El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Kardyn Daniel Montilla Baquero es señalado de captar mujeres con falsas ofertas laborales para abusarlas sexualmente en Ciudad Bolívar, en Bogotá; uno de estos casos terminó en la muerte de una de las víctimas. Durante la audiencia de imputación, el hombre aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en ocho eventos delictivos, incluido el del homicidio.Según la investigación de la Fiscalía, el caso más grave corresponde al asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado el 8 de noviembre de 2024 en el sur de Bogotá. La víctima habría sido citada por el hoy procesado para concretar una supuesta oferta de trabajo como modelo.Sin embargo, al llegar al punto acordado, fue conducida a una zona boscosa donde, de acuerdo con la Fiscalía, fue abusada sexualmente, golpeada y asfixiada hasta causarle la muerte.Las pruebas recolectadas por las autoridades indican que Montilla Baquero también estaría implicado en el ataque a otras siete mujeres. Estos hechos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, igualmente en Ciudad Bolívar, y tendrían un patrón similar: las víctimas eran contactadas con falsas promesas de empleo y supuestas remuneraciones de hasta cuatro millones de pesos.De acuerdo con el ente acusador, en estos casos las mujeres habrían sido golpeadas, abusadas sexualmente, extorsionadas y posteriormente abandonadas en zonas despobladas. La investigación señala que el procesado se valía de engaños y de identidades falsas para ganarse la confianza de las víctimas y concretar los encuentros.Durante la audiencia, Montilla Baquero aceptó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal.El hombre continuará privado de la libertad en una cárcel mientras avanza el proceso; está previsto que en marzo un juez penal de conocimiento dé a conocer el sentido del fallo. Además, en los próximos días la Fiscalía lo acusará formalmente por otros ocho eventos delictivos relacionados con delitos sexuales.
El Día de San Valentín en Colombia ya no se limita a las parejas. La fecha, tradicionalmente asociada con el amor romántico, ha comenzado a resignificarse entre los jóvenes y adultos urbanos, quienes la entienden como una oportunidad para celebrar otras formas de afecto, incluida la relación consigo mismos. La transformación cultural es evidente en la manera en que millennials y miembros de la generación Z priorizan la autonomía, el bienestar emocional y las decisiones personales por encima de los modelos tradicionales de relación.Las cifras respaldan esta tendencia. Proyecciones recientes del Dane indican que cerca de dos de cada diez hogares en el país son unipersonales, un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años. Este cambio demográfico responde, en buena medida, a estilos de vida más independientes y a dinámicas laborales y sociales que han modificado la estructura familiar tradicional. En este contexto, la soltería deja de verse como una etapa transitoria y se asume como una elección válida y consciente.San Valentín impulsa pedidos a domicilio: órdenes crecieron 101 % en 2025También hay un impacto en los hábitos de consumo. Un sondeo realizado en 2024 por Fincomercio reveló que el 56 % de los colombianos asegura gastar menos cuando está soltero, lo que sugiere una mayor planificación financiera en esta etapa. A su vez, datos de la aplicación DiDiFood muestran que el 14 de febrero de 2025 las órdenes en Colombia crecieron 101 % frente a otro día 14 del mismo año, con una alta demanda de hamburguesas, pollo y comida rápida, productos que suelen compartirse tanto en pareja como entre amigos o incluso en celebraciones individuales.“San Valentín dejó de ser una fecha exclusiva para parejas. Hoy representa muchas formas de conexión, incluida la relación con uno mismo, con la familia y con los amigos. En la app DiDi Food entendemos que la soltería es parte de la vida de millones de personas y queremos acompañarla con propuestas variadas, de grandes usuarios restaurantes, y con opciones que se adaptan a todos los presupuestos, con un sentido cultural y cotidiano para los colombianos”, señaló Douglas Quesada, gerente de comunicaciones para DiDi Colombia.
