En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Augusto Cardi, un ciudadano argentino que recorre América Latina en bicicleta, denunció públicamente que fue víctima de un robo mientras se encontraba en Bogotá, hecho que lo dejó sin documentos, dinero ni pertenencias esenciales para continuar su travesía, la cual ya superaba los 10.000 kilómetros.El viajero compartió su testimonio a través de redes sociales, donde relató los momentos de angustia que vivió tras el hurto de su mochila, en la que llevaba no solo objetos materiales, sino también elementos fundamentales para seguir su recorrido por el continente.“Muchas gente me escribió diciéndome que era un guerrero, un toro… este video muestra lo chiquito e indefenso que me sentí cuando me robaron. No fue solo la mochila, fueron todas las ilusiones que tenía ahí adentro y que venía cargando hace más de 10.000 km”, expresó el ciclista en su publicación.Según su relato, el robo ocurrió en horas de la madrugada. A las 6:15 a.m., aún afectado por la situación, envió un video a un amigo buscando apoyo emocional, mientras enfrentaba la incertidumbre de encontrarse en un país extranjero sin recursos. “No sabía qué hacer, estaba en un país extranjero sin documentos, sin plata y sin manera de generarla. Estaba en la lona”, escribió.El impacto emocional fue inmediato. El ciclista describió las horas posteriores como caóticas, marcadas por la desesperación y la incertidumbre. “Le metí pedal como si no hubiera un mañana y sobrepensé mil problemas que todavía no tenía. Pensaba que el mundo conspiraba en mi contra, que era injusto”, señaló.Sin embargo, con el paso de las horas logró reorganizarse. Indicó que interpuso la denuncia correspondiente y encontró alternativas para acceder a dinero, lo que le permitió estabilizar su situación básica. “Ya tenía la denuncia hecha y encontré la manera de retirar dinero, de hambre no iba a morir”, explicó.El viajero también destacó la solidaridad de las personas que conocieron su caso, muchas de las cuales le enviaron mensajes de apoyo e incluso ofrecieron ayuda concreta. Ese respaldo, aseguró, fue clave para recuperar la calma y mantener su motivación.“Hoy estoy mejor, sé que de a poco las cosas se van a solucionar. Sin dudas este viaje me cambió la vida y esta va a ser una anécdota más”, afirmó.El argentino reflexionó además sobre la dualidad de su experiencia, reconociendo que, aunque el robo representó uno de los momentos más difíciles de su travesía, también ha encontrado gestos de humanidad que fortalecieron su decisión de continuar.“El mundo es un lugar maravilloso lleno de gente buena dispuesta a ayudar, pero a veces podés tener mala suerte”, concluyó.El caso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y otros viajeros han manifestado su preocupación por la seguridad de quienes recorren la región en bicicleta, así como su respaldo al ciclista argentino para que pueda continuar su viaje por el continente. El propio viajero aseguró que, pese a las dificultades, seguirá adelante con su proyecto, impulsado por el apoyo recibido y la convicción de completar su recorrido.
