En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En medio del pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano frente a la crisis en Medio Oriente, la representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, reiteró que la única vía legítima para resolver la tensión es el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. La diplomática subrayó que Colombia mantiene su compromiso histórico con el desarme nuclear general y completo, insistiendo en que cualquier programa atómico debe tener fines estrictamente pacíficos y estar sometido a los controles internacionales vigentes.Zalabata fue enfática en advertir que la seguridad colectiva no puede edificarse sobre la acumulación de armamento ni sobre ataques preventivos contra instalaciones sensibles. En ese sentido, respaldó el llamado de la Organización de los Estados Americanos a la contención, especialmente frente a acciones militares que involucren infraestructuras nucleares, debido a los riesgos humanitarios y ambientales que podrían desencadenarse. “La paz y la seguridad internacionales no se construyen vulnerando la soberanía ni la integridad territorial de los Estados”, sostuvo, al recalcar que las represalias unilaterales no fortalecen el orden global.La embajadora también se refirió a la situación interna de Irán, señalando que el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales es una obligación ineludible del Estado. No obstante, aclaró que los eventuales incumplimientos en esa materia no pueden convertirse en argumento para justificar ataques militares por fuera de los mecanismos multilaterales. A su juicio, la aplicación integral de la Carta de la ONU es clave para preservar la credibilidad del sistema internacional.Finalmente, Zalabata hizo un llamado a la desescalada inmediata y al retorno urgente a la diplomacia, proponiendo incluso la convocatoria de una conferencia de paz para Medio Oriente bajo el auspicio de Naciones Unidas. La iniciativa, explicó, buscaría construir soluciones políticas sostenibles que atiendan las causas estructurales de la inestabilidad regional y eviten que la confrontación continúe ampliándose con efectos imprevisibles para la seguridad global.
Después de una larga investigación, la Policía Nacional capturó a dos personas señaladas de pertenecer al ELN y ser los principales financiadores bajo la apropiación ilícita de material hidrocarburo. Según las autoridades, los puntos más afectados estaban en el departamento del Cesar, especialmente el poliducto Pozo Colorados Galán.Uno de los capturados es alias 'Tuta' quien era el encargado de realizar los pagos a los cabecillas del ELN hasta por $770 millones y era el encargado de la coordinación de los grupos armados, a los que les ofrecía hasta $15 millones, para ejecutar los atentados contra la fuerza pública. Según la policía, durante la captura evidenciaron movimientos bancarios hasta por $1.300 millones para financiar la actividad criminal.“Se logra materializar dos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, financiación al terrorismo, hidrocarburos, hurto calificado y agravado y receptación. Esta estructura dejaría de percibir aproximadamente $200 millones mensuales producto del cobro de impuestos criminales para autorizar la actividad ilícita y brindar supuesta seguridad frente a los controles de la fuerza pública.” Concluyó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.Luego de la captura y judicialización de estos dos individuos, la Policía señaló que el ELN dejaría de percibir cerca de $200 millones mensuales, recursos que presuntamente provenían de extorsiones o cobros ilegales derivados de esta actividad ilícita. Según las autoridades, esta estructura era la encargada de coordinar la extracción ilegal de combustible, así como su transporte y comercialización en el departamento.
Seis personas, entre ellas el diputado keniano Johana Ng’eno, murieron este sábado al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en el oeste de Kenia, según informó la Policía.El accidente ocurrió en el condado de Nandi en torno a las 16:45, hora local (13:45 GMT), precisó el jefe de la Policía de ese territorio, Samuel Mukuusi.Según medios locales, el helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia antes de incendiarse en la localidad de Chepkiep, adonde acudieron los equipos de emergencia.Entre los fallecidos se encuentra Ng’eno, nacido en 1972 y diputado de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Paralmento) por la circunscripción de Emurua Dikirr, en el condado de Narok (suroeste)."Estoy profundamente entristecido por el trágico fallecimiento de nuestra colega, el honorable Johana Ng'eno, y otros kenianos tras el devastador accidente de helicóptero. Esta es una profunda pérdida", afirmó el diputado Babu Owino.Los detalles del accidente siguen sin estar claros, pero fotos que circulan en redes sociales muestran el helicóptero envuelto en llamas en una zona montañosa con árboles.
