En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Guardia Revolucionaria iraní prometió este sábado venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, con un castigo “duro y decisivo” y la mayor operación militar en la historia del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos.“La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte de clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos.A continuación, la Guardia Revolucionaria aseguró que lanzaría “en momentos” la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio.El anuncio se produce poco después de que la televisión estatal iraní confirmase la muerte de Jameneí en su oficina el sábado en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que Jameneí, de 86 años y quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás."Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en su red Truth Social.La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.
El Súper Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. A diferencia de los sorteos tradicionales, este combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que le da un formato distintivo y genera expectativa diaria entre quienes revisan los resultados oficiales.Número ganador del Súper Astro Luna – 28 de febrero de 2026En el sorteo realizado el sábado 28 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 8355 - Libra.Número ganador: 8355Dos últimas cifras: 55Tres últimas cifras: 355Signo zodiacal: Libra¿Cómo se juega el Súper Astro Luna?El Súper Astro Luna tiene una mecánica sencilla. Para participar, el jugador debe elegir:Un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).Uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número en orden exacto (de izquierda a derecha) y que también coincida el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad elegida.El juego incluye la opción “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta alternativa debe solicitarse al momento de realizar la jugada.Cada tiquete puede contener hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad para probar diferentes combinaciones en un solo comprobante.Horarios del sorteo Súper Astro LunaEl sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en los siguientes horarios:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales autorizados.¿Cuánto cuesta apostar al Súper Astro Luna?El valor de la apuesta está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos:Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.Este rango permite participar tanto con montos bajos como con apuestas más altas, según la estrategia de cada jugador.¿Dónde jugar Súper Astro Luna en línea?El Súper Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también en plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.Para apostar en línea, el proceso incluye:Registrarse en un operador legal autorizado.Verificar la identidad del usuario.Recargar saldo mediante los métodos disponibles.Seleccionar el número, el signo zodiacal y confirmar la jugada.Últimos resultados del Súper Astro LunaSorteoFechaResultadoAstro Luna27 Febrero 20260920 - LibraAstro Luna26 Febrero 20264826 - SagitarioAstro Luna25 Febrero 20261212 - SagitarioAstro Luna24 Febrero 20261575 - AriesAstro Luna23 Febrero 20264872 - Escorpión
La barranquillera Shakira volvió a hacer historia en México. La artista completó 13 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, un registro sin precedentes que la convierte en la cantante con más presentaciones en una misma gira en ese escenario. En la última noche, ante más de 65.000 asistentes, la intérprete calificó lo vivido como “un milagro”, en referencia a los retos personales y profesionales que ha enfrentado en los últimos años.La serie de espectáculos vendió cerca de 800.000 entradas, consolidando a la capital mexicana como una de las plazas más fuertes del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El impacto comercial también ha sido significativo a nivel global: la gira ya figura como la más taquillera en la historia para un artista hispano, con ingresos que superan los 421 millones de dólares y un récord Guinness que respalda ese hito.El cierre en Ciudad de México estuvo marcado por momentos especiales. Shakira compartió escenario con su compatriota Beéle para interpretar su clásico “Hips Don’t Lie” y sorprendió al público con “¿Dónde estás corazón?”, canción que no cantaba en vivo desde 2019. Además, anunció el lanzamiento de una colaboración titulada “Algo tú”, que verá la luz el próximo 4 de marzo.Este domingo 1 de marzo ofrecerá un concierto masivo y gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, casi 20 años después de su última presentación en esa emblemática plaza. El evento podría romper récords de asistencia en uno de los espacios públicos más grandes del mundo y coincide con su reciente nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll.
El Gobierno iraní declaro este domingo 40 días de luto por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, tras su muerte a los 86 años en los ataques de Estados Unidos e Israel, informó la televisión estatal iraní.Un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el domingo a las 05H00 locales (01H30 GMT) el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder.La televisión iraní no precisó en qué circunstancias murió Jamenei, de 86 años, ni mencionó los ataques israelíes y estadounidenses del sábado contra su residencia en Teherán. Se están emitiendo fotos e imágenes de archivo con una banda negra en la pantalla en señal de luto.Además, Irán confirmó este domingo la muerte del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y que estaba al frente del Consejo Nacional de Defensa.Pakpour, que había asumido el mando del ejército ideológico iraní en junio durante la guerra de los 12 días, y Shamkhani, uno de los máximos responsables de la seguridad en la república islámica, murieron como "mártires" el sábado durante los ataques israelíes y estadounidenses sobre Teherán, aseguró el órgano de prensa del poder judicial, Mizan.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció este domingo ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, después de que prometiera venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.Según publicó en su cuenta en X Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria, además de las 27 bases de Estados Unidos, sin precisar cuáles, los ataques también se dirigieron contra objetivos militares en Israel, entre ellos en Tel Aviv.El Ejército israelí informó mientras en un comunicado de una nueva oleada de misiles contra Israel y pidió a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles.La cadena catarí Al Jazeera reportó por su parte cerca de las 7.40 local (4.40 GMT) haber escuchado "al menos 11 explosiones" en Doha, una situación que el medio constató con residentes de la capital catarí y sobre la que se desconocen más detalles hasta ahora.El Ministerio de Defensa de Catar anunció a su vez que pudo prevenir "con éxito" el impacto de hasta 18 misiles balísticos que apuntaron a varias áreas del país.Al Jazeera también aseguró que las sirenas de alerta se habían activado en Kuwait e informó de explosiones en Dubai."Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia", dijo por su parte el presidente del Parlamento de Irán, citado por la agencia IRNA.Irán confirmó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y prometió venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EE. UU. e Israel, que anunció a su vez más ataques contra el país persa.Desde los ataques conjuntos del sábado de EE. UU. e Israel contra Irán, Irán ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, países aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.Entre los objetivos de la nueva ofensiva iraní se encuentran veintisiete bases estadounidenses en la región, así como el cuartel general del ejército israelí y un complejo industrial de defensa en Tel Aviv, informó la televisión estatal de la república islámica.
Según fuentes cercanas al proceso, desde la noche del lunes se viene presentando un debate complejo con respecto a este punto del acuerdo por lo que la guerrilla antes de esta reunión estaba en consulta frente a la solicitud hecha por el Gobierno de suspender temporalmente dicha reunión. El congresista Iván Cepeda y el jurista de la guerrilla Álvaro Leyva han sido claves para que avance la renegociación. En los último minutos el jefe de la delegación de Paz de las Farc, alias ‘Iván Márquez’, arremetió contra el senador Álvaro Uribe de quien dijo: "no quiere ningún acuerdo de Paz. Lo que quiere es la cabeza de Santos y más guerra. Le huye a la verdad como el diablo”.
Para los analistas, el ELN tiene muy poquitos dirigentes con experiencia en diálogos y consideran que Juan Carlos Cuellar, quien fue el comandante de las fuerzas del frente de guerra del suroccidente y fue condenado por los secuestros de 70 personas en el Kilómetro 18 en la vía Cali – Buenaventura, es muy valioso para las conversaciones en Quito. Hay que señalar que Cuellar estuvo en los diálogos durante el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Entre tanto, Eduardo Martínez es hermano de Antonio García, fue comandante del frente Central de Guerra del ELN y fue pedido en extradición por una corte de los Estados Unidos. Los dos han sido el enlace permanente entre el Gobierno y el COCE - comando central- además ellos tienen una relación fluida con las organizaciones sociales que influencia el ELN. Sin embargo, mediante resolución número 124 de 2015, el presidente Juan Manuel Santos negó la extradición atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En tensión se encuentran las conversaciones entre las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc por diferencias en temas referentes a la Justicia Especial para la Paz. Según fuentes cercanas al proceso, desde la noche del lunes se viene presentando un debate complejo respecto a este punto del acuerdo y ha trascendido que la delegación de las Farc está analizando la solicitud del Gobierno Nacional de suspenderlas temporalmente las conversaciones que se retomarían antes del mediodía de este martes. Respecto al tema, se conoció que el congresista Iván Cepeda y Álvaro Leyva están en La Habana buscando que, a pesar de las tensiones, avance la renegociación. De otro lado, el jefe de la delegación de paz de las Farc arremetió contra el senador Álvaro Uribe asegurando que el expresidente "no quiere ningún acuerdo de paz. Lo que quiere es la cabeza de Santos y más guerra. Le huye a la verdad como el diablo a la cruz". Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Los más de 150 veedores de Naciones Unidas se empezaron a mover al terreno para participar en las labores de monitoreo y verificación del cese bilateral del fuego. -Falleció Álvaro José Cobo, actual presidente de Asocajas. -Después de 31 años del holocausto del Palacio de Justicia, se adelanta la ceremonia para entregar los restos de Luz Mary Portela, una de las desaparecidas del Palacio de Justicia. -El director del Hospital Universitario del Valle desmintió las denuncias que señalan que por el despido masivo de empleados en la lavandería se están acumulando prendas con residuos hospitalarios que podrían generar una emergencia sanitaria. -Hay alerta en el municipio de Cimitarra, en Santander, donde campesinos denuncian la presencia de felinos salvajes que están atacando a sus animales.
