La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4821, realizado el viernes 6 de febrero de 2026, un evento que generó una alta expectativa entre los apostadores gracias a su atractivo plan de premios y a la trayectoria que respalda a este tradicional juego de azar en Colombia.Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4821El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 6 de febrero de 2026 fue el: 7002 de la serie 128. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.Premios secos destacados del sorteoUno de los aspectos más celebrados de esta edición fue la amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en la capital antioqueña, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.Premio Mayor – $16.000 millonesNúmero: 7002Serie: 128Sorteo 4821 – 06 de febrero de 2026Premios SecosSecos de $1.000 millones (2)3306 – Serie 2995224 – Serie 049Secos de $700 millones (2)1625 – Serie 1568532 – Serie 032Secos de $500 millones (2)8461 – Serie 2109517 – Serie 363Secos de $100 millones (6)0247 – Serie 4753490 – Serie 2853661 – Serie 4595832 – Serie 1598647 – Serie 2928962 – Serie 418Secos de $50 millones (7)0799 – Serie 0241359 – Serie 0493579 – Serie 1397183 – Serie 1787965 – Serie 1518008 – Serie 4648395 – Serie 473Secos de $20 millones (10)0291 – Serie 3280832 – Serie 1781658 – Serie 0001872 – Serie 4903589 – Serie 1373851 – Serie 1095916 – Serie 1837522 – Serie 1938200 – Serie 2618497 – Serie 032Secos de $10 millones (15)0776 – Serie 4010985 – Serie 4122621 – Serie 4033006 – Serie 4013296 – Serie 1864552 – Serie 4894878 – Serie 2815411 – Serie 2756499 – Serie 2806923 – Serie 4267308 – Serie 0047423 – Serie 2618069 – Serie 4158750 – Serie 3669107 – Serie 171En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, podrá verificar los resultados, en caso de que haya resultado ganador:Sorteo Lotería de MedellínCada sorteo de la Lotería de Medellín capta la atención a nivel nacional, no solo por el valor de sus premios, sino también por la confianza y credibilidad que ha construido a lo largo de los años. En esta edición, jugadores de distintas regiones del país siguieron de cerca los números ganadores, con la esperanza de convertirse en los nuevos beneficiarios de uno de los premios más importantes del mercado de loterías.Más allá de la emoción propia del sorteo, la jornada volvió a destacar el compromiso social de la Lotería de Medellín. Los recursos recaudados por esta entidad se destinan directamente al fortalecimiento de la salud pública, un aspecto fundamental que ha consolidado su reconocimiento y respaldo entre los colombianos.En el sorteo 4821, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, posicionándose como uno de los premios más destacados del inicio de 2026. Este resultado reafirmó el alto nivel de expectativa que despierta cada sorteo y el interés permanente de miles de personas que participan semana tras semana, confiando en la seriedad del juego.Asimismo, la amplia caída de premios registrada en el sorteo anterior, el 4820, confirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país. Su plan de premios, que se renueva de forma constante, sigue alimentando la ilusión de los apostadores que consultan con atención cada resultado, respaldados por la transparencia de la entidad.Dónde consultar los resultados oficialesLos resultados oficiales del sorteo 4821 de la Lotería de Medellín pueden consultarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín, así como en sus plataformas institucionales.Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados únicamente en los canales oficiales, antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.
