La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La activista iraní y Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, recibió una nueva condena de seis años de prisión por los cargos de reunión y colusión, y un año y medio adicional por conspiración y propaganda contra el Estado, según informó su abogado, Mostafa Nili, a través de la red social X. La medida incluye una sanción que le prohíbe salir del país durante dos años.La nueva condena se produce tras su arresto más reciente, ocurrido en diciembre de 2025, durante el funeral del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, aparentemente relacionado con unas declaraciones públicas que dio la activista tras la sospechosa muerte de un abogado y activista iraní de derechos humanos, según informó un miembro de su equipo al medio de comunicación The Guardian.La familia de Mohammadi denunció que, durante ese procedimiento, se registraron episodios de violencia física, amenazas y golpes que llevaron a la activista al hospital, así como la falta de acceso a asesoría legal y condiciones de detención preocupantes. Estos hechos motivaron llamados internacionales a su liberación por parte de organismos como la Unión Europea, el Comité Noruego del Nobel y Amnistía Internacional, así como pronunciamientos de otras figuras reconocidas con el Premio Nobel de la Paz, como la líder opositora venezolana María Corina Machado.Mohammadi ha sido detenida en trece ocasiones, condenada en nueve procesos judiciales y ha pasado más de diez años de su vida en prisión. Su encarcelamiento más reciente fue entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024, como parte de sentencias que en conjunto superan los 13 años. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estos procesos responden al uso del sistema judicial para castigar la disidencia pacífica.Sobre la nueva condena, la Fundación Narges se pronunció en X y advirtió que dictar sentencias “vengativas” en el marco de juicios injustos constituye una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos internacionales y de la dignidad humana. La organización señaló que la privación de derechos fundamentales, junto con la imposición de condenas severas, representa un ejemplo de tortura y represión selectiva contra defensores de derechos humanos.La fundación alertó, además, que la continua detención ilegal y la presión judicial adicional sobre Mohammadi se producen en un contexto en el que su estado de salud ha alcanzado un nivel alarmante, lo que pone su vida en peligro.La Fundación Narges, que lleva el nombre de la propia Nobel de la Paz, hizo un llamado a las Naciones Unidas, a las instituciones internacionales de derechos humanos, a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional para que adopten medidas urgentes y decisivas que permitan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Irán.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Alexander Mora Mora, señalado de estafar a los ciudadanos mediante falsas ofertas de adjudicación de Viviendas de Interés Social (VIS) en Villavicencio, Meta. Según el ente acusador, el hombre se hacía pasar como líder religioso y como funcionario de entidades gubernamentales, con el propósito de ganarse la confianza de las víctimas y persuadirlas.De acuerdo con la investigación, entre los años 2022 y 2025 el procesado habría convencido, por lo menos, a 34 personas de entregarle diferentes sumas de dinero con el fin de acceder a un supuesto cupo que les garantizaría la adquisición de una casa nueva en proyectos de urbanización que, aparentemente, se abrirían en distintas zonas de la ciudad.La Fiscalía estableció que, a través de este mecanismo, el hombre habría recibido más de $22 millones. Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que el procesado, “mediante la ejecución de maniobras engañosas exigió y recibió dinero en provecho suyo a sus 34 víctimas determinadas, quienes fueron inducidas en error, recibiendo un total de 22 millones 379 mil pesos aproximadamente, actuando dolosamente y sin justa causa”.Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta presentó al señalado ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de estafa agravada en la modalidad de masa y simulación de investidura o cargo. El procesado no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El Juzgado 14 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bucaramanga programó para este 9 de febrero a las 8:30 de la mañana la audiencia de sentido de fallo contra Giovanny Vega Blanco, exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo, procesado por presuntos delitos sexuales contra deportistas.De acuerdo con la citación judicial, Vega Blanco deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, cargos relacionados con denuncias presentadas por varias atletas que aseguraron haber sido víctimas cuando eran menores de edad.Durante el proceso, las deportistas señalaron que el entrenador habría aprovechado su posición de autoridad para cometer abusos y mantenerlas bajo amenazas. El caso ya había tenido antecedentes disciplinarios: en 2022 la Federación Colombiana de Atletismo lo sancionó con cinco