La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El exgobernador de Nariño y excandidato presidencial, Camilo Romero, anunció su retiro de la consulta del llamado Frente por la Vida y confirmó su respaldo al senador Iván Cepeda, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir la participación de Cepeda en ese mecanismo. Así lo expresó en entrevista con Recap Blu, donde aseguró que no existen garantías electorales y que su decisión responde a un acto de coherencia política dentro del progresismo colombiano.Romero afirmó que, tras la exclusión de Cepeda, la consulta “ya no existe” y señaló que “había solo dos hombres progresistas en la consulta: Iván Cepeda y Camilo Romero”. En ese contexto, calificó la actuación del CNE como un “sicariato político” y sostuvo que su respaldo a Cepeda es una respuesta solidaria y consecuente. “Desde hoy cuenta con mi respaldo, cuenta con mi apoyo”, dijo, al tiempo que confirmó una agenda conjunta en varias ciudades del Caribe.Señalamientos al Consejo Nacional ElectoralDurante la entrevista, Romero cuestionó duramente al CNE por lo que considera decisiones contradictorias. Aseguró que mientras se impidió la participación de Iván Cepeda, se habilitó a otros aspirantes en condiciones similares. “Hay un golpe a la democracia, sacan a Iván Cepeda y hay un acto coherente, consecuente, político, progresista de mi parte de acompañarlo”, afirmó. También sostuvo que el organismo electoral “es un órgano politiquero” integrado por representantes de partidos que, según él, actúan en contra del sector progresista.Romero explicó que su retiro obedece a la necesidad de evitar la fragmentación del progresismo. “No estamos para dividir el progresismo, estamos para unificarlo”, aseguró, y agregó que su decisión no responde a intereses personales. “Camilo Romero no está en un juego personal, egoísta, individual”, señaló. Indicó que en conversaciones con Cepeda acordaron impulsar temas como gobierno abierto, ambientalismo, animalismo y tecnología, los cuales, según dijo, hacen parte de una “nueva ciudadanía”. Recordó además su gestión como gobernador de Nariño, donde se crearon las secretarías de TIC y de Ambiente.Críticas a Roy Barreras y la división del progresismoRomero marcó distancia frente a la postura de Roy Barreras, quien insiste en mantener la consulta. “Aquí hay que descubrir quiénes estamos del lado de unificar el progresismo y quiénes están del lado de dividirlo”, afirmó. Incluso habló de una “trampa” al comparar votaciones de consultas internas con elecciones de carácter nacional.Finalmente, sostuvo que su apoyo a Iván Cepeda busca fortalecer un proyecto político con mayorías, sin perder la esencia. “En política se gana con votos, pero sin renunciar a la coherencia”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia pidió una respuesta humanitaria inmediata y articulada entre el nivel local y nacional frente a la emergencia por las inundaciones en Córdoba. La petición se realizó después de que el organismo advirtiera que la magnitud de la crisis ya desbordó la capacidad de las autoridades locales y que está afectando de manera desproporcionada a comunidades históricamente golpeadas por el conflicto armado.OCHA Colombia pidió reforzar de manera urgente los albergues y asentamientos temporales con carpas, kits de alojamiento y de higiene y apoyo técnico para su administración, garantizando condiciones mínimas de protección como espacios seguros, iluminación y convivencia adecuada. Además, advirtió que en estos espacios aumentan los riesgos de violencias basadas en género y de afectaciones a los menores de edad, por lo que solicitó fortalecer las rutas de atención, los mecanismos de protección y los comités comunitarios.Uno de los principales señalamientos de la OCHA está en los vacíos de información y registro. El organismo advirtió que no existen censos consolidados ni evaluaciones actualizadas de daños y necesidades, lo que aumenta el riesgo de que familias damnificadas queden por fuera de la atención humanitaria. Además, alertó que la respuesta no puede limitarse a la fase de emergencia y debe incluir acciones de recuperación productiva, protección de medios de vida, prevención de nuevos desplazamientos y medidas frente a riesgos adicionales, como la posible presencia de minas y artefactos explosivos en algunas zonas afectadas.Esta alerta se