En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Las recientes alertas que ha entregado la UNGRD sobre los preocupantes niveles del río Cauca han provocado que autoridades en el departamento de Antioquia pongan sus ojos en el corregimiento Bolombolo del municipio de Venecia, en donde las aguas ya han empezado a inundar algunos sectores de esta zona del suroeste antioqueño. Por esta situación, la Alcaldía de Venecia declaró la alerta hospitalaria para atender una posible emergencia y, además, entregó algunas recomendaciones para que los cientos de habitantes de Bolombolo no se acerquen al río Cauca ante crecientes que podrían registrarse este fin de semana.John Bolaños, secretario de Planeación de La Pintada, mencionó que ante las alertas que han lanzado autoridades a nivel nacional, la Administración Municipal decidió instalar algunas carpas en caso de que sea necesario evacuar algunos sectores de esta subregión de Antioquia."Ellos prevén que en las próximas horas pueden continuar las lluvias y, por ende, se puede presentar un riesgo de inundación. La invitación es estar muy alerta a acatar los llamados que hagan las diferentes autoridades territoriales. Mantenemos comunicación continua", indicó.Por ahora y a la espera del comportamiento climático durante los próximos días, las alertas se mantienen sobre este sector del río Cauca, en donde las imágenes dejan en evidencia cómo las aguas casi que se topan con las calles del corregimiento que hoy vive bajo la zozobra de qué va a pasar.Finalmente, mencionar que Corantioquia advirtió de los riesgos inminentes de inundaciones, por lo que le pidió a las comunidades y autoridades locales de gestión del riesgo que se fortalezcan acciones de monitoreo, prevención y respuesta ante las emergencias por las lluvias.
Uno de los integrantes del cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres en Antioquia se entregó en las últimas horas ante las autoridades. Se trata de William Darío Correa Arteaga, quien, según informó el gobernador a través de su cuenta oficial, se presentó voluntariamente en el municipio de San Vicente Ferrer y posteriormente fue puesto a disposición de un juez de la República.El mandatario destacó que este caso refleja el impacto de la presión institucional y social frente a estos delitos. “Uno más: sea porque se capturan o porque ante la presión social se entregan, como es el caso de este sujeto que hace parte de los 18 del cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres”, señaló el gobernador en su pronunciamiento público.Correa Arteaga aparecía en el cartel divulgado por la Gobernación de Antioquia, en el que se ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los señalados. En esa lista figuran personas investigadas por delitos como acceso carnal violento, actos sexuales con menores, tentativa de feminicidio, feminicidio y violencia intrafamiliar.En la imagen oficial, Correa Arteaga estaba señalado por actos sexuales con menor de 14 años en San Vicente Ferrer. El cartel también muestra que algunos de los incluidos ya han sido capturados, otros se han entregado voluntariamente y uno aparece reportado como muerto.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe suministrando información que contribuya a la ubicación de los prófugos, bajo absoluta reserva y con posibilidad de recibir recompensa. La iniciativa busca avanzar en la judicialización de los responsables y fortalecer la protección de niñas y mujeres en el departamento.Las autoridades confirmaron que de los 18 publicados en el cartel, dos fueron capturados, dos más se han entregado voluntariamente y uno figura como muerto, lo que suma cinco casos resueltos. Así las cosas, aún faltan 13 personas por capturar, quienes continúan siendo buscadas por las autoridades por delitos sexuales y otras violencias contra niñas y mujeres en el departamento.
La televisión estatal iraní fue atacada este domingo por Estados Unidos e Israel, informó el propio medio público, que en un primer momento aseguró que seguía emitiendo pero después se perdió la señal.“Hace unos momentos partes de la sede de la Radio y Televisión de Irán fueron blanco de ataques sionista-estadounidenses”, indicó la radiotelevisión pública iraní (IRIB) en su Telegram.El medio de comunicación afirmó en un primer momento que seguía emitiendo pero más tarde se perdió la conexión y pidió a los usuarios que sintonizaran de nuevo sus canales.EFE observó humo sobre los edificios de IRIB, que ya fue atacada en la guerra de los 12 días del pasado junio en un bombardeo en el que murieron dos periodistas.Teherán ha vivido hoy unos duros bombardeos con ataques por la mañana con al menos siete oleadas y dos docenas de bombardeos que han causado unos daños y víctimas de los que no hay información oficial.EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeosA pesar de los ataques ciento de personas se congregaron en plazas de Teherán para lamentar la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, cuya muerte se anunció de madrugada.