En las próximas horas las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc retomarán las conversaciones en La Habana para seguir revisando y analizando las propuestas de los promotores del NO. Según se ha conocido, los diálogos entre las partes han tenido momentos de alta tensión al punto en el que el jefe negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, reconoció que las deliberaciones “van a ser fuertes, pero con resultados positivos para el país”. "Se está entrando al sitio de las deliberaciones que se espera sean duras, pero fructíferas para tener muy pronto buenas noticias para los colombianos", sostuvo de la Calle. Ambas delegaciones han manifestado que la mesa de negociación está trabajando fuertemente para lograr consenso en el acuerdo de paz. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Se normalizó la operación en el aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de estar cerrado por cuenta de las condiciones climáticas. -A 24 horas del apagón en la Costa Caribe, los congresistas de la región amenazan con bloquear la reforma tributaria si el Gobierno Nacional no toma medidas que eviten los racionamientos.-A través de su cuenta de twitter, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master dijo que la inestabilidad en el servicio de energía afecta la competitividad de la región Caribe porque no hay quien pueda garantizar que haya suministro a largo plazo. - Solo en los primeros 7 días de noviembre, ingresaron a la morgue de Caracas 134 cadáveres, cuya muerte fue violenta, en la gran mayoría de los casos. -En Bolívar, unos ocho municipios están sufriendo los estragos causados por el invierno. -Más de 90 familias perdieron todos sus enseres luego del torrencial aguacero que cayó en Bogotá, según los afectados, el agua superó el metro de altura debido a la poca capacidad que tiene el acueducto. -Cerca de 2 mil 600 familias que viven en zonas de alto riesgo cerca a los afluentes de los ríos podrían terminar afectadas por las lluvias. -Investigadores franceses identificaron a un ciudadano belga-marroquí como sospechoso de haber coordinado desde Siria los atentados terroristas de París y Bruselas. -La quinta ciudad más grande de Japón se ve sumida en el caos tras un enorme hundimiento de tierra en pleno centro de la ciudad. -La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) elevó hoy a 339 mil el número de inmigrantes indocumentados y refugiados que han logrado cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa en lo que va del año.
El presidente Juan Manuel Santos se dirigió al país para indicar que luego de recoger las propuestas de los promotores del NO en más de 60 reuniones, se han logrado avances en diferentes puntos en el proceso de renegociación que se adelanta en Cuba. Uno de los temas que enfrentó al Gobierno y la oposición fue la Jurisdicción Especial para la Paz, sin embargo, Santos señaló que se han logrado avances significativos con las Farc alimentando la discusión con los argumentos recogidos en las reuniones sostenidas con los promotores del NO. “Basados en las opciones recogidas en Colombia, hemos logrado aproximaciones y acercamientos con las FARC sobre el muy difícil tema de justicia y reparación de víctimas. En este punto, hay avances en materia de la conformación del tribunal, su tiempo de duración y su articulación con la justicia y los tribunales ordinarios”, indicó el mandatario. Sobre las adaptaciones al tema de la reforma rural, Santos reiteró que se ha tenido en cuenta las propuestas de diferentes sectores sociales y reafirmó que las víctimas son el centro del acuerdo y que la propiedad privada se verá fortalecida. “En materia de reforma rural, tierras y desarrollo agrario, hemos hecho ajustes en línea con lo que nos ha llegado de diferentes grupos, en particular para reiterar el respeto a la propiedad privada. Es más, se fortalece el derecho a la propiedad para evitar conflictos futuros por la tierra”, dijo el presidente. “Para todo el programa de desarrollo agrario se va a dar prioridad absoluta a las víctimas, para que como lo he dicho siempre, sus derechos estén en el centro del acuerdo”, agregó. El mandatario de los colombianos también se refirió al tema de las drogas ilícitas y las propuestas recogidas que se han llevado a La Habana y aseguró que el objetivo seguirá siendo brindar alternativas agrícolas a quinees viven hoy de los cultivos ilícitos. “En materia de lucha contra las drogas ilícitas también se han logrado cambios que responden a las propuestas recibidas durante este último mes. El objetivo es siempre el mismo: Combatir con toda firmeza el tráfico de drogas y ofrecer alternativas reales de desarrollo legal a las comunidades campesinas involucradas”, afirmó Santos.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".