realizó teniendo en cuenta que se evidencian afectaciones en grandes hectáreas de cultivos para comercialización y autoconsumo que, como lo señala la Oficina, afecta directamente la seguridad nutricional y la autonomía económica de las familias. Además de la pérdida de animales domésticos y de crianza, que figura como el principal activo productivo de muchas familias rurales. OCHA Colombia reiteró que la situación agrava los niveles de vulnerabilidad en los que ya vive la población, en gran parte, víctimas del conflicto armado.Las peticiones y advertencias se presentan paralelamente a que OCHA Colombia entregara un balance en el que se confirmó que de los 30 municipios del departamento ya son 17 los afectados. Las emergencias se presentaron entre el 1 y el 3 de febrero, cuando lluvias intensas provocaron inundaciones, deslizamientos, el rebose del embalse de Urrá y el aumento de los ríos Sinú y San Jorge, lo que obligó a realizar evacuaciones forzadas en varias zonas del departamento.Las zonas más afectadas están en Montería, con más de 36.000 personas damnificadas, también municipios de la zona costera, donde ocurrieron tres de los cuatro fallecimientos que registraron las autoridades y el sur del departamento donde se han habilitado albergues por evacuaciones masivas. Entre los daños más graves están la pérdida de viviendas, la afectación de cultivos, el daño en vías, colegios y centros de salud, y la pérdida de animales de cría, que son el principal sustento de muchas familias rurales.
En medio de la creciente tensión dentro del progresismo, Roy Barreras respondió a Camilo Romero, quien lo había acusado de tender una “trampa grotesca” con su decisión de mantenerse en la consulta del Frente por la Vida. El precandidato presidencial no solo rechazó los señalamientos, sino que reveló un episodio privado que, según él, explica el trasfondo de la ruptura.Según el exsenador, Romero buscaba encabezar la lista al Senado por el Frente Amplio, colectividad que lidera. "Delante de 40 personas en mi apartamento me pidió la cabeza de lista de mi partido. Quería que yo le diera un cupo para ser senador hace apenas unos días, y yo le dije que tenía mi compromiso con las ideas liberales, que la cabeza de mi partido era Gustavo García, un joven liberal de Nariño, y yo doy mi palabra y la cumplo. Entonces no pude satisfacer su deseo de ser la cabeza de lista del Senado de mi partido", afirmó Barreras en entrevista con Recap Blu.Aunque evitó responder con insultos directos, dejó claro que considera que las críticas de Romero obedecen a esa negativa."Probablemente quedó un poco lastimado porque no pude ofrecerle ser la cabeza de lista de mi partido, pero tiene derecho a buscar otro espacio", agregó Roy.El choque se da en un contexto de fragmentación en la centroizquierda, tras la decisión de varios sectores de no participar en la consulta del 8 de marzo y optar por llegar directamente a la primera vuelta presidencial, como Juan Fernando Cristo. Para Barreras, esa postura sí debilita al progresismo. “Primero nos contamos y luego nos juntamos. El 9 de marzo, a las 7:00 de la mañana, estaremos reunidos para garantizar llegar unidos a la primera vuelta”, aseguró.Sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de no votar en la consulta, Barreras negó que eso signifique un retiro de respaldo. “Yo no fui a visitarlo para que votara por mí. Él ha dicho que deja que los ciudadanos decidan”, afirmó, insistiendo en que el liderazgo del progresismo debe definirse en las urnas y no en acuerdos cerrados entre dirigentes.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 6 de febrero:Camilo Romero, exgobernador de Nariño, explicó porqué decidió dar un paso al costado en la consulta del Frente por la Vida y, asimismo, unirse a Iván Cepeda.El precandidato presidencial Roy Barreras habló sobre su participación en la consulta y el retiro de Camilo Romero, quien se unirá a la campaña de Iván Cepeda.María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, habló sobre la amnistía urgente en Venezuela y sin discriminación que exige a todos los presos políticos en el vecino país.Bad Bunny vuelve a ser noticia, pero esta vez por su participación en el show del mediotiempo del Super Bowl.James Rodríguez habló sobre su llegada al Minnesota United y el sueño de llegar en buen nivel a la Copa del Mundo de la Fifa.