El Gobierno de Nicaragua restableció este viernes el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos a los de Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y naciones africanas, en medio de las presiones de la Administración de Donald Trump por la migración irregular.La nueva disposición suscrita por la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel, y por el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas, establece que los ciudadanos de 128 países requerirán de visa consultada, categoría C, para entrar a Nicaragua.La lista de países, además de Cuba, Venezuela y Haití, incluye a Corea del Norte, Iraq y Libia, así como China, Irán y Siria, aunque para esos tres últimos países solo para portadores de pasaportes ordinarios.El Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, tomó esa decisión en medio de las presiones del Gobierno de Donald Trump por la migración irregular que llega esa nación.Estados Unidos había tildado de "preocupante" la política de puertas abiertas que aplicaba el Gobierno de Nicaragua para facilitar la migración de forma irregular hacia el país norteamericano a través de Managua, donde aterrizaban vuelos chárter procedentes de países de África, Asia y Europa.El anterior Gobierno de Joe Biden había estado alertando sobre migrantes cubanos, haitianos y de países africanos que usaban los vuelos chárter hacia Nicaragua para, desde allí, emprender un viaje por tierra hasta la frontera de México con Estados Unidos.En los últimos cuatro años, el Gobierno nicaragüense ha establecido acuerdos de libre visados con Cuba y con países africanos.La disposición ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a comunicar a las representaciones consulares acreditadas y concurrentes en Managua sobre esa medida.La disposición también establece que se mantienen exentos del libre visado los ciudadanos portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos y especiales, con los cuales Nicaragua ha firmado acuerdos bilaterales.Países a los que Nicaragua les exigirá visa en 2026Según la disposición número 002-2026, los ciudadanos de las siguientes nacionalidades deberán tramitar visa consultada, categoría migratoria “C”, para ingresar a Nicaragua:AfganistánAndorraAntigua y BarbudaArmeniaAzerbaiyánBahamasBangladeshBarbadosBenínBosnia y HerzegovinaBotsuanaBurkina FasoBurundiButánCabo VerdeCamboyaCamerúnChadChina (solo portadores de pasaportes ordinarios)Colombia (respetando la reciprocidad parcial del libre visado para los nicaragüenses nacidos en el Caribe nicaragüense y de los colombianos nacidos en los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)ComorasCongoRepública Democrática del CongoRepública Popular Democrática de CoreaCosta de MarfilCroaciaCubaDjiboutiEgiptoEmiratos Árabes Unidos (solo para portadores de pasaportes ordinarios)EritreaEslovaquiaEsloveniaEstoniaEsuatiniEtiopíaFijiGabónGambiaGeorgiaGhanaGranadaGuineaGuinea BissauGuinea EcuatorialGuyanaHaitíIndia (solo portadores de pasaportes ordinarios)Indonesia (solo portadores de pasaportes ordinarios)IrakIrán (solo portadores de pasaportes ordinarios)IslandiaIslas MarshallIslas MauricioJamaicaKeniaKirguistánKiribatiLaosLesothoLíbanoLiberiaLibiaLiechtensteinLituaniaMacedoniaMadagascarMalawiMaldivasMaliMarruecosMéxico (solo portadores de pasaportes ordinarios)MicronesiaMónacoMongoliaMontenegroMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNÍgerNigeriaNueva ZelandaPakistánPalaosPapúa Nueva GuineaPerú (solo portadores de pasaportes ordinarios)RuandaRepública Árabe Saharaui DemocráticaRepública CentroafricanaSamoaSan Cristóbal y NievesSan MarinoSan Vicente y las GranadinasSanta LucíaSanto Tomé y PríncipeSenegalSerbia (solo portadores de pasaportes ordinarios)SeychellesSierra LeonaSiria (solo portadores de pasaportes ordinarios)Sri LankaSudánSurinamTailandiaTanzaniaTayikistánTimor OrientalTogoTongaTrinidad y TobagoTúnezTurkmenistánTuvaluUcraniaUgandaUzbekistánVanuatuVenezuela (solo portadores de pasaportes ordinarios)Vietnam (solo portadores de pasaportes ordinarios)YemenZambiaZimbabue
