El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación."La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", prosigue el texto.El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí".Ese movimiento inversor fue realizado a través de su nueva filial de inversiones dedicada al deporte, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva."Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.Cristiano Ronaldo, que milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.De 41 años, el delantero luso participará el próximo verano boreal en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que será, según confirmó el propio jugador, el último de su carrera.
El mercado mundial de la cocaína es el que más rápido crece a nivel global de entre todas las drogas y la ONU atribuye esa expansión al aumento de la producción en Sudamérica, especialmente en Colombia, y a una creciente demanda en otras regiones emergentes como África y Asia.El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado este jueves en Viena, destaca que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022.Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales.La JIFE, un órgano cuasi judicial del sistema de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas, señala que el crecimiento del mercado no es solo cuantitativo sino que también se ha diversificado y es más global.Aunque los dos mayores mercados de la cocaína siguen siendo Europa y América del Norte, las rutas ilegales de esta droga alcanzan ya "todas las regiones del mundo", incluida África, que hasta hace poco era sólo una región de tránsito, o Asia, donde su presencia hasta hace poco era residual.En Europa occidental y central, por quinto año consecutivo, las incautaciones en 2023 superaron a las de Norteamérica, confirmando a la región como el principal destino de esta droga.Según la JIFE, entre enero de 2019 y junio de 2024 se incautaron más de 1.826 toneladas de drogas con destino a puertos europeos, y el 82 % de ese volumen correspondió a la cocaína con 1.487 toneladas.El aumento de la producción de cocaína impulsa la expansión de esa droga en nuevas regiones, como África, donde las incautaciones crecieron un 48 % en 2023 respecto a 2022.Entre 2013 y 2023, el número de consumidores de cocaína habría pasado de 17 a 25 millones, con señales de expansión hacia África y Asia, señala el informe, que cita datos de Naciones Unidas."Hay una tendencia al alza en el consumo de cocaína en todo el continente, especialmente en África Occidental, Central y Austral, y al menos 4.700 personas han recibido tratamiento por trastorno por consumo de cocaína en los últimos años", señala el informe sobre África.En el sur de Asia, la JIFE destaca un importante aumento de incautaciones, lo que muestra un mercado en expansión. El documento advierte además de técnicas de ocultación cada vez más sofisticadas, como alterar químicamente la cocaína para que no sea detectable en controles rutinarios, y camuflarla mezclándola o integrándola en "materiales portadores" como plásticos o tejidos.En Sudamérica, el informe ilustra el efecto corrosivo del auge del narcotráfico con el caso de Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas de cocaína, más de un 30 % por encima de 2023, en un entorno marcado por la violencia."En Sudamérica, el impacto del aumento del tráfico de cocaína se ha sentido especialmente en Ecuador, que en los últimos años ha vivido una ola de violencia letal causada tanto por grupos criminales locales como transnacionales", señala la JIFE.En ese país, se registraron 6.964 muertes violentas en 2024, con una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que supone que esa tasa se quintuplicó en cinco años.
Con el inicio del calendario electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha una estrategia nacional denominada Paz Electoral, una iniciativa orientada a fortalecer la confianza ciudadana y blindar el proceso democrático frente a riesgos que puedan afectar la transparencia, la seguridad y la legitimidad de los comicios.Como parte de esta campaña institucional, equipos del Ministerio Público se desplegaron en los principales accesos viales de las ciudades capitales para recibir a miles de colombianos que regresaban de sus vacaciones de inicio de año. Allí, los funcionarios entregaron mensajes pedagógicos e invitaron a los ciudadanos a asumir un papel activo en la protección de la democracia mediante el ejercicio responsable del voto.La iniciativa es liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien desde finales del año pasado inició un recorrido por distintas regiones del país con el propósito de sensibilizar a instituciones, sectores productivos, líderes sociales y ciudadanía en general sobre la importancia de garantizar unas elecciones libres y respetadas por todos.Jornadas clave de elecciones en Colombia 2026El contexto electoral de este año incluye tres jornadas decisivas: el 8 de marzo se realizarán las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial; y el 21 de junio, de ser necesario, se llevará a cabo la segunda vuelta para elegir al jefe de Estado. Este panorama ha motivado a las autoridades a reforzar las acciones preventivas.La estrategia surgió en medio de preocupaciones expresadas desde distintos sectores sobre posibles amenazas al proceso electoral. Incluso, el registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó en varios escenarios públicos que existían inquietudes ciudadanas sobre la realización de las elecciones. Frente a este panorama, la Procuraduría asumió como una prioridad institucional la defensa del orden democrático y el cumplimiento del calendario electoral.En este esfuerzo, la Procuraduría trabaja de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, entidades que han reiterado su compromiso conjunto para garantizar la transparencia del proceso. Esta alianza busca prevenir irregularidades, vigilar el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar que los funcionarios no interfieran indebidamente en política.Entre los principales riesgos identificados por las autoridades se encuentran la posible incidencia de grupos armados ilegales, la difusión de desinformación y eventuales ciberataques. Ante estos desafíos, el Ministerio Público ha enfatizado la necesidad de mantener una vigilancia permanente y una participación activa de todos los sectores del Estado y la sociedad.Además de promover el voto libre y consciente, Paz Electoral también busca asegurar que los candidatos desarrollen sus campañas con garantías y responsabilidad, y que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con plena confianza en el sistema electoral.La Procuraduría continuará con jornadas pedagógicas y presencia territorial durante todo el año, en lo que ha denominado una cátedra pública permanente sobre la importancia de proteger la democracia. El objetivo final es que, una vez concluido el proceso electoral, el país cuente con instituciones fortalecidas y con resultados legítimos, respaldados por la voluntad soberana de los colombianos.
Un depósito clandestino de explosivos del ELN fue descubierto en una vivienda ubicada en la localidad de Usme, barrio Chico, en el sur de Bogotá. En el lugar, según estableció BLU Radio, estaba alias ‘Plumilla’, señalado como el encargado de fabricar los artefactos explosivos improvisados que serían utilizados en acciones terroristas en la capital del país.La operación fue el resultado de más de cinco meses de seguimiento por parte del Gaula Militar Cundinamarca y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). De acuerdo con fuentes militares, incluso hubo agentes infiltrados que lograron documentar los movimientos del grupo, que cambiaba constantemente de residencia para evadir a las autoridades. Permanecían máximo un mes en una casa y luego se trasladaban a otra, alternando únicamente entre dos inmuebles.En las imágenes conocidas por BLU Radio se observan planos y estructuras tipo balón que estaban siendo adaptadas con explosivos. La novedad en esta investigación es que los criminales elaboraban los artefactos explosivos improvisados con plástico, con el fin de reducir su peso y facilitar su instalación en drones. El objetivo, según inteligencia, era emplearlos para atacar a la fuerza pública e incluso a la población civil.Las autoridades confirmaron que alias ‘Plumilla’ hacía parte del Frente de Guerra Urbano Nacional ‘Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo’, Frente Urbano “Jorge Eliécer Gaitán”, estructura del ELN que venía adelantando actividades ilícitas en Bogotá mediante redes milicianas. El material incautado, de acuerdo con los investigadores, estaría destinado a la ejecución de acciones terroristas, especialmente en el marco de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo.Durante el procedimiento fueron capturadas en flagrancia dos personas y se incautó un amplio arsenal: 896 cartuchos calibre 5.56 mm, tres cartuchos calibre 7.62 mm, 100 iniciadores de cartucho, un revólver, dos escopetas, un lanzagranadas, proveedores para Mini Uzi, cuerpos de granadas de 60 mm, espoletas de 40 mm, cilindros para granadas de 85 mm, cerca de un kilo de pólvora negra y aproximadamente cinco kilos de insumos químicos para mezclas explosivas, entre otros elementos.Según fuentes de inteligencia, con las piezas halladas se podrían ensamblar más de 70 artefactos explosivos improvisados. Además, fueron encontrados cuerpos cilíndricos, sistemas tipo MGL, metralla y componentes para la fabricación en serie de granadas artesanales.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones para establecer la red logística detrás del depósito clandestino y determinar el alcance real de los posibles atentados que, según las autoridades, fueron neutralizados de manera oportuna en el sur de la capital.
La Alcaldía de Bucaramanga endureció las reglas contra quienes arrojen colchones, muebles, llantas, escombros y otros residuos voluminosos en calles, parques y zonas verdes de la ciudad. A través del Decreto 0029 de 2025, la administración municipal estableció nuevas obligaciones para ciudadanos y comerciantes, y anunció sanciones económicas y hasta suspensión de actividades para quienes incumplan.El alcalde Cristian Fernando Portilla aseguró que la medida busca frenar la proliferación de puntos críticos de basuras que, según la Alcaldía, afectan la salud pública, deterioran el espacio público y generan riesgos ambientales.“En Bucaramanga no vamos a permitir que colchones, muebles, llantas o escombros sigan invadiendo el espacio público. Este decreto establece reglas claras, responsabilidades precisas y sanciones contundentes”, afirmó el mandatario.Desde ahora, hogares, comercios y establecimientos deberán separar estos elementos de la basura común, no mezclarlos con residuos orgánicos y evitar dejarlos en cestas públicas, contenedores pequeños, andenes, separadores viales, rondas hídricas o parques.El decreto también pone especial atención en talleres mecánicos, almacenes y otros establecimientos que produzcan residuos voluminosos. Estos deberán certificar que entregaron los desechos a un gestor autorizado y conservar actas o manifiestos de disposición final para presentarlos cuando la autoridad lo requiera.La Secretaría de Salud y Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento y podrá iniciar procesos administrativos si encuentra inconsistencias.El incumplimiento de la norma dará lugar a medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas están multas, procedimientos policivos inmediatos y, en casos de reincidencia, la suspensión temporal de actividades comerciales.El decreto ya está vigente y será acompañado por un protocolo municipal que orientará a la ciudadanía sobre cómo separar, disponer y solicitar la recolección adecuada de residuos voluminosos.
La medalla del Premio Nobel de Paz, que por segundo año consecutivo fue elaborado con oro extraído de las montañas del Huila, de acuerdo con Aníbal Rodríguez, secuestrado por las Farc, este es un homenaje a las víctimas y el inicio para la construcción de un nuevo país. Además resaltó que lo más importante es que todos aportemos a la construcción de un nuevo país. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Según la clase política de Santander, el Premio Nobel de Paz será la base para el -Víctimas del atentado del Club El Nogal se pronunciaron sobre el acto público de perdón anunciado por las Farc la próxima semana -Tras las exequias de Yuliana Samboní en El Tambo, Blu Radio habló con su familia sobre este doloroso hecho. -Al menos 20 policías heridos tras dos explosiones en Estambul. -La Policía Metropolitana de Barranquilla, continúa realizando operativos para evitar la comercialización de pólvora.
El presidente Juan Manuel Santos recibió este sábado el premio Nobel en Oslo, un reconocimiento a su tenaz búsqueda de la paz para Colombia pese a la esquiva respuesta de sus compatriotas que hace dos meses rechazaron en plebiscito un acuerdo con la guerrilla FARC. Seguro de que era "el mejor acuerdo posible", Santos decidió someter su pacto con las Farc a la refrendación popular el 2 de octubre. Pero contra todo pronóstico, ganó el No. Y para mayor sorpresa, cinco días después la academia sueca anunció que le otorgaba el Nobel de la Paz. Según dijo Santos en su discurso este sábado, la noticia del premio "llegó como un regalo del cielo" y le dio fuerzas para sellar un pacto renegociado, que incluyó propuestas de la oposición y que fue refrendado la semana pasada en el Congreso, donde tiene mayoría." "El Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino: el puerto de la paz", dijo este sábado en Oslo el mandatario, para quien Colombia "está haciendo posible lo imposible".A Santos, bogotano de 65 años, lo critican por su frialdad y escasas dotes comunicativas. Pero le reconocen una férrea disciplina, autoridad nata y autocontrol ante las crisis."Es un político audaz, muy buen estratega", apunta su cuñado y asesor Mauricio Rodríguez. Según allegados, minutos después de perder el plebiscito, tuvo la claridad de "proteger el cese al fuego vigente con las Farc, llamar a la guerrilla a renegociar y exponer la mezquindad del expresidente Álvaro Uribe", principal opositor al acuerdo.Pero para sus detractores, Santos, que carga con un índice de desaprobación de 59,5 %, desconoció el sentir popular. Entre ellos, el expresidente Andrés Pastrana insistió que "el nuevo acuerdo no es legítimo" porque los colombianos debían "volver a las urnas" para refrendarlo. Y aunque el proceso con las Farc se consolide, para la "paz completa" que el mandatario desea para "hacer de Colombia un país normal" aún debe sumarse al ELN, la última de las guerrillas surgidas en los años 1960 que protagonizaron, con paramilitares y agentes estatales, la cruenta guerra interna. Santos "tuvo la valentía de cambiar el rumbo", dijo a la AFP el jefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, refiriéndose a la decisión del mandatario de negociar la paz al asumir en 2010, tras dirigir, como ministro de Defensa de su antecesor Uribe, la más feroz ofensiva contra las guerrillas. Si hizo la guerra fue "como un medio para lograr" la paz, recordó Mauricio Rodríguez.Reelecto en 2014, Santos no cejó en su empeño, pese a la dura oposición de sectores conservadores liderados por Uribe, que siempre lo consideraron "traidor". Estaba convencido de que alcanzado un pacto con las FARC, los colombianos lo aprobarían. Pero se equivocó."Tiene fama de calculador, pero paradójicamente fue un error de cálculo creer que el hastío de los colombianos con la guerra podía contrarrestar la fatal combinación del inmenso rechazo a las Farc y sus bajísimos niveles de popularidad", comentó a AFP la periodista María Elvira Samper. "Santos representa la modernización del país. Y terminar la guerra con las guerrillas es, en su concepción, una necesidad fundamental para ese objetivo", opinó Mariano Aguirre, encargado del Programa Colombia del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos (NOREF). Quitar ese freno para el desarrollo ha sido el motor de su obstinación por la paz."Sé qué es lo correcto", dijo Santos meses atrás a AFP sobre su empeño para ver la luz tras la "horrible noche", que ha causado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados en medio siglo.Santos ha debido lidiar con su falta de carisma desde que dejó en 1991 el diario El Tiempo, entonces propiedad de su familia, para perseguir el sueño presidencial. "No transmite emociones, pero no quiere decir que no las sienta. Es el mejor papá del mundo", aseveró Samper, prima del mandatario, para quien su liderazgo "ni populista ni mesiánico" y "muy racional (...) no conecta con el país de hinchas que es Colombia".A este sobrino nieto del expresidente Eduardo Santos (1938-42), cadete de la Armada, con estudios de economía en Estados Unidos y Londres e incursión en la diplomacia y el periodismo, la paz con las Farc lo ha enfrentado a la élite con la que siempre se ha codeado. Pero a él, que se precia de seguir el modelo de Franklin D. Roosevelt, el presidente estadounidense de origen acomodado que hizo reformas radicales, no le importará ser recordado como un "traidor a su clase", según ha dicho.A AFP le aseguró no tener ambiciones políticas después de 2018, cuando prevé retirarse con su esposa María Clemencia Rodríguez, madre de sus tres hijos, a esperar a los nietos para enseñarles a leer y a comer mangos en su finca. "No quiero convertirme en prisionero del poder", resumió el hombre de la palomita blanca en la solapa.
El pueblo de Colombia, "con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta, está haciendo posible lo imposible", afirmó el presidente colombiano Juan Manuel Santos en su discurso al recibir el premio Nobel de la Paz este sábado en Oslo. "La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado", añadió, tajante, el presidente en el comienzo de su discurso, bajo los aplausos del público. Santos recordó el varapalo que supuso la victoria del no, por escaso margen, en el plebiscito convocado para refrendar el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Este suceso le recordó, dijo, un pasaje de Cien años de soledad del nobel de Literatura Gabriel García Márquez, su compatriota. "Los colombianos nos sentíamos como habitantes de Macondo: un lugar no sólo mágico sino también contradictorio". "Me propuse convertir este revés en una oportunidad" y, no habían transcurrido cuatro días, cuando llegó la concesión del Nobel, "un regalo del cielo". "En un momento en que nuestro barco parecía ir a la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino: ¡el puerto de la paz!". Y "lo logramos. ¡Llegamos a puerto!". Santos se refiere al nuevo acuerdo firmado hace dos semanas y refrendado por el Congreso con el que "comienza el desmantelamiento de un ejército -en este caso un ejército irregular- y su conversión en un movimiento político legal". Con él podemos decir, afirmó el presidente, que América "desde Alaska hasta la Patagonia es una zona de paz". "Lo imposible puede ser posible", agregó Santos lanzando una pregunta al aire: si se logra aquí por qué no se va a conseguir en el resto del mundo. Este es el discurso completo de Juan Manuel Santos, en la ceremonia del Nobel de Paz en Oslo, Noruega: Sus Majestades; Sus Altezas Reales; distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel; queridos ciudadanos de Colombia; ciudadanos del mundo; señoras y señores: Hace tan solo seis años los colombianos NO nos atrevíamos a imaginar el final de una guerra que habíamos padecido por medio siglo. Para la gran mayoría de nosotros, la paz parecía un sueño imposible, y era así por razones obvias, pues muy pocos –¡casi nadie!– recordaban cómo era vivir en un país en paz. Hoy, luego de seis años de serias y a menudo intensas, difíciles negociaciones, puedo anunciar a ustedes y al mundo, con profunda humildad y gratitud, que el pueblo de Colombia –con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta– ¡está haciendo posible lo imposible! La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, HA TERMINADO. Al igual que la vida, la paz es un proceso que nos depara muchas sorpresas. Tan solo hace dos meses, los colombianos –y de hecho el mundo entero– quedamos impactados cuando, en un plebiscito convocado para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, los votos del “No” superaron por estrecho margen a los votos del “Sí”. Fue un resultado que nadie imaginaba. Una semana antes, en Cartagena, habíamos encendido una llama de esperanza al firmar el acuerdo en presencia de los líderes del mundo. Y ahora, de repente, esta llama parecía extinguirse. Muchos recordamos entonces un pasaje de Cien Años de Soledad, la obra maestra de nuestro Premio Nobel, Gabriel García Márquez, que de alguna manera reflejaba lo que estaba pasando: “Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad”. Los colombianos nos sentíamos como habitantes de Macondo: un lugar no solo mágico sino también contradictorio. Como Jefe de Estado, entendí la trascendencia de este resultado adverso, y convoqué de inmediato a un gran diálogo nacional por la unión y la reconciliación. Me propuse convertir este revés en una oportunidad para alcanzar el más amplio consenso que hiciera posible un nuevo acuerdo. Me dediqué a escuchar las inquietudes y sugerencias de quienes votaron “No”, de quienes votaron “Sí”, y también de los que no votaron –que eran la mayoría–, para lograr un nuevo y mejor acuerdo, un acuerdo que toda Colombia pudiera apoyar. No habían pasado cuatro días desde el sorprendente plebiscito, cuando el Comité Noruego anunció una decisión igualmente sorprendente sobre la concesión del Premio Nobel de Paz. Y debo confesar que esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco parecía ir a la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino: ¡el puerto de la paz! Gracias, muchas gracias, por este voto de confianza y de fe en el futuro de mi país. Hoy, distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel, vengo a decirles a ustedes –y, a través suyo, a la comunidad internacional– que lo logramos: ¡LLEGAMOS A PUERTO! Hoy tenemos en Colombia un nuevo acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC, que acoge la mayoría de las propuestas que nos hicieron. Este nuevo acuerdo se firmó hace dos semanas y fue refrendado la semana pasada por el Congreso de la República, por una abrumadora mayoría, para que comience a incorporarse a nuestra normatividad. El largamente esperado proceso de implementación ya comenzó, con el aporte invaluable de las Naciones Unidas. Con este nuevo acuerdo termina el conflicto armado más antiguo, y el último, del Hemisferio Occidental. Con este acuerdo –como dispuso Alfred Nobel en su testamento– comienza el desmantelamiento de un ejército –en este caso un ejército irregular– y su conversión en un movimiento político legal. Con este acuerdo podemos decir que América –desde Alaska hasta la Patagonia– ES UNA ZONA DE PAZ. Y podemos hacernos ahora una pregunta audaz: Si la guerra puede terminar en un hemisferio, ¿por qué no pueden algún día los dos hemisferios estar libres de ella? Tal vez, hoy más que nunca, podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra. LO IMPOSIBLE… ¡PUEDE SER POSIBLE! Alfred Nobel, el gran visionario cuyo legado nos reúne hoy, en el día exacto en que se cumplen 120 años desde su muerte, escribió alguna vez que la guerra es “el horror de los horrores, el más grande de los crímenes”. La guerra no puede ser de ninguna manera un fin en sí misma. Es tan solo un medio, y un medio que siempre debemos tratar de evitar. He sido líder en tiempos de guerra –para defender la libertad y los derechos de los colombianos– y he sido líder para hacer la paz. Por eso puedo decirles, por experiencia propia, que es mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Cuando es necesario, debemos estar preparados para luchar, y a mí me correspondió –como ministro de Defensa y como presidente– combatir a los grupos armados ilegales en mi país. Lo hice con efectividad y contundencia, cuando los caminos de la paz estaban cerrados. Sin embargo, es insensato pensar que el fin de los conflictos sea el exterminio de la contraparte. La victoria final por las armas –cuando existen alternativas no violentas– no es otra cosa que la derrota del espíritu humano. Vencer por las armas, aniquilar al enemigo, llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, es renunciar a ver en el contrario a otro ser humano, a alguien con quien se puede hablar. Dialogar… respetando la dignidad de todos. ¡Eso es lo que hicimos en Colombia! Y por eso tengo el honor de estar hoy aquí, compartiendo lo que aprendimos en nuestra ardua experiencia. El primer paso, uno crucial, fue dejar de ver a los guerrilleros como enemigos, para considerarlos simplemente como adversarios. El general Álvaro Valencia Tovar –quien fuera comandante del Ejército de Colombia, historiador y humanista– me enseñó esta diferencia. Él decía que la palabra “enemigo” tiene una connotación de lucha pasional y de odio que no corresponde al honor militar. Humanizar la guerra no es solo limitar su crueldad, sino también reconocer en el contrincante a un semejante, a un ser humano. Los historiadores calculan que durante el siglo XX murieron hasta 187 millones de personas por causa de las guerras. ¡187 millones! Cada una de ellas era una vida humana invaluable, alguien amado por su familia y sus seres queridos. Trágicamente, la cuenta sigue creciendo en este nuevo siglo. Es bueno recordar ahora la incisiva pregunta de Bob Dylan, mi colega en la recepción del Premio Nobel este año, que tanto nos conmovió en los años sesenta a quienes fuimos jóvenes entonces: “¡Cuántas muertes más serán necesarias hasta que comprendamos que han muerto demasiados! La respuesta, mi amigo, va volando con el viento”. (The answer, mi friend, is blowin’ in the wind!) Cuando me preguntaban si yo aspiraba al premio Nobel, siempre respondía que para mí el verdadero premio era la paz de Colombia. Porque ese es el verdadero premio: ¡la paz de mi país! Y esa paz no es de un presidente ni de un gobierno, sino de todo el pueblo colombiano, pues la tenemos que construir entre todos. Por eso este premio lo recibo en nombre de cerca de 50 millones de colombianos –mis compatriotas– que ven, por fin, terminar una pesadilla de más de medio siglo que solo trajo dolor, miseria y atraso a nuestra nación. Y lo recibo –sobre todo– en nombre de las víctimas; de más de 8 millones de víctimas y desplazados cuyas vidas han sido devastadas por el conflicto armado, y más de 220 mil mujeres, hombres y niños que, para nuestra vergüenza, han sido asesinados en esta guerra. Los expertos me dicen que el proceso de paz en Colombia es el primero en el mundo que ha puesto en el centro de su solución a las víctimas y sus derechos. Adelantamos esta negociación haciendo un gran énfasis en los derechos humanos. Y de esto nos sentimos muy orgullosos. Las víctimas quieren la justicia, pero más que nada quieren la verdad, y quieren –con espíritu generoso– que no haya nuevas víctimas que sufran lo que ellas sufrieron. El profesor Ronald Heifetz, fundador del Centro de Liderazgo de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, de donde me gradué, me dio un sabio consejo: “Cuando se sienta desanimado, cansado, pesimista, hable siempre con las víctimas. Son ellas las que le darán ánimo y fuerzas para continuar”. Y así ha sido. Siempre que pude, hablé con las víctimas de esta guerra y escuché sus desgarradoras historias. Algunas de ellas están aquí hoy, recordándonos por qué es tan importante que construyamos una paz estable y duradera. (Yo quisiera pedirles a las víctimas aquí presentes –en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia– que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen) Leyner Palacios es una de estas víctimas. El 2 de mayo de 2002, un mortero rudimentario lanzado por las FARC, en medio de un combate con los paramilitares, cayó en la iglesia de su pueblo –Bojayá–, donde sus habitantes habían buscado refugio. Murieron cerca de 80 hombres, mujeres y niños, ¡la mayoría niños! En cuestión de segundos, Leyner perdió a 32 familiares, incluidos sus padres y tres hermanos menores. Las FARC han pedido perdón por este hecho atroz, y Leyner, que ahora es un líder comunitario, los ha perdonado. Y ésta es la gran paradoja con la que me he encontrado: mientras muchos que no han sufrido en carne propia el conflicto se resisten a la paz, son las víctimas las más dispuestas a perdonar, a reconciliarse, y a enfrentar el futuro con un corazón libre de odio. Este premio pertenece también a los hombres y mujeres que, con enorme paciencia y fortaleza, negociaron en La Habana durante todos estos años. Ellos lograron un acuerdo que hoy podemos ofrecer como modelo para la solución de los conflictos armados que subsisten en el planeta. Y me refiero tanto a los negociadores del Gobierno como a los de las FARC –mis adversarios–, que demostraron una gran voluntad de paz. Yo quiero exaltar esa voluntad de abrazar, de alcanzar la paz, porque sin ella el proceso hubiera fracasado. Dedico, igualmente, este premio a los héroes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ellos nunca han dejado de proteger al pueblo colombiano, y entendieron muy bien que la verdadera victoria del soldado y del policía es la paz. Y quiero hacer un reconocimiento especial –con toda la gratitud de mi corazón– a mi familia: a mi esposa y mis hijos, sin cuyo apoyo y amor esta tarea hubiera sido mucho más pesada. Comparto, finalmente, este premio con la comunidad internacional que, con generoso y unánime entusiasmo, respaldó el proceso de paz desde sus inicios. Y permítanme aprovechar esta ocasión para agradecer muy especialmente al pueblo noruego por su carácter pacífico y su espíritu solidario. Fue por estas virtudes que Alfred Nobel les confió la promoción de la paz en el mundo. Y debo decir que, en el caso de mi país, cumplieron su trabajo con gran efectividad. Noruega y Cuba, en su rol como garantes; Chile y Venezuela, como acompañantes; Estados Unidos y la Unión Europea, con enviados especiales; todos los países de América Latina y el Caribe; incluso China y Rusia… todos tienen razones para participar del orgullo por este logro. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, concluyó –luego de un estudio detallado de los 34 acuerdos firmados en el mundo en las últimas tres décadas para poner fin a conflictos armados– que el acuerdo de paz en Colombia es el más completo e integral de todos. El acuerdo de paz en Colombia es un rayo de esperanza en un mundo afectado por muchos conflictos y demasiada intolerancia. Es una demostración de que lo que en un principio parece imposible –si se persevera– se puede volver posible, incluso en Siria… o en Yemen… o en Sudán del Sur. La clave –en palabras del poeta inglés Tennyson– es “ESFORZARSE, BUSCAR, ENCONTRAR Y NO RENDIRSE”. Varias lecciones se pueden derivar del proceso de paz en Colombia, que quisiera compartir con el mundo: Hay que prepararse y asesorarse debidamente, analizando qué falló en previos intentos de paz en el propio país, y aprendiendo de los éxitos y fracasos de otros procesos de paz. Hay que fijar una agenda de negociación realista y concreta que resuelva los asuntos directamente relacionados con el conflicto, y que no pretenda abarcar todos los problemas de la nación. Hay que adelantar las negociaciones con discreción y confidencialidad, para que no se conviertan en un circo mediático. Algunas veces, para llegar a la paz, es necesario combatir y dialogar al mismo tiempo, una lección que aprendí de otro ganador del Premio Nobel, Yitzhak Rabin. Hay que estar dispuestos a tomar decisiones difíciles, audaces, muchas veces impopulares, para lograr el objetivo final de la paz. Esto significó, en mi caso, acercarme a gobiernos de países vecinos con quienes tenía, y aún tengo, profundas diferencias ideológicas. El apoyo regional es indispensable para la solución política de cualquier guerra asimétrica. Hoy, por fortuna, todos los países de la región son firmes aliados en la búsqueda de la paz, que es el propósito más noble de cualquier sociedad. También logramos algo muy importante, que fue convenir un modelo de justicia transicional que nos permite obtener el máximo de justicia sin sacrificar la paz. No me cabe duda de que este modelo será uno de los grandes legados del proceso de paz de Colombia. Señoras y señores: Hay una guerra menos en el mundo, ¡Y ES LA DE COLOMBIA! Esto –precisamente– es lo que celebramos hoy en Oslo, la misma ciudad que acogió el inicio de la fase pública de conversaciones con las FARC en octubre del año 2012. Y debo decir que me siento honrado y al mismo tiempo humilde al unirme a la línea de valientes e inspiradores hombres y mujeres que, desde 1901, han recibido el más prestigioso de los premios. El proceso de paz en Colombia –lo digo con profunda gratitud– es una síntesis afortunada de lo que hemos aprendido de ellos. Los esfuerzos de paz en el Medio Oriente, en Centroamérica, en Sudáfrica, en Irlanda del Norte –cuyos artífices han recibido este galardón–, nos mostraron el camino para avanzar en un proceso a la medida de Colombia. También recogimos el legado de Jody Williams y la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal, igualmente ganadoras del Nobel. Después de Afganistán, Colombia ostenta el vergonzoso record de ser el país con más minas y más víctimas de minas en el mundo. Nuestro compromiso es tener nuestro territorio libre de minas para el año 2021. Hemos recibido, asimismo, el respaldo de otros galardonados, como la Unión Europea y el presidente Barack Obama, que han comprometido a sus países a apoyar el crucial proceso de implementación del acuerdo de paz en Colombia. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de reiterar hoy un llamado que he hecho al mundo desde la Cumbre de las Américas de Cartagena en el año 2012, y que condujo a una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril del presente año. Me refiero a la urgente necesidad de replantear la Guerra mundial contra las Drogas, una guerra en la que Colombia ha sido el país que más muertos y sacrificios ha puesto. Tenemos autoridad moral para afirmar que, luego de décadas de lucha contra el narcotráfico, el mundo no ha logrado controlar este flagelo que alimenta la violencia y la corrupción en toda nuestra comunidad global. El Acuerdo con las FARC incluye el compromiso de este grupo de romper cualquier vínculo con el negocio de las drogas, y de contribuir a combatirlo. Pero el narcotráfico es un problema global y requiere una solución global que parta de una realidad inocultable: la Guerra contra las Drogas NO SE HA GANADO, ni se está ganando. No tiene sentido encarcelar a un campesino que siembra marihuana, cuando –por ejemplo– hoy es legal producirla y consumirla en 8 estados de los Estados Unidos. La forma como se está adelantando la guerra contra las drogas es igual o incluso más dañina que todas las guerras juntas que hoy se libran en el mundo. ES HORA DE CAMBIAR NUESTRA ESTRATEGIA. En Colombia, también nos han inspirado las iniciativas de Malala, la más joven receptora del Premio Nobel, pues sabemos que solo formando las mentes, a través de la educación, podemos transformar la realidad. Somos el resultado de nuestros pensamientos; pensamientos que crean nuestras palabras; palabras que crean nuestras acciones. Por eso tenemos que cambiar desde adentro. Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz y convivencia; tenemos que cambiar la cultura de la exclusión por una cultura de inclusión y tolerancia. Y, hablando de coexistencia, también hemos aprendido del exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore y del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en su empeño por preservar el planeta. Qué bueno poder decir que el fin del conflicto en Colombia –el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado– traerá importantes dividendos ambientales. Al reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos legales, la deforestación generada para sembrar coca disminuirá. Además, ya no se verterán millones de barriles de petróleo a nuestros ríos y mares por causa de atentados a la infraestructura petrolera. En conclusión: el proceso de paz de Colombia que se premia hoy en Oslo es la síntesis y el resultado de muchos esfuerzos positivos que se han realizado a través de la historia y alrededor del mundo, y que han sido valorados y exaltados por este Comité del Nobel. Apreciados amigos: En un mundo en que los ciudadanos toman las decisiones más cruciales –para ellos y para sus naciones– empujados por el miedo y la desesperación, tenemos que hacer posible la certeza de la esperanza. En un mundo en que las guerras y los conflictos se alimentan por el odio y los prejuicios, tenemos que encontrar el camino del perdón y la reconciliación. En un mundo en que se cierran las fronteras a los inmigrantes, se ataca a las minorías y se excluye a los diferentes, tenemos que ser capaces de convivir con la diversidad y apreciar la forma en que enriquece nuestras sociedades. A fin de cuentas, somos todos seres humanos. Para quienes somos creyentes, somos todos hijos de Dios. Somos parte de esta aventura magnífica que significa estar vivos y poblar este planeta. Nada nos diferencia en la esencia: ni el color de la piel, ni los credos religiosos, ni las ideologías políticas, ni las preferencias sexuales. Son apenas facetas de la rica diversidad del ser humano. Despertemos la capacidad creadora para el bien, para la construcción de la paz, que reside en cada alma. Al final, somos un solo pueblo y una sola raza, de todos los colores, de todas las creencias, de todas las preferencias. NUESTRO PUEBLO SE LLAMA… EL MUNDO. Y NUESTRA RAZA SE LLAMA… HUMANIDAD. Si entendemos esto, si lo hacemos parte de nuestra conciencia individual y colectiva, entonces podremos cortar la raíz misma de los conflictos y de las guerras. En 1982 –hace 34 años– comenzaron los esfuerzos para alcanzar la paz de Colombia mediante el diálogo. Ese mismo año, en Estocolmo, Gabriel García Márquez –quien fue mi aliado en la búsqueda de la paz– recibió el Premio Nobel de Literatura, y habló de “una nueva y arrasadora utopía de la vida (…) donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”. Hoy Colombia –mi amado país– está disfrutando de esa segunda oportunidad, y les doy las gracias, miembros del Comité Noruego del Nobel, porque en esta ocasión no solo premiaron un esfuerzo por la paz… ¡Ustedes ayudaron a hacerla posible! El sol de la paz brilla –por fin– en el cielo de Colombia. ¡QUE SU LUZ ILUMINE AL MUNDO ENTERO!
La vicepresidenta del Comité Noruego del Nobel,Berit Reiss, en la entrega del galardón al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que, aunque será entregado al jefe de Estado, “se debe entender como un tributo al pueblo colombiano”. “El premio va destinado al presidente Santos únicamente, pero también se debe entender como un tributo al pueblo colombiano – un pueblo que a pesar de grandes penurias e innumerables abusos nunca ha perdido la esperanza de una paz justa. Hay muchas partes que han contribuido al proceso de la paz de diferentes maneras y que merecen nuestro agradecimiento y homenaje el día de hoy, entre ellos los negociadores, facilitadores, diplomáticos, políticos incansables y obviamente los líderes de ambos lados del conflicto. Nuestro tributo corresponde más que todo a los representantes de las víctimas de la guerra civil, de las cuales varios están presentes hoy día”, destacó Reiss. Tras hacer un recuento de los más de 50 años de guerra en Colombia, la vicepresidenta del Comité del Nobel destacó que “ahora parece que finalmente este conflicto cruel pronto va a pertenecer al pasado”. Además, habló sobre el resultado negativo del plebiscito, en el que el proceso de paz con las Farc estuvo en riesgo. “Señor presidente, cuando se conoció el resultado del plebiscito, muchos observadores opinaron que sería demasiado temprano darle el Premio Nobel de la Pazo este año. Recomendaron más bien al Comité del Nobel esperar un año para ver si el proceso de paz realmente logra crear la paz. Sin embargo, el comité lo vio de manera diferente. En nuestra opinión no teníamos ningún tiempo para perder”, reveló. “Todo lo contrario, el proceso de la paz se encontraba en un peligro inminente de fracasar y necesitaba todo el apoyo internacional que podía recibir. Además, estábamos nosotros completamente convencidos de que Usted, Sr. Presidente, siendo el líder más elevado de Colombia, tenía que ser el que haría avanzar el proceso de paz. El desarrollo en las semanas que han pasado desde el anuncio del Premio de Paz del año en curso de ninguna manera ha debilitado nuestra convicción en este punto”, añadió. Finalmente, explicó que el Nobel se refiere a tres tipos de trabajo de paz: “la contribución a la fraternidad entre los pueblos, la abolición o reducción de los ejércitos existentes o la celebración y promoción de congresos de paz. En el premio de paz del año en curso entran todas estas formas de trabajo de paz”. “El proceso de paz ya ha contribuido a la fraternidad entre diferentes grupos de gentes de Colombia. La guerra civil también ha sido una fuente de tensión entre Colombia y otros países de la región. Si se termina para siempre la guerra civil, esto podrá fortalecer la fraternidad de los pueblos a través de las fronteras nacionales del continente americano”, finalizó. Este es el discurso de la vicepresidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss, en la entrega del galardón al presidente Juan Manuel Santos: Sus Majestades, sus Altezas Reales, Sr. Presidente, sus Excelencias, honorables invitados, damas y caballeros: El Comité Noruego del Nobel ha decidido dar el premio Nobel de la Paz de 2016 al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos por sus esfuerzos resolutos y valientes para poner fin a la guerra civil del país de más de 50 años de duración. El conflicto armado entre las autoridades de Colombia, los grupos guerrilleros revolucionarios de las FARC y del ELN además de diferentes grupos paramilitares es la guerra civil de nuestro tiempo de más larga duración. Los costos humanos y materiales del conflicto son casi inconcebibles y son difíciles de calcular. Los números solamente nos pueden dar una idea vaga, aunque horrorosa de la envergadura de los sufrimientos y de cómo la guerra ha caracterizado la vida de varias generaciones de colombianos todos los días. Desde que irrumpieron las primeras confrontaciones militares en mayo de 1964 y hasta que el cese fuego bilateral entró en vigor este verano, más de 220 000 colombianos han perdido la vida como consecuencia directa del conflicto. Cuatro de cinco de los asesinados han sido civiles no beligerantes. Además, algo entre cinco y siete millones de colombianos han sido forzados a refugiarse – de los cuales muchos más tarde han vivido como “habitantes desplazados” dentro en su propio país. Un informe detallado de investigación fue presentado por el Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia en 2013. Muestra que desde el inicio de los años 1980 han tenido lugar cerca de 2.000 masacres de civiles en Colombia. Más de 1.000 de estos asesinatos masivos habrían sido ejecutados por grupos paramilitares luchando contra los insurgentes, cerca de 350 por las guerrillas de las FARC o del ELN y cerca de 300 por las fuerzas de seguridad colombianas. Por su parte, la guerrilla beligerante estaba detrás de la mayoría de los muchos secuestros que aterrorizaron la sociedad colombiana desde 1995 hasta 2005. Durante aquel decenio ocurrieron en promedio un nuevo secuestro cada 8 horas. La guerrilla utilizó los secuestros y el tráfico de droga cada vez más expandido para financiar su guerra. Desde hace mucho tiempo Colombia es el productor de cocaína más grande del mundo. Las consecuencias sociales y de salud del tráfico de droga es una tragedia en sí, con consecuencias mucho más allá de las fronteras de Colombia. Ahora parece que finalmente este conflicto cruel pronto va a pertenecer al pasado. Señor Presidente: Usted tomó la iniciativa para las negociaciones que resultaron en el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC más temprano este otoño. Esta fue una iniciativa que requirió coraje político considerable y gran perseverancia. La iniciativa de fundamentaba en una convicción de que las negociaciones eran el único camino a tomar para crear un mejor futuro para su pueblo. Después de que se dijo no al acuerdo en un plebiscito el 2 de octubre con una mayoría pequeña, usted declaró que no iba a renunciar, pero que iba a seguir trabajando con todas sus fuerzas para terminar la guerra civil. Usted se dio cuenta, como muchos otros, de que el pueblo colombiano no había votado no a la paz, pero al acuerdo que les fue presentado. En esta situación crítica Usted invitó a un amplio diálogo nacional con miras a alcanzar un acuerdo que también podía obtener el apoyo de los críticos. El acuerdo ya se ha renegociado. Aunque el segundo acuerdo también ha sido objeto de críticas, varios de los puntos polémicos del primer acuerdo se han cambiado y se han hecho las bases para un compromiso nacional histórico. Usted ha sido promotor durante todo este proceso de paz. Señor Presidente, cuando se conoció el resultado del plebiscito, muchos observadores opinaron que sería demasiado temprano darle el Premio Nobel de la Pazo este año. Recomendaron más bien al Comité del Nobel esperar un año para ver si el proceso de paz realmente logra crear la paz. Sin embargo, el comité lo vio de manera diferente. En nuestra opinión no teníamos ningún tiempo para perder. Todo lo contrario, el proceso de la paz se encontraba en un peligro inminente de fracasar y necesitaba todo el apoyo internacional que podía recibir. Además, estábamos nosotros completamente convencidos de que Usted, Sr. Presidente, siendo el líder más elevado de Colombia, tenía que ser el que haría avanzar el proceso de paz. El desarrollo en las semanas que han pasado desde el anuncio del Premio de Paz del año en curso de ninguna manera ha debilitado nuestra convicción en este punto. Al darle el Premio Nobel de la Paz de 2016 al Presidente Juan Manuel Santos, el Comité Noruego del Nobel ha deseado alentarle a él y a todos los que trabajan para obtener paz, reconciliación y justicia en Colombia a no rendirse. Los compromisos políticos rara vez son perfectos en su equilibro. Los acuerdos de paz son especialmente difíciles de equilibrar. Sin embargo, es nuestra esperanza fervorosa que el acuerdo renegociado que ya se ha firmado por las partes y ha sido ratificado por el Congreso, represente una solución que le pueda dar al pueblo de Colombia paz y desarrollo positivo. Señor Presidente, después del plebiscito usted subrayó que iba a seguir trabajando por la paz hasta su último día en el cargo “porque es la manera para dejarle un mejor país a nuestros hijos”. Niños menores de 15 años constituyen el 23 por ciento de la población de Colombia, es decir más de 11 millones de personas. Alumbrar una esperanza en estos 11 millones de pares de ojos infantiles y en las personas cercanas a ellos sería la inversión mejor pensada con miras a un futuro pacífico para su pueblo. Señoras y señores, la historia del Premio de la Paz muestra que existen muchos caminos hacia la paz. Con el Premio de Paz del año en curso al Presidente Juan Manuel Santos el Comité Noruego del Nobel desea rendir homenaje a él y a todos los que han contribuido a delinear lo que podemos llamar el camino colombiano hacia la paz. El proceso de paz en Colombia tiene tres características claras que pueden servir como inspiración para procesos parecidos en otros países. Una es la voluntad de ver y reconocer los hechos incómodos y dolorosos para dar las bases para una reconciliación nacional. Durante demasiado tiempo los recuerdos de las víctimas de abusos, asesinatos y delitos fueron o bien un tabú – o una fuente adicional de contienda y enemistad entre las partes. El deseo creciente de paz en la población nunca podría haber hecho realidad sin romper este círculo vicioso. Dos pasos importantes en la dirección correcta se tomaron con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y la publicación del informe de investigación “Basta Ya” de este centro en 2013 – que en detalle documentaba la envergadura de las atrocidades de la guerra civil. Señor Presidente, cuando le entregaron el informe, usted expresó que representaba “una primera ventana hacia la verdad que les debemos a las víctimas de este país”. La segunda característica de la vía colombiana hacia la paz es la colaboración de las víctimas y de sus representantes. Las negociaciones entre el Gobierno y las FARC han sido precursores al dar a los representantes de las víctimas la posibilidad a atestiguar sobre sus historias horrendas con la presencia de las partes – y a confrontar a los abusadores de todos los lados del conflicto. Inspirados de entre otros el proceso de paz y reconciliación llevado a cabo en Sur-África, las partes han reconocido que una paz duradera debe cuidar de los derechos y dignidad de las víctimas y adecuar para que la verdad salga a la luz y que los perpetradores se hagan responsables y admiten su culpabilidad. En relación con lo mismo deseo hacer honor al líder de la guerrilla de las FARC Rodrigo Londoño por haber lamentado tan claramente y sin reserva los padecimientos que las FARC han causado a la población civil y ha pedido el perdón del pueblo colombiano. Este es un ejemplo a seguir. La tercera característica de este proceso de paz es que las partes han sido condescendientes a los críticos al invitar a un amplio diálogo nacional. Eso trata especialmente del tiempo después del plebiscito, cuando el presidente Santos tendió la mano a los que habían dicho no, al mismo tiempo que el líder de la guerrilla de las Farc aseguró que las Farc iban a seguir las negociaciones y “usar solamente las palabras como armas de construcción hacia el futuro”. Me atrevo a creer que esto nos cuenta que el proceso nacional de reconciliación ya está bien iniciado. Sin embargo, falta un largo camino por recorrer. Después de más de 50 años con un conflicto amargo, uno no puede esperar obtener reconciliación auténtica de la noche a la mañana. El superar la desconfianza profunda y el sentimiento de estar excluido es una tarea formidable. Por lo tanto, invitamos a todos los colombianos a seguir el diálogo nacional y seguir en el camino hacia la reconciliación. Damas y caballeros, el testamento de Alfred Nobel se refiere a tres tipos de trabajo de paz diferentes que pueden calificar para el premio Nobel de la Paz: la contribución a la fraternidad entre los pueblos, la abolición o reducción de los ejércitos existentes o la celebración y promoción de congresos de paz. En el premio de paz del año en curso entran todas estas formas de trabajo de paz. El proceso de paz ya ha contribuido a la fraternidad entre diferentes grupos de gentes de Colombia. La guerra civil también ha sido una fuente de tensión entre Colombia y otros países de la región. Si se termina para siempre la guerra civil, esto podrá fortalecer la fraternidad de los pueblos a través de las fronteras nacionales del continente americano. El premio de la paz de este año trata también en un alto grado de la abolición o reducción de los ejércitos existentes, es decir el desarme y control de armas. Se va a hacer el desarme de cerca de 7000 soldados de las FARC. La entrega y destrucción de las armas ocurrirán bajo la vigilancia de la ONU. Es de esperar que un desarme de la guerrilla del ELN basado en un acuerdo también se logrará pronto. Aunque el desarme hasta el presente primero que todo trata de la guerrilla de las FARC, es la esperanza del Comité que el acuerdo de paz también hará posible para Colombia reducir sus gastos militares y al hacerlo liberar recursos económicos que se pueden emplear para construir paz y bienestar en la sociedad colombiana. Y finalmente: las deliberaciones largas e intensas que el Gobierno colombiano ha tenido con la guerrilla de las FARC y los representantes de las víctimas con la asistencia de facilitadores internacionales como Cuba y Noruega, de muchas maneras han funcionado como un congreso nacional de paz continuo.Por lo tanto, el premio de paz al presidente Santos llena en sumo grado los criterios y cumplen con el espíritu del testamento de Alfred Nobel. El conflicto de más de 50 años de Colombia es complejo y el país está enfrentando una serie de grandes problemas que se tienen que solucionar. Esto tomará tiempo, pero es más importante todavía iniciar pronto. Solamente a través de la paz va a ser posible darle prioridad a la educación y otras medidas importantes que pueden asegurarle al país un desarrollo positivo y sostenible. Es la esperanza del Comité del Nobel que el pueblo de Colombia en los años venideros coseche los frutos del proceso de paz y reconciliación en curso de tal manera que el país pueda enfrentar con plena fuerza los grandes retos como la pobreza, la injusticia social y la delincuencia de la droga. Señor Presidente: al otorgarle el premio de paz de este año, el Comité del Nobel no solamente desea celebrar los resultados ya obtenidos a través del proceso de paz, pero igualmente desea fortalecerle a usted y a las personas en su alrededor en la situación tan exigente que surgió después del plebiscito. Es con alivio y satisfacción que hoy día podemos constatar que su ambición expresada de poder viajar a Oslo con un nuevo acuerdo de paz en el equipaje, se ha cumplido. Tal vez la adjudicación del Premio Nobel de la Paz ha contribuido positivamente para darle a usted y al proceso de paz un poco de empuje adicional en estas semanas críticas. Es además la esperanza del Comité de que sea una inspiración para todos los colombianos cuando ahora inician la implementación del acuerdo y construyan una paz duradera y justa. Damas y caballeros, es demasiado requerir el perdón de las atrocidades y padecimientos de la envergadura que hemos visto en Colombia. Nadie le puede pedir a una víctima que él o ella perdone a su perpetrador. Pero al dejar las memorias abiertas, al dejar que tanto las víctimas como los perpetradores cuenten sus historias, también se dan las bases para la reconciliación. Es eso que podemos denominar “el trabajo de la memoria”. Es un proceso doloroso, pero puede hacer posible dejar lo malo atrás y construir un mejor futuro en comunidad. El diploma del premio Nobel de este año, que tienen retratado en el programa delante suyo, trata justamente de esto: “El motivo puede parecer ser un beso” ha contado el artista Willibald Stron, “pero para mí la imagen trata del perdón”. Déjenme al final citar a otro ganador del Premio Nobel, el obispo Desmond Tutu, que ha expresado esto de una manera que entra directamente en la situación actual de Colombia: “Perdonar y ser reconciliado con nuestros enemigos o con nuestros seres queridos no trata de pretender que las cosas sean diferentes de lo que son… La verdadera reconciliación expone el horror, el abuso, el sufrimiento, la verdad… Es arriesgado emprenderlo, pero al final vale la pena, porque al final solamente una confrontación honesta con la realidad puede traer curación verdadera”.
La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional no referirse en ninguna circunstancia a la legalidad del Fast Track y de las facultades del presidente Santos para emitir decretos con fuerza de ley para refrendar los acuerdos de paz con las Farc. De esta forma, la procuradora encargada Martha Castañeda, comentó sobre la falta de certeza que hay en los argumentos que presentó el Centro Democrático para derrocar el artículo 5 en la demanda contra el acto legislativo para la paz. *Escuche en este audio más noticias sobre: -En Norte de Santander preparan un Consejo de Seguridad tras la masacre de cuatro personas en el Catatumbo -Tres hombres disfrazados de policías intentaron robar y secuestrar a un comerciante en un sector de Puerto Colombia, Barranquilla -Barack Obama pidió una investigación completa de los ciberataques que tuvieron lugar durante el ciclo electoral de 2016
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.