El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de apostadores que revisan diariamente los resultados con la esperanza de ganar.Número ganador del Sinuano Día hoyEl número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 1 de marzo de 2026 es el 4237 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 4237Dos últimas cifras: 37Tres últimas cifras: 237La quinta: 7Hora del sorteo del Sinuano DíaEl Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes a los participantes.Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los apostadores pueden consultar si acertaron el número ganador. La puntualidad en la divulgación de los resultados es uno de los factores que fortalece la confianza en este sorteo.Modalidades de apuesta disponiblesEste chance ofrece diferentes modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y estrategias. Cada opción brinda posibilidades variadas de ganar según el nivel de acierto.Las principales modalidades son:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad permite participar tanto a jugadores frecuentes como a quienes realizan apuestas ocasionales.Cuánto cuesta jugar el Sinuano DíaLa accesibilidad económica es uno de los aspectos que explica la popularidad del Sinuano Día en el Caribe colombiano. Los valores permitidos para apostar son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $25.000 pesos colombianosEste rango facilita la participación de personas con distintos presupuestos, manteniendo el sorteo al alcance del público general.Cómo reclamar un premio del Sinuano DíaLos ganadores deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Sinú y presentar la documentación correspondiente para reclamar su premio.Documentos básicos requeridos:Tiquete original en buen estado, sin alteracionesDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadRequisitos adicionales según el monto ganado:Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Más de 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, junto con los documentos anteriores. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.Gracias a sus sorteos diarios, modalidades variadas y procesos transparentes, el Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más consultados en la región Caribe. Cada resultado representa una nueva oportunidad para quienes participan en este tradicional juego de azar en Colombia.
El chance Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más reconocidos en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha ganado la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia en sus sorteos y la rapidez con la que publica los resultados oficiales.Número ganador del Caribeña Día hoyEl número ganador del chance Caribeña Día de este el domingo 1 de marzo de 2026 es el 1390 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.Número ganador: 1390Dos últimas cifras: 90Tres últimas cifras: 390La quinta: 7¿A qué hora se juega el Caribeña Día?El Caribeña Día se realiza en un horario fijo que permite a los participantes organizar sus jugadas con anticipación:Lunes a sábado: 4:00 p. m.Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después. Esta rapidez en la difusión ha sido clave para fortalecer la credibilidad del juego entre los apostadores.Modalidades de apuesta disponiblesEste chance ofrece diferentes formas de apostar, lo que permite a cada jugador elegir según su presupuesto y estrategia. Las principales modalidades son:4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Cada modalidad ofrece premios distintos, dependiendo del nivel de precisión y el valor apostado.Cuánto cuesta apostar al Caribeña DíaUno de los principales atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad, ya que permite participar con montos bajos. Los valores establecidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianosEste rango facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes realizan apuestas con mayor frecuencia.Cómo reclamar un premio del Caribeña DíaLos ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación requerida.Documentos básicos:Tiquete original en buen estado, sin alteracionesDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadRequisitos adicionales según el monto del premio:Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se debe presentar el formulario SIPLAFT diligenciado junto con los documentos básicos.Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.Gracias a sus horarios definidos, múltiples modalidades de juego y procesos transparentes, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las opciones de chance más consultadas en Colombia, ofreciendo resultados confiables y nuevas oportunidades de ganar todos los días.