Este 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras, una jornada internacional orientada a generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan quienes conviven con estas patologías. Aunque individualmente son poco frecuentes, en conjunto afectan a cerca de 300 millones de personas en el mundo, lo que las convierte en un reto significativo para los sistemas de salud.En respuesta a esta problemática, la Organización Mundial de la Salud adoptó en mayo de 2025 una resolución considerada histórica, en la que instó a los países a fortalecer el diagnóstico temprano, integrar estas enfermedades en la planificación sanitaria nacional y garantizar el acceso a tratamientos oportunos. El organismo también enfatizó la necesidad de impulsar la investigación y facilitar el acceso equitativo a terapias innovadoras, especialmente en contextos donde las alternativas son limitadas.Muchas de estas enfermedades aparecen desde la infancia y pueden generar consecuencias graves que afectan no solo la salud física, sino también la estabilidad emocional, social y económica de los pacientes y sus familias.LHON: una enfermedad rara que amenaza la visión en la juventudUna de las enfermedades raras que ha llamado la atención de los especialistas es la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (LHON), una condición genética que afecta directamente el nervio óptico y puede provocar pérdida severa de la visión central.La doctora María Cabarcas, presidente de la Asociación Colombiana de Neuro Oftalmología, define la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber, LHON, como una “enfermedad genética mitocondrial (la “batería” de la célula) que afecta principalmente al nervio óptico, provocando una pérdida rápida y marcada de la visión central, la que usamos para leer, reconocer caras y conducirEl mayor número de casos se presenta entre los 15 y 35 años, una etapa crucial en la formación académica y el desarrollo profesional. La detección temprana es clave para evitar complicaciones irreversibles. Entre las principales señales de alerta se encuentran:Aparición de visión borrosa o un punto ciego en el centro del campo visual.Dificultad para leer o reconocer rostros.Empeoramiento progresivo de la visión en cuestión de semanas.Compromiso del segundo ojo poco tiempo después del primero.Antecedentes familiares de pérdida visual súbita por línea materna.Además del deterioro visual, algunos pacientes pueden experimentar síntomas neurológicos adicionales. El impacto emocional también es considerable, ya que la pérdida de visión en edades tempranas puede afectar la autonomía, el acceso al estudio y las oportunidades laborales.Retrasos en tratamientos y barreras estructurales en ColombiaEl acceso a terapias innovadoras continúa siendo uno de los mayores desafíos. Según la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, representada por FIFARMA, los medicamentos destinados a enfermedades raras pueden tardar cerca de 44 meses en obtener aprobación en Colombia, un periodo prolongado si se tiene en cuenta el carácter progresivo de estas condiciones.A esto se suma que solo el 25 % de los tratamientos huérfanos disponibles a nivel global están accesibles en el país. Esta brecha reduce significativamente las opciones para los pacientes y puede acelerar el deterioro de su salud.Entre las principales barreras identificadas por expertos se destacan:Fragmentación en los mecanismos de financiación.Limitada inclusión de medicamentos en el Plan de Beneficios en Salud.Procesos administrativos complejos que retrasan autorizaciones.Diferencias entre la aprobación internacional y la disponibilidad nacional.Inestabilidad financiera del sistema de salud.Estas dificultades pueden traducirse en interrupciones en los tratamientos, afectando directamente la calidad de vida de los pacientes.Pacientes piden equidad y acceso sin obstáculosDesde organizaciones de pacientes como la Asociación de Enfermedades de Depósito Lisosomal (ACOPEL), el llamado es claro: garantizar el acceso equitativo a terapias no debe ser un privilegio, sino un derecho. Estas asociaciones advierten que existen casos en los que pacientes colombianos no pueden acceder a tratamientos disponibles en otros países, lo que incrementa el riesgo de discapacidad permanente.Silvana Lay, directora de Acceso y Asuntos Públicos en FIFARMA, señala que “el acceso a terapias innovadoras para Enfermedades Raras en Colombia enfrenta desafíos específicos frente a otras áreas terapéuticas. En primer lugar, persisten brechas en los tiempos de acceso.Aunque Colombia cuenta con normas que reconocen a las personas con enfermedades raras como sujetos de especial protección, los voceros señalan que persisten barreras administrativas y financieras que dificultan la aplicación efectiva de estas garantías.En el marco del Día de las Enfermedades Raras 2026, especialistas y organizaciones coinciden en que es urgente fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud, reducir los tiempos de acceso a terapias y priorizar la atención integral. Para miles de pacientes, el acceso oportuno al tratamiento no solo representa una mejora médica, sino la posibilidad de preservar su independencia, su proyecto de vida y su bienestar emocional.