El Día de San Valentín ha evolucionado con el paso de los años. Más allá de los regalos costosos o los planes extravagantes, cada vez más personas optan por experiencias cercanas que permitan compartir tiempo de calidad sin salir de la ciudad. En este contexto, las principales capitales del país ofrecen alternativas que combinan gastronomía, descanso y recorridos urbanos, ideales tanto para parejas como para grupos de amigos que buscan celebrar esta fecha especial.Bogotá: planes entre terrazas, gastronomía y bienestarEn Bogotá, el clima frío no limita la variedad de actividades disponibles. Por el contrario, la ciudad ofrece escenarios que combinan modernidad y tradición. En sectores dinámicos como la Zona T, el NH Collection Bogotá Andino Royal se destaca por su terraza, un espacio que permite disfrutar de la vista nocturna en un ambiente acogedor.A pocos pasos, el Avani Royal Zona T brinda experiencias como catas de vino y propuestas gastronómicas que mezclan sabores locales con tendencias contemporáneas. Para quienes prefieren un plan más tranquilo, recorrer las calles de Usaquén es una opción que combina cultura, restaurantes y comercio local. El cierre ideal puede ser una sesión de relajación en el spa del NH Collection Bogotá Teleport Royal, ubicado al norte de la ciudad.Medellín: naturaleza, gastronomía y descanso en un solo lugarLa capital antioqueña, Medellín, es reconocida por su clima agradable y su vibrante oferta cultural. El sector de El Poblado concentra gran parte de los planes para celebrar, con restaurantes, bares y espacios de entretenimiento.En esta zona, el NH Collection Medellín Royal ofrece una experiencia que combina confort y gastronomía. Su terraza junto a la piscina permite disfrutar de desayunos al aire libre con productos frescos, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan un plan diferente sin salir de la ciudad.Cali: cultura, recorridos urbanos y espacios para refrescarseEn Cali, conocida como la capital mundial de la salsa, las opciones para San Valentín incluyen tanto planes culturales como espacios para el descanso. El NH Cali Royal, ubicado en el sur de la ciudad, ofrece su piscina al aire libre como un punto ideal para disfrutar del clima cálido.Por otra parte, caminar por el Bulevar del Río permite descubrir restaurantes y expresiones artísticas. También es posible visitar sectores emblemáticos como San Antonio o el museo La Tertulia. La jornada puede finalizar con bebidas y cocteles en el NH Cali Boulevard del Río, que ofrece espacios pensados para compartir.Barranquilla: romanticismo entre el río y la vida nocturnaFinalmente, en Barranquilla, el ambiente caribeño aporta un toque especial a la celebración. Lugares como el Gran Malecón del Río permiten caminar junto al río Magdalena y disfrutar de la brisa nocturna. Otros puntos de interés incluyen el monumento Ventana al Mundo y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, ideales para planes al aire libre.Para quienes prefieren la música y el baile, lugares tradicionales como La Troja ofrecen una experiencia llena de ritmo. Además, el NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal se posiciona como una alternativa para hospedarse, cenar o disfrutar de su piscina con vista panorámica.En conjunto, estas ciudades demuestran que celebrar San Valentín no requiere largos desplazamientos. Desde terrazas con vista urbana hasta caminatas culturales o experiencias gastronómicas, las opciones disponibles permiten redescubrir el entorno cercano y crear momentos memorables en el corazón de cada destino.