años de suspensión, tras hallarlo responsable de conductas de violencia sexual, física y de género.Puesto que aprovechaba su posición de autoridad para cometer abusos repetidos, manteniendo a las jóvenes bajo amenazas y manipulación. Las denuncias fueron presentadas por varias atletas, entre ellas Martha Jazmín Guerrero, María Alejandra Salas, Ximena Restrepo y Geraldine Medina, quienes relataron episodios de tocamientos indebidos y violencia durante entrenamientos y competencias nacionales e internacionalesSin embargo, en la justicia penal el trámite ha estado marcado por demoras. Según las víctimas, la audiencia de juicio fue aplazada en repetidas ocasiones, lo que prolongó la espera por una decisión judicial. “Nos han dejado completamente solas y él sigue dilatando los juicios”, expresó una de las denunciantes.Una de las víctimas, tras recibir la citación para la audiencia programada este 9 de febrero, afirmó: “Lo único que pido es que se haga justicia y que el acompañamiento lo brinden la Procuraduría y la Defensoría, como se habían comprometido. A él lo vemos en la calle, en supermercados, como si nada, y supuestamente tiene casa por cárcel, mientras nosotras sí llevamos años de traumas y tratamientos por culpa de él”.La diligencia de este lunes corresponde al sentido de fallo, etapa en la que el juez anuncia si el acusado es condenado o absuelto con base en las pruebas y testimonios presentados durante el juicio. Posteriormente, de ser hallado culpable, se fijará la pena en una audiencia de lectura de sentencia.Las víctimas y sus familias esperan que esta decisión marque un paso definitivo hacia la justicia y la reparación.El caso sigue generando polémica y preocupación en el deporte colombiano, al evidenciar la brecha entre sanciones disciplinarias en federaciones y la efectividad de la justicia penal, así como la vulnerabilidad de las atletas frente a abusos cometidos por entrenadores. Las víctimas y organizaciones defensoras del deporte seguro continúan exigiendo una sentencia judicial que garantice justicia y reparación integral.
La ola invernal continúa generando emergencias en Colombia, con más de 100 municipios afectados y cerca de 43.000 familias damnificadas. Aunque enero y febrero suelen ser meses de baja precipitación, este año el país enfrenta un comportamiento climático inusual, explicado por una combinación de fenómenos atmosféricos, según la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry.En entrevista con Blu Radio, la funcionaria señaló que “históricamente, el mes de enero y febrero son meses de menos lluvias, especialmente para la región Caribe y la región Andina”, pero aclaró que en 2024 se presentó “una alteración de esos patrones climatológicos por incidencia de diferentes fenómenos”. Entre ellos, mencionó condiciones asociadas a La Niña a finales del año pasado, que aunque no se consolidaron oficialmente, sí favorecieron la ocurrencia de lluvias continuas.Lluvias consecutivas y frentes fríosEcheverry explicó que el impacto no se debe a un solo evento, sino a la acumulación de varios. “Hemos tenido lluvia tras lluvia por diferentes fenómenos, pero de manera continua, y eso por supuesto exacerba los efectos”, afirmó. A esto se sumaron dos frentes fríos que generaron los picos más altos de precipitación. “Nuestros registros indican que los primeros seis días de febrero llovió lo que debía llover todo el mes”, precisó, calificando la situación como “bastante inusual”.La directora del Ideam indicó que estos frentes fríos, aunque no llegan directamente a Colombia, sí influyen en los vientos y la nubosidad. “Esa incidencia hace que se aumenten las lluvias en el territorio nacional”, explicó, detallando que se rompieron récords de precipitación en varios municipios del Caribe.Alertas vigentes y respuesta hidrológicaSobre la situación actual, Echeverry confirmó que persisten los efectos del segundo frente frío. “Quedó un coletazo, un rezago que todavía nos está trayendo lluvias”, señaló, advirtiendo sobre posibles picos en el embalse de Urrá y el aumento del caudal del río Sinú. En ese sentido, recordó que “la respuesta hidrológica no es inmediata, hay un rezago entre la lluvia y el aumento del caudal”.Asimismo, el Ideam mantiene alertas meteomarinas. “Seguimos en una alerta naranja para el archipiélago y para la costa Caribe”, indicó, aclarando que estas se actualizan diariamente y que las decisiones operativas corresponden a las autoridades territoriales.Pronóstico para las próximas semanasDe acuerdo con los modelos climáticos, las lluvias continuarán durante la segunda semana de febrero, aunque con menor intensidad. “No estamos esperando unos picos como los de la semana pasada”, afirmó Echeverry. Hacia finales del mes, se prevé una disminución y un retorno a condiciones más típicas de la época, antes de la transición a la primera temporada de lluvias en marzo.Escuche la entrevista completa acá:
El Tribunal para La Paz ratificó la imputación por esclavitud y secuestro al exsecretariado de las Farc-EP por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la extinta guerrilla.“El tribunal adoptó esta decisión con aplicación de las diferentes fuentes de derecho que se imponen a esta jurisdicción, facultad que se conoce como calificación jurídica propia, armonizando de manera adecuada el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional”, dijo el magistrado Camilo Suarez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPLos comparecientes por el caso 01 son:Rodrigo Londoño Echeverri, conocido durante el conflicto armado como ‘Timochenko’, fue el último comandante en jefe de las Farc-EP, desde la muerte de 'Alfonso Cano' en 2011, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Su periodo de comandancia se caracterizó por las negociaciones de paz realizadas con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido durante el conflicto armado como ‘Pastor Alape’, fue comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP desde su creación en 1993, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido durante el conflicto armado como ‘Joaquín Gómez’, fue comandante del Bloque Sur de las Farc-EP desde 1993, al asumir ese rol desde la formación de esa estructura en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, hasta su reincorporación a la vida civil. Fue miembro del Secretariado desde 2008 y del Estado Mayor Central desde 2005.Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido durante el conflicto armado como ‘Mauricio Jaramillo’ o el ‘Médico’, fue el último comandante del Bloque Oriental de las Farc-EP desde 2010 hasta 2016. Desde 1993 era miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, y de 2003 a 2006 fue el segundo comandante del Bloque Oriental por debajo de 'El Mono Jojoy'.Julián Gallo Cubillos, conocido durante el conflicto armado como ‘Carlos Antonio Losada’: desde 1984 y hasta 2007 tuvo como responsabilidad la organización clandestina de las redes urbanas de las antiguas Farc-EP en Bogotá, donde residió hasta el año 2000, cuando se trasladó a San Vicente del Caguán. Desde entonces y hasta 2007, según su propia versión, continuó desde zona rural de Cundinamarca y Meta bordeando el páramo de Sumapaz.Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido durante el conflicto armado como ‘Pablo Catatumbo’, fue comandante de la Columna Móvil Alirio Torres y miembro del Estado Mayor del Bloque Móvil 'Arturo Ruiz' desde 1997. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el Occidente del país. Fue designado como titular del Estado Mayor Central de las Farc-EP en 2000 y en 2002 como comandante de la Columna Móvil Arturo Ruiz.Rodrigo Granda Escobar, conocido durante el conflicto armado como ‘Ricardo Téllez’: fue designado integrante del Estado Mayor Central en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera en 1993. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En 2011 fue nombrado suplente del secretariado.Lo que se viene en este caso 01 que tiene 21.396 víctimas es una audiencia donde ellas participarán junto con los comparecientes y el ministerio público.Será un espacio judicial para que la Sección verifique que se cumplen la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz; con base a esto se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo. Estas oscilarán entre los 5 y 8 años y serán verificadas y monitoreadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas.Corte Penal Internacional apoya el papel de la JEP en la justicia colombiana
La delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN, le solicitó al presidente Gustavo Petro tomar una decisión para definir el rumbo de las negociaciones con el ELN.A través de un comunicado, Vera Grabe e Iván Cepeda, jefes de la delegación de paz del Gobierno sostienen que no se puede adelantar un proceso de negociación con dos instancias de una misma organización. En este caso, la delegación de la mesa nacional del ELN y el frente que opera en el departamento de Nariño. Pues señalan que “tal circunstancia es jurídica y políticamente inviable”.La fragmentación o crisis interna del ELN había sido advertida esta semana por Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, en un debate de control político en la Cámara de representantes donde fue citado para conocer los avances de la paz total. El comisionado aseguró que es necesario primero resolver sus divisiones internas para comunicarle al Gobierno qué camino quieren tomar.Secuestran a soldado en el Cauca: "Se encontraba en estado de indefensión""Que hagan su congreso, sexto congreso porque el último lo hicieron en el 2015 y esperar a ver qué decisión tienen, si seguir en la guerra o emprender un camino de paz", agregó Otty Patiño.En el marco de este escenario, cabe recordar que la delegación del ELN le pidió al Gobierno suspender el diálogo paralelo con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, pues lo consideran una traición a lo pactado en los acuerdos de la mesa.Esta semana se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, un encuentro extraordinario entre la delegación del Gobierno Nacional y el ELN para descongelar las conversaciones. Sin embargo, no hubo avance alguno, lo único pactado fue que entre el 20 y 25 de mayo tendrán nuevos encuentros en ese mismo país para continuar los diálogos de paz.