Bajo el legado de otros artistas, apareció una nueva generación de cantantes en Puerto Rico que han comenzado a liderar la escena desde los últimos meses, en especial de la mano del trap, un género que, poco a poco, también se ha adaptado en las listas de reproducción en Colombia con Kris R u otros. Por eso, se volvió habitual ver en Colombia ver artistas de esta nueva de PR en donde llegan a hacer conciertos o a colaborar con talentos nacionales y, ante ese buen momento, uno de ellos visitará el país: ROA, que si bien lo hecho en colaboraciones o como invitado, este será su primer show en solitario.ROA, o Gilberto Figueroa como es su nombre de pila, estará presentándose en Bogotá el 15 de mayo en el Royal Center en el marco de su primera gira en solitario por Latinoamérica. Allí, interpretará sus canciones y, además, algunas colaboraciones con artistas como Jay Wheeler, Blessd, Kris R, Omar Courtz, entre otros.ROA cuenta con tres EPs titulados Private Suite Vol. 1, Private Suite Vol. 2 y Private Suite Vol. 3, un proyecto conceptual que consolidó en una compilación lanzada a finales del año pasado, reafirmando la coherencia de su universo sonoro. En estas producciones, ROA explora el trap en su estado más puro: beats contundentes, letras directas y una atmósfera envolvente que ha conectado especialmente con un público femenino joven y altamente activo en plataformas de streaming.Su crecimiento también se ha visto impulsado por colaboraciones con figuras clave del género como Anuel AA, Omar Courtz y De La Rose, y próximamente con nombres como Luar La L y Clarent, ampliando su alcance dentro de la escena urbana.
La vida cotidiana suele presentar momentos de duda, cansancio o estancamiento. En medio de esas situaciones, una reflexión atribuida a Albert Einstein continúa siendo citada por su sencillez y profundidad: “La vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio hay que seguir adelante”.Según biógrafos y recopiladores de la correspondencia personal de Albert Einstein, en especial los editores de sus cartas personales publicadas en colecciones académicas, esta frase, escrita en una carta personal, no surgió como un mensaje motivacional para el público.Fue una reflexión íntima que con el paso del tiempo se convirtió en una de las metáforas más conocidas del científico debido a que la fuerza radica en que parte de una experiencia común y la transforma en una enseñanza aplicable a distintos momentos de la vida.¿Qué significa la frase de Einstein sobre la bicicleta y el equilibrio en la vida?Andar en bicicleta exige movimiento constante. Cuando se detiene por completo, el equilibrio se pierde. A partir de esa idea, Einstein planteó que algo similar ocurre con la vida personal y emocional. Permanecer inmóvil frente a los problemas suele generar más inestabilidad que avanzar, incluso con pasos pequeños.La metáfora no invita a ir rápido ni a evitar las dificultades. Más bien propone continuar, adaptarse y no quedarse paralizado ante el miedo o la incertidumbre. El equilibrio no aparece de manera automática, se construye mientras se avanza.Esta reflexión resulta cercana porque no habla de logros extraordinarios ni de grandes éxitos. Se relaciona con decisiones cotidianas como seguir estudiando, buscar nuevas oportunidades, cambiar de rumbo o afrontar etapas complejas. Avanzar no siempre implica tener claridad absoluta. Esta idea surge de la interpretación de psicólogos y biógrafos que analizan el pensamiento de Albert Einstein, quienes explican que el equilibrio personal se construye durante el proceso y no solo cuando todo parece resuelto. A partir de su metáfora de la bicicleta, sostienen que aprender y adaptarse forma parte natural del camino.Aunque Albert Einstein es ampliamente reconocido por sus aportes a la física, su correspondencia personal muestra que también reflexionó sobre temas relacionados con la vida cotidiana y el bienestar personal. La frase sobre la bicicleta se interpreta como una observación basada en experiencias comunes, utilizada para explicar cómo las personas enfrentan periodos de cambio, incertidumbre o dificultad.La comparación plantea que el equilibrio no se alcanza desde la inmovilidad. En términos prácticos, seguir adelante implica tomar decisiones, adaptarse a nuevas circunstancias y mantener cierta continuidad, incluso cuando el contexto no resulta del todo claro. Desde el análisis de especialistas, el avance progresivo ayuda a reducir la sensación de inestabilidad emocional.