La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5056 el viernes 6 de febrero de 2026, a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde la ciudad de Bucaramanga. Esta jornada generó una alta expectativa entre los apostadores, al poner en juego un atractivo plan de premios y reafirmar la tradición semanal de uno de los juegos de azar más reconocidos de Colombia.Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5056 del 6 de febreroEl gran protagonista de la noche fue el número: 0778 de la serie 103, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.Premios secos de la Lotería de SandanderEstos son los números ganadores de los premios secos de la lotería, según infomación publicada por la empresa.Mayor invertidoNúmero: 8770Serie: 103💰 Seco — $700 millonesNúmero: 7774Serie: 086💵 2 secos — $500 millonesNúmero: 3061 — Serie: 289Número: 4452 — Serie: 312💵 3 secos — $300 millonesNúmero: 1408 — Serie: 143Número: 5171 — Serie: 011Número: 7017 — Serie: 271💵 4 secos — $200 millonesNúmero: 2764 — Serie: 027Número: 2910 — Serie: 170Número: 5707 — Serie: 289Número: 6393 — Serie: 012💵 7 secos — $100 millonesNúmero: 1562 — Serie: 016Número: 2047 — Serie: 227Número: 3972 — Serie: 028Número: 4843 — Serie: 198Número: 7191 — Serie: 122Número: 8686 — Serie: 246Número: 9048 — Serie: 081💵 7 secos — $50 millonesNúmero: 2293 — Serie: 231Número: 2385 — Serie: 307Número: 5541 — Serie: 290Número: 7344 — Serie: 295Número: 8101 — Serie: 155Número: 8214 — Serie: 253Número: 8696 — Serie: 278💵 10 secos — $20 millonesNúmero: 3219 — Serie: 319Número: 3651 — Serie: 193Número: 3829 — Serie: 160Número: 4058 — Serie: 014Número: 4433 — Serie: 126Número: 4618 — Serie: 000Número: 4724 — Serie: 247Número: 7035 — Serie: 301Número: 7675 — Serie: 203Número: 9654 — Serie: 000💵 15 secos — $10 millonesNúmero: 0545 — Serie: 105Número: 0768 — Serie: 162Número: 1161 — Serie: 104Número: 2273 — Serie: 309Número: 3142 — Serie: 211Número: 4082 — Serie: 154Número: 4981 — Serie: 268Número: 4982 — Serie: 109Número: 5416 — Serie: 136Número: 5678 — Serie: 003Número: 5718 — Serie: 295Número: 6977 — Serie: 151Número: 8351 — Serie: 239Número: 9429 — Serie: 328Número: 9496 — Serie: 311💵 20 secos — $5 millonesNúmero: 0214 — Serie: 007Número: 1395 — Serie: 139Número: 2074 — Serie: 138Número: 2319 — Serie: 227Número: 2568 — Serie: 076Número: 3274 — Serie: 200Número: 4284 — Serie: 306Número: 4368 — Serie: 218Número: 5159 — Serie: 323Número: 5842 — Serie: 058Número: 6747 — Serie: 174Número: 7051 — Serie: 242Número: 7117 — Serie: 077Número: 7305 — Serie: 049Número: 7349 — Serie: 167Número: 7933 — Serie: 149Número: 8947 — Serie: 314Número: 9000 — Serie: 143Número: 9448 — Serie: 060Número: 9623 — Serie: 172🎁 Premio promocional — “Gana con serie”Número: 4218Serie: 320En la siguiente imagen puede verificar nuevamente el listado de premios secos de la Lotería de Santander:Video sorteo Lotería de SantanderCon sede en Bucaramanga, la Lotería de Santander es una de las loterías tradicionales del país, respaldada por años de trayectoria y confianza entre los jugadores. Su plan de premios contempla un premio mayor de hasta $6.500 millones, además de una amplia variedad de premios secos en distintos montos, lo que incrementa las posibilidades de ganar en cada sorteo y mantiene el interés a nivel nacional.En el sorteo anterior, correspondiente al número 5055 del 30 de enero de 2026, el premio mayor fue adjudicado al número 5428 de la serie 126. Este resultado refleja la constancia de la Lotería de Santander en la entrega de premios millonarios y refuerza la expectativa de los jugadores que consultan con frecuencia los resultados de la lotería.De acuerdo con datos históricos, los sorteos de la Lotería de Santander no solo benefician al departamento, sino también a otras regiones del país, gracias a la amplia distribución y venta de billetes, que en cada edición supera las miles de unidades. En esta ocasión, el sorteo coincidió con otros juegos como la Lotería de Medellín y la Lotería de Risaralda, lo que incrementó la participación de los colombianos en los juegos de azar durante la misma jornada.Los premios de la Lotería de Santander se pagan exclusivamente en agencias autorizadas, y los ganadores del premio mayor cuentan con un plazo establecido para realizar el cobro, de acuerdo con la reglamentación vigente de la lotería oficial.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?Para reclamar cualquier premio de la Lotería de Santander, es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras que dificulten la verificación de su autenticidad.Premios superiores a $3 millonesLos ganadores de premios superiores a $3 millones deben dirigirse directamente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos por la entidad.Premios menoresLos premios de menor cuantía pueden reclamarse en:Agencias distribuidoras autorizadas, oEl lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta donde se adquirió el billete.Descuentos de ley aplicados a los premiosDe acuerdo con la normativa vigente, los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos obligatorios, los cuales deben tenerse en cuenta al momento de calcular el valor neto a recibir.Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025), se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.20 % de retención en la fuente, aplicada por la DIAN.Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:17 % de impuesto a ganadores.
