El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
La Contraloría General de la República evidenció presuntos giros injustificados por $23.426 millones a prestadores de servicios de salud en medio de la intervención forzosa a Asmet Salud EPS, según los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la entidad durante las vigencias 2023 y 2024.De acuerdo con el organismo de control, en total se determinaron hallazgos fiscales por $24.849 millones relacionados con la gestión administrativa, contractual y financiera de la EPS, en el manejo de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.El principal hallazgo corresponde a pagos autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., designada como interventora por la Superintendencia Nacional de Salud. Según la auditoría, la firma habría modificado de manera injustificada e ilegal los montos aprobados para giro directo a la red prestadora.Aunque Asmet Salud certificó la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, la Contraloría estableció que a 74 de ellos se les giraron valores superiores a los autorizados. A la fecha, se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, pero aún permanecen pendientes por recuperar $23.426 millones.Si bien la EPS señaló que no autorizó dichos pagos y que estos obedecieron a decisiones de la interventoría, además de haber informado la situación a la Superintendencia, el ente de control indicó que no encontró evidencia de acciones administrativas o judiciales emprendidas por la entidad contra la firma interventora para recuperar los recursos públicos.En 2024, la EPS solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores involucrados. Sin embargo, de los 74 implicados, solo 64 fueron citados: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 mantienen procesos suspendidos, lo que ha frenado el avance en la recuperación efectiva del dinero.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la condena contra el abogado Orlando Soto Uribe y el exsecretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe, por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con el despojo de tierras en Santander.El fallo ratificó la decisión de primera instancia al establecer que ambos participaron en irregularidades dentro del proceso de adición a la partición del predio conocido como “El Tamarindo". El terreno está ubicado en la vereda Palogordo, en jurisdicción de Girón.Según la sentencia, Soto Uribe inició y tramitó una demanda de adición a la sucesión sin contar con un poder legalmente conferido para ese fin. Por su parte, Ospino Villafañe, en su condición de secretario del despacho judicial, dio curso al proceso pese a la ausencia de los soportes legales requeridos, lo que permitió que avanzara de manera expedita.De acuerdo con lo probado en juicio, estas actuaciones derivaron en la apropiación ilegítima de tierras y en el desplazamiento de familias campesinas que eran propietarias del predio, entre ellas la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.Para Leslie Amaya, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, la decisión representa “una victoria histórica” tras más de 20 años de lucha judicial. “Las familias fueron desplazadas y despojadas de sus tierras. Esta condena reconoce que el proceso se inició, tramitó y culminó sin que existiera un poder válido, y que desde el despacho judicial se facilitó que se materializara el despojo”, señaló.La abogada explicó que, tras concretarse el control del predio, las tierras fueron vendidas a terceros, entre ellos personas cercanas a quienes promovieron el proceso. En el contexto de este conflicto también se registraron amenazas, hostigamientos y hechos violentos, incluidos los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián.La sentencia de segunda instancia aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la condena quede en firme, las familias esperan avanzar en los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para corregir las escrituras y recuperar formalmente las tierras.
