El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
La inteligencia artificial dejó de ser un lujo para grandes corporaciones. Ahora, 1.000 empresas en Colombia podrán acceder a un kit gratuito que promete reducir hasta un 30 % los costos operativos, una cifra nada menor en tiempos donde cada peso cuenta.La iniciativa busca resolver un problema concreto: muchas compañías quieren usar IA, pero no saben por dónde empezar o temen afectar su operación. Con este programa, la apuesta es que la tecnología se convierta en una herramienta práctica desde el primer día, especialmente para negocios con alta carga operativa.Entregarán kit gratuito de IA a 1.000 empresas para reducir costos operativosEl programa es liderado por Meteor IA, una plataforma especializada en inteligencia artificial aplicada a negocios. A diferencia de otras propuestas que ofrecen herramientas aisladas, este kit incluye acompañamiento para implementar soluciones reales en áreas clave como: Marketing, Ventas y Atención al cliente.El objetivo es automatizar procesos repetitivos, optimizar tiempos y mejorar resultados sin exigir conocimientos técnicos ni programación.El contexto respalda la iniciativa. Según datos citados en el anuncio, el 66 % de las pymes en Colombia ya utiliza inteligencia artificial, mientras que el 82 % de las grandes empresas planea aumentar su inversión en los próximos dos años. A nivel global, el 77 % de las organizaciones explora o implementa estas soluciones.¿Este kit le sirve a su negocio y para qué procesos es útil?Está dirigido a empresas con alto volumen de tareas diarias, consultas constantes de clientes o gestión comercial intensiva. Es decir, negocios que sienten que el tiempo no alcanza.El kit incluye:Prompts profesionales para crear copys y mensajes de ventaPlantillas para imágenes y videosAcceso a un asistente virtual ajustado al negocioHerramientas para filtrar leads y responder preguntas frecuentesLa promesa es ahorrar hasta 20 horas semanales en tareas operativas y mejorar la eficiencia de los equipos hasta en un 15 %.¿Cómo acceder al kit gratuito de inteligencia artificial?Las empresas interesadas deben ingresar a https://meteor.com.co/kit-ia/ y seguir el paso a paso de inscripción.Luego se agenda una sesión personalizada uno a uno, donde se entrega la herramienta y se adapta a la operación real del negocio. La implementación es guiada, con el propósito de evitar fricciones y garantizar resultados medibles.La inteligencia artificial ya no es una tendencia lejana. Para muchas empresas colombianas, puede convertirse en un aliado concreto para producir más, gastar menos y competir mejor.
Las billeteras digitales en Colombia siguen ganando terreno y se consolidan como las aplicaciones más usadas por los ciudadanos para controlar su dinero. Ante ese uso constante, plataformas como Nequi y Daviplata revelaron cuáles serán sus topes y condiciones durante lo que resta de 2026, incluidos los cambios relacionados con el 4x1000.El ajuste realizado corresponde a la actualización de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para 2026 quedó en $52.374. Con base en esa cifra se recalcularon los límites mensuales para las cuentas de bajo monto.Así quedaron los topes mensuales en 2026Con el nuevo valor de la UVT, el tope máximo que pueden manejar las cuentas de bajo monto es de 210,5 UVT. Este límite aplica para Nequi, Daviplata, Dale! y todas las cuentas de bajo monto en Colombia. La cifra corresponde al total de movimientos realizados en el mes.Se incluyen dentro del tope:DepósitosTransferenciasPagosRetirosSi se supera este monto, la plataforma puede bloquear nuevas transacciones hasta el mes siguiente, salvo que el usuario migre a una cuenta de ahorros tradicional.