Este viernes, 6 de febrero de 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de MiLoto. De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el Sorteo #481 no registró ganadores para la categoría principal de cinco aciertos, lo que ha provocado un incremento significativo en la recompensa principal, situando el nuevo acumulado en la cifra de $200 millones de pesos.Los números de la suerte y el balance del sorteo de MiLoto hoyDurante la transmisión oficial del sorteo, las balotas arrojaron la siguiente combinación ganadora: 04, 05, 06, 17 y 36. De acuerdo con la información oficial, ninguna fracción o tiquete logró coincidir con la totalidad de los números para reclamar el premio mayor que, para esta fecha, se encontraba en $150 millones.Sin embargo, el sorteo fue productivo para miles de ciudadanos. El balance total arrojó 9.066 ganadores distribuidos en las categorías secundarias de premiación, con un desembolso total de $80.350.550 por parte de la organización.Distribución de los premios por categoríasEl sistema de premiación de MiLoto permite que los jugadores obtengan retornos económicos desde los dos aciertos. El desglose de los resultados para el sorteo del 6 de febrero se detalla a continuación:4 Aciertos: Un total de 25 personas estuvieron a un solo número de alcanzar el premio mayor. Cada uno de estos ganadores recibirá un incentivo de $680.950, sumando una bolsa sectorial de $17.023.750.3 Aciertos: En esta categoría se ubicaron 712 ganadores, quienes recibirán individualmente $42.150.2 Aciertos: Fue la categoría con mayor volumen de beneficiados en este sorteo, registrando 8.329 ganadores. Cada uno de ellos recibirá $4.000, lo que usualmente permite a los jugadores reinvertir en un nuevo boleto o recuperar el costo de la apuesta inicial.El crecimiento de MiLoto en el mercado colombianoMiLoto, una modalidad bajo la administración de Operador Nacional de Juegos (quienes también gestionan Baloto), se ha consolidado como una alternativa ágil y accesible para el público colombiano. A diferencia de otras loterías tradicionales, su mecánica de elegir 5 números del 1 al 39 ofrece probabilidades estadísticas competitivas que atraen a un segmento joven y digital de apostadores.El incremento del acumulado a $200 millones representa un hito atractivo para el próximo sorteo, ya que este monto suele disparar el volumen de ventas en los puntos físicos de SuRed y SuperGIROS, así como en las plataformas digitales oficiales.Contexto y transparenciaEs importante recordar que los premios en Colombia están sujetos a la normativa tributaria vigente. Los ganadores de montos superiores a las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) deben considerar los descuentos por concepto de retención en la fuente, los cuales se destinan a la salud pública del país, un pilar fundamental de la operación de los juegos de suerte y azar legales.Los interesados en participar en el próximo sorteo podrán adquirir sus tiquetes hasta minutos antes del cierre de las terminales de venta. La transparencia del proceso está garantizada por la presencia de delegados de entes de control, quienes supervisan la legalidad del pesaje de las balotas y el correcto funcionamiento de las máquinas neumáticas en cada sorteo.