El celular vibra. Es un mensaje corto, directo, con un tono urgente: “Ha sido seleccionado como jurado de votación. Consulte aquí”. En medio de la rutina diaria, muchas personas hacen clic sin pensarlo dos veces.Lo que no saben es que, detrás de ese enlace, no hay una notificación oficial, sino una trampa diseñada para robar información personal, suplantar identidades y vaciar cuentas bancarias. Así operan los ciberdelincuentes, aprovechándose de la confianza y la premura para engañar a la ciudadanía.Alerta por falsos mensajes sobre jurados de votaciónLas autoridades alertaron sobre una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes están enviando mensajes de texto con falsos enlaces relacionados con la designación de jurados de votación para el próximo 8 de marzo, con el objetivo de engañar a la ciudadanía.En estos mensajes, los estafadores incluyen enlaces sospechosos que redirigen a páginas falsas que simulan ser sitios oficiales. Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad y fraudes bancarios.Ante la recepción de este tipo de mensajes, las autoridades y la Secretaría de Seguridad de Bogotá recomendaron lo siguiente a la ciudadanía:No hacer clic en enlaces enviados por SMS.No compartir datos personales, bancarios o contraseñas.No reenviar el mensaje a otros contactos.Bloquear y reportar el número remitente.Es importante aclarar que la designación como jurado de votación solo debe verificarse a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ingresando directamente a la página web y nunca mediante enlaces recibidos por mensajes de texto.Estos engaños hacen parte de una práctica conocida como phishing, la cual es usada por los criminales para cometer fraudes, suplantar identidades y acceder de manera ilegal a cuentas bancarias personales.Frente a esto, desde la Secretaría de Seguridad indicaron no confiar en mensajes de texto que generen urgencia o soliciten información personal.Asimismo, hay que recordar que ninguna entidad oficial pide datos personales ni envía enlaces por SMS para este tipo de trámites.Canales de denunciaLas personas que reciban este tipo de mensajes o cualquier otro tipo de estafa pueden denunciar el hecho a través de los siguientes canales:CAI Virtual (@caivirtual).Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en el teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
Hace dos años, el 21 de noviembre de 2022, el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reanudaron las negociaciones de paz más avanzadas con la última gran guerrilla latinoamericana, que estuvieron estancadas durante los cuatro años de la Presidencia del derechista Iván Duque.Después de un buen arranque y más de un año de sintonía, la negociación actualmente está congelada y las dos partes trabajan en Caracas para intentar impulsarla de nuevo, pero las tensiones y los desacuerdos se acumulan. Aquí algunas preguntas y respuestas:¿Por qué se retomaron los diálogos en 2022?Realmente el ELN empezó a negociar con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos en 2017, en el enésimo intento de lograr la paz con esta guerrilla.Las negociaciones apenas avanzaron en los dos últimos años de Santos y la poca voluntad de Iván Duque, junto a un atentado del ELN contra la escuela de cadetes de Bogotá que dejó 23 muertos en 2019, acabaron dinamitando la mesa de diálogos.El aterrizaje de Gustavo Petro en el poder en agosto de 2022 llegó con la promesa de 'paz total' y el Gobierno comenzó esta tarea titánica con el ELN, retomando el proceso con la agenda que ya se había trabajado con Santos, sin apenas cambios, con la voluntad de avanzar sobre lo trabajado.¿Qué avances ha habido en dos años?Se han realizado cinco ciclos de diálogos en Caracas, Ciudad de México y La Habana.Los anuncios más importantes se realizaron en Cuba, en el tercer ciclo, cuando incluso el presidente Gustavo Petro y el jefe máximo de la guerrilla, alias 'Antonio García', estuvieron presentes para anunciar el cese bilateral al fuego más largo que se ha tenido con este grupo armado.Comenzó el 3 de agosto de 2023 por seis meses iniciales, que tras arduas negociaciones se extendieron otros seis, incluyendo incluso la promesa del ELN de no secuestrar. Pero todo acabó un año después sin compromiso de renovación.Además del cese, ha habido pactos para llevar caravanas humanitarias a zonas de influencia de la guerrilla y consiguieron cerrar el primer punto de los acuerdos, que traza la participación de la sociedad. El estancamiento ha hecho que nada de esto haya avanzado.