La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Con medidas de seguridad y la opción de contar con Estados Unidos, Colombia sigue en el plan para mejorar la relación con Ecuador luego de la fallida reunión entre las cancilleres de ambos países pues no fue aceptada la propuesta de suspender los aranceles impuestos desde el pasado 1 de febrero pasado.Dicha reunión se adelantó este viernes en Quito, a donde viajaron los ministros de Exteriores, Rosa Villavicencio y de Defensa, Pedro Sánchez. Y aunque hablaron de seguridad, el control fronterizo, la energía y el comercio, no se lograron acuerdos adicionales al de mantener el diálogo.Ante esto, el ministro Sánchez, mencionó una serie de estrategias para mejorar el control de la frontera, pues fue la razón base para que el presidente Daniel Noboa aplicara la sanción económica.“En términos de seguridad y defensa, puedo decir que la reunión fue supremamente franca. También permitió analizar conjuntamente las acciones para neutralizar una amenaza compleja pero también común, que es el narcotráfico”, aseguró Sánchez.Mantener una posición propositiva y de cooperación con Ecuador para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico, priorizar Nariño y Putumayo como zonas clave para la erradicación y reducción de cultivos ilícitos y golpear las rutas del tráfico, así como intensificar las operaciones contra los cárteles del narcotráfico hacen parte de esas estrategias.Todo esto, explicó Sánchez, de daría con el apoyo de Estados Unidos que ha sido cercado al gobierno de Noboa y ahora que se solucionaron las tensiones con el presidente Gustavo Petro.“También cómo podemos articular la información por parte de Colombia con Ecuador para ir detrás de los capos que recurren al lavado de activos. También declarar como objetivos militares de alto valor estratégico de manera conjunta entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos de los delincuentes que afectan esta zona fronteriza”, detalló Sánchez.Un plan similar al compromiso adquirido por Petro tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.Colombia también se comprometió a avanzar en la extradición de cabecillas capturados, como alias Pitufo, reforzar la seguridad fronteriza, mediante el despliegue de 11.000 miembros de la Policía y el Ejército, y capacitar a las fuerzas del país vecino.El ministro Sánchez también reportó un incremento del 47 % en incautaciones en 2025, golpes importantes a carteles del narcotráfico y operaciones clave como la denominada “Cordillera” en Nariño.“También de la mano de Estados Unidos y con Ecuador adelantamos una prueba piloto para un centro de función de inteligencia que permita conocer la amenaza independientemente de en qué lugar se encuentre para atacar con total contundencia”, amplió el ministro Sánchez.
Roy Barreras sigue en su plan por lograr más apoyos de cara a las consultas de este 8 de marzo y este viernes, desde Pereira, señaló la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro sea su fórmula vicepresidencial.Para Barreras, quien lo acompañe debe ser una representación “auténtica de los progresistas colombianos”, entre otros atributos.“Sería bueno una fórmula vicepresidencial de izquierda, progresista, auténtico, caribe, que le guste bailar, que tenga una buena relación con los Estados Unidos ahora, y que le duela a los pobres”, enumeró.Ante esto, le preguntaron si estaba describiendo al presidente Petro y esto respondió el exembajador.“... para que no se sorprendan, un presidente de la república como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial. No tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía de que el proyecto de cambio continúa”, aseguró Barreras.En entrevista con Recap BLU, Barreras también respondió a Camilo Romero, quien lo había acusado de tender una “trampa grotesca” con su decisión de mantenerse en la consulta del Frente por la Vida.El precandidato presidencial rechazó los señalamientos y aseguró que Romero buscaba encabezar la lista al Senado por el Frente Amplio, hoy Frente por la Vida."Delante de 40 personas en mi apartamento me pidió la cabeza de lista de mi partido. Quería que yo le diera un cupo para ser senador hace apenas unos días, y yo le dije que tenía mi compromiso con las ideas liberales, que la cabeza de mi partido era Gustavo García, un joven liberal de Nariño, y yo doy mi palabra y la cumplo. Entonces no pude satisfacer su deseo de ser la cabeza de lista del Senado de mi partido", contó Barreras.