La Lotería de Risaralda, una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en el Eje Cafetero, dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado como es habitual el viernes en la noche. El número del premio mayor fue el: 4940 de la serie 280. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.Premios secos de la Lotería de RisaraldaTrébol de la Fortuna:Tres ganadores de $40 millonesBajo la denominación de "Trébol de la Fortuna", la lotería dispuso de tres premios de $40.000.000 cada uno. Los números y series favorecidos en esta categoría fueron:Secos de Perla:Cinco oportunidades de $35 millonesLa categoría "Secos de Perla" continúa siendo una de las favoritas por los apostadores. En esta oportunidad, se entregaron cinco premios de $35.000.000 cada uno, con los siguientes resultados oficiales:Cosecha Millonaria: La mayor distribución de premiosFinalmente, la "Cosecha Millonaria" cumplió su promesa de irrigar recursos entre un mayor número de ganadores. Este nivel del plan de premios otorgó 11 secos de $30.000.000 cada uno. A continuación, el listado completo de los números ganadores:Sorteo en vivo de la Lotería del RisaraldaCada sorteo de la Lotería de Risaralda despierta un alto interés tanto en el departamento como en otras regiones del país. La transparencia del proceso y la divulgación de los resultados por canales oficiales refuerzan la confianza de los jugadores, que consultan los números ganadores apenas finaliza la transmisión.En esta edición, el premio mayor, que actualmente asciende a una cifra cercana a los $2.333 millones, concentró gran parte de la atención. Sin embargo, los premios secos también tuvieron un papel destacado, al ofrecer montos significativos y aumentar las probabilidades de acierto. Esto se reflejó en una amplia caída de premios durante la jornada, uno de los aspectos más valorados por los apostadores.Este nuevo sorteo reafirma a la Lotería de Risaralda como una de las loterías más importantes del país, no solo por su trayectoria, sino también por la confianza que ha construido a lo largo de los años. Sus resultados continúan siendo seguidos con atención por quienes consideran este juego como una opción tradicional, transparente y confiable dentro del panorama de las loterías en Colombia.Más allá de la emoción propia de cada sorteo, la Lotería de Risaralda mantiene un impacto social positivo en la región. Los recursos que recauda se destinan a programas sociales y de salud, contribuyendo al bienestar de la comunidad y fortaleciendo su papel dentro del sector de juegos legales en Colombia.
La tensa situación de orden público en el departamento de Norte de Santander registró un nuevo episodio de violencia este viernes 6 de febrero de 2026. El Comando de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional confirmó un ataque indiscriminado contra las instalaciones del Batallón de Infantería Liviana N.º 15 General Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Ocaña.Según el reporte oficial, el ataque fue ejecutado mediante el lanzamiento de artefactos explosivos acondicionados en un una volqueta, ubicada a unos 1.200 metros de las instalaciones. Los proyectiles impactaron en las inmediaciones de la unidad militar y causaron heridas a dos uniformados. Los militares afectados presentan lesiones por esquirlas y fueron trasladados de urgencia al Hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña, donde reciben atención médica especializada.Tras las detonaciones, las tropas reaccionaron de forma inmediata, logrando la neutralización de uno de los presuntos autores del atentado. Asimismo, se reportó la captura de otro individuo perteneciente al ELN, quien intentaba huir del lugar tras la acción criminal, de acuerdo con el comunicado del Ejército.La inteligencia militar atribuye este acto terrorista al Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del ELN. De acuerdo con el comunicado de prensa, esta acción sería una "retaliación" directa por las constantes operaciones militares que se han adelantado recientemente en el municipio de Tibú contra las estructuras financieras y operativas de dicha organización ilegal.En la zona del incidente, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE) se encuentra realizando labores de verificación y barrido técnico. El objetivo es descartar la presencia de cargas adicionales o artefactos que no hayan detonado y que puedan representar un peligro para la comunidad o para el personal militar que transita por el sector.Por su parte, la Trigésima Brigada anunció que un equipo interdisciplinario ya se encuentra brindando apoyo psicosocial y jurídico a los afectados. Además, se confirmó que se interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para judicializar a los responsables.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