¿Desde cuándo cobran el 4x1000?El impuesto a los movimientos financieros se aplica cuando los movimientos mensuales superan 65 UVT, es decir, $3.404.310 durante 2026.A partir de ese valor se cobra de inmediato el impuesto del 0,4 %. El cobro se genera en el momento en que se excede el límite y no puede diferirse.Si el usuario tiene una cuenta de ahorros marcada como exenta, el beneficio se amplía hasta $18.330.000 mensuales libres de este impuesto. Sin embargo, cada persona solo puede tener una cuenta de ahorros exenta en todo el sistema financiero colombiano.Diferencias entre cuenta de bajo monto y cuenta de ahorrosLa regulación mantiene diferencias claras entre ambos productos.Cuenta de bajo monto:Límite total mensual: $11.024.727.Exención del 4x1.000 hasta $3.404.310.Posible bloqueo si se supera el tope.Cuenta de ahorros exenta:Movimientos libres de 4x1.000 hasta $18.330.000.Mayor flexibilidad en el flujo de dinero.Debe registrarse formalmente como exenta.En el caso de Daviplata, existen límites adicionales por canal: retiros en cajero hasta $1.000.000 por operación, depósitos en cajero hasta $720.000 y pagos con QR hasta $1.250.000. Además, se pueden realizar hasta cuatro retiros al mes sin costo; a partir del quinto se cobra $2.000 más IVA.Nequi, que funciona como aliada de Bancolombia pero con servicios independientes, y Daviplata coinciden en que el uso digital continúa en aumento, por lo que los usuarios deben estar atentos a las actualizaciones que anuncien estas plataformas.
Las fuertes lluvias que no dan tregua en Santander mantienen en alerta máxima a las autoridades y comunidades; inundaciones, tormentas eléctricas, deslizamientos y el desbordamiento de ríos han provocado emergencias en distintas zonas del departamento, dejando hasta el momento más de 500 personas damnificadas.Ante la magnitud de las afectaciones, 18 municipios declararon la calamidad pública para agilizar la atención humanitaria, habilitar albergues temporales y gestionar recursos para la recuperación de las zonas impactadas.Entre los territorios más golpeados se encuentran Lebrija, Sabana de Torres, Rionegro, El Playón, Confines, Cimitarra, Charalá, Carcasí, Coromoro, Molagavita, Puerto Parra y San Joaquín, donde se reportan viviendas anegadas, cultivos perdidos y vías bloqueadas por caída de rocas y derrumbes.Las emergencias también han dejado incomunicadas varias veredas y corregimientos debido al colapso de carreteras secundarias y terciarias, lo que dificulta el ingreso de ayudas.Desde la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, su director, Eduard Sánchez, advirtió que las precipitaciones continuarán en los próximos días y reiteró el llamado a las comunidades ribereñas a evitar actividades cerca de los ríos ante el riesgo de crecientes súbitas.“Nos mantenemos acompañando a las comunidades. Las lluvias persisten y las inundaciones representan un peligro constante para las familias. Hay monitoreo del afluente en los principales ríos, sobre todo del río Lebrija, que es el que ha dejado un sinnúmero de afectaciones en el municipio que lleva su mismo nombre y en otros aledaños”, señaló el funcionario.De igual manera, hizo un llamado a la solidaridad para donar elementos no perecederos, colchonetas, frazadas y demás kits de aseo para poder suplir las necesidades de las familias damnificadas.Mientras tanto, decenas de personas permanecen en albergues temporales a la espera de ayudas humanitarias, en medio de una temporada invernal que ya es considerada una de las más fuertes de los últimos años en el departamento.