A pocos días de las consultas interpartidistas, la encuesta más reciente de Invamer revela un resultado contundente en la consulta del Frente por la Vida: Daniel Quintero aparece con una ventaja amplia sobre Roy Barreras en intención de voto. Según el sondeo analizado en Blu Radio, el exalcalde de Medellín triplica al exsenador y se perfila como el virtual ganador dentro de este bloque político.De acuerdo con los resultados, Quintero registra el 68,1 % de la intención de voto, mientras Roy Barreras alcanza el 23 %. Los demás candidatos quedan muy rezagados: Edison Lucio Torres con 4,2 %, Marta Viviana Bernal con 2,7 % y Héctor Elías Pineda con 2 %. Este escenario posiciona a Quintero como el claro favorito en una consulta que podría convocar cerca de 830.000 votantes, según las proyecciones derivadas de la encuesta.El voto de opinión, principal fortaleza de Daniel QuinteroUno de los factores clave que explican la ventaja de Daniel Quintero es el peso del voto de opinión. Según explicó el gerente de Invamer, Martín Orozco, las encuestas reflejan principalmente la intención de voto de ciudadanos, no la influencia de las estructuras políticas o maquinarias.Esto significa que, en el terreno de la percepción ciudadana, Quintero tiene una ventaja significativa. Su perfil, asociado a un liderazgo más reciente y con fuerte presencia mediática, parece conectar con un segmento importante del electorado que participaría en la consulta.Además, el balance entre imagen favorable y desfavorable también juega a su favor. Mientras Quintero tiene una percepción relativamente equilibrada (19 % favorable frente a 20 % desfavorable), Roy Barreras enfrenta una situación más compleja: su imagen desfavorable alcanza el 34 %, frente a solo un 12 % de favorabilidad. Este contraste sugiere que Barreras genera mayor rechazo relativo entre los votantes.Otro elemento que influye en los resultados es la percepción sobre la trayectoria política de Roy Barreras. Analistas señalan que su paso por diferentes sectores políticos podría estar afectando su credibilidad ante una parte del electorado.Este fenómeno, conocido popularmente como “voltearepismo”, ha sido históricamente castigado por los votantes colombianos. La percepción de falta de coherencia ideológica puede generar desconfianza, especialmente en consultas donde predomina el voto de opinión y no el voto disciplinado por partidos.En contraste, Quintero parece capitalizar una imagen más definida dentro de su electorado potencial, lo que le permite consolidar un apoyo más sólido en la encuesta.A pesar de la ventaja de Quintero, el panorama aún no está completamente definido. La encuesta muestra que cerca del 44 % de quienes participarían en las consultas interpartidistas todavía no saben por quién votar. Este grupo será determinante en el resultado final.En términos absolutos, si votan cerca de 830.000 personas en esta consulta, las proyecciones indican que Quintero podría obtener entre 600.000 y 650.000 votos, mientras Barreras alcanzaría cerca de 200.000. Sin embargo, expertos advierten que estos números podrían cambiar dependiendo del impacto de las campañas en los días previos y del funcionamiento de las maquinarias políticas.La maquinaria política, el principal reto para QuinteroA diferencia de Quintero, Roy Barreras cuenta con una amplia trayectoria política y redes en diferentes regiones del país. Estas estructuras podrían movilizar votantes el día de la consulta, un factor que las encuestas no logran medir completamente.Barreras tiene aliados políticos con presencia en departamentos clave como Atlántico, Valle del Cauca y La Guajira, lo que podría aumentar su votación real frente a la intención registrada en el sondeo.Sin embargo, el hecho de que el propio impulsor de la consulta esté en segundo lugar refleja una debilidad significativa en el terreno del respaldo ciudadano espontáneo.El resultado de esta consulta será decisivo para definir el liderazgo dentro del Frente por la Vida y el rumbo político de este sector. Si se mantienen las tendencias actuales, Daniel Quintero no solo ganaría la consulta, sino que consolidaría su posición como figura principal dentro de este bloque.No obstante, el alto número de indecisos y el peso de las maquinarias políticas dejan abierta la posibilidad de cambios en el resultado final. Por ahora, la encuesta de Invamer ofrece una fotografía clara: Daniel Quintero lidera ampliamente la intención de voto, mientras Roy Barreras enfrenta el desafío de revertir una desventaja significativa en el terreno del voto de opinión.Las consultas, como coinciden los analistas, son apenas la primera etapa de una carrera política que apenas comienza a definirse.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
Las lluvias y las tragedias siguen persiguiendo al Urabá antioqueño y esta vez dos personas desaparecidas en diferentes afluentes de la subregión son la preocupación más grande que tienen las autoridades que llevan más de 24 horas intentando encontrar pistas sobre el paradero de ambas personas.El primero caso es el de una tragedia familiar que se vive en el municipio de Turbo en donde Nayibe de 61 años y su nieta María Elena de 6 años cayeron al río Currulao luego de que la garrucha en donde se movilizaba se reventara y las arrojara al afluente.La búsqueda que empezó de inmediato dio con la pronta ubicación del cuerpo de la adulta, mientras que aún se busca a la menor de edad. El alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, se refirió al peligro de intentar pasar por este tipo de afluente durante esta época."Estamos haciéndole un llamado a la gente que tengamos muchas precauciones, sobre todo con estas crecientes que aparecen de manera repentina y que son difíciles de controlar", advirtió.Pero no es la única situación que trasnocha a las autoridades en el Urabá antioqueño, ya que en el municipio de Carepa cayó a otro afluente Félix de 22 años y quien, al parecer, fue arrastrado por la corriente de un río que estaba crecido debido a las fuertes lluvias de las últimas horas en esa zona de Antioquia.Por ahora en ambos puntos del Urabá antioqueño se mantienen activos los frentes de búsqueda, explicando las autoridades que las labores se pueden complicar debido a las condiciones climáticas que han generado riesgos en los afluentes, lo que eventualmente hace que la labores en terrenos sean mucho más complicadas.