La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4821, realizado el viernes 6 de febrero de 2026, un evento que generó una alta expectativa entre los apostadores gracias a su atractivo plan de premios y a la trayectoria que respalda a este tradicional juego de azar en Colombia.Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4821El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 6 de febrero de 2026 fue el: 7002 de la serie 128. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.Premios secos destacados del sorteoUno de los aspectos más celebrados de esta edición fue la amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en la capital antioqueña, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.Premio Mayor – $16.000 millonesNúmero: 7002Serie: 128Sorteo 4821 – 06 de febrero de 2026Premios SecosSecos de $1.000 millones (2)3306 – Serie 2995224 – Serie 049Secos de $700 millones (2)1625 – Serie 1568532 – Serie 032Secos de $500 millones (2)8461 – Serie 2109517 – Serie 363Secos de $100 millones (6)0247 – Serie 4753490 – Serie 2853661 – Serie 4595832 – Serie 1598647 – Serie 2928962 – Serie 418Secos de $50 millones (7)0799 – Serie 0241359 – Serie 0493579 – Serie 1397183 – Serie 1787965 – Serie 1518008 – Serie 4648395 – Serie 473Secos de $20 millones (10)0291 – Serie 3280832 – Serie 1781658 – Serie 0001872 – Serie 4903589 – Serie 1373851 – Serie 1095916 – Serie 1837522 – Serie 1938200 – Serie 2618497 – Serie 032Secos de $10 millones (15)0776 – Serie 4010985 – Serie 4122621 – Serie 4033006 – Serie 4013296 – Serie 1864552 – Serie 4894878 – Serie 2815411 – Serie 2756499 – Serie 2806923 – Serie 4267308 – Serie 0047423 – Serie 2618069 – Serie 4158750 – Serie 3669107 – Serie 171En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, podrá verificar los resultados, en caso de que haya resultado ganador:Sorteo Lotería de MedellínCada sorteo de la Lotería de Medellín capta la atención a nivel nacional, no solo por el valor de sus premios, sino también por la confianza y credibilidad que ha construido a lo largo de los años. En esta edición, jugadores de distintas regiones del país siguieron de cerca los números ganadores, con la esperanza de convertirse en los nuevos beneficiarios de uno de los premios más importantes del mercado de loterías.Más allá de la emoción propia del sorteo, la jornada volvió a destacar el compromiso social de la Lotería de Medellín. Los recursos recaudados por esta entidad se destinan directamente al fortalecimiento de la salud pública, un aspecto fundamental que ha consolidado su reconocimiento y respaldo entre los colombianos.En el sorteo 4821, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, posicionándose como uno de los premios más destacados del inicio de 2026. Este resultado reafirmó el alto nivel de expectativa que despierta cada sorteo y el interés permanente de miles de personas que participan semana tras semana, confiando en la seriedad del juego.Asimismo, la amplia caída de premios registrada en el sorteo anterior, el 4820, confirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país. Su plan de premios, que se renueva de forma constante, sigue alimentando la ilusión de los apostadores que consultan con atención cada resultado, respaldados por la transparencia de la entidad.Dónde consultar los resultados oficialesLos resultados oficiales del sorteo 4821 de la Lotería de Medellín pueden consultarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín, así como en sus plataformas institucionales.Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados únicamente en los canales oficiales, antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.