¿Por qué se torcieron las negociaciones?El ELN y el Gobierno llegaron a México a principios de año con tensión, pues la guerrilla había admitido apenas unas semanas antes que había secuestrado al padre del futbolista Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, quien fue liberado el 9 de noviembre.El ELN también atacaba al Gobierno diciendo que no estaban cumpliendo el cese al fuego al aliarse con "fuerzas paramilitares" para atacarles.En México, sin embargo, consiguieron 'in extremis' prorrogar el cese, pero apenas unos meses después el Gobierno comenzó acercamientos con una supuesta disidencia del ELN que opera en la frontera con Ecuador, los Comuneros del Sur.Eso irritó a la guerrilla, que lleva desde entonces pidiéndole al Gobierno que decida si negocia con ellos de forma nacional o con este grupo minoritario.¿Qué llevó a la congelación?Desde México a finales de enero las dos partes no han logrado celebrar un sexto ciclo de diálogos. Se reunieron en Caracas en mayo donde lograron firmar el primer punto de la agenda, pero desde ahí todo han sido ataques.No se renovó el cese al fuego, ni se avanzó en ninguno de los puntos de la agenda, que se pretendían tener firmados en su mayoría en 2025.El ELN atacó en septiembre una base militar en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, que dejó tres muertos y casi una treintena de heridos.Petro dijo entonces que "prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", aunque la delegación del Gobierno matizó después y afirmó que significaba que iban a congelar la mesa, pues siempre iban a estar dispuestos a negociar.¿Se van a descongelar los diálogos?A principios de este mes, las delegaciones del ELN y el Gobierno se reunieron de nuevo por primera vez en cuatro meses y acordaron volver a verse esta semana para ver si pueden descongelarlo, aunque las tensiones persisten.El Gobierno ha pedido al ELN que muestre que tiene "un inequívoco propósito de llegar a la paz", mientras que el jefe negociador de la guerrilla, alias 'Pablo Beltrán', aseguró hace unos días a EFE que quieren que el gobierno tenga "una sola política"."Queremos un solo interlocutor (con el Gobierno) que si la mano derecha construye, la otra no destruye", apuntó.
Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, explicó las dificultades que enfrentan las negociaciones debido a la falta de claridad sobre la presencia de 'Iván Márquez'. “Podríamos decir que el avance de una mesa de diálogos depende de la certeza de la existencia real del interlocutor, pero en el caso de 'Iván Márquez' parecería que estuviéramos tratando de entablar diálogos con un fantasma, y en esas condiciones es supremamente difícil avanzar”, afirmó Novoa en diálogo con Blu Radio.El jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro aseguró que la delegación lleva buscando a Iván Márquez hace seis meses. “Algunos países garantes constan de manera directa que hemos hecho distintas propuestas a través de distintos canales con diferentes características, pero un diálogo de paz no puede avanzar a través de medios puramente epistolares”.Novoa insistió: “Estamos interesados y comprometidos en ir a hablar con 'Iván Márquez', en donde él nos diga, en el momento que él quiera, pero tiene que haber una respuesta pronta y eficaz porque, como usted entenderá, la situación de las comunidades en los territorios es muy grave”.Manifestó que las comunidades reclaman avances reales en estos procesos y que no se compadece la lentitud de las respuestas que esperan con las demandas que tienen las comunidades en estas regiones. “Necesitamos una señal de supervivencia para poder reiniciar un diálogo útil que nos permita encontrar un acuerdo de paz antes de que termine el presente Gobierno”, aseguró el jefe negociador del Gobierno nacional.Sobre la supuesta ruptura interna que, de manera unilateral, habría provocado Iván