El presidente Juan Manuel Santos destacó en Oslo la importancia del Nobel de la Paz, que este sábado recibirá en la capital noruega, para impulsar un acuerdo definitivo con la guerrilla de las Farc y señaló como principal reto que este sea implementado de la forma más rápida posible. "Vino como caído del cielo. Fue una gran ayuda para mí, los negociadores y para todo el pueblo colombiano", dijo Santos sobre un galardón que dio "un enorme impulso" a un proceso golpeado días antes por el triunfo del "no" en el referendo popular sobre el primer acuerdo. El premio renovó la esperanza de lograr lo que parecía "un sueño imposible" unos años antes, explicó el mandatario, quien resaltó el diálogo abierto tras el plebiscito para incorporar las observaciones de los detractores y cerrar un nuevo pacto, refrendado el 30 de noviembre por la Cámara de Representantes. Santos se mostró confiado en que la Corte Constitucional dé luz verde este lunes a la vía rápida para su implementación, de modo que los colombianos puedan ver pronto los beneficios de un acuerdo que calificó de único a nivel mundial, porque ambas partes acceden a una justicia transicional no impuesta por terceros. El presidente llegó a Oslo acompañado por una comitiva de treinta invitados especiales, entre ellos víctimas del conflicto armado y miembros de su equipo negociador, pero ningún representante de las Farc estará en la capital noruega. Su ausencia obedece a los procesos legales que contra ellos hay todavía en Colombia y a que la guerrilla es considerada aún un grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, por lo que un viaje a Oslo podría haber resultado problemático, también para Noruega. Pero estarán "en corazón y espíritu", dijo Santos en el Instituto Nobel, donde estuvo acompañado por su director, Olav Njølstad, y por la vicepresidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, sustituta de la dirigente de este organismo, Kaci Kullmann Five, que estará ausente de todo el programa de actos por enfermedad. Santos resaltó el compromiso de las FARC en la sustitución de los cultivos de coca en el campo, un paso para superar el coste medioambiental del conflicto, y aseguró que el Estado tiene los recursos para proteger a los guerrilleros cuando pasen a la política para que no se repita lo ocurrido con Unión Patriótica. "Era un país distinto, el Estado no controlaba el territorio, era un Estado fallido", dijo Santos aludiendo al exterminio sufrido por los integrantes de ese partido de izquierda en las décadas de 1980 y 1990. A Noruega, país garante del proceso pacificador junto a Cuba, le expresó Santos su "profundo agradecimiento", resaltando su apoyo durante décadas a las negociaciones de paz, de ahí que fuera lógica su participación desde la fase "secreta" de las últimas conversaciones, que se iniciaron un año y medio antes del anuncio oficial en octubre de 2012.