“Somos autónomos y el comando central del Eln (Coce) no puede decir quién es o no guerrillero del ELN", dijo desde las montañas de Nariño Gabriel Yépez Mejía, alias 'HH', comandante del frente Comuneros del Sur, quien rompió su silencio y advirtió que no lo pueden responsabilizar de la crisis de la mesa de diálogos de paz, “porque si el “Coce” quiere romper los diálogos con el Estado colombiano que diga la verdad al país, pero que no coja de pretexto al frente Comuneros del Sur".En dialogo exclusivo con Blu Radio, el jefe guerrillero retó a 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García', para que digan la verdad al país sobre los casos de narcotráfico al interior del ELN e insistió que el frente Comuneros del Sur está listo para la transformación de Nariño con un proceso transparente y serio que permita la dejación de armas antes que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro.Movimiento políticoFirme en sus palabras, alias 'HH' dijo que al interior del frente Comunero del Sur hay unidad de mando y por eso aceptaron participar en los diálogos regionales que propuso el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y están dispuestos a sentarse a dialogar con el Gobierno para llegar a un punto de acuerdo que les permita convertirse en un movimiento social y político para trabajar junto con las comunidades en la transformación de las zonas azotadas por la guerra.Yépez Mejía, alias 'HH' es el hombre fuerte del frente Comuneros del Sur de la guerrilla del ELN. Su ingreso a esta organización alzada en armas se produjo hace 33 años, sin embargo, desde el año 2022 el “Coce” lo tienen entre ojos porque, según alias 'Antonio García' comandante de esa organización rebelde, Yépez Mejía es un infiltrado de la inteligencia militar y está llamado a un proceso disciplinario interno por violar la política del ELN de deslinde categórico con el narcotráfico, articulado en operaciones con sectores de la inteligencia estatal.Alias 'HH' o 'Samuel' afirmó que en noviembre del año 2023 se reunieron en el resguardo de Mayasquer, zona rural del municipio de Cumbal, sur de Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador, delegados de la guerrilla del ELN entre ellos Bernardo Téllez y Gustavo Martínez en donde se analizaron temas del proceso de paz a través de una pedagogía en la cual participaron comandantes del frente Comuneros del Sur y militantes de ese grupo subversivo.“Es extraño como si en noviembre del 2023 la delegación del ELN había informado al Gobierno sobre la supuesta infiltración de inteligencia militar, porque entonces no se dijo nada en ese encuentro de la frontera”, se preguntó Yépez.Aclaró que su participación en los diálogos regionales de paz no tiene reversa y muestra de ello son los protocolos que ya se firmó para iniciar un desminado humanitario en las zonas en Nariño donde el frente comuneros del sur ha hecho una presencia desde hace más de 32 años.“Somos una expresión más dinámica en la concepción y visión de paz que tenemos como territorio. Nosotros, ante el llamado de los nariñenses en cabeza del gobernador Luis Alfonso Escobar y de las comunidades de estas regiones en tratar de buscar una salida al conflicto, hemos centrado nuestra postura y nuestra posición es la de participar en unos diálogos regionales de paz en Nariño”, aseguró alias 'HH'.En ese encuentro el frente Comuneros del Sur dejó constancia de su postura de que está convencido de hacer parte de una transformación territorial en Nariño y aseguró que confía que antes de que termine el periodo de Gobierno del presidente Gustavo Petro, los integrantes del entre comuneros del sur podrían hacer el tránsito de la lucha armada para llegar a la política.Alias 'HH' invitó a la comunidad nacional e internacional a visitar a la comunidad del Nariño para hablar con la población y que ellos comuniquen qué está sucediendo en esa región.“Espero que 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García' acepten un reto para que hagamos una visita para que el "Coce" venga a Nariño, pero que esa visita también se haga en el Catatumbo, porque el frente Comuneros del Sur tributa, pero en el Catatumbo regula y comercializa la droga”, señaló 'HH'.El jefe guerrillero reiteró que "toca decirle la verdad al país", ponerse "cara a cara" para que el país y la comunidad internacional conozca todo lo que ocurre en el ELN y, en el frente Comuneros del Sur.
Más de 700 organizaciones sociales de Colombia agrupadas en la Coordinadora Humanitaria entregaron este jueves un informe a la ONU en el que alertan que la expansión de los grupos armados ha aumentado un 36 % en el país en el primer trimestre de 2024."Hay una alerta por la afectación de 189 municipios del país (casi el 20 % del total)", se lee de un informe que estas organizaciones, de la mano del expresidente Ernesto Samper, entregaron al representante del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.La mayoría de territorios afectados son zonas que ya habían sido designadas como las más afectadas por el conflicto en el acuerdo de paz de 2016, pero además existe "un incremento del 36 % en la violencia territorial en 2024".El grupo con más presencia es el paramilitar Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país, que tiene influencia en 60 zonas, seguido del Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC, con presencia en 29 zonas, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presente en 26.Aumentan las acciones hostilesEl informe entregado también da cuenta de un aumento del 70 % en las acciones hostiles de grupos armados, a pesar de que también ha habido una reducción de un 32 % en posibles violaciones a los ceses al fuego en el primer trimestre de 2024.En total entre el 1 de enero y el 31 de marzo, estas organizaciones sociales registraron 272 eventos violentos, entre violaciones a los ceses al fuego y acciones hostiles, pero mientras las primeras han disminuido, las segundas han aumentado respecto al primer trimestre de 2023.De esta forma, se reportaron 129 posibles violaciones al cese al fuego (entre afectaciones humanitarias que impactan a la población civil y acciones ofensivas o incidentes armados), sabiendo que el informe no solo tiene en cuenta los dos únicos ceses al fuego oficiales -los del ELN y el EMC- sino también los declarados unilateralmente por otros grupos.Los actores que más violencia han instigado han sido el paramilitar Clan del Golfo, el principal grupo armado del país, a quien la Coordinadora Humanitaria atribuye 65 de las 272 acciones violentas, seguida del Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC, con 54, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 23.Por tanto, el informe visibiliza, que a pesar de los intentos de paz en Colombia, se han incrementado "los impactos de la guerra contra la población civil", entre otros asuntos porque no se está aplicando el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no hay concreción en las acciones prohibidas por los ceses al fuego.De ese modo, desde la Coordinadora Humanitaria llaman a un cese al fuego multilateral y de hostilidades, que concrete las acciones prohibidas en sus protocolos y de ese modo "permita proteger la vida de la población civil".
La Sala de Reconocimiento de la JEP anunció recientemente un cambio de metodología en la investigación de los falsos positivos, pues ya no solo se investigará por zonas del país, sino que también se empezó a tratar de determinar responsabilidades a nivel nacional en estos casos de ejecuciones extrajudiciales.Y este lunes, 22 de abril, la JEP decidió llamar a cuatro generales que fueron inspectores del Ejército y del Comando General de las Fuerzas Militares, entre los años 2005 y 2009.“Estos cuatro generales retirados, vinculados a la investigación nacional del Caso 03, han sido mencionados, o bien, en otras versiones de comparecientes en el marco de la instrucción de los subcasos priorizados en la primera fase de la investigación; o en los informes de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos entregados a la Jurisdicción”, señaló la JEP.Los cuatro generales que han sido llamados a rendir versión son Carlos Orlando Quiroga Ferreira, quien fue inspector general del Ejército en 2006; Eduardo Behar Benítez, inspector general del Comando General de las Fuerzas Militares entre 2006 y 2008; Carlos Omairo Lemus Pedraza, inspector general y jefe de estado mayor del Ejército entre 2005 y 2008 y Carlos Arturo Suárez Bustamante, jefe de operaciones e inspector general del Ejército y del Comando General de las Fuerzas Militares entre 2006 y 2010.Carlos Suárez Bustamante fue considerado como el general que se encargó de investigar y posteriormente denunciar a militares que llevaron a cabo falsos positivos en diferentes zonas del país, recientemente, en una entrevista con Blu Radio, fue salpicado por sus presuntas alianzas con el paramilitarismo.Según el cabo en retiro Néstor Gutiérrez, quien ha aceptado su responsabilidad en falsos positivos, el general Suárez Bustamante habría tenido, presuntamente, alianzas con el paramilitarismo."Tenía vínculos -Suárez Bustamante- directamente con Ramón Isaza, yo me acuerdo que había una finca en Doradal, Antioquia, que le llamaban la culebra y de Doradal hacia adentro ellos tenían un campamento de entrenamiento y normalmente llegábamos las tropas del Batallón Bárbula a descansar ahí", narró Gutiérrez.Las diligencias de los cuatro generales se van a realizar los días 15 y 16 de mayo, 22 y 23 de mayo, 4 y 5 de junio y 12 y 14 de junio.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.