Este viernes, 6 de febrero de 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de MiLoto. De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el Sorteo #481 no registró ganadores para la categoría principal de cinco aciertos, lo que ha provocado un incremento significativo en la recompensa principal, situando el nuevo acumulado en la cifra de $200 millones de pesos.Los números de la suerte y el balance del sorteo de MiLoto hoyDurante la transmisión oficial del sorteo, las balotas arrojaron la siguiente combinación ganadora: 04, 05, 06, 17 y 36. De acuerdo con la información oficial, ninguna fracción o tiquete logró coincidir con la totalidad de los números para reclamar el premio mayor que, para esta fecha, se encontraba en $150 millones.Sin embargo, el sorteo fue productivo para miles de ciudadanos. El balance total arrojó 9.066 ganadores distribuidos en las categorías secundarias de premiación, con un desembolso total de $80.350.550 por parte de la organización.Distribución de los premios por categoríasEl sistema de premiación de MiLoto permite que los jugadores obtengan retornos económicos desde los dos aciertos. El desglose de los resultados para el sorteo del 6 de febrero se detalla a continuación:4 Aciertos: Un total de 25 personas estuvieron a un solo número de alcanzar el premio mayor. Cada uno de estos ganadores recibirá un incentivo de $680.950, sumando una bolsa sectorial de $17.023.750.3 Aciertos: En esta categoría se ubicaron 712 ganadores, quienes recibirán individualmente $42.150.2 Aciertos: Fue la categoría con mayor volumen de beneficiados en este sorteo, registrando 8.329 ganadores. Cada uno de ellos recibirá $4.000, lo que usualmente permite a los jugadores reinvertir en un nuevo boleto o recuperar el costo de la apuesta inicial.El crecimiento de MiLoto en el mercado colombianoMiLoto, una modalidad bajo la administración de Operador Nacional de Juegos (quienes también gestionan Baloto), se ha consolidado como una alternativa ágil y accesible para el público colombiano. A diferencia de otras loterías tradicionales, su mecánica de elegir 5 números del 1 al 39 ofrece probabilidades estadísticas competitivas que atraen a un segmento joven y digital de apostadores.El incremento del acumulado a $200 millones representa un hito atractivo para el próximo sorteo, ya que este monto suele disparar el volumen de ventas en los puntos físicos de SuRed y SuperGIROS, así como en las plataformas digitales oficiales.Contexto y transparenciaEs importante recordar que los premios en Colombia están sujetos a la normativa tributaria vigente. Los ganadores de montos superiores a las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) deben considerar los descuentos por concepto de retención en la fuente, los cuales se destinan a la salud pública del país, un pilar fundamental de la operación de los juegos de suerte y azar legales.Los interesados en participar en el próximo sorteo podrán adquirir sus tiquetes hasta minutos antes del cierre de las terminales de venta. La transparencia del proceso está garantizada por la presencia de delegados de entes de control, quienes supervisan la legalidad del pesaje de las balotas y el correcto funcionamiento de las máquinas neumáticas en cada sorteo.
La Lotería de Risaralda, una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en el Eje Cafetero, dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado como es habitual el viernes en la noche. El número del premio mayor fue el: 4940 de la serie 280. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.Premios secos de la Lotería de RisaraldaTrébol de la Fortuna:Tres ganadores de $40 millonesBajo la denominación de "Trébol de la Fortuna", la lotería dispuso de tres premios de $40.000.000 cada uno. Los números y series favorecidos en esta categoría fueron:Secos de Perla:Cinco oportunidades de $35 millonesLa categoría "Secos de Perla" continúa siendo una de las favoritas por los apostadores. En esta oportunidad, se entregaron cinco premios de $35.000.000 cada uno, con los siguientes resultados oficiales:Cosecha Millonaria: La mayor distribución de premiosFinalmente, la "Cosecha Millonaria" cumplió su promesa de irrigar recursos entre un mayor número de ganadores. Este nivel del plan de premios otorgó 11 secos de $30.000.000 cada uno. A continuación, el listado completo de los números ganadores:Sorteo en vivo de la Lotería del RisaraldaCada sorteo de la Lotería de Risaralda despierta un alto interés tanto en el departamento como en otras regiones del país. La transparencia del proceso y la divulgación de los resultados por canales oficiales refuerzan la confianza de los jugadores, que consultan los números ganadores apenas finaliza la transmisión.En esta edición, el premio mayor, que actualmente asciende a una cifra cercana a los $2.333 millones, concentró gran parte de la atención. Sin embargo, los premios secos también tuvieron un papel destacado, al ofrecer montos significativos y aumentar las probabilidades de acierto. Esto se reflejó en una amplia caída de premios durante la jornada, uno de los aspectos más valorados por los apostadores.Este nuevo sorteo reafirma a la Lotería de Risaralda como una de las loterías más importantes del país, no solo por su trayectoria, sino también por la confianza que ha construido a lo largo de los años. Sus resultados continúan siendo seguidos con atención por quienes consideran este juego como una opción tradicional, transparente y confiable dentro del panorama de las loterías en Colombia.Más allá de la emoción propia de cada sorteo, la Lotería de Risaralda mantiene un impacto social positivo en la región. Los recursos que recauda se destinan a programas sociales y de salud, contribuyendo al bienestar de la comunidad y fortaleciendo su papel dentro del sector de juegos legales en Colombia.