El canciller Luis Gilberto Murillo estará en Noruega, invitado por el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Espen Barth Eide, con el propósito de conmemorar los ocho años de la firma del acuerdo de 2016.Según anunció la Cancillería, durante este lapso Colombia ha dado pasos importantes para implementar el acuerdo de paz. Sin embargo, señalan que a la mitad del período del mandato también persisten importantes desafíos por cumplirse.La reunión entre los representantes de ambos Gobiernos, precisamente, será por la conmemoración del octavo aniversario del acuerdo de paz, este lunes 4 de noviembre.En este acto participarán además de Murillo y Eide, eexcomandante de la extinta guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño, hoy director del partido Comunes; al igual que representantes de la sociedad civil y de Cuba, como país garante del acuerdo.En Oslo se se desarrollará este encuentro, en el que Colombia resaltará las relaciones con Noruega, que según la Cancillería ha sido un socio estratégico.“Los jefes de las carteras de exteriores sostendrán reunión bilateral. Colombia valora el apoyo de Noruega como país garante del acuerdo y como uno de sus socios principales” anunció la entidad sobre el particular.Además, el ministerio de Relaciones Exteriores del país nórdico aseguró que el mundo tiene “mucho que aprender” del proceso de paz en Colombia.“Nunca este tipo de experiencia ha sido más relevante que hoy. El acuerdo de paz muestra cuán importantes son la voluntad política, los procesos inclusivos y la lucha contra la pobreza y la desigualdad para crear paz”, expresó Eide.Desde la firma del acuerdo, Noruega ha apoyado activamente el acuerdo de paz y ha dado especial prioridad al apoyo político y financiero a la justicia transicional, los derechos humanos y la igualdad, y la reintegración de los exmiembros de la agrupación armada ilegal.
Se llevó a cabo un trabajo en el cementerio sur de Bogotá en conjunto entre la Corporación Humanitaria de Reencuentros y las organizaciones sociales, que contó con la participación de familias las cuales buscan identificar a sus seres querido y darles un entierro digno a personas que se vieron involucradas en una guerra interna.En el cementerio del sur de Bogotá hay alrededor de 2.500 personas inhumadas en 1.250 bóvedas. Por lo cual, la entidad busca establecer cuántos de estos cuerpos que se encuentran en los tres pabellones del cementerio perecieron debido a contextos de violencia y fueron puestos en ese lugar.Según la investigadora, a cargo del plan regional de búsqueda de Bogotá, Lina Pinzón, por el momento se tienen cerca de 140 personas que ya fueron identificadas como víctimas del conflicto armado, de las cuales 3 han sido identificadas gracias a solicitudes de búsqueda hechas por la propia familia de las víctimas.“Es el primero de varios abordajes que vamos a tener y que lo llamamos piloto porque queríamos saber en qué condiciones estaban los cuerpos y qué otras dificultades podemos tener en el camino ya dentro de las bóvedas”, dijo Lina Pinzón.Según La unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), uno de los tres cuerpos recuperados correspondería a un hombre desaparecido en el municipio de Apulo, Cundinamarca.“Con todos los indicios que se dieron, que se cotejaron, yo estoy prácticamente seguro de que es mi hermano. Falta que Medicina Legal, con todas estas pruebas de ADN que ya hemos aportado, cotejen el 100 por ciento y que nos digan definitivamente que sí es, pero yo estoy completamente seguro de que es él”, dijo Didier Ortega, hermano de una de las víctimas.La entidad asegura que este fue el primero de varios abordajes que se van a realizar en el cementerio y que el proyecto se llamó piloto debido a que primero querían observar cuáles eran las condiciones en las que se encontraban los cuerpos.