La defensa técnica del señor Álvaro Villada, representada por el abogado Kevin Alejandro Giraldo Camacho, informó que fue presentada una recusación formal contra la Juez 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, dentro del proceso judicial relacionado con los presuntos hechos de Metroparques Medellín y el Parque de las Aguas.Motivos de la recusaciónDe acuerdo con la defensa, la solicitud se fundamenta en que la funcionaria judicial ya había intervenido previamente en el proceso, al otorgar legalidad al principio de oportunidad concedido por la Fiscalía a la señora Laura Mejía Higuita, quien es considerada la principal testigo de cargo.Según se explicó, la señora Mejía Higuita confesó la comisión de ciertos delitos, pero actualmente se desempeña como empleada de la Contraloría General de Antioquia, lo que —según la defensa— podría permitirle acceso a información sensible del proceso y la posibilidad de interferir o manipular datos relevantes. Este hecho también será objeto de denuncia ante las autoridades competentes.Cuestionamientos sobre la imparcialidadLa defensa argumenta que la jueza recusada realizó una valoración anticipada de elementos materiales probatorios que aún no han sido plenamente conocidos ni controvertidos por las partes, lo que afectaría el principio de igualdad procesal.Se enfatiza que la imparcialidad judicial no solo exige la ausencia de sesgos reales, sino también la garantía de que no exista duda razonable sobre la objetividad del juez.Además, se resalta que, pese a existir más de cincuenta jueces con funciones de control de garantías en Medellín, el caso fue asignado nuevamente al mismo despacho que ya había evaluado aspectos estructurales del expediente. Para la defensa, esta situación podría comprometer la apariencia de independencia judicial y el principio del juez natural, considerado pilar del debido proceso.Contexto político y garantías procesalesOtro de los puntos expuestos por la defensa es la vinculación laboral que la testigo habría tenido con el partido político del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.En un contexto de alta sensibilidad pública, se advierte que determinados pronunciamientos podrían afectar la presunción de inocencia de los investigados y generar percepciones de carácter político en una causa judicial que, según la defensa, debe mantenerse al margen de cualquier interés electoral.Acciones adicionalesEl abogado defensor anunció que se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes las presuntas irregularidades detectadas y se activarán todos los mecanismos legales necesarios para garantizar los derechos fundamentales de su representado, reiterando su compromiso con un proceso ajustado estrictamente a la Constitución y a la ley.
El ataque conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado contra Irán se ha saldado con más de 200 muertes en el país persa, entre ellos el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.En las últimas horas se ha desatado una ola de ataques de parte de Irán a varios puntos estratégicos donde Estados Unidos tiene presencia y como consecuencia varias edificaciones han resultado afectadas.Frente a esto, autoridades de Dubai informaron que los restos de un dron interceptado provocaron un incendio en el famoso hotel de lujo Burj Al Arab, según la Oficina de Medios del territorio."Las autoridades confirman que un dron fue interceptado y los escombros provocaron un incendio menor en la fachada exterior del Burj Al Arab", escribió la Oficina de Medios de Dubai en su cuenta X.El famoso hotel es el único hotel de 7 estrellas en el mundo, catalogado por expertos como el mejor hotel del planeta y también el más caro."Los equipos de la Defensa Civil respondieron inmediatamente y controlaron el incidente. No se reportaron heridos", agregó.Ataques iraníes a aeropuertos de Abu Dabi y de DubáiEl aeropuerto de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, informó de una muerte y siete heridos tras un ataque con drones contra sus instalaciones, mientras que el de Dubái reportó cuatro heridos, después de una ofensiva iraní contra el país como retaliación por los bombardeos sobre Irán de Estados Unidos y Israel.Las autoridades del aeropuerto de Abu Dabi informaron en su red de X que están respondiendo a "un ataque en el Aeropuerto Internacional Zayed producido por un dron que acausó la muerte de una persona asiática y siete heridos".Por su parte, el aeropuerto de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que una zona de un terminal del aeropuerto internacional sufrió "daños menores" y que cuatro personas resultaron heridas en un incidente que no especificó."Aeropuertos de Dubái confirman que una área anexa a la terminal del aeropuerto internacional (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido (...) Cuatro trabajadores sufrieron heridas y recibieron rápida atención médica. Debido a los planes de contingencia que ya estaban en marcha, la mayoría de las terminales habían sido evacuadas de pasajeros", explicó en la red social X la oficina de prensa del Gobierno de Dubái.Minutos después, también comunicaron un incendio en el puerto Jebel Ali en la misma ciudad a raíz de una intercepción de un ataque aéreo, aunque no se registraron heridos.El aeropuerto ya había suspendido sus operaciones hasta nuevo aviso a raíz de los ataques iraníes que golpearon Emiratos Árabes Unidos a lo largo del sábado.Con información de AFP y EFE.