"Mañana tendremos doble celebración en Colombia; el mundo reconoce la perseverancia y esfuerzo del presidente Santos por buscar la paz del país, y al mismo tiempo, con la recepción de la medalla hecha con oro colombiano, estamos demostrando que podemos hacer una minería bien hecha que trascienda fronteras", dijo el ministro de Minas, Germán Arce, citado en un comunicado. La medalla fue elaborada con oro extraído por las cooperativas mineras Multiactiva Agrominera del municipio de Íquira, en el departamento del Huila, y Coodmilla de La Llanada en Nariño, que extraen el metal dorado a través de procesos libres de mercurio y cianuro, agregó la información. "Estos son dos casos de éxito de pequeños mineros que hacen parte del programa de formalización del Ministerio. Estamos demostrando que es posible tener una pequeña minería bien hecha, con altos estándares ambientales, técnicos, sociales y económicos", añadió Arce. Coodmilla cuenta con 160 asociados y emplea aproximadamente 300 personas, mientras que Multiactiva Agrominera cuenta con 35 asociados y emplea a aproximadamente 100 personas. Estos mineros producen unos 36.000 gramos de oro al año, según el Ministerio. Hasta septiembre pasado, Colombia produjo cerca de 46 toneladas de oro, exportadas en su mayoría a países de Europa y Asia. Santos recibirá este sábado en Oslo el Nobel de la Paz por su contribución a la terminación del conflicto armado en el país gracias al acuerdo de paz firmado con las Farc el pasado 24 de noviembre.
El embajador de Colombia en Noruega, Álvaro Sandoval, reveló detalles en Mañanas BLU de la ceremonia del Premio Nobel que recibirá el presidente Juan Manuel Santos este sábado como reconocimiento al proceso de paz con las Farc. Sandoval señaló que han sido meses de preparación y logística para la ceremonia que concederá el Premio Nobel de Paz al presidente Santos. “La ceremonia se inicia con el ingreso de los reyes y príncipes de Noruega, posteriormente el laureado acompañado de los miembros del comité del Premio Nobel”, dijo. Sandoval reveló que el primer discurso de la ceremonia será por parte del presidente del comité del Premio Nobel y con posterioridad lo hará el presidente laureado Juan Manuel Santos. En ese sentido, dijo que la organización tiene preparado un banquete en honor al Nobel de Paz mañana 10 de diciembre, fecha que en otras cosas coincide con la muerte de Alfred Nobel. Por otra parte, el embajador desmintió versiones que circulan por parte de la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal en donde asegura que supuestos estudiantes en Oslo estarían obligados a apoyar la ceremonia de premiación mediante marchas y manifestaciones.
En estas se evidencia que en las zonas no existe ningún tipo de servicio público y que no estarían acondicionadas para la llegada de los guerrilleros de las Farc, pero tampoco de los miembros de la ONU, específicamente de la comisión de Monitoreo y Verificación que estarían presentes durante el desarme de los guerrilleros. En días pasados, alias ‘Iván Márquez’ fue claro al decir que podrán movilizarse hasta cierto punto pero que no ingresaran a estas hasta que se tengan las condiciones que ya se habían pactado en la Habana Cuba con el Gobierno Nacional. De igual forma, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, reconoció ante la opinión pública que sí se tenían problemas en algunas zonas veredales y puntos transitorios.
El presidente Juan Manuel Santos, afirmó hoy en Oslo que la concesión del Nobel de la Paz, que recibirá mañana en el ayuntamiento de la capital noruega, fue "un regalo caído del cielo" y "un impulso tremendo" para las conversaciones con la guerrilla de las Farc. "Vino como caído del cielo. Fue una gran ayuda para mí, los negociadores y para todo el pueblo colombiano", dijo Santos en una rueda de prensa en el Instituto Nobel. Santos resaltó que la paz con las Farc era "un sueño imposible" hace apenas unos años y que el reto principal ahora es que el Estado coordine la implementación del acuerdo "lo antes posible". "La garantía principal es el apoyo de los colombianos, y creo que este aumentará cuando vean los beneficios del acuerdo", afirmó Santos, "muy feliz y honrado" por un premio que recogerá en nombre de todos los colombianos, sobre todo las víctimas, como ha reiterado en varias ocasiones desde que fue distinguido hace dos meses. El