El comisionado para la paz, Otty Patiño, asegura que "la peor agresión contra la paz es el incumplimiento" de lo pactado, mientras defiende que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no busca "negociaciones largas" sino "corticas", cuya implementación "pueda incluso trascender a otros gobiernos".El Gobierno colombiano tiene "cerca de nueve" procesos de paz abiertos, "algunos empezando y otros ya en etapa muy avanzada", explica en una entrevista con EFE Patiño, para quien "una de las palabras clave del tema de la paz" es "cumplimiento"."Que hagamos las cosas, las hagamos bien, que las hagamos rápido y que tengamos cumplimiento porque no basta firmar unos papeles o hacer promesas o compromisos, y luego incumplirlos; la peor agresión contra la paz es el incumplimiento", señala el alto funcionario en Cali donde participa en la COP16 de Biodiversidad.A eso añade: "No queremos negociaciones largas, queremos negociaciones corticas, pero una negociación con implementaciones que puedan incluso trascender a otros gobiernos, tanto locales como nacionales".Eso quiere decir, agrega, "que el próximo Gobierno nacional no reciba solamente un mandato escrito sino procesos vivos donde las comunidades estén tan empeñadas, tan adueñadas de esos procesos, que no dejen que los vuelvan trizas".Al respecto, indica que es necesaria "la generación de confianza de que en Colombia sí se puede transitar hacia una vida confiable para todos".Diálogos en marchaPatiño señala la negociación con los Comuneros del Sur, un grupo supuestamente escindido de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño, como una de las más avanzadas, a pesar de que fue de las últimas en empezar."Ya estamos en la fase de implementación y pensamos que ojalá (para) todos los procesos 2025 sea el año de la implementación", subraya, al tiempo que destaca algunos avances en los diálogos con la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC.En este sentido, se han hecho reuniones territoriales en Tumaco y en el vecino Putumayoy aunque la Segunda Marquetalia, mayoritariamente, "está por fuera de Colombia", en zonas fronterizas de Venezuela, la negociación de paz se desarrollará en el país, indica.Sin embargo, los dos grandes procesos en los que se embarcó el Gobierno de Petro desde el inicio de su mandato con los principales grupos armados, el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), este último la mayor disidencia de las FARC, están estancados.Con el ELN intentarán descongelar los diálogos este viernes en una reunión que celebrarán en Venezuela, mientras que la negociación con el EMC sufrió un golpe fuerte en abril pasado cuando ese grupo se dividió y solo quedó en la mesa una parte.No obstante, Otty Patiño bromea y dice que es: "'ottymista', con doble t" en que llegarán a buen cauce todas las negociaciones.Transformación territorialPara el consejero comisionado de paz, "lo fuerte con los grupos armados hoy es el tema de la transformación" que les permita pasar "de ser actores armados a poder convertirse en ciudadanos libres, ciudadanos activos y en ciudadanos plenos para poder ejercer su liderazgo".Esto porque "algunos de ellos temen que el ejercicio de su liderazgo no pueda hacerse sin armas, que no puedan defenderse o proteger su propia vida y las de sus familias sin armas"."Si hay sabiduría de parte de quienes mandan en esas organizaciones para territorializar la paz" se pueden "desarrollar procesos donde participen las comunidades, participen los frentes que hay allá en los territorios y pueda aparecer también la gente" en las negociaciones.Por eso considera que "una mesa nacional (de diálogos) es una mesa demasiado cuadrada (porque) solamente están el Estado, el actor armado y de pronto algunos países; pero en una mesa pequeña pueden participar con mucha más confianza las comunidades que habitan en los territorios" que es lo que busca el Gobierno.A esto se suma "otra de las palabras clave", que es "paz con naturaleza", lema del Gobierno para la COP16 que se celebra en Cali donde ha sido uno de los puntos destacados de la agenda, y para Patiño es "como un viento fresco" que llega a todos los diálogos de paz en Colombia.
El director de Planeación Nacional, Alexander López, quien también asistió a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se aprobó la extensión del mandato de la misión de verificación en Colombia por un año más, reconoció que la implementación de los acuerdos de paz está atravesada por dificultades fiscales serias que no permiten al Gobierno llegar a los municipios PDET con eficacia."Hemos hecho un llamado a la comunidad internacional a que acompañe una estrategia de inversión. Desde aquí seguimos insistiendo en un acuerdo nacional para salir del conflicto", dijo desde Nueva York.El director de Planeación nacional insistió en la propuesta de un acuerdo nacional entre gremios, sectores y partidos para lograr superar las violencias. También destacó que potencias que no se ponen de acuerdo para muchos temas bélicos lo hayan hecho para respaldar la paz en Colombia.Con esta decisión, Carlos Ruíz Massieu, jefe de la Misión de Verificación en Colombia, tendrá la posibilidad de continuar con el acompañamiento a temas como la implementación del acuerdo de paz de 2016, a las sanciones propias que impusiera la Jurisdicción Especial para La Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.