupación por lo ocurrido. Las autoridades colombianas dijeron el viernes que investigaban otro incidente en el que están involucrados policías encargados de vigilar las zonas de concentración de las FARC, y que se fotografiaron el pasado fin de semana en el departamento de Caquetá con guerrilleros armados. La imagen, que circula en las redes sociales, muestra a ocho rebeldes, varios portando fusiles, junto a cuatro policías de la Unidad Para la Edificación de la Paz (Unipep) y una integrante de la Misión de la ONU. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Autoridades en Medellín confirman el asesinato de Juan Eliecer Ruiz, líder del Centro Democrático en el municipio de Entrerrios, en el departamento de Antioquia. -El presidente Juan Manuel Santos devolvió al congreso de la República el proyecto de ley que ordenaba a la Registraduría Nacional y el Ministerio de transporte plasmar la voluntad de ser donante de órganos de la persona que así lo acepte. -Hallan el cuerpo de la ciudadana ecuatoriana desaparecida el pasado 20 de diciembre cuando la lancha en la que se desplazaba con otros turistas a la isla del Rosario naufragó. -Una persona muerta y más de 20 heridas dejo un accidente con una carroza en medio de una de las actividades de las ferias y fiestas del municipio de Málaga en Santander. -Niño que fue amarrado a un palo por su progenitora en Tierra Alta, Córdoba, permanece en un hogar sustituto bajo el cuidado del ICBF. -Una tormenta invernal que se extiende por el este de Estados Unidos, desde Alabama hasta Nueva York, ha ocasionado la muerte de al menos una persona, ha paralizado el transporte en varias ciudades y miles de personas se han quedado sin suministro eléctrico. -Trece residentes de un hogar de la tercera edad de Lyon, en Francia, murieron de gripa desde el 23 de diciembre, y otros seis están hospitalizados, según anunció la ministra francesa de Salud. -El gobierno de unidad libio sostenido por la ONU ordenó hoy a la Marina y a la Guardia Costera que intercepten cualquier buque que trate de acercarse a las costas oeste libias para cargar petróleo.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.