En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
El chance Chontico Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más seguidos por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su facilidad de participación, junto con diferentes modalidades de apuesta y valores accesibles, lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan ganar premios y consultar los resultados diariamente.Número ganador del Chontico DíaEl número ganador del chance Chontico Día de este domingo 1 de marzo del 2026 es el 9426 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 9426Dos últimas cifras: 26Tres últimas cifras: 426La quinta: 1Últimos sorteos de Chontico DíaSorteoFechaResultadoChontico Día28 febrero 20261612 - 8Chontico Día27 febrero 20261131 - 1Chontico Día26 febrero 20267566 - 3Chontico Día25 febrero 20262965 - 4Chontico Día24 febrero 20260133 - 2Chontico Día23 febrero 20265243 - 8Chontico Día22 febrero 20264025 - 5Chontico Día20 febrero 20267972 - 8Chontico Día19 febrero 20268976 - 3Chontico Día18 febrero 20261919 - 8Modalidades de juego del Chontico DíaUna de las características que mantiene la popularidad de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles. Estas opciones permiten que los jugadores participen de acuerdo con su presupuesto y el tipo de premio que desean obtener.Las modalidades principales son:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Estas alternativas ofrecen oportunidades tanto para quienes buscan premios mayores como para quienes prefieren opciones con más probabilidades de acierto.Cuánto cuesta jugar el Chontico DíaEl valor de las apuestas es otro de los factores que contribuyen a su amplio alcance entre los colombianos. Este sorteo permite participar con diferentes montos, facilitando el acceso a todo tipo de jugadores.Los valores establecidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $25.000 pesos colombianosEste rango permite que cualquier persona pueda participar según su capacidad económica.Cómo reclamar un premio del Chontico DíaLas personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para realizar el proceso de cobro. Es fundamental presentar los documentos requeridos para validar el premio.Documentos obligatorios:Tiquete original en buen estadoDocumento de identidad originalFotocopia legible de la cédulaRequisitos según el valor del premio:Premios menores a 48 UVT: solo se solicita el documento y el tiquete.Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: además de los anteriores, se exige certificación bancaria vigente.Este procedimiento garantiza que la entrega de premios se realice de forma segura y transparente.El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su frecuencia diaria, las diferentes modalidades de apuesta y los montos accesibles hacen que miles de personas consulten los resultados con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores.
Estados Unidos ha destruido nueve buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, anunció este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió de que hundirá también el resto de la Marina iraní."Me acaban de informar de que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!", dijo en su cuenta de la red Truth Social.Trump aseguró que, en otro ataque, fue destruido el cuartel general de la Marina iraní y agregó, de forma sarcástica, que "por lo demás, su Armada está muy bien".El presidente estadounidense hizo estas declaraciones el mismo día en el que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmara que sus misiles alcanzaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).Hasta ahora, Estados Unidos ha reportado la muerte de al menos tres militares estadounidenses desde el inicio el sábado de la operación 'Furia Épica', una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde fueron asesinados el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.La República Islámica, que atraviesa por su momento más complejo desde su fundación en 1979, se apresura además para buscar un sucesor de Jameneí y nombró a un triunvirato para pilotar la transición.Trump, que se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, anunció en la madrugada del sábado el lanzamiento de esta operación, cuyo objetivo es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo pacto nuclear.
Sala de Prensa del domingo 1 de marzo de 2026 analizó el impacto global de la operación “Furia Épica” y las tensiones electorales en Colombia, en una emisión marcada por la geopolítica y la polarización interna.Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington, reportó los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y examinó el costo político para la administración de Donald Trump ante las bajas militares.María Teresa Aya, analista internacional, explicó la reacción iraní tras la muerte de su líder supremo y el rol de los grupos proxis en la disputa regional por el poder en Medio Oriente.María Alejandra Villamizar ofreció pedagogía sobre el sistema electoral colombiano, detallando listas cerradas, voto preferente y los ajustes estratégicos tras las consultas.Thierry Ways abordó la polarización política y cómo factores económicos y subsidios del gobierno de Gustavo Petro inciden en la favorabilidad presidencial.Pedro Viveros analizó la reorganización del mapa electoral, el peso de la periferia y la viabilidad de candidaturas de centroderecha.David Saucedo, experto mexicano en seguridad, describió la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación y la cooperación entre mafias mexicanas y colombianas bajo presión diplomática internacional.Escuche el programa completo aquí:
A tan solo una semana de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, el escenario político colombiano entra en su etapa más crítica. Según la analista política María Alejandra Villamizar, los resultados del próximo domingo no solo definirán la composición del Congreso, sino que marcarán el verdadero inicio de la carrera presidencial.Villamizar explicó que las encuestas recientes han servido como una guía estratégica para las campañas, pero enfatizó que los movimientos clave se verán únicamente después de la jornada electoral. “Nadie se va a mover hasta el 8. Eso es clarísimo. El 8, cuando se conozcan los resultados, ese día de cara a la presidencia van a comenzar realmente a ajustar”, afirmó. Según la analista, esos ajustes incluirán cambios en los mensajes, nuevas alianzas y modificaciones en las estrategias políticas.El Congreso, la clave del poder políticoUno de los puntos centrales del análisis es que la elección legislativa tiene un peso determinante en el rumbo político del país. Villamizar subrayó que el interés principal de los candidatos al Senado y la Cámara es asegurar su elección o reelección, lo que influye directamente en la dinámica de las campañas presidenciales.“Lo más importante es que los congresistas, bien sea los senadores que estaban, que se quieren reelegir, sigan en el Congreso. Y las apuestas nuevas también están luchando por abrirse espacio”, explicó. En este contexto, destacó que las estructuras políticas regionales y las maquinarias electorales se encuentran en plena movilización. “Se están moviendo seguramente todas las empresas electorales, se están moviendo presupuestos esta semana de una manera impresionante”, agregó.La analista también señaló que la competencia es particularmente intensa en las listas preferentes, donde los candidatos deben conseguir votos individuales dentro de sus propios partidos. “Es una competencia entre los de la lista, entre los mismos de la lista”, afirmó, lo que convierte la elección en una batalla directa por el reconocimiento y el respaldo ciudadano.Listas cerradas y figuras políticas dominantesVillamizar explicó que los partidos con listas cerradas buscan capitalizar el liderazgo de figuras políticas fuertes. Mencionó como ejemplos al Centro Democrático, liderado históricamente por Álvaro Uribe, y al Pacto Histórico, impulsado por Gustavo Petro. En estas listas, los votantes eligen el logo del partido, y los escaños se asignan según el orden previamente definido.Este sistema, explicó, busca fortalecer a los partidos como instituciones políticas. “La inspiración de por qué está hecho así es para que los partidos sean fuertes, para que los militantes confíen en su partido y en esas directivas que han puesto allí unos nombres”, indicó.Consultas interpartidistas: tres candidaturas aseguradasUno de los aspectos más relevantes de la jornada electoral será la definición de los candidatos que pasarán directamente a la primera vuelta presidencial. Villamizar fue enfática en que los ganadores de las consultas tienen la obligación de continuar en la contienda.“Quien gane cada una de las consultas obligatoriamente tiene que ir a la primera vuelta”, afirmó. Según explicó, esta norma protege la voluntad de los votantes y garantiza la seriedad del proceso democrático. “El votante es el jefe de todo el proceso electoral. Si votó por alguien, votó para que sea candidato, no para que se retire después”, agregó.Villamizar concluyó que el 8 de marzo marcará un punto de inflexión en la política nacional. “Arrancan todas las reflexiones de con quién me uno, cómo hago, dónde están los votos, qué fue lo que pasó”, señaló. Desde ese momento, las campañas entrarán en una fase de negociación y consolidación.Finalmente, la analista hizo un llamado a la participación ciudadana, destacando que el poder decisorio está en manos de los electores. “Ojalá que la gente participe. Lo más importante es que la gente decida y vote, para que después no tengamos que quejarnos”, concluyó.Con el país en expectativa y las campañas en máxima tensión, la próxima jornada electoral no solo definirá el nuevo Congreso, sino también el mapa político que conducirá a Colombia hacia su próxima elección presidencial.
Tres personas murieron y 18 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en un reconocido bar de Austin, la capital del estado estadounidense de Texas, catalogado por el FBI como un potencial "acto de terrorismo".El atacante, cuya identidad no fue revelada, también falleció. Tres de los heridos se encontraban en estado crítico, informaron las autoridades.El agente especial del FBI Alex Doran dijo a periodistas que se desconocía el motivo exacto del ataque, pero que había "indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo".Este es el video"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", afirmó Doran.El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con las autoridades locales.El tiroteo tuvo lugar en medio de un incremento de las medidas de seguridad en muchas ciudades estadounidenses tras el inicio de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo del país, Alí Jamenei, junto con otros altos funcionarios.La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el agresor en Austin fue abatido por agentes que respondieron con rapidez al tiroteo, ocurrido alrededor de las 02H00 de la madrugada en una zona de bares de Austin.Los agentes "se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso", señaló Davis.La jefa de policía indicó que el hombre armado abrió fuego primero con una pistola desde su coche contra los clientes de Buford's Backyard Beer Garden, en el centro de Austin.Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por allí, explicó Davis.
En el texto se destacan seis puntos que las Farc llevarán ante el Gobierno Nacional para su análisis y posible incorporación al acuerdo de paz. “Nos reunimos en La Habana, los días 23 y 24 de octubre, la Delegación de Paz de las FARC-EP, Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio, en condiciones de senadora y de líder cristiano, con el fin de escuchar sus propuestas para revisar y enmendar el Acuerdo Final de Paz, atendiendo a las observaciones públicas que han formulado distintos sectores cristianos”, dice el comunicado. A la reunión también asistieron por parte de las Farc Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, Seusis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich, y los pastores Milton Rodríguez, de Misión Paz y Eduardo Cañas, de iglesia Manantial. Este es el comunicado completo En esta etapa de construcción de consensos por la paz, nos reunimos en La Habana, los días 23 y 24 de octubre, la Delegación de Paz de las FARC-EP, Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio, en condiciones de senadora y de líder cristiano, con el fin de escuchar sus propuestas para revisar y enmendar el Acuerdo Final de Paz, atendiendo a las observaciones públicas que han formulado distintos sectores cristianos. Con base en las conversaciones sostenidas y en el intercambio respetuoso y cordial de criterios y opiniones, concluimos en que las FARC-EP, en uso de su autonomía y competencias, como una de las partes en diálogo, llevarán ante el Gobierno Nacional para su análisis y posible incorporación al Acuerdo, los siguientes puntos: -1. Una redacción que constituya criterio de interpretación en relación con el “enfoque de género” bajo el entendimiento claro de que se refiere a la reivindicación y protección especial de los derechos de la mujer como víctima principal del conflicto y como protagonista esencial en la construcción de la paz y el posconflicto. 2. Que sobre el “enfoque de género” de los Acuerdos se sentarán los elementos suficientes que permitan, a posteriori, por instancias públicas o privadas, interpretaciones inequívocas respecto al concepto de la familia redactado con claridad en el artículo 42 de la Constitución Política. 3. Que, en tal sentido, los planteamientos referidos a la no estigmatización y a la no victimización de cualquier población vulnerable, redactados en el Acuerdo, deben armonizar con la libertad de conciencia, la libertad religiosa, el derecho a la autonomía educativa de las instituciones, y con el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores. -4. El Acuerdo deberá incorporar entre las víctimas del conflicto, el reconocimiento y visibilizarían de quienes fueron víctimas en razón de sus creencias religiosas, particularmente de los pastores y comunidades cristianas. -5. Deberán reconocer a las iglesias cristianas entre los actores de la reconciliación para la paz, posibilitando su participación dentro de las etapas de la implementación de los Acuerdo. Tal situación, debe darse en todos los espacios de participación ciudadana, incluyendo los espacios de trabajo sobre temas de familia, libertad de religión y libertad de conciencia, en el marco de la comisión de implementación, seguimiento, verificación y resolución de diferencias. Asimismo, contarán las congregaciones de fe y cultos religiosos, incluyendo al cristianismo, con espacios de participación en las instancias de construcción de paz surgidas del Acuerdo, que sean pertinentes, en función de la consolidación de la reconciliación y la paz. Los esfuerzos consignados en este documento, los hacemos inspirados en el ánimo de construir el mayor consenso posible en el camino de la paz para Colombia. Fraternalmente: DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP VIVIANE MORALES (Senadora de la República) CARLOS ALONSO LUCIO (Líder Cristiano).
El presidente Juan Manuel Santos dio un resumen a las naciones de la región del momento que vive el proceso de paz y su fase de renegociación en La Habana y las reuniones que se tienen con líderes del NO. El mandatario colombiano dijo que hay voluntad de diálogo con todos los sectores, pero que no se puede tomar mucho tiempo para una concertación definitiva. Se espera también conclusiones de la reunión del presidente Santos con el nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el marco de esta cumbre. Tema de paz y cooperación del organismo están en agenda. Santos también en su discurso ante mandatarios de Iberoamérica hablo de educación, juventud y emprendimiento, pilares de esta Cumbre como motores de desarrollo para el crecimiento de la región. Sobre la 1 de la tarde se tiene establecido la foto oficial de Jefes de Estado y de Gobierno, así como una segunda sesión privada y la declaración final de esta Cumbre no 25 que estará por los próximos dos años en manos de Guatemala la secretaría pro tempore de las naciones de Iberoamérica. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Ya están sentados dialogando con la oposición los delegados de paz del Gobierno. Avanza el encuentro en el que Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo están explicando a los sectores del NO lo que dijeron las Farc en Cuba de las más de 400 propuestas. Sobre los diálogos con el ELN el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recordó que si no se libera a Odín Sánchez no se podrá dar paso a la instalación de la mesa de diálogos con esta guerrilla, aunque no dio una fecha límite para que se realice este de gesto de paz del ELN…. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó en entrevista con BLU Radio los detalles del incidente aeronáutico que sufrió cuando se movilizaba en un avión de la Policía entre Armenia y Bogotá. Según reportó Cristo, lo que más preocupó fue que el avión presentó riesgo de explosión. -Continúan las labores de rescate de las 5 personas desaparecidas en la cantera Las Nieves en Copacabana, allí ya fue abierto el primer tramo de la vía que comunica la autopista Medellín Bogotá. -Hasta después de las tres de la tarde estaría habilitada a un carril la vía había Barrancabermeja en Santander afectada desde esta madrugada por derrumbes a causa de las lluvias. -Más de 430 cajas de atún con alto grado de mercurio fueron halladas en Cúcuta por parte de las autoridades de salud. -Un hombre que se movilizaba en moto atacó a cuchillo a una profesora porque ella se resistió a un atraco. -La ministra de Vivienda Elsa Noguera espera que se mantengan las exenciones para que la reforma tributaria no afecte el proyecto de viviendas gratis a familias de bajos recursos. -Continúa el viacrucis de una familia de Buenaventura que busca cuanto antes viajar a Tampa, Estados Unidos, para asistir a las honras fúnebres de tres seres queridos que perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito, ocurrido el jueves anterior y que dejó como saldo total a cinco personas fallecidas entre ellas dos menores de edad. -Una tragedia enluta a la comunidad del municipio de Pensilvania Caldas, tras la muerte de un menor campesino electrocutado con el cableado de una máquina pica pasto. José Fernando Berrio. -Fue capturado el presunto homicida de tío y sobrino cuando se encontraban en un billar en el municipio de Acevedo Huila. -Avanza la carrera electoral en Estados Unidos, en medio de las acusaciones de abuso sexual a Donald Trump y después de que el FBI reabriera la investigación sobre el caso de los correos electrónicos de Hilarry Clinton. -Daniel Torres fue titular en la derrota del Alavés ante el Real Madrid, donde James Rodríguez fue suplente. En el Sudamericano de Bolos, Colombia se quedó con el título general.
La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, aseguró que "el tiempo apremia", refiriéndose al proceso de paz. "La situación de las Farc en el terreno armados sin unas Naciones Unidas que han dicho que pueden estar hasta diciembre y no mucho más, luego yo sé que no les gusta que uno diga que el tiempo apremia, pero el tiempo es importante en esta coyuntura", manifestó Holguín. Entre tanto, a través de un comunicado, los 22 países iberoamericanos reunidos en la XXV Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Cartagena reiteraron su apoyo al presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la paz en Colombia. Además, le piden celeridad en lograr el nuevo acuerdo de paz, incluyendo la posición de quienes se opusieron en el Plebiscito por la Paz. “Teniendo en cuenta el clamor del pueblo colombiano por la paz expresado en las últimas semanas, motivamos al Gobierno y alas Farc a realizar, con sentido de urgencia, los ajustes necesarios y así avanzar hacia la conclusión de un nuevo acuerdo y su inmediata implementación”, dice el comunicado de los países. Sobre los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, los jefes y jefas de Estado presentes en Cartagena “alientan el inicio de los diálogos y esperan que estos avancen con celeridad para que se ponga fin al conflicto armado y para que Colombia sea un país en paz, tal y como aspira la sociedad entera”.
En camperos y armados están llegando los guerrilleros a la vereda El Tigre, en Uribe Meta, donde este fin de semana empezará la vigilia por la paz organizada por jóvenes del municipio. Más de 20 guerrilleros del Frente 53 de las Farc llegaron al municipio de Uribe, al sur del meta, para cumplir la invitación que le realizaron los jóvenes de este municipio al grupo armado. Cabe señalar que los guerrilleros hicieron paso por el casco urbano del municipio, armados, uniformados y pasando en medio de la fuerza pública sin ningún tipo de agresión, lo que ha dejado gratamente sorprendidos a los habitantes de dicha localidad. A propósito, Jaime Pacheco, alcalde del municipio de Uribe, manifestó que se trata de un hecho de paz que habla claramente de lo que quiere el país. La vigilia se realizará en la vereda El Tigre, ubicada a 3 horas del área urbana del municipio de Uribe, donde guerrilleros de las Farc se agruparían bajo monitoreo de la ONU.
Las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y las Farc informaron desde La Habana, Cuba, que ya están siendo incorporadas algunas de las propuestas de los líderes del NO en el nuevo acuerdo. “Las propuestas están siendo discutidas con todo cuidado. Muchas de ellas vienen siendo incorporadas a los textos de un nuevo acuerdo”, explicaron las partes. Además, anuncian que continuarán escuchando organizaciones y personalidades a nivel nacional buscando “la reconciliación de todos los colombianos”. “Con celeridad y en procura de un pronto resultado, continuaremos escuchando a un número significativo y diverso de organizaciones y personalidades de la vida nacional que se han manifestado de una y otra forma, considerando incluso a quienes se abstuvieron de votar en el Plebiscito, buscando en todo caso la paz y la reconciliación de los colombianos y colombianas”, dice el comunicado. Finalmente, resaltan que el presidente Juan Manuel Santos mantiene sus facultades constitucionales para implementar el acuerdo de paz, por lo que mantienen su confianza en el liderazgo del jefe de Estado. “Teniendo en cuenta que el presidente de la República esta investido de facultades constitucionales para sacar adelante la paz, confiamos en su gestión para el logro de este propósito nacional”, finalizan. Este fue el texto completo emitido por las partes: 1. Ratificamos que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 26 de septiembre de 2016, contiene las reformas y medidas necesarias para sentar las bases de la paz y garantizar el fin del conflicto armado. 2. En desarrollo de lo acordado en el Comunicado Conjunto del 7 de octubre pasado, hemos analizado propuestas de ajustes y precisiones del Acuerdo Final que diferentes sectores de la sociedad han puesto a consideración de las Delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP encargadas de la construcción del nuevo acuerdo. 3. Las propuestas están siendo discutidas con todo cuidado. Muchas de ellas vienen siendo incorporadas a los textos de un nuevo acuerdo. 4. Con celeridad y en procura de un pronto resultado, continuaremos escuchando a un número significativo y diverso de organizaciones y personalidades de la vida nacional que se han manifestado de una y otra forma, considerando incluso a quienes se abstuvieron de votar en el Plebiscito, buscando en todo caso la paz y la reconciliación de los colombianos y colombianas. 5. Seguiremos adelantando esta labor desde el próximo jueves 3 de noviembre con el objetivo de contar, de manera rápida y eficaz, con un nuevo acuerdo definitivo. Ambas Delegaciones registran de manera positiva que toda esta discusión es posible gracias a que, por primera vez en nuestra historia reciente, la paz es núcleo esencial de la reflexión ciudadana, dejando atrás el pasado de guerra. 6. Teniendo en cuenta que el presidente de la República esta investido de facultades constitucionales para sacar adelante la paz, confiamos en su gestión para el logro de este propósito nacional. 7. Agradecemos a los países garantes, Cuba y Noruega, a los países acompañantes, Venezuela y Chile, y a la comunidad internacional por su apoyo permanente a nuestro trabajo por la reconciliación. Igualmente, extendemos nuestra gratitud a toda la ciudadanía que ha allegado sus propuestas y ha manifestado su respaldo a las Delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP con el objetivo de edificar la paz. Escuche en este audio más información de las siguientes noticias: -La Confederación General de Trabajadores expresó que en rechazo a la reforma tributaria que presentó el Gobierno se está preparando en el país un gran paro nacional. -El dueño del terreno donde se presentó el deslizamiento en Copacabana dijo que su tierra se desvalorizó por la catástrofe. -La liberación de Odín Sánchez y los otros secuestrados debe ser una condición clave para que se inicien los diálogos de Paz con el ELN, advierten los gobernadores del país que se reúnen en el Quindío. -Las autoridades de La Guajira reportaron el secuestro de un comerciante, por hombres fuertemente armados que irrumpieron en una finca ubicada en la zona fronteriza de Maicao. -Human Rights Watch le envía una carta al Papa Francisco para pedir que los buenos ofrecimientos de diálogo provistos por El Vaticano no le sirvan al chavismo para dilatar las medidas urgentes para salir de la crisis humanitaria. -Las selecciones de rugby masculino de Colombia y México se enfrentarán mañana en Medellín en la segunda fase de la eliminatoria al campeonato mundial en Japón.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".