Robert Macaulay, analista político del Partido Republicano, habló en Mañanas BLU sobre las razones por las que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y cómo sería la relación del gobierno del nuevo presidente con Colombia. Macaulay explicó que la victoria de Trump se puede ver como un deseo de cambio por parte del pueblo “y el hecho que Hillary Clinton es una candidata impopular con grandes problemas de corrupción con falta de logros y mentiras”. Además, “la gente no la quiere porque es una persona del pasado que solamente nos traería más de lo mismo”, dijo. El analista se refirió al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc afirmando que la idea de Estados Unidos es ser fuerte contra el terrorismo y Colombia encontrará apoyo en los diálogos “si el acuerdo de paz es justo”. Agregó que el respaldo al proceso dependerá de “como sea, de si se defiende al pueblo colombiano y no se da a las Farc derechos que no deberían tener”. “Todo el mundo quiere paz, pero hay que tener paz bajo las condiciones correctas”, aseveró.
El presidente Juan Manuel Santos confirmó los nuevos avances en la renegociación que se adelanta con los líderes del NO en el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Según el jefe de Estado, se avanzó satisfactoriamente en los temas de narcotráfico, tierra, minería y enfoque de género. “En materia de desarrollo rural se precisó que los programas para los campesinos incluyan actividades como la agroindustria o el turismo para generar empleo y oportunidades en el pos conflicto”, manifestó Santos. Por su parte, dijo que en el tema de política se propuso “que la Misión Electoral debe incluir a todos los partidos. Su participación es clave para fortalecer la democracia y la transparencia electoral”. Entre tanto, en el tema de enfoque de género, el mandatario de los colombianos reiteró que “las discusiones sobre el matrimonio no hacen ni harán parte del acuerdo”. “Quiero confirmar lo que he dicho ante diversos grupos religiosos: el enfoque de género no es ideología de género. Lo que se busca es reconocer el mayor impacto del conflicto sobre la mujer, sus derechos como víctima y su papel para la reconciliación”, añadió. Finalmente, manifestó que en el área del narcotráfico se trabajará en fortalecer el núcleo familiar. “Para atacar de manera más efectiva el problema del consumo de drogas, se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores”, finalizó. Este es el discurso completo del presidente Santos: Como les conté el lunes pasado, seguimos dedicados a trabajar sin descanso para definir y alcanzar un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Un acuerdo que refleje y retome el mayor número posible de propuestas que los colombianos nos entregaron en desarrollo del diálogo nacional. El equipo negociador sigue concentrado en La Habana, discutiendo todos los puntos que requieren revisión, ajuste o precisiones. Ya van más de siete días completos, con largas sesiones de trabajo, entre 12 y 14 horas cada una. Estos dos últimos días han sido todavía más intensos. A pesar de la voluntad expresa de ambas partes para buscar acuerdos que incorporen las propuestas recibidas, ha habido momentos de tensión y de dificultad. Es normal. Afortunadamente, la voluntad de diálogo y la decisión de avanzar han permitido superar esos momentos, y seguir adelante. Hoy quiero compartir con ustedes otros de los avances logrados para ajustar y robustecer el acuerdo, en línea con las propuestas recibidas de todos los sectores. En materia de desarrollo rural se precisó que los programas para los campesinos incluyan actividades como la agroindustria o el turismo para generar empleo y oportunidades en el pos conflicto. El papel de las autoridades locales en la implementación del Acuerdo fue reiterado y fortalecido, como parte del respeto a nuestra institucionalidad. En resumen, mantenemos vivo el compromiso con el campo a través de una política de recuperación de la familia campesina, que impulse el acceso equitativo a la tierra y que cree condiciones de vida digna.En lo político hemos propuesto que la Misión Electoral debe incluir a todos los partidos. Su participación es clave para fortalecer la democracia y la transparencia electoral. En el Acuerdo de Cartagena se había dado un paso inmenso en la lucha contra el problema mundial de la droga. Las FARC se comprometieron a romper todo vínculo con él y a cooperar en la superación de ese fenómeno. Ahora, en el Nuevo Acuerdo se ha logrado concretar esa cooperación para que sea más clara y eficaz. Para atacar de manera más efectiva el