Márquez, Novoa fue enfático y dijo: “El Gobierno ha sostenido que la característica principal de los procesos de paz que están en curso hoy en Colombia tiene un elemento vertebral: la paz tiene que concretarse en los territorios”.Indicó que, como jefe de la delegación del Gobierno, tiene que esperar la decisión que tomen los representantes de esos grupos armados ilegales, y que será el presidente de la República y el comisionado consejero de paz quienes definan el futuro de este proceso.Advirtió que la reunión de Puerto Asís tenía como objetivo avanzar en la concreción de una reunión en Venezuela que había pedido el propio 'Iván Márquez' con las dos delegaciones, pero que, debido a la carta que supuestamente firmó el legendario guerrillero, esto se frustró.“El Gobierno nacional no va a interferir en problemas internos de ese grupo ilegal y vamos a esperar qué respuesta da 'Iván Márquez' a la solicitud que hizo su propia delegación”, señaló Novoa.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las recientes declaraciones sobre la posible crisis que se presenta en la Segunda Marquetalia y se pronunció en su cuenta de X.“Esas fracturas se dan alrededor de si hacer la paz con este gobierno o profundizar la acción bélica que cada vez más se dirige al traqueteo y contra el pueblo mismo de las regiones del conflicto en Colombia”, publicó el mandatario nacional.El jefe de Estado dijo que esa división entre los grupos violentos era un avance para la paz, insistiendo en que lo que permite esto es la transformación de los territorios.Concluyó este pronunciamiento anunciando que va a insistir en la paz, “Pero no sin ser claro en que quienes no acepten el camino de bajar las armas y ponerlas al servicio del pueblo, serán doblegados por la fuerza pública de la Constitución”.Este pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se da luego de que alias '’Walter Mendoza', jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia en los diálogos de paz con el Gobierno nacional confirmará a Blu Radio que sí hay una ruptura al interior de este grupo criminal, conflictos que se evidenciaron aún más después de que alias ‘Iván Márquez’ les prohibiera seguir usando el nombre de este grupo disidente en las conversaciones de paz.
La Corte Suprema de Justicia en una decisión reciente cuestionó algunas designaciones de gestores de paz que ha hecho el Gobierno nacional, argumentando que no está primando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.En esa misma decisión, la Corte dice no estar de acuerdo con la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, aunque esta posición no afecta la situación de Mancuso pues Justicia y Paz le otorgó anteriormente la libertad.En las últimas horas Mancuso se refirió a este tema, asegurando que se vulneran los compromisos y propósitos de paz.“La reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al intentar impedir que actores del conflicto actúen como gestores de paz vulnera flagrantemente el compromiso y los propósitos de paz”, aseguró el exjefe paramilitar.En el mismo sentido dijo que en la sociedad colombiana la redención de los desmovilizados se da a cambio de que asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y cuenten la verdad.Por otro lado, cuestionó el sistema de justicia transicional en Colombia.“El sistema de justicia transicional nacido de las negociaciones con las autodefensas enfrenta hoy una profunda crisis de inseguridad jurídica que ha provocado el asesinato de más de 5.000 desmovilizados y muchos de los que han sobrevivido han sido forzados a volver a las trincheras. Hoy el sistema de justicia transicional en Colombia, lejos de ser garantía, se ha vuelto un factor de persistencia de la guerra, generando más víctimas, pobreza y desigualdad”, agregó Mancuso.Finalmente, dice que sin justicia no hay redención y que sin redención no habrá paz.“Una de las razones de ser de la justicia transicional es cerrar esos ciclos de violencia y para eso es fundamental garantizar los derechos de aquellos que han cumplido con las penas y sanciones a una segunda oportunidad para empezar de nuevo”, mencionó el exjefe de las Autodefensas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.