La Corte Constitucional resolvió el conflicto de jurisdicciones que había entre tribunales especiales para conocer los casos de Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo, como responsable de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario.El alto tribunal determinó que la jurisdicción de Justicia y Paz es competente para el juicio de personas desmovilizadas de grupos paramilitares, como Mancuso, en virtud del artículo 16 de la Ley 975 de 2005.El conflicto de jurisdicciones surgió entre las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, y la Jurisdicción Especial para la Paz (Sección de Apelación).En la votación, el magistrado Vladimir Fernández salvó el voto, mientras que la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo aclararon el voto en relación con la decisión de la Corte.El 19 de julio de 2024, Salvatore Mancuso compareció durante tres horas ante la Corte Suprema de Justicia como testigo sobre la presunta relación entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el grupo criminal 'Los Rastrojos'.Mancuso, quien ahora es gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro, no hizo declaraciones sobre la investigación de Acuña, quien enfrenta acusaciones de vínculos con narcotraficantes y apoyo para su llegada al Congreso entre 2010 y 2014.Esa fue la primera ocasión en la que Mancuso comparece ante la justicia en calidad de testigo, por hechos relacionados con la violencia de los grupos paramilitares que tienen presencia en varias zonas de Colombia por lo que declaró contra el excongresista y ahora alcalde de Sincelejo, Sucre.
El Gobierno nacional anunció su intención de empezar los diálogos con el Clan del Golfo, grupo armado ilegal que está pidiendo iniciar el proceso “de justicia transicional y no de sometimiento”, según explicó su abogado, Ricardo Giraldo. En Mañanas Blu, aclaró que no han pedido que se abra una nueva jurisdicción ni que se establezcan nuevas leyes para negociar; aseguró que no es necesario.Ante las críticas por las practicas de financiamiento del Clan del Golfo durante años, reconoció que “no son pastorcitos de Belén”, pero dijo que “tampoco son narcotraficantes puros” como los señalan. En ese sentido, recalcó que este grupo considera que la solución al conflicto armado en el país no es a través del sometimiento y por eso habló explorar otras vías de justicia.“Ellos han sido muy claros en eso. Incluso, el comandante máximo del Ejército Gaitanista hace unos 15 días lo dijo a viva voz, que ellos quieren es que haya justicia transicional, porque es que sometimiento eso no va a garantizar que haya pacificación de los territorios, porque es que ellos vienen de varios procesos de sometimiento completamente fallidos. Entonces, eso no va a ser la solución real para para que haya paz en Colombia y la resolución es clara”, recalcó.Giraldo también se refirió a esos diálogos “socio jurídicos” que intenta entablar el Gobierno nacional. Señaló que, desde la parte jurídica, lo analizarán porque las resoluciones “son actos administrativos, pero hablan de sometimiento y “ellos han sido muy claros en que no va a haber sometimiento”, porque creen, y coincidió, “en que la solución al conflicto armado interno colombiano no se resuelve con el sometimiento”.Manifestó que, con esto, por lo menos “se abre la puerta para que se sienten las partes y se miren a la cara” para exponer “qué propuestas son las que tiene el Ejército Gaitanista y cuáles propuestas tiene el Gobierno”; con esto buscan, según agregó, que las partes puedan avanzar hacia un proceso de paz “que de verdad sea estable y duradero”.En cuanto al papel de la justicia en este proceso, el abogado Giraldo aseveró que es fundamental que esta juegue “un rol activo” y que todas las partes involucradas, incluyendo la sociedad civil y las víctimas, estén presentes en las negociaciones. Además, hizo énfasis en la importancia de la reparación a las víctimas como una prioridad en estas conversaciones.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, denunció la presencia de 300 hombres, aproximadamente, pertenecientes a las disidencias de las Farc en el municipio de Ataco, en el sur del departamento.“En el sur vamos a reforzar mucho porque tenemos problemas nuevamente con las disidencias de las Farc, especialmente, en el municipio de Ataco. Estamos preocupados porque sabemos de la presencia de casi 300 hombres en el municipio de Ataco y nosotros no podemos permitir que las disidencias de las Farc ingresen al departamento y se lo tomen”, aseguró Matiz.La mandataria de los tolimenses hizo un llamado al Gobierno nacional, solicitando apoyo al para combatir la presencia de los grupos armados, para así mismo mantener el control territorial en todo el departamento.Ante el silencio del Ministerio de Defensa por el ataque con drones a la base militar Casa Verde, crece el temor y la zozobra en la población por la toma de las disidencias de las Farc en el departamento.“Necesitamos seguir haciendo ese control territorial y por eso regresamos nuevamente a hacer ese llamado que le hemos hecho desde el mes de enero al Gobierno nacional para que no nos dejen solos en esta tarea y que nos ayuden por supuesto a combatirlos”, agregóLos operativos contra las disidencias en el TolimaCon la designación el 9 de agosto del 2023 del coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso como comandante de la Policía, se desplegó una operación conjunta entre el Ejército Nacional, y la Policía del Tolima y el Huila, gracias a esto se logró la captura de Edwin Collo, alias ‘Guajiro’, uno de los principales cabecillas de la estructura ‘Ismael Ruiz’, de las disidencias las Farc en la vereda Santa Rosa, en Planadas, zona rural del municipio de Rioblanco, Tolima.Alias ‘Guajiro’, para el momento de la captura tenía más de 12 años de trayectoria criminal y era señalado por las autoridades como el hombre que ordenó y dirigió el atentado que dejó a 7 Policías muertos en la vía que comunica a Neiva, Huila, con el corregimiento de San Luis, en donde fueron masacrados.A inicio de septiembre de 2023, el coronel Ojeda aseguró que, apoyados en el testimonio de un capturado, en el departamento solo quedaban alrededor de 15 disidentes de las Farc. También fue enfático cuando aseveró que había otros grupos del estado mayor, que pretenden ingresar al departamento proveniente del Huila, para ese momento anunció acciones operativas en contra de esta estructura en el sur de la región.A finales de marzo de 2024, en un operativo conjunto del Ejército, Policía Nacional y la Fuerza aérea lograron la ubicación y muerte de Yohan Arley Vanegas, alias ‘Capotillo’, jefe de finanzas de la estructura ‘Ismael Ruiz’ en el sur del Tolima, y quien estaba encargado de conformar el Bloque Central del Estado Mayor Central, además era señalado de proferir amenazas contra funcionarios de la Gobernación del Tolima y diputados de la Asamblea Departamental.La muerte de alias ‘Capotillo’ se registró en la vereda Espíritu Santo entre las poblaciones de Chaparral y Rioblanco. Por Yohan Arley la Gobernación del Tolima ofrecía la suma de 100 millones de pesos a quien brindara información sobre su ubicación.Con estas acciones la tranquilidad había retornado a las familias del sur tolimense que estaban siendo intimidadas por el grupo denominado ‘Ismael Ruiz’, señalado de ejecutar extorsiones, secuestros y desplazamiento forzado en el sur del Tolima, los habitantes de los municipios del sur aseguran que el cese al fuego, lo único que dejó fue el fortalecimiento de las disidencias en su región.Pese a que el Ejército Nacional y la Policía del departamento de Tolima han sido enfáticos al asegurar que no van a permitir que las disidencias de las Farc vuelvan a sembrar terror y zozobra en los municipios del sur, el miedo es latente en la comunidad, ya que hombres al margen de la ley no solo están llegando desde el norte del Huila, sino también desde el Cauca.
En operativos realizados por la Sexta Brigada del Ejército Nacional en el departamento del Tolima, se logró la captura de seis personas que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes al servicio de las disidencias de las Farc en el municipio de Planadas.Según las autoridades, la investigación contra estas seis personas llevaba 2 años, pues serían los responsables de la comercialización del frente de ‘Ismael Ruiz’, esto en la zona urbana y periférica de este municipio del Tolima.Dicho operativo fue adelantado de manera conjunta entre los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 Cozeu, de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, Fiscalía 60, Fuerza Aérea y Policía Nacional“Una vez lograban comercializar el estupefaciente, el ingreso económico era entregado al GAO-r Frente Ismael Ruiz. En este resultado operacional se les incautan 4 armas de fuego con munición de diferentes calibres, 3 armas traumáticas, varias papeletas de bazuco y marihuana, material de comunicaciones y 19 millones de pesos en efectivo”, aseguró el coronel Alexander Caicedo, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.18 Cozeu de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Cinco de ellos tenían ordenes de captura por parte de la Fiscalía de Ibagué, mientras que otro fue capturado en flagrancia mientras se venían realizando estos actos delictivos en el municipio.Ahora, los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios y municiones, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, destinación de muebles e inmuebles, concierto para delinquir agravado e instrumentación de menores.“Este importante resultado afecta las economías ilícitas de estos grupos al margen de la ley, los cuales pretenden afectar a los habitantes del sur del Tolima”, agregó el coronel.
El ELN condicionó la reunión con el Gobierno nacional para acordar una prórroga del cese al fuego bilateral que vence este sábado a que se publique un decreto presidencial donde retire a esa guerrilla de la lista de grupos armados organizados."El 3 de agosto se vence la prórroga del Cese Bilateral, Nacional y Temporal, si es de interés del Gobierno darle continuidad, y aprovechando que su Delegación de Diálogos ha manifestado que existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde», entonces la haga efectivo Decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAOs", apuntó el ELN en un comunicado publicado este sábado.Una vez que se publique, apunta la guerrilla, estarían dispuestos a que la delegación en los diálogos se reúna con la del Gobierno "para evaluar el cese y decidir sobre su continuidad; así como también se revise los incumplimientos del Gobierno que han sido motivo del Congelamiento del proceso de conversaciones".El Gobierno apuntó ayer que quiere optar por una "extensión técnica" del cese al fuego bilateral con la guerrilla, ante la falta de acuerdos."Somos conscientes de que se ha ido agotando el tiempo para preparar las condiciones necesarias para la nueva prórroga y, por esta razón, coincidimos con ustedes en la opción de hacer una extensión técnica del cese al fuego que nos permita desarrollar el encuentro de las jefaturas de las delegaciones", explicó la jefa negociadora, Vera Grabe, y el senador Iván Cepeda, en una carta dirigida a la ONU y a la Iglesia Católica, acompañantes del proceso.El cese al fuego bilateral con el ELN, el más largo acordado y llevado a cabo con la guerrilla, que comenzó hace un año, acaba este sábado pero las partes no se han reunido para acordar su prórroga, por lo que reina la incertidumbre sobre lo que pasará a partir de hoy.Además, el ELN asegura que no le ha llegado la propuesta de extensión e incide en que el Gobierno ha incumplido lo pactado, mientras el Gobierno le pide a la guerrilla "aclarar" si tiene un "propósito de llegar a la paz" y voluntad real.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.