El aeropuerto de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que una zona de su terminal sufrió "daños menores" y que cuatro personas resultaron heridas en un incidente que no especificó, después de un ataque iraní contra el país como retaliación por los bombardeos sobre Irán de Estados Unidos y Israel."Aeropuertos de Dubái confirman que una área anexa a la terminal del aeropuerto internacional (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido (...) Cuatro trabajadores sufrieron heridas y recibieron rápida atención médica. Debido a los planes de contingencia que ya estaban en marcha, la mayoría de las terminales habían sido evacuadas de pasajeros", explicó en la red social X la oficina de prensa del Gobierno de Dubái.El aeropopuerto ya había suspendido sus operaciones hasta nuevo aviso a raíz de los ataques iraníes que golpearon Emiratos Árabes Unidos a lo largo del sábado y que causaron la muerte de una persona en Abu Dabi, la capital del país.En Dubái, varias explosiones se escucharon el sábado y se reportaron incendios en la ciudad.Irán desplegó una oleada de ataques contra las bases militares de Estados Unidos en la región en respuesta a los bombardeos de la mañana del sábado coordinados entre Washington e Israel contra la república islámica, que por ahora han provocado la muerte de 200 iraníes según la Media Luna Roja y la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, según el presidente estadounidense, Donald Trump.Emiratos Árabes Unidos es uno de los países objetivo de Irán al alojar una base militar estadounidense cerca de Abu Dabi.
El encuentro tendría como objeto informarle al senador del Centro Democrático sobre los avances del proceso de paz con las Farc. Entretanto, la excandidata Marta Lucía Ramírez escribió en su cuenta que el presidente ya le informó de sobre lo negociado con las Farc. BLU Radio conoció que las deliberaciones de la mesa de La Habana están a punto de cerrarse tras lograrse acuerdos en los puntos más sensibles: justicia y enfoque de género. Según fuentes cercanas a la mesa de diálogos, las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc habrían incluido el 60 por ciento de las iniciativas de los promotores del No en la Justicia Especial para la Paz. Se precisó que dichas iniciativas no afectarían aspectos modales de la justicia restaurativa como el sistema de sanciones reparadoras ni la elegibilidad, la amnistía o el indulto.
En una entrevista publicada este sábado por el diario francés "Le Monde", Santos se limita a dar cuenta -sin decantarse por una o por otra- de las diferentes opciones que tendría, en caso de llegar a un nuevo acuerdo: firmarlo sin someterlo al voto popular, convocar un nuevo referéndum, dejar que fuera el Congreso el que lo aprobara o ponerlo en manos de los 1.122 concejos municipales del país. "Decidiré cuando llegue el momento entre estas diferentes posibilidades", explica antes de precisar que ahora lo que teme es que "los cálculos políticos y la campaña presidencial de 2018 vengan a complicar la renegociación del acuerdo y su aplicación". "Si el acuerdo no se firma rápidamente, si la incertidumbre dura, aumenta el riesgo de ruptura del cese el fuego y de divisiones de las Farc", añade. A ese respecto, hace notar que desde que entró en vigor el cese el fuego "no ha habido un solo muerte, ni un solo incidente. Pero la situación sigue siendo frágil". Santos reconoce su responsabilidad en el rechazo del primer acuerdo que negoció su Gobierno con las Farc en el referéndum del pasado 2 de octubre, ya que "no se explicó suficientemente o se explicó mal". "No entendí hasta qué punto era necesaria esta pedagogía. La estrategia de mis adversarios, que utilizaron argumentos de campaña que nada tenían que ver con la paz, fue eficaz", y eso incluido cuando "algunos utilizaron deliberadamente la mentira", lamenta. El jefe del Estado cuenta que no esperaba el rechazo del referéndum y que en principio tuvo un "choque", pero la misma noche entendió que "la victoria del 'no' podía ofrecernos la oportunidad única de unir el país" y por eso convocó a los detractores del primer texto consensuado con la guerrilla. Un diálogo en el que asegura que para su Gobierno "la única línea roja es la del retorno de la guerra. No lo permitiré". Preguntado por la actitud conciliadora de las Farc tras el referéndum, estima que "los guerrilleros, como el Gobierno, han entendido el mensaje del 2 de octubre", y que aunque el primero era "un excelente acuerdo", "es perfectible" y por eso ahora "la idea es llegar a el consenso más amplio posible". En cuanto a los desafíos que tendrá su sucesor en la presidencia de Colombia tras las elecciones de 2018 para aplicar el proceso de paz, insiste en que "la polarización entre partidarios del acuerdo de paz y sus detractores va a cesar cuando la gente va a ver y a vivir los beneficios de la paz, cuando puedan desplazarse sin temor en todo el país". Sobre las negociaciones con ELN, Santos precisa que las negociaciones se han aplazado hasta que esta guerrilla libere a todos los secuestrados, algo a lo que se había comprometido sin cumplirlo. "A diferencia de las Farc, muy jerarquizadas, el ELN es una organización muy horizontal y eso hace el diálogo muy difícil", dice.