Un caso de presunto maltrato infantil tiene consternada a la comunidad en Estados Unidos. Una mujer identificada como Jen Beam aceptó esta semana ante un tribunal su responsabilidad en la muerte de su hijo de 10 años, Braxton Smith, en medio de un proceso judicial que ha generado indignación y amplio debate en redes sociales.Durante la audiencia, la mujer se declaró culpable y, según medios locales, rompió en llanto al reconocer los hechos. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el menor habría sido sometido a castigos reiterados y condiciones de vida inadecuadas. Cuando fue trasladado a un centro asistencial, presentaba un delicado estado de salud, con signos evidentes de desnutrición y múltiples lesiones.Los reportes médicos forenses establecieron que la causa del fallecimiento fueron traumas craneales y hemorragias internas. El caso tomó mayor relevancia luego de conocerse que el niño recibía educación en casa, situación que, según los investigadores, pudo dificultar que terceros detectaran a tiempo posibles señales de alerta sobre su estado físico.“Nadie más allá de la madre, el padre y la abuela conocía el alcance del abuso. Su hijo tenía tanta hambre que comía de la basura y la solución fue sujetarlo”, indcaron los investigadores del caso.En el marco del proceso judicial, la Fiscalía solicitó una condena de hasta 25 años de prisión contra Beam, tras un acuerdo de culpabilidad que modificó algunos de los cargos iniciales. Sin embargo, el proceso no termina allí: el padre del menor y su abuela también enfrentan cargos y deberán comparecer ante la justicia en procedimientos independientes.Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes mientras se define la sentencia. Por su parte, las comunidad exige que caiga todo el peso de la ley sobre la mujer y que se adopten medidas que frenen este tipo de casos de violencia contra los menores.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
En 2018 un grupo de 59 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc formaron una Nueva Area de Reincorporación , NAR, en Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Esta es una comunidad conformada por los firmantes del acuerdo y sus familias y allí tienen sus proyectos productivos. Sin embargo, en las últimas horas, enviaron un documento al presidente Gustavo Petro y al presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, alertando sobre la grave situación de seguridad que viven por las amenazas de los grupos armados.“No nos quieren dejar realizar nuestro proceso de reincorporación a quienes le apostamos a un proyecto colectivo, estamos siendo desplazados del lugar donde se formuló el proyecto y se pensaba ejecutar ya que no contamos con ningún recurso adicional al del proyecto para comprar otra finca y reubicar nuestra cooperativa”, señaló el informe de seguridad.En el documento relacionan varios hechos violentos que se han registrado desde que se encuentran en este lugar, desde amenazas, hasta retenciones y atentados, solo en el 2023 se han registrado al menos ocho situaciones que ponen en riesgo su seguridad, algunas de ellas se presentaron en los últimos días.“Los hechos plasmados en el constructo del presente documento son una clara violación a los dere de las personas, los cuales traen consigo afectaciones mentales, por causa fe las amenazas, el asesinato, desplazamiento forzado, y la desaparición. Se necesita que el Estado colombiano garantice la seguridad de las personas en proceso de reincorporación a la vida civil, por lo cual se solicita amablemente a los entes nacionales e internacionales para que tomen medidas en el asunto”, se lee en el documento.Le puede interesar
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, inició un proceso que podría llevar a la expulsión de Alexander Farfán, conocido como alias 'Gafas', quien fue el carcelero de la excandidata a la presidencia Ingrid Betancourt.Alias 'Gafas' fue capturado en la operación 'Jaque' y la JEP le concedió la libertad condicional en el año 2017. En 2018 asistió a una versión en el caso que investiga el secuestro y por eso la magistrada relatora de este caso ha pedido una apertura del incidente de incumplimiento contra Farfán, pues apareció en la lista de delegados de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', lo que indicaría que cometió delitos tras la firma del acuerdo de paz.“El despacho encuentra que la Resolución de la Presidencia de la República No. 212 del 24 de julio de 2023, donde se señala que el compareciente Alexander Farfán Suárez, conocido en las FARC-EP como 'Gafas' o 'Enrique Gafas', integrará la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y las disidencias de las FARC- EP autodenominadas Estado Mayor Central, podría inferir que el compareciente empuñó nuevamente las armas, lo que constituirá un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final de Paz (AFP)”, señaló la magistrada Lemaitre.Alias 'Gafas' se encuentra detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá, desde diciembre del año 2022, pues fue capturado en una operación contra las disidencias de las Farc.