El presidente Juan Manuel Santos anunció que los negociadores del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, regresarán este viernes a Colombia para contarle de primera mano lo que se ha conversado con la guerrilla. Además, anunció que todo el equipo negociador realizará un nuevo “cónclave” para que el nuevo acuerdo de paz pueda logarse “en cuestión de días”. “He dado instrucciones para que todos se pongan en modo cónclave para trabajar de manera ininterrumpida y alcanzar un nuevo acuerdo lo más pronto posible. Ya todo está sobre la mesa. Todo está dicho y todo está estudiado. Es cuestión de buena voluntad y de tomar decisiones. Esto se puede lograr en días”, manifestó el presidente Santos. Anunció que los negociadores del Gobierno que viajaron a Cuba para reencontrarse con las Farc y buscar salidas al estancamiento del acuerdo, volverán a Bogotá este viernes. “Le he pedido al jefe del equipo negociador Humberto de la Calle, y al comisionado de Paz, Sergio Jaramillo que regresen hoy mismo para que me informen de los avances con las Farc y para asistir a esa y otras reuniones”, manifestó el presidente Santos. Finalmente, anunció que para este sábado está prevista una nueva reunión con los líderes del Centro Democrático intentando encontrar una solución final y destrabar el proceso de paz con la guerrilla de las Farc. “Desde el miércoles al mediodía hemos invitado a los voceros del Centro Democrático a continuar el diálogo que venimos adelantando. Está prevista una nueva reunión con ellos mañana sábado con ese fin”, finalizó. Este fue el discurso completo del presidente Santos: Esta semana hemos trabajado de manera dedicada e intensa para seguir avanzando en el diálogo nacional para lograr la unidad en torno a un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Por una parte, algunos negociadores del gobierno han trabajado de manera ardua con la delegación de las FARC para estudiar y discutir los ajustes y cambios al acuerdo, basándose en las recomendaciones, observaciones y comentarios recibidos de todos los sectores, grupos y organizaciones promotores del Si y del NO. Simultáneamente, en Colombia nos reunimos el martes con la Doctora Marta Lucía Ramírez y con el Doctor Camilo Gómez y un equipo de negociadores del gobierno para hacer seguimiento a sus propuestas e informarles sobre el avance del proceso. Con ellos se realizó una segunda reunión el miércoles para seguir en esa tarea. Han sido sesiones largas y provechosas y quiero agradecer a todos el espíritu constructivo y patriótico con el que han trabajado. También se ha continuado el diálogo con las Cortes, con la Iglesia católica, con los pastores cristianos que promovieron el No, con la Federación de Víctimas de las FARC. Me reuní igualmente con los familiares de los militares detenidos para escuchar sus preocupaciones y sus expectativas frente a la situación de sus familiares. Anoche conversé con los caminantes por la paz del Valle y Tolima que llegaron a Bogotá, y visité a los jóvenes que acamparon en la Plaza de Bolívar para exigir un Nuevo Acuerdo YA!Todos ellos concuerdan en la necesidad de alcanzar pronto un nuevo acuerdo que garantice una paz estable y duradera, más amplia y más profunda. Desde el miércoles al mediodía hemos invitado a los voceros del Centro Democrático a continuar el diálogo que venimos adelantando. Está prevista una nueva reunión con ellos mañana sábado con ese fin. Así mismo, he dado instrucciones para que todos se pongan en modo cónclave para trabajar de manera ininterrumpida y alcanzar un nuevo acuerdo lo más pronto posible. Ya todo está sobre la mesa. Todo está dicho y todo está estudiado. Es cuestión de buena voluntad y de tomar decisiones. Esto se puede lograr en días. De esta manera seguiremos avanzando en Colombia y en La Habana para alcanzar una paz que nos una y que todos los colombianos deseamos. El tiempo apremia porque el cese al fuego que pactamos es frágil. El pueblo tiene la razón: Necesitamos un NUEVO ACUERDO YA!
