El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
En el municipio de Bello, por lo menos tres quebradas tuvieron incremento en su caudal, ocasionando algunos daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales.Las lluvias volvieron a azotar al Valle de Aburrá en las últimas horas, dejando afectaciones en vías públicas, caída de árboles, crecientes súbitas en algunas quebradas y hasta la caída de un parasol que ocasionó que dos personas resultaran con lesiones leves en Medellín.Las precipitaciones de alta intensidad se reportaron durante un par de horas, más que todo sobre los municipios de Medellín, Itagüí, La Estrella, Bello y Copacabana, lugares en donde las afectaciones no han pasado a mayores, como han indicado las autoridades locales.En la capital de Antioquia, las lluvias golpearon a varios sectores, como en la carrera 55, en donde un sótano se inundó, en la carrera 82, en donde un parasol colapsó y dejó a dos personas con lesiones breves ,o en el Doce de Octubre donde un árbol se cayó sobre las redes eléctricas.Además, hubo inundaciones en vías de los barrios Santander o Robledo y en el soterrado de la Feria del Ganado, que estuvo cerrado durante varios minutos por el alto nivel del agua. Incluso, los metrocables tuvieron restricciones en su servicio mientras las precipitaciones cayeron sobre la ciudad.La peor parte de las lluvias de las últimas horas se la llevó el municipio de Bello, en donde, por ejemplo, la quebrada La Madera rebosó sus capacidades y afectó al barrio José Antonio Galán. Asimismo, una creciente súbita de la quebrada La Loca causó temor en la comunidad que, por ahora, no ha reportado mayores daños en el sector.La Alcaldía de Bello informó que la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres verifica lo ocurrido en el barrio La Gabriela, en el que se reportó una inundación en vía pública.Finalmente, en la vereda San Juan del municipio de Copacabana también indicaron que hubo vías afectadas por las fuertes lluvias que azotaron al Área Metropolitana. Se espera que las autoridades de cada municipio damnificado sigan entregando nuevos detalles con el paso de las horas.
El actor colombiano Jhon Fredy Ríos, más conocido como ‘Chocolatina’, falleció, según confirmó la actriz Lady Tabares a través de sus redes sociales el 14 de febrero de 2026. El anuncio causó emociones encontradas en seguidores de la emblemática película La vendedora de rosas, estrenada en 1998 y dirigida por Víctor Gaviria.En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, Lady Tabares escribió: “Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor. Descanse en paz.”¿Quién es Jhon Fredy Ríos?‘Chocolatina’ fue uno de los actores que interpretó un personaje central dentro de La vendedora de rosas, un filme que retrata la vida de niños y jóvenes en situación de calle en Medellín y que recibió atención internacional por su crudeza y realismo. La participación de Ríos en la película lo hizo reconocido entre el público colombiano, pero su vida posterior estuvo marcada por dificultades personales.Años después del estreno del filme, el actor sufrió un ataque armado que lo dejó en silla de ruedas, y pasó un largo período viviendo en condición de calle hasta su fallecimiento, según relatan medios colombianos. El fallecimiento del actor vuelve a poner en contexto las historias de otros integrantes del elenco de 'La vendedora de rosas'. Con el paso de los años, varios de los jóvenes que participaron en la película enfrentaron situaciones complejas. Entre ellos se encuentra Giovanni Quiroz, quien interpretó a ‘El Zarco’ y murió en el año 2000 durante un hecho violento. Otro integrante del elenco también falleció a temprana edad.'La vendedora de rosas' estuvo basada en la vida real de jóvenes que vivían en las calles de Medellín y buscaba reflejar con honestidad la realidad de la pobreza urbana en Colombia. Esta película es recordada por su estilo documental y por haber llevado los nombres de sus actores al conocimiento del público en el país y en festivales internacionales. La confirmación del fallecimiento de ‘Chocolatina’ generó varias reacciones entre quienes vieron la película cuando se estrenó y quienes la recuerdan como una obra significativa del cine nacional. Comentarios en redes sociales expresan condolencias y nostalgia por su participación en este proyecto cinematográfico.