problema del consumo de drogas, se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores. Sobre el enfoque de género, quiero confirmar lo que he dicho ante diversos grupos religiosos: el enfoque de género no es ideología de género. Lo que se busca es reconocer el mayor impacto del conflicto sobre la mujer, sus derechos como víctima y su papel para la reconciliación. Eso quedó expresamente incluido. Hemos subrayado que la familia es el núcleo de la sociedad. Las discusiones sobre el matrimonio no hacen ni harán parte del Acuerdo. Reiteramos igualmente que en Colombia respetamos la libertad de cultos. Frente al tema fundamental de la Justicia, estamos proponiendo una mayor participación de las víctimas en la mesa para satisfacer sus propuestas de ajuste al Acuerdo. Como pueden ver, el proceso de ajuste y revisión del acuerdo sigue avanzando, siempre usando y defendiendo las propuestas recibidas para ese fin. Al mismo tiempo, seguimos manteniendo informados diariamente a los diferentes voceros del No sobre los avances y dificultades de esta tarea. Colombianos, Estamos avanzando. Estamos logrando, como me comprometí a hacerlo, ajustes al acuerdo de paz para que en el nuevo texto nos veamos reflejados y representados todos. Así lograremos que la paz nos una y nos reconcilie. Les seguiré informando de los nuevos desarrollos y avances en este tema que nos interesa a todos.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, informó que este organismo humanitario además de difundir los acuerdos de paz de Gobierno y las Farc, apoyará la verificación en terreno de los llamados Puntos de Preagrupamiento Temporal (PPT). “Seguiremos caminando este país, seguiremos brindándole la ayuda y la capacitación, la formación a las víctimas”, afirmó. Negret hizo anuncio tras visitar el corregimiento de San José de Oriente, en el municipio de La Paz Robles (Cesar), en donde se reunió con líderes comunitarios. Allí el alto funcionario hizo un llamado al Gobierno, a las Farc y a los representantes del No para avanzar con celeridad en los acuerdos de paz. Así mismo, el defensor les pedirá a los Ministerios de Educación y de Salud una mayor inversión para mejorar los puestos de salud y las escuelas. También consideró que es necesario adecuar las vías y brindar asistencia técnica para el sostenimiento de cultivos, porque “sin campesinos, sin productos, sin productos pagados como debe ser, no va a haber paz”.
El presidente Juan Manuel Santos se reunió este miércoles con el enviado especial de la Unión Europea (UE) para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, en la que analizaron las gestiones del Gobierno para implementar los acuerdos de paz. El encuentro se dio en la Casa de Nariño y participaron –también- la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y la Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula Zacarías. Gilmore, quien fue Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, y trabajó por acuerdo de paz en su país, fue designado a finales del año pasado como enviado especial para el proceso de paz en Colombia y justamente en esa reunión se conoció que trataron temas relacionados con la implementación del nuevo acuerdo de paz. Tema que durante los recientes días ha dado de qué hablar, en especial en el Congreso de la República. Hasta el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, aseguró que esa corporación está lista para recibir el nuevo acuerdo de paz y que este no necesitará refrendación popular, pues el presidente tiene las facultades para tramitarlo en el legislativo. Gilmore ha estado varias veces en el país, entre ellas en septiembre para la firma del acuerdo de paz en Cartagena.
El miembro del equipo negociador de paz con la guerrilla de las Farc, Frank Pearl, aseguró que la implementación de la reforma rural podría demorarse hasta 15 años. “Se está trabajando para que el plazo de implementación de la reforma rural sea mayor, probablemente no 10 sino a 15 años. Esa implementación no afecta la regla fiscal. Tiene el beneficio de garantizar el manejo fiscal, la estabilidad macroeconómica, bajas tasas de interés que nos permite responder el grado de inversión", precisó Pearl. El miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN y las FARC aseguró que esa propuesta fue presentada por el sector del Gobierno a la mesa de La Habana, junto con las que hacen parte del ramillete de las de los promotores del No, esto para reajustar el acuerdo de paz. Finalmente, dijo que los diálogos van muy avanzados frente a esa propuesta.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".