“Teniendo en cuenta que esta designación por parte del Gobierno nacional, supone la pertenencia de compareciente a un grupo armado disidente, este despacho solicitará a la Secretaría General Judicial de la JEP determinar la Sala o Sección competente para iniciar la apertura de Incidente de Incumplimiento del Régimen de Condicionalidad”, se lee en la decisión de la JEP.Suspenden orden de captura contra disidentesDespués de que el presidente Gustavo Petro, por medio de una resolución, reconociera a ocho disidentes de las Farc, del grupo al mando de alias 'Iván Mordisco', como los negociadores de las disidencias en la mesa de diálogo con el Gobierno; la Fiscalía suspendió todas las órdenes de captura en contra de estas personas, incluido alias 'Gafas'.Alexander Farfán Suárez, conocido como alias ‘Gafas’, fue capturado durante la operación 'Jaque' en el año 2008. En dicha operación se logró el rescate de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, tres ciudadanos norteamericanos y un grupo de militares y policías que estaban secuestrados por parte de la extinta guerrilla de las Farc. Sin embargo, se encuentra en La Picota pues habría vuelto a delinquir.Le puede interesar
En las últimas horas se registraron combates entre las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y el Ejército Nacional en La Plata, Huila. En medio de las confrontaciones murió una niña de cuatro años que huía de las hostilidades junto a su padre en la vereda Villa Esperanza, hecho que indignó al presidente Gustavo Petro."En el hecho resultó herida una menor de edad, a quien el enfermero de combate de la unidad militar le brindó los primeros auxilios; sin embargo, pese a los esfuerzos, lamentablemente perdió la vida", confirmó el ejército a través de un comunicado de prensa.En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo sucedido y afirmó que ningún niño debería ser víctima de la guerra y que tampoco pueden ser instrumentalizados por los grupos armados."Las niñas, niños y adolescentes nunca deberían ser víctimas de la guerra, ningún grupo armado puede instrumentalizarlos o volverlos objetivos. Rechazo absolutamente lo sucedido con la niña Harlin Salomé y me solidarizo con su familia. No ahorraremos esfuerzos para que estas atrocidades jamás vuelvan a ocurrir", señaló Petro.Unas horas antes el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, también se refirió a lo sucedido asegurando que seguirán trabajando para que cese el conflicto."Nos solidarizamos con la familia Ussa Mosquera y la comunidad de La Plata, Huila. La muerte de la niña Harlin Salomé reafirma, en medio del dolor, nuestra convicción de paz. En su honor seguiremos trabajando para resolver los diversos conflictos armados y que cese esta tragedia", señaló el alto comisionado para la Paz.Igualmente, se conoció que los habitantes de la zona estarían siendo amenazados por parte de este grupo armado para que actúen en contra de las tropas, con la intención de retirarlas de esta zona del occidente del Huila.Le puede interesar
Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco', fue comandante del antiguo Bloque Central Bolívar de las AUC, está a la espera de su audiencia única de verdad ante la JEP. Allí, deberá entregar detalles novedosos sobre el conflicto armado para que los magistrado evalúen la posibilidad de aceptarlo en esta jurisdicción. En las últimas horas, alias 'Macaco' protocolizó con la Unidad de Búsqueda un acuerdo, el cual el exjefe paramilitar aportará información para lograr el hallazgo de las víctimas de desaparición."La definición de esta ruta, que es el resultado de varios encuentros y meses de trabajo llevados a cabo en el establecimiento penitenciario y carcelario La Paz de Itagüí, permitirá recolectar información relevante para la búsqueda, con el único propósito de encontrar las personas desaparecidas para aliviar el dolor y la espera de las familias víctimas de estos hechos, en varias regiones del país", señaló la Unidad de Búsqueda.El Bloque Central Bolívar fue una estructura de las Autodefensas que tuvo una fuerte presencia en varias zonas del país, por eso no solo 'Macaco', sino otros exparamilitares que pertenecieron al Bloque se unirán a dichas labores de búsqueda."Este acuerdo consta de etapas de trabajo que se implementan progresivamente, con el objetivo de avanzar de manera pronta y efectiva para obtener resultados que se traducen en garantías reales del derecho a la verdad para quienes sufren la desaparición de sus seres queridos", explicó la Unidad de Búsqueda.Le puede interesar
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.