Según fuentes cercanas a la mesa de diálogos, las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc habrían incluido el 60 por ciento de las iniciativas de los promotores del No en la Justicia Especial para la Paz. Se precisó que dichas iniciativas no afectarían aspectos modales de la justicia restaurativa como el sistema de sanciones reparadoras ni la elegibilidad, la amnistía o el indulto. BLU Radio conoció que en el acuerdo final se habría incluido 70 iniciativas de comunidades religiosas atendiendo a no afectar derechos fundamentales dentro del punto de enfoque de género. También se informó a BLU Radio que en los puntos uno al seis de la agenda se hicieron cerca de 100 ajustes. Todo indica, según fuentes cercanas al proceso, que el acuerdo final se anunciará a más tardar este martes.
Durante la ceremonia de conmemoración de los 125 años de la Policía Nacional, este viernes en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la aplicación de la justicia transicional para los miembros de la Fuerza Pública, tanto en servicio activo como retirados. “Esto se ha venido elaborando poco a poco, colocando ladrillo tras ladrillo”, manifestó Santos. Dijo que “ya ese esquema está listo para ser incluido en el momento en que se presente la ley de amnistía y que quede perfectamente establecida con seguridad jurídica la situación de los miembros de nuestra Fuerza Pública que, por alguna razón, cometieron alguna equivocación relacionada con el conflicto y por eso tengan problemas jurídicos”. El mandatario recordó que desde el inicio del proceso de paz, una de sus prioridades fue que los integrantes de las Fuerzas Armadas no quedaran en condiciones inferiores en materia de justicia transicional. “Si bien este aspecto no fue un punto de negociación, siempre en forma paralela fuimos adelantando al interior de nuestras Fuerzas un esquema que cumpliera con un principio fundamental: vamos a buscar para el proceso el máximo de justicia que nos permita la paz, pero para los miembros de nuestra Fuerza Pública el máximo de beneficios que nos garantice seguridad jurídica”, finalizó.
BLU Radio conoció que las delegaciones están trabajando para ubicar tiempos en lo referente a la Justicia Especial para la Paz. Sobre materia de género, los integrantes de la mesa están revisando y acoplando punto por punto donde aparece la palabra ‘género’. Es decir, que en la redacción no afecte derechos. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta en twitter señaló que el Gobierno de los Estados Unidos reafirmó su cooperación para 2017 en el posconflicto y lucha antidrogas. “Fortalecemos relación de socios estratégicos”, precisa el presidente Santos. De hecho, en su cuenta de Twitter, el jefe de la delegación de paz de las Farc, ‘Iván Márquez’, dijo que las partes siguen trabajando intensamente. “En La Habana, delegaciones de Gobierno y Farc, siguen enfocadas, trabajando sin descanso, en la redacción del nuevo acuerdo de paz”, señala ‘Márquez’. Sin embargo, ‘Pablo Catatumbo’, integrante de la mesa de las Farc, arremetió en esa misa red social contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez al equipararlo con el exprocurador Alejandro Ordóñez. “Se fue Ordóñez, pero llegó otro gran inquisidor: Néstor Humberto Martínez, que se quiere atravesar como mula muerta en el camino de la paz”, escribió
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".