El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Un trágico accidente de tránsito quedó registrado gracias a una cámara de seguridad, un hecho que, lamentablemente, dejó el saldo de tres muertos tras que una camioneta estallara en llamas tras ser arrollada por un camión, sin embargo, todo se dio por una imprudencia minutos antes.El hecho se registró en en la N3 en dirección a Durban antes de la rampa de salida de Shongweni al oeste de Durban, en Sudáfrica. Tal como se pudo ver en el video captado en la cámara de seguridad, la camioneta fue impactada tras invadir el carril contrario, pero esto luego de ser chocada por un camión que la terminó mandando a esta dirección.“Los paramédicos evaluaron el lugar y descubrieron que se cree que un camión y una camioneta chocaron antes de que la camioneta chocara contra las barreras donde trabajaban los trabajadores y se incendiara. El camión perdió el control y se desvió por la mediana central y cruzó la calzada en dirección norte por un terraplén”, informaron las autoridades locales, según dio a conocer el medio local Arrive Alive.El hecho dejó tres personas muertas, quienes eran los que se encontraban en la camioneta y perdieron la vida en el interior de la misma por las llamas causadas en el accidente, además cuatro trabajadores, que se encontraba en la autopista en ese momento y alcanzaron a ser impactados, sufrieron algunas lesiones, pero ninguna de gravedad.La camioneta estalló segundos después de su impacto con el camión, dejando toda la escena en algo trágico y, en algunas imágenes, se mostró el daño irreparable que quedó al ser verse partes pequeñas de la camioneta y algunos objetos personales de los ocupantes.“En este momento, se desconocen los hechos que condujeron al accidente; sin embargo, SAPS y RTI estuvieron presentes y seguirán investigando”, añadieron, en especial si el camión que empujó a la camioneta lo hizo por accidente o fue intencionalmente.
El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde mantiene un fuerte arraigo cultural. Su nombre, estrechamente ligado a la identidad paisa, ha sido determinante en su posicionamiento entre los apostadores, que cada noche revisan los resultados con la ilusión de acertar.Resultado oficial del chance Paisita NocheEn el sorteo más reciente, el número ganador fue: 8865 - Tigre.Detalle del resultado:Número ganador: 8865.Animal: Tigre.Dos últimas cifras: 65.Tres últimas cifras: 865.Estos datos corresponden exclusivamente al último sorteo realizado y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta.Quinta balota: opción adicional vigente desde 2025Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas.Esta alternativa no modifica las reglas tradicionales del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla dentro de su apuesta.Valores de apuesta del Paisita NocheEl juego ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida.Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de jugada seleccionada.Gracias a su mecánica sencilla y la constancia de sus sorteos diarios, el Paisita Noche se mantiene entre los chances más seguidos del país.¿A qué hora juega el Paisita Noche?El sorteo se realiza todos los días sin excepción en los siguientes horarios:Lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Estos horarios permanentes facilitan que los jugadores planifiquen sus apuestas y consulten los resultados en tiempo real.Modalidades de juego del Paisita NocheEl Paisita Noche ofrece varias modalidades que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y su orden:Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto.Combinado cuatro cifras: acierto en cualquier orden.Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden.Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y expectativa de premio.Cómo jugar chance en línea en ColombiaEn Colombia, el chance puede jugarse de forma virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.El proceso incluye:Registro en una plataforma oficial.Verificación de identidad.Recarga de saldo.Selección del sorteo, número y modalidad.Esta opción brinda comodidad, seguridad y acceso inmediato a los resultados oficiales.Requisitos para reclamar un premio del Paisita NocheEl procedimiento para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.Documentos básicosTiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el valor del premio (UVT)Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.Iguales o superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Se recomienda verificar siempre la información a través de canales oficiales.Últimos resultados del Paisita NocheEstos han sido los sorteos más recientes:12 de febrero de 2026: 0294 - Conejo.11 de febrero de 2026: 1580 – León.10 de febrero de 2026: 0846 – Cabra.9 de febrero de 2026: 7127 – Tigre.El Paisita Noche mantiene así su presencia diaria en la rutina de miles de apostadores que cada noche esperan confirmar si la suerte estuvo de su lado.