mandatario llegó a Oslo con una comitiva de treinta invitados especiales, entre ellos víctimas del conflicto armado y miembros de su equipo negociador, pero nadie de la guerrilla, una ausencia que explicó por los problemas legales derivados de que tanto la UE como Estados Unidos la considera aún un grupo terrorista. "No están aquí porque no quiero crear problemas a las autoridades noruegas, pensamos que no habría sido apropiado. Pero estarán en corazón y espíritu", declaró Santos, quien destacó que la UE está en trámites para sacar a las FARC de la lista de grupos terroristas y que "espera" que EEUU también lo haga. Pero negó que su Gobierno haya pedido a las autoridades estadounidenses la liberación del guerrillero Juvenal Ovidio Palmera, alias "Simón Trinidad", extraditado a ese país en 2004. Santos tuvo palabras de agradecimiento "profundo" para Noruega, país garante del proceso con Cuba, y resaltó su apoyo durante décadas al proceso colombiano y que había jugado un papel esencial durante la fase secreta previa a la mesa de diálogo creada en este país nórdico en octubre de 2012 y luego trasladada a La Habana. Similar procedimiento se ha empleado con la guerrilla del ELN, aunque las conversaciones que deben celebrarse en Ecuador no han comenzado por culpa de este grupo, aseguró el mandatario."Primero tienen que liberar a los rehenes. Dijeron que iban a hacerlo, pero aún no lo han hecho. Esperemos que cumplan pronto con lo que han prometido", afirmó. Santos reivindicó su etapa como ministro de Defensa en el Gobierno de Álvaro Uribe, cuando se impulsó una dura ofensiva contra las FARC, y consideró que había sido una condición "necesaria" para debilitar a la guerrilla y negociar desde una posición de fuerza. "A veces hay que hacer la guerra para hacer la paz. Fui muy efectivo, pero siempre con la Constitución en una mano y un fusil en la otra", aseguró. El proceso de paz colombiano recogió inspiración directa de otros, como el de Irlanda del Norte o el conflicto israelí-palestino, y ahora puede servir de ejemplo para otros, sostuvo Santos. "Nada es imposible. Si hay voluntad para lograr un acuerdo, se puede hacer, solo hay que crear las condiciones necesarias", dijo. Escuche más información sobre las siguientes noticias: -Blu Radio conoció imágenes de las zonas veredales en las cuales se ubicarán las Farc para su desarme, las cuales coinciden con la versión de las Farc en el sentido de que no estarían en condiciones dignas. -Desde Washington, el senador Álvaro Uribe insiste en sus críticas al proceso de paz, particularmente en el mecanismo de ‘fast track’ en revisión por la Corte Constitucional para acelerar la implementación de los acuerdos -Crecen las evidencias que demostrarían que la violación el asesinato de la niña Yuliana Andrea Samboní, no fue el único caso que involucra al arquitecto Rafael Uribe Noguera. -A las 10 de la mañana de este viernes Francisco Uribe Noguera tendrá que comparecer ante la Fiscalía, a una diligencia de interrogatorio, para establecer su supuesta responsabilidad en la alteración de la escena del crimen de la pequeña Yuliana Andrea Samboní. A las 2 de la tarde acudirá su hermana, Catalina, quien también habría participado en esa manipulación… -Hacía la 1 de la tarde será el sepelio de Yuliana Andrea en la Vereda El Tambo, al sur de Cauca… Habrá una inmensa caravana acompañando a sus familiares. -En buen estado de salud se encuentra la menor de 3 meses de nacida que fue raptada en el centro de Cali. Este viernes se adelantarán las audiencias a los implicados en el secuestro. -Falleció acróbata del circo de México en Armenia, al parecer, tras cometer un error con su motocicleta en el 'círculo de la muerte’. Sin embargo, la muerte del acróbata aún es materia de investigación. -La Secretaría de Movilidad en Bogotá dice que el nuevo centro comercial de Colina Campestre, en el noroccidente de la ciudad, está poniendo en riesgo la vida de sus visitantes y de quienes viven en el sector, porque no desarrollaron un plan de tráfico. -La ONU denunció que cientos de hombres sirios están desaparecidos después de pasar a áreas controladas por el régimen sirio en la localidad de Alepo y tras ser separados de sus mujeres e hijos. -Una encuesta en Venezuela revela que el 50% de los venezolanos están insatisfechos por el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.