En la mañana de este sábado 14 de febrero, los colombianos se despertaron con un leve susto, luego de que varios habitantes del nororiente del país vivieran un sismo de magnitud 4.1 que se registró a las 6:21 a. m. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro fue en el departamento de Santander, con una profundidad de 149 kilómetros, en el municipio de Los Santos.Por fortuna, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. El temblor fue percibido en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana. Como es habitual, decenas de ciudadanos acudieron a la plataforma “Sismo Sentido” del SGC para indicar si lo habían notado.Fuerte sismo de magnitud 4.1 se registró esta mañana en ColombiaEl evento ocurrió en una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Los Santos hace parte del llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, reconocido por su constante actividad telúrica.Por su magnitud y profundidad —149 kilómetros— el movimiento se sintió de manera leve a moderada. Este tipo de sismos profundos, aunque pueden abarcar un área amplia, suelen generar menor impacto en superficie.Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente y reiteran que no se registran afectaciones.¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?La prevención sigue siendo clave. Las recomendaciones oficiales incluyen:Antes de un sismo:Identificar zonas seguras dentro de la vivienda.Asegurar objetos que puedan caer.Tener un kit de emergencia con linterna, radio, agua y botiquín.Definir un plan familiar de evacuación.Durante el sismo:Mantener la calma.Aplicar la regla “agáchese, cúbrase y sujétese”.Alejarse de ventanas y objetos inestables.En la calle, buscar espacios abiertos.Después del sismo:Verificar el estado de las personas.Revisar posibles fugas de gas o daños estructurales.Estar atentos a réplicas.Informarse por canales oficiales.
Uno de los premios secos de $100 millones del sorteo 4822 de la Lotería de Medellín, realizado el viernes 13 de febrero de 2026, fue vendido en el departamento de Antioquia, según confirmó la entidad a través de sus redes sociales oficiales.El número 4246 de la serie 051, distribuido por Loticolombia, resultó ganador de uno de los seis premios secos de $100 millones que entregó el sorteo. “¡Felicitaciones al ganador! La Lotería de Medellín sigue cumpliendo los sueños de nuestros apostadores”, publicó la empresa estatal.En el sorteo, el Premio Mayor, equivalente a $16.000 millones, correspondió al número 4547 de la serie 178.Premios destacados del sorteo 4822Además del premio principal, la Lotería informó la distribución de varios secos de alta cuantía:2 secos de $1.000 millones: 4524 – serie 298 y 5198 – serie 313.2 secos de $700 millones: 1743 – serie 358 y 6354 – serie 137.2 secos de $500 millones: 4138 – serie 494 y 8978 – serie 107.6 secos de $100 millones: entre ellos el 4246 – serie 051, vendido en Antioquia.7 secos de $50 millones, 10 de $20 millones y 15 de $10 millones, con múltiples ganadores en distintas regiones del país.El sorteo 4822 fue certificado por ICONTEC, como parte del sistema de transparencia y control de calidad que respalda las operaciones de la Lotería de Medellín.Premio Mayor de $16.000 millones – Sorteo 4822El gran ganador de la jornada fue el número 4547 de la serie 178, que se llevó el Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas del mercado de loterías en Colombia durante el inicio de 2026.Premios secos destacados del sorteo 4822Además del premio principal, el sorteo se caracterizó por una amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en Medellín, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.2 Secos de $1.000 millones4524 – Serie 2985198 – Serie 3132 Secos de $700 millones1743 – Serie 3586354 – Serie 1372 Secos de $500 millones4138 – Serie 4948978 – Serie 1076 Secos de $100 millones0961 – Serie 1581924 – Serie 3574036 – Serie 1134246 – Serie 0515651 – Serie 0468413 – Serie 1437 Secos de $50 millones1361 – Serie 4621563 – Serie 2523337 – Serie 4715537 – Serie 3315614 – Serie 4318235 – Serie 4278850 – Serie 06510 Secos de $20 millones1336 – Serie 4842065 – Serie 4742605 – Serie 4482639 – Serie 0626437 – Serie 1826526 – Serie 2157201 – Serie 1007836 – Serie 4948510 – Serie 1718738 – Serie 36915 Secos de $10 millones0888 – Serie 0350888 – Serie 3381753 – Serie 2642743 – Serie 4093422 – Serie 4356644 – Serie 3566797 – Serie 1396799 – Serie 1546872 – Serie 2046900 – Serie 0237848 – Serie 4609410 – Serie 3529645 – Serie 1659813 – Serie 3449881 – Serie 108
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La representante del alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Juliette de Rivero, expresó su preocupación frente a la continua expansión territorial de grupos armados en el país pese a la política de paz total del presidente Gustavo Petro."La necesidad de hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad humana en los territorios. Y la necesidad de articular mejor a las autoridades locales, regionales y nacionales del Estado y del Gobierno en territorio para fortalecer la presencia integral del Estado, empoderar a las organizaciones de base y proteger a la población civil frente al actuar de los grupos”, aseguró de Rivero durante la presentación del análisis de la situación de Derechos Humanos en Colombia.Según el reporte, esta expansión se presenta en los departamentos de Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare, con acciones violentas que incluyen: homicidios, amenazas y reclutamiento infantil.Además, reveló que el índice de impacto de la violencia en Colombia en 2022 identificó los 117 municipios más afectados, que se ubican en 26 departamentos, mientras que para el primer semestre de 2023, identificó los 114 municipios ubicados en 24 departamentos.En el primer semestre de 2023, se destacó la concentración de municipios identificados por el índice en la categoría "muy alto" y "alto" en el Pacífico (7 municipios), Norte de Cauca (5 municipios), Sur de Bolívar (5 municipios), CatatuLe puede interesar
Durante más de cuatro horas, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad con la cúpula militar, los ministros de Defensa e Interior, además de miembros de la comunidad y autoridades locales tras el asesinato de cuatro policías el fin de semana en el departamento de Cauca.Al término de la reunión, el mandatario anunció varias medidas para enfrentar la delicada situación de orden público, con medidas que van desde el impulso a la situación de cultivos, hasta el incremento de pie de fuerza en la región.“Se va a centrar en primer lugar en una sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento, básicamente de las zonas cocaleras en economías lícitas, básicamente economías cafeteras. El Ejército va a ser el eje central de esa sustitución que espera el apoyo del campesinado, del Cauca, de los movimientos sociales indígenas y afros en este tipo de zonas para lograr definitivamente salir de la base económica de la violencia”, anunció el presidente.Y ordenó que “la fuerza pública, a partir del día de hoy, debe paralizar por completo en tierra y mar las economías ilícitas del departamento y propiciar que la ciudadanía que aún tiene que vivir bajo esas economías ilícitas puedan transitar pacíficamente con el apoyo del Gobierno nacional hacia las economías lícitas”.“Cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego, lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil. Ni el secuestro ni el confinamiento ni la extorsión ni las masacres ni la muerte de líderes sociales ni la muerte de los combatientes que han firmado la paz ni el ataque a comunidades indígenas, a sus autoridades afros o mestizas, pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz es básicamente acabar la hostilidad con la población civil, en primer lugar y, en segundo lugar, aceptar el tránsito de las economías ilícitas hacia economías lícitas”, advirtió Petro a los grupos armados.“Incluso los combatientes actuales pueden hacer parte de esas economías lícitas para vivir de ellas en tranquilidad y en paz. Esos son los aspectos básicos que hemos analizado”, agregó.Por último, anunció que “habrá una mucho mayor presencia de las Fuerzas Militares. La Policía va a hacer un esfuerzo agrandando su presencia policial en las cabeceras municipales. Dejan de haber bachilleres en la policía en esta zona, dejan de haber soldados regulares, el Ejército pasa a ser el Ejército profesional en territorio caucano y la Policía exactamente lo mismo para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la eficacia. Este es un plan político militar. La acción militar se hace en defensa de un objetivo político, el cambio de la economía, de tal manera que podamos alcanzar la paz”.Le puede interesar
Continúan los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN, este 14 de agosto iniciará el cuarto ciclo de diálogos en Caracas, Venezuela, en medio de un cese al fuego bilateral, que comenzó el pasado 3 agosto y que según las fuerzas militares ya tiene al menos seis infracciones por parte de la guerrilla.En un comunicado conjunto la mesa de diálogos informó que después del 6 de julio se puso en marcha el mecanismo de monitoreo de y verificación, se abrieron canales de comunicación para evitar confrontaciones y se está verificando y aclarando de manera conjunta cada hecho reportado.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFAsimismo, aseguraron estar comprometidos con la inclusión de la sociedad civil para la construcción democrática de la paz. Se hará con el comité nacional de participación que consta de cinco comisiones, para iniciar con el proceso de diseño de la participación de la sociedad por medio de diferentes encuentros territoriales y sectoriales.La instalación de los diálogos se realizará en La Casona - Miranda, que antes funcionaba como residencia presidencial, por el lado del Gobierno nacional están Otty Patiño, Iván Cepeda y José Félix Lafaurie. Por su parte, la guerrilla del ELN tiene a Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell.“En el presente ciclo, las delegaciones continuarán desarrollando estos dos acuerdos. Igualmente, tratarán otros asuntos relevantes del desarrollo de la agenda de diálogos y del proceso de paz. Los resultados de estos nuevos trabajos serán oportunamente comunicados a la opinión pública.Adicionalmente, y en forma paralela, integrantes de ambas delegaciones continúan sus trabajos en Colombia en desarrollo de las labores tanto de diseño de la participación como del mecanismo de monitoreo y verificación”, indicó la mesa de diálogos a través del comunicado entregado.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
A pesar de los las noticias de la última semana, donde las Fuerzas Militares dieron a conocer seis presuntas infracciones al cese al fuego, además de posibles planes de atentado en contra del fiscal General, Francisco Barbosa, el excomandante del Ejército el general Enrique Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal por parte del ELN , seguirán los diálogos con la guerrilla en Caracas.El senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que ya viajaron a Caracas en Venezuela para continuar con las negociaciones con esta guerrilla que está en cuarto ciclo de negociaciones.“Está ya toda la delegación de Gobierno lista para viajar. Este ciclo va a ser, sin lugar a duda, un nuevo desarrollo, especialmente en los temas de participación y cese al fuego. Esperamos venir al país con nuevos acuerdos que desarrollen este importante proceso de paz”, señaló el senador.Además, se consolidó el Comité Nacional de Participación con cinco comisiones, para iniciar con el proceso de diseño de la participación, esto por medio de diferentes encuentros territoriales y sectoriales para dialogar y proponer con la sociedad como uno de los puntos acordados en la mesa.En este comité se convocarán 17 sectores sociales, incluyendo las mujeres, los gremios, los ambientalistas, las personas privadas de la libertad, comunidades étnicas, campesinos, jóvenes, medios alternativos, entre otros. A nivel regional, se abordarán las regiones Caribe, Eje Cafetero, Antioquia, Nororiente, Centro, Orinoquía, Suroccidente y Amazonas.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFELN niega presunto plan contra senadora Cabal, general (r) Zapateiro y fiscal BarbosaPor parte de la inteligencia de las Fuerzas Militares , se conoció una información sobre que existiría un plan del ELN para atentar contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa; el general en retiro Eduardo Zapateiro y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.Por su parte y sobre este hecho, el jefe negociador del Gobierno con el ELN, Otty Patiño, aseguró que no está confirmado por parte de las agencias de inteligencia sobre un atentado contra el fiscal Barbosa , pues, según él, se determinó luego de la reunión de este miércoles que la amenaza "se trataría de un rumor".En las últimas horas el comando central del ELN se pronunció asegurando que no existe un plan de la guerrilla en contra de ninguna de estas tres personas. Señalaron, además, que esta información busca restarle credibilidad al compromiso que asumieron con el cese al fuego bilateral, que empezó el pasado 3 de agosto.“Los compañeros señalados en la actualidad no están en labores de inteligencia, por tanto, dicha información carece de objetividad, tampoco el ELN orientará labores de inteligencia, tal como está acordado, durante el tiempo del cese al fuego”, añadió el comando central en su comunicado.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.