A través de una carta de seis páginas emitida en la Sala Plena de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó declararse impedido en la discusión de la reforma pensional al considerar que podría configurarse la causal de haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la norma.La petición fue elevada ante este alto tribunal en medio de recusaciones previas y cuestionamientos relacionados con declaraciones públicas del magistrado sobre el proceso legislativo de la norma, específicamente por una controversia por una entrevista en donde se interpretó que las respuestas del magistrado fueron un prejuzgamiento sobre la validez de esta ley, específicamente por parte de la Presidencia de la República a través de su secretario jurídico, Augusto Ocampo.En esa entrevista mencionó la existencia de un vicio de trámite subsanable y explicó que la Sala Plena había quedado empatada 4-4, lo que llevó a designar un conjuez.En el documento, el magistrado explicó que si bien no reveló información distinta a la ya conocida públicamente por filtraciones de su ponencia, con este impedimento buscó contribuir de forma activa a la materialización de los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad ética y moralidad pública.Es decir, con esto buscó que la Sala Plena determine si es válido o no hablar de un concepto previo que pueda representar un obstáculo para el análisis. Para esto, debe ser convocada la Sala Plena en los próximos días y allí resolver las recusaciones y los impedimentos pendientes antes de adoptar una determinación de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional.
Las emergencias climáticas en Córdoba dejan más de 169.400 personas damnificadas y cerca de 48.000 hogares afectados. Ignacio García, coordinador de mecanismos de respuesta a emergencias de la ONG Acción contra el Hambre, aseguró que la magnitud de las pérdidas afecta “seriamente y severamente” la seguridad alimentaria de las familias.“Se reportan pérdidas de más de cinco mil doscientos treinta animales de producción, pérdidas de cultivos, pérdida de enseres y de otros elementos que son vitales en los medios de vida de las familias y, por lo tanto, en la seguridad alimentaria de las comunidades”, aseguró.Actualmente, 24 de los 30 municipios de Córdoba presentan algún nivel de afectación, es decir, el 80 % del departamento enfrenta inundaciones u otros eventos climáticos. Según la organización, los casos más críticos se concentran en San Pelayo, Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas, aunque también se han brindado apoyos puntuales al hospital de Tierralta.García subrayó que los niños, las comunidades indígenas y las mujeres gestantes y lactantes se encuentran entre los grupos con mayor nivel de riesgo.Ante esta situación de riesgo alimentario, la organización asegura haber movilizado más de 1.500 ayudas humanitarias, principalmente alimentos y elementos de protección, en comunidades como Caño Viejo y La Esmeralda, en Puerto Escondido.La ONG insistió en que la magnitud de la emergencia exige una respuesta articulada entre instituciones del Estado y actores humanitarios. Ademas, hizo un llamado a mantener el monitoreo y la coordinación ante posibles afectaciones en el mediano y largo plazo, derivadas de la pérdida de infraestructura y medios de subsistencia.
Tres medidas regulatorias, que incluso podrían convertirse en decreto legislativo como parte de la declaratoria de emergencia, fueron anunciadas desde Barranquilla por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para atender a los damnificados por las inundaciones en Córdoba y respaldar, a su vez, a los operadores de energía que sufrieron afectaciones por las lluvias atípicas de este febrero."Una medida en el marco de esta emergencia son tarifas diferenciales para las poblaciones afectadas", indicó el alto funcionario."La segunda es la posibilidad para que se le reconozcan a los operadores de red la reparación de la infraestructura averiada, de manera rápida, inmediata, eficaz y ágil, porque obviamente el agua se ha llevado también infraestructura eléctrica que afecta la prestación del servicio de energía eléctrica, que es un servicio público esencial", agregó.Y la tercera medida, añadió Palma, tiene que ver con un esquema de viabilidad financiera para los operadores de red del sector, Air-e y Afinia, que permita garantizar la prestación de la energía eléctrica, como servicio público esencial."Yo creo que es importante adoptar este paquete entre los 30 días que nos da la Constitución y la ley para poder aliviar el bolsillo de esas personas, de esos ciudadanos de esta región del país, que hoy lo han perdido todo", expresó.