La Justicia peruana confirmó la sentencia de 35 años de cárcel contra el expolicía Erusbel Apaza por el asesinato del suboficial de segunda José Luis Soncco durante las protestas antigubernamentales ocurridas en enero de 2023 en la ciudad de Juliaca, en el sur del país, donde también murieron 17 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden.En un inicio se pensó que Soncco murió calcinado el 9 de enero cuando manifestantes quemaron el vehículo policial en el que se encontraba en el contexto de los disturbios sociales, pero las investigaciones determinaron que antes, Apaza agredió al suboficial y este habría fallecido por un golpe en la cabeza.Así, Apaza fue declarado culpable por los delitos de disturbio agravado y sustracción de armas, pues cuando fue detenido encontraron armas de Soncco en la casa del expolicía.La Policía Nacional de Perú (PNP) informó en redes sociales este sábado que mediante una sentencia firme, la Sala Penal de Apelaciones de Juliaca confirmó los 35 años de prisión y una reparación civil, una pena ya dictada en junio de 2025."Cuando se ataca a un policía, se ataca al Estado. Este fallo no solo sanciona un crimen, sino que sienta un precedente histórico en la defensa de la autoridad, confirmando la responsabilidad por los delitos de disturbios agravados y sustracción o arrebato de arma de fuego", agregó la PNP.Además, se ratificó el pago de 180.000 soles (53.700 dólares o 45.300 euros) como reparación civil a favor de la familia del efectivo policial y 25.000 soles a favor del Estado.La PNP recordó a la ciudadanía que "la violencia colectiva no es protesta", que el ataque a la autoridad no quedará impune y que la vida de un policía se respeta.El general de la Policía, Óscar Arriola, explicó en marzo de 2023, cuando se capturaron a tres sospechosos del crimen, que Apaza fue pasado al retiro de la PNP en 2020 por medidas disciplinarias.Agregó que en el momento de la detención se encontró en su domicilio la pistola de propiedad de Soncco y cartuchos así como dinero en efectivo.Durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023, que pedían la renuncia de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) y el cierre del Congreso, fallecieron 49 personas en la represión de las manifestaciones.
Una nueva simulación realizada con inteligencia artificial generó atención en los internautas tras presentar un rostro hiperrealista de Jesucristo, elaborado a partir del análisis digital de la Sábana Santa de Turín. El ejercicio tecnológico se basa en las marcas, sombras y proporciones visibles en la reliquia, considerada por muchos creyentes como el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús tras la crucifixión.El desarrollo no pretende ofrecer una confirmación histórica definitiva, sino una representación visual obtenida mediante modelos de inteligencia artificial entrenados para interpretar patrones, volúmenes y rasgos faciales a partir de imágenes bidimensionales.Con estos datos, el sistema generó una reconstrucción tridimensional con apariencia humana detallada, que incluye textura de piel, expresión facial y proporciones anatómicas.La Sábana Santa de Turín se conserva desde hace siglos y fue objeto de numerosos estudios científicos, históricos y religiosos. En ella se observa la silueta frontal y dorsal de un hombre con marcas compatibles con un suplicio físico severo. Estas características fueron utilizadas como base para el procesamiento digital, sin alterar ni añadir elementos externos a la imagen original.Especialistas en análisis de imágenes explican que este tipo de simulaciones dependen de algoritmos que interpretan contrastes y niveles de profundidad. El resultado final responde a probabilidades matemáticas, no a una prueba concluyente sobre la apariencia real de Jesucristo.¿Cómo se interpreta la recreación digital desde la fe y la ciencia?La publicación de la imagen generó reacciones diversas. Sectores religiosos consideran que este tipo de recreaciones pueden servir como herramienta pedagógica o de reflexión espiritual. Desde el ámbito científico, varios expertos subrayan que la inteligencia artificial no sustituye la investigación histórica ni arqueológica, sino que ofrece una visualización hipotética basada en datos limitados.La Iglesia católica mantiene una postura prudente frente a estos ejercicios tecnológicos. A lo largo del tiempo, la autenticidad de la Sábana Santa fue objeto de análisis, incluidos estudios de carbono y exámenes forenses, cuyos resultados continúan siendo motivo de debate.
En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó, en entrevista con Deutsche Welle (DW), que la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, realizada a comienzos de febrero, “es la demostración de que la diplomacia y el diálogo son mucho más productivos que la confrontación y que los insultos por redes sociales”.El expresidente también señaló a DW que sería beneficioso para Colombia y la región que se cumplan los compromisos que surjan después de ese encuentro, especialmente tras un periodo marcado por tensiones políticas con Estados Unidos. “El acercamiento es bienvenido y ojalá se mantenga”, afirmó el Premio Nobel de Paz.Entre tanto, el exmandatario se refirió también al gobierno interino de Venezuela, principalmente porque será uno de los temas centrales que se abordarán en la Conferencia de Seguridad, en la que participará como representante del grupo The Elders.“Por un lado, la gente está muy contenta de que Nicolás Maduro haya salido del poder y se haya iniciado una transición. La otra opinión es que salió del poder, pero lo que se hizo fue ilegal, fue una violación del derecho internacional. Lo que hoy está esperando la gente, el mundo entero y los venezolanos, es mayor certidumbre sobre cómo va a ser esa transición”, afirmó Santos.Sobre la posibilidad de una eventual amnistía para los miembros del régimen, el expresidente afirmó que la prioridad de esta etapa en Venezuela deberían ser las víctimas. “Yo preferiría, personalmente, ver un proceso de justicia transicional, en el que el derecho internacional se respete, pero que facilite una transición hacia un país más democrático y en el que las víctimas puedan ser reparadas”, señaló.Finalmente, el exmandatario dijo a DW que entre los temas que ocuparán la agenda del grupo The Elders en la Conferencia de Seguridad estarán la reducción del riesgo nuclear, el cambio climático, la cooperación internacional ante una posible pandemia y el futuro de la inteligencia artificial orientada a la cooperación.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
La semana pasada estuvo llena de polémicas en relación con la Ley de Orden Público, la columna vertebral del proyecto de paz total de Gobierno Nacional. En especial, por los dos artículos que le darían la potestad al presidente Gustavo Petro de conceder indulto a los judicializados en marco de las protestas sociales.Por tal motivo, el ministro de Interior, Alfonso Prada, anunció que se retirarán esos artículos con el propósito de que el proyecto de ley sea aprobado por el Congreso.La decisión se dio el pasado viernes, cuando los titulares de las carteras del Interior, Defensa, Iván Velásquez; Justicia, Néstor Osuna, y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, estuvieron en el Congreso reunidos con diferentes bancadas y con los ponentes de la ley para tratar de calmar las aguas en relación con esos dos artículos."Sobre las 9:00 de la mañana el presidente dio el aval definitivoSe decidieron que las facultades de presidente para reglamentar lo concerniente a el sometimiento a la justicia se retiraba y se va a presentar más rápidamente la ley de sometimiento", dijo a BLU Radio Ariel Ávila, uno de los ponentes del proyecto.Ávila comentó que el alto comisionado de Paz argumentó en esos encuentros que los instrumentos para la dejación de armas de los grupos criminales no son completos, pero que hay cómo hacerlo."Se quitarán de la ley de orden público y se tramitarán en una ley dedicada exclusivamente al tema de protesta social y con esto le damos mayores tiempos de debate, con esto escuchamos los partidos políticos y el ambiente general en el país", dijo en relación con los artículos más polémicos, los 16 y 17, concernientes a la protesta social.Esta ley será votada este lunes 25 de octubre en el Senado y el martes 26 en la Cámara de Representantes, en tanto que el texto saldrá de la conciliación entre las comisiones Primera de Cámara y Senado.Esta ley que ha denominado el senador como la de no estigmatización de la protesta social se presentará en un mes, que es el tiempo que se pactó con el Ministerio de Justicia. En dado caso de que no se lleguen a cumplir estos tiempos se presentaría en marzo del 2023 cuando el Congreso entre en el siguiente semestre legislativo."Con eso aspiramos a que sea probada de forma ágil para el marco regulatorio de la paz total", comentó Ávila. Este proyecto, que estructura las condiciones de cómo será