El jefe de la delegación de paz de la guerrilla del ELN, Israel Ramírez alias ‘Pablo Beltrán’, aseguró en entrevista con BLU Radio que cumplirán con la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, tal como fue el compromiso con el Gobierno Nacional. “Nosotros vamos a cumplir con liberación de Odín Sánchez, no somos faltones”, manifestó Beltrán. En entrevista con Mañanas BLU, siguió justificando los secuestros y argumentó que se trata de métodos para cobrar impuestos, tal como lo hace el Gobierno Nacional. “Nosotros, como el Gobierno, también cobramos impuestos, uno no vive de estampitas, la guerrilla tiene que tener unos ingresos y se cobran impuestos”, añadió. Al ser cuestionado sobre la información que entregó la Octava División del Ejército, según la cual el ELN ultimó con tiros de gracia a dos conductores en el sector de Caranal en el municipio de Fortul, Arauca, ‘Pablo Beltrán’ dijo: “ténganse de atrás”. “Cuando nos sentamos por primera vez a dialogar con el Gobierno, ellos dijeron que este diálogo se iba a hacer en medio del conflicto, entonces téngase de atrás. Desde el principio dijimos que es mejor hacer el diálogo en medio del cese bilateral y el Gobierno santos no quiso”, dijo el jefe del grupo subversivo. Prosiguió diciendo que la disposición del ELN es no levantarse de la mesa hasta que haya un acuerdo final, y que no tienen afán de firmar un pacto pronto. “No es solo que el acuerdo esté listo antes de que el presidente Santos se vaya (…) Tenemos toda la disposición de cambiar, de asumir responsabilidades y esperamos que el régimen haga lo mismo”, comentó. Finalmente, se mostró dispuesto a que el ELN pida perdón por sus actos y recalcó que él sigue representando a todo el grupo guerrillero. “Represento al ELN tanto como el presidente Santos representa a todos los colombianos (…) Cada vez que nosotros hemos tenido situaciones en que consideramos que nos hemos equivocado, lo hemos reconocido y hemos pedido el perdón y no necesitamos a nadie para que pidamos perdón”, finalizó.
El nuevo acuerdo de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc debe estar concluido antes de finalizar noviembre, dijo el presidente Juan Manuel Santos en una entrevista exclusiva con la Agencia Efe. "Hemos reiniciado un proceso que debe terminar muy pronto, en las próximas semanas, no meses sino semanas, para poder implementar la paz también lo más pronto posible", aseguró el presidente al referirse al apoyo que ha recibido de la comunidad internacional, en especial de los que participan desde hoy en la XXV Cumbre Iberoamericana. Ante la pregunta de si el próximo 10 de diciembre, cuando reciba en Oslo el Premio Nobel de la Paz, anunciará al mundo ese nuevo acuerdo, el presidente se abstuvo de dar fechas pero indicó que puede ser antes. "Espero que ese nuevo acuerdo ya por lo menos esté sobre la mesa para esa fecha, no sé si implementado, yo creo que implementarlo ya requeriría un poco más de tiempo, o de pronto sí, pero el texto y un nuevo acuerdo el objetivo es que esté listo antes de finalizar noviembre", expresó. Tras el rechazo al acuerdo de paz firmado con las Farc en el plebiscito del pasado 2 de octubre, el mandatario convocó un gran pacto nacional con diferentes fuerzas políticas y sectores sociales del país para escuchar las objeciones y propuestas al documento, que sus negociadores llevaron la semana pasada a La Habana para discutirlas con las Farc y procurar un nuevo texto. "Mi propósito y objetivo es tener nuevo acuerdo de paz antes de fin de año y mucho antes de terminar el año", enfatizó el jefe de Estado. En este diálogo nacional tienen gran peso los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010), senador y líder del partido Centro Democrático, y Andrés Pastrana (1998-2002), del Partido Conservador, dos de las cabezas visibles de la campaña por el "no" en el plebiscito, y con quienes se reunió Santos dos días después de la consulta popular. "Si hay buena voluntad de parte de ellos, sí podemos obtener fácilmente un nuevo acuerdo porque muchos de los temas que ellos han mencionado son temas que se pueden incorporar en los acuerdos sin modificar su esencia básica; depende de su voluntad y de su verdadera intención, si es cierto que ellos quieren un acuerdo y un acuerdo rápido vamos a tener luz verde muy pronto", aseguró. De la misma forma, añadió que en los primeros contactos que sus negociadores han tenido con las Farc en esta segunda etapa en Cuba han encontrado a una guerrilla dispuesta a escuchar las cerca de 500 propuestas de la sociedad colombiana para revisar el acuerdo. "Hemos encontrado una buena disposición por parte de las Farc porque ellos también se dan cuenta que el resultado del plebiscito es un resultado que tenemos que respetar y por eso tenemos que buscar la forma de presentarle a Colombia y al mundo un nuevo acuerdo", afirmó. El presidente recordó que "el tiempo conspira contra el proceso" y por eso es tan importante avanzar rápidamente hacia un nuevo acuerdo porque, por ejemplo, el cese el fuego bilateral que rige actualmente con las Farc es "muy frágil" y a pesar de los protocolos aplicados para su riguroso cumplimiento y de la supervisión internacional, "cualquier cosa ahí puede pasar" y es mejor no correr riesgos. "Yo haré todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, lo estoy haciendo 24 horas al día y siete días a la semana para lograr un nuevo acuerdo lo más pronto (...) para este país sería fatal que esto se rompiera y volviéramos a la guerra con las Farc, sería una catástrofe, por eso yo estoy confiado en que vamos a lograrlo", enfatizó.
El presidente Juan Manuel Santos, luego de concluir su visita al campamento por la paz, dio una declaración muy corta a la crisis por la que atraviesan los diálogos con el ELN al asegurar que espera que esa guerrilla cumpla los compromisos y se pueda abrir lo más pronto los diálogos."Con el ELN, ojalá cumplan con lo que se comprometieron y que muy pronto se pueda iniciar el proceso con ellos en forma abierta y pública", dijo. De otra parte, el presidente Santos habló con los familiares de los diputados del Valle a quienes les agradeció su respaldo al proceso de paz con las Farc. Mesa de diálogos no se instaló El presidente Juan Manuel Santos confirmó que el equipo negociador para los diálogos con el ELN no viajará a Quito, Ecuador, ciudad donde se tenía prevista la instalación de la fase pública, hasta tanto no sea liberado el excongresista Odín Sánchez. “Antes de comenzar, quiero anunciarle al país que le he dado instrucciones al equipo negociador con el ELN de que suspenda su viaje a la ciudad de Quito. La instalación formal de la mesa pública con ese grupo queda aplazada hasta tanto no se libere sano y salvo a Odín Sánchez”, señaló el mandatario. Así mismo, Santos indicó que habló con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para agradecerle el apoyo al proceso de paz con el ELN. “Reitero toda la disposición y voluntad del Gobierno Nacional para avanzar en este proceso. Por su parte, el jefe de la delegación del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, informó que el operativo de liberación “ha comenzado”. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Tras un análisis de seguridad al ex Procurador Alejandro Ordóñez, 10 uniformados de la policía fueron retirados de su esquema de seguridad. -El Gobierno de Nicaragua expresó hoy su respaldo al inicio de un diálogo político entre el presidente Nicolás Maduro, y la oposición venezolana el domingo en isla Margarita con la mediación del Vaticano y de la Unasur.
Durante la firma del convenio entre la Unión Europea (UE) y Alemania, junto con el Gobierno de un acuerdo por 11,5 millones de euros para el fortalecimiento en la construcción de la paz, el alto consejero para el Postconflicto, Rafael Pardo que deseo del Gobierno es lograr un nuevo acuerdo que recoja los resultados del plebiscito. "Que recoja los resultados del plebiscito en lo cual distintos sectores políticos, sociales y religiosos expresaron inquietudes", sostuvo Pardo. Pardo dijo que el acompañamiento de la Unión Europea refleja el respaldo de la comunidad internacional para que Colombia consolide la paz.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".