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El Gobierno nacional le pidió a la Fiscalía General de la Nación suspender temporalmente las órdenes de captura contra 20 mandos de las disidencias de alias 'Iván Mordisco', grupo que nunca suscribió el acuerdo de paz firmado en 2016, la idea es que estas personas puedan reunirse y definir sus negociadores para empezar un diálogo formal de carácter político que se hará en Colombia, en algunas zonas adecuadas para el proceso que contarán con la presencia de la fuerza pública.Entre los nombres de estas 20 personas está el de Alonso Velosa García, máximo cabecilla del frente 33 de las disidencias y quien es señalado como el presunto responsable del atentado al helicóptero en el que se transportaba el expresidente Iván Duque y a la Brigada 30 del Ejército, con sede en esa misma ciudad.Ante la situación el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que la solicitud de suspender esta orden de captura no significa una amnistía o que se suspendan las investigaciones que cursan contra 'Jhon Mechas'."La designación no implica la suspensión de investigación judicial alguna ni una amnistía o indulto para ninguna de las 20 personas en cuestión. La designación como miembros representantes del EMC Farc tiene como único propósito facilitar los acercamientos. No es la primera vez que un gobierno acudir a este tipo de medidas para avanzar en la construcción de la paz" señaló Rueda.En este momento el Gobierno está esperando la decisión de la Fiscalía frente a la solicitud presentada, pues el fiscal general, Francisco Barbosa, le pidió a presidencia que explique las razones por las que se solicitó la suspensión de capturas temporalmente de 11 de estos 20 mandos, ya que según los registros habrían firmado el acuerdo en 2016, por lo que no serían disidentes sino desertores. El gobierno responderá a la Fiscalía en las próximas horas.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó que en las próximas semanas empezará un proceso de diálogo formal con las disidencias al mando de 'Iván Mordisco', pero también con la Segunda Marquetalia, grupo comandado por alias ‘Iván Márquez’ que abandonó el proceso de paz firmado con las extintas Farc en el año 2016.La metodología de estos procesos ya se ha ido trabajando en la fase exploratoria y de acercamientos con los dos grupos armados, por lo que también se buscará suspender órdenes de captura por un periodo de 10 días. Lo anterior para que los mandos de estas estructuras, que están en la cárcel, puedan reunirse y acordar negociadores y puntos importantes de cara al inicio de las conversaciones, posteriormente volverían a la cárcel.Rueda aseguró que los diálogos se desarrollarían en Colombia en algunas zonas adecuadas para este proceso, pero además contarán con el acompañamiento de la fuerza pública, para garantizar que no se realicen operaciones ilegales por parte de ningún grupo al margen de la ley, también aclara que serán procesos separados, es decir, uno con las disidencias de ‘Mordisco’ y otro con la Segunda Marquetalia."Habría unos lugares específicos que concertaríamos entre ellos y el Gobierno nacional, que significaría que la fuerza pública cumple todos sus derechos constitucionales, posibilitará la presencia de las instituciones civiles del Estado, verificando que allí no se estén desarrollando operaciones ilegales y generando un clima de conversaciones que sea eficiente y eficaz", señaló el comisionado en diálogo con la agencia Reuters.Le puede interesar:
El pasado martes, 14 de febrero en el municipio de Arauquita, ubicado en el departamento de Arauca, fue secuestrado el sargento primero Libey Danilo Bravo cuando se encontraba en un establecimiento comercial. En la mañana de este lunes, la guerrilla del ELN se adjudicó el secuestro y aseguró que responsabiliza a la fuerza pública por lo que le pueda pasar al militar. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas se refirió a este caso y dijo que de esta manera se estaba saboteando la paz."Que este suboficial está recibiendo el trato que corresponde dentro del marco de los derechos humanos. Se acordó la realidad de la guerra que actualmente se viene el departamento de Arauca en los próximos días entregaremos. Pruebas de supervivencia la familia", señaló la guerrilla del ELN.Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que el Gobierno nacional ya pidió la liberación del sargento Bravo en la mesa de diálogos con este grupo al margen de la ley, que cumple su segundo ciclo en Ciudad de México. El funcionario también aseguró que la guerrilla tiene voluntad de paz."Hay voluntad de parte del ELN, estamos hablando de un diálogo en medio de una conflictividad armada que no tiene un cese al fuego, ya se pidió la liberación, el propio presidente de la República la pidió, cuando recibimos la información estando en México de manera inmediata le solicitamos al ELN su libertad", señaló Rueda.Por otro lado, monseñor Héctor Fabio Henao se pronunció desde México, una vez el ELN confirmó que tiene en su poder al sargento primero Libey Danilo Bravo.También se refirió a la situación que se vive en Arauquita, asegurando que son objeto de gran preocupación tanto para la fuerza pública, como para los habitantes de este sector del país.“Este será un tema de la mesa de negociación que se desarrolla en México con el ELN, y nos llama la atención sobre la urgencia de avanzar hacia un cese al fuego que permita garantizar todas las condiciones”, aseguró monseñor Héctor Fabio Henao.Le puede interesar:
Aunque el Gobierno nacional, en un principio, solo inició diálogos formales con el ELN, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tuvo acercamientos en fase exploratoria, con las disidencias al mando de 'Iván Mordisco': las mismas que nunca suscribieron el acuerdo de paz, firmado en 2016 por las Farc con el gobierno de Juan Manuel Santos.Según se supo, este proceso con las disidencias ha registrado avances importantes y pronto empezaría una etapa formal de diálogos.Al referirse al punto en el que se encuentra este proceso de diálogos, Rueda aseguró que se activaron los mecanismos judiciales necesarios para que, algunos disidentes que hacen parte de los mandos de esta guerrilla, puedan ir a reunirse con el grupo armado. Y así discutir las condiciones finales para poder empezar una etapa de diálogo con el Gobierno."Estamos esperando que algunas personas puedan ser, conforme a la Constitución y las disposiciones legales, excarceladas durante 10 días y suspendida su condición de privados de la libertad. Estarán en la reunión de esos mandos y regresarán a la cárcel", señaló Rueda a los medios de comunicación.Este diálogo será de carácter político, teniendo en cuenta que este grupo armado ilegal nunca firmó el acuerdo de paz, al que sí se acogieron otros frentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.En las últimas semanas este proceso de exploración con las disidencias de 'Mordisco' han tenido avances importantes y por eso, en cuestión de semanas empezaría una fase de diálogo con los voceros de esta guerrilla que ya fueron elegidos durante un proceso interno, esta negociación será de carácter político, pues el Gobierno decidió que ya que este grupo nunca suscribió el acuerdo de paz, podrá recibir esta designación.Gobierno adelantaría los mecanismos y protocolos judiciales, teniendo en cuenta que los voceros de este grupo armado que empezarían el proceso de diálogo tienen órdenes de captura activas, las cuales deben suspenderse con el fin de que los guerrilleros puedan movilizarse a la zona donde empezarían las negociaciones.Le puede interesar:
Leyner Palacios es un líder social chocoano y sobreviviente de la masacre de Bojayá, fue además el titular la Comisión de la Verdad, creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc. Esto como un mecanismo extrajudicial para conocer lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia.Palacios recientemente denunció que tenía que salir del departamento pues recibió amenazas de un grupo armado que delinque en esa zona del país, por lo que también le informó al Gobierno nacional lo sucedido con el objetivo de que se tomen las medidas pertinentes al caso."No puedo desestimar la amenaza. Al teléfono de mi hija llegó un mensaje donde le dicen que me comunique con ellos. No dicen a qué grupo pertenecen, pero me dieron 12 horas de plazo para salir del departamento, sino me matan a mi o a mi hija", contó el excomisionado de la Verdad.En las últimas horas también se dio un pronunciamiento público de los excomisionados de la Verdad rechazando las amenazas y pidiendo protección para el líder social chocoano."Con indignación y dolor recibimos la noticia sobre las amenazas contra la vida de Leyner Palacios y contra su familia. Leyner, compañero de la Comisión de la Verdad, víctima de Bojayá, ha entregado todo en su lucha civil por la verdad y los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas sometidas al confinamiento, el desplazamiento y el terror. Leyner: su vida, su misión y su familia, tienen que prevalecer si la verdad y la paz grande tienen un lugar en Colombia", señaló el comunicado.El documento está firmado por todos los excomisionados y también por el expresidente de la Comisión de la Verdad el padre Francisco de Roux, quienes además valoraron el anuncio del Gobierno nacional y de la Policía. Según dicho texto se indicó que se van a tomar medidas para garantizar la seguridad de Palacios.Le puede interesar
El Ministerio de Defensa hizo entre a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD, de 112 carpetas que contendrían información recolectada por miembros de la fuerza pública. La idea es que con la información recolectada la entidad pueda avanzar en el esclarecimiento de casos de desaparición forzada de policías y militares que se presentaron durante el conflicto armado, esta había sido una solicitud que le hizo la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón al Gobierno nacional hace algunos meses."Nos complace informar que nos han anunciado haber remitido 112 carpetas que contendrían información recolectada por miembros de la fuerza pública en cumplimiento de los compromisos establecidos en el comunicado 062. Confiamos en que esta información, una vez la podamos analizar, contribuya con la satisfacción del derecho de las víctimas a saber la verdad sobre la suerte y paradero de sus seres queridos", señaló Monzón.Estas acciones fueron acordadas entre el Gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc en el año 2015, cuando se estableció, en medio de las negociaciones que se implementarían algunas medidas humanitarias para buscar e identificar personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado interno."Estamos comprometidos con todas las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, particularmente con los derechos de las víctimas. Esperamos que estas 112 carpetas que tienen información de personas dadas por desaparecidas contribuyan a su búsqueda y pronta localización", señaló por su parte el ministro de Defensa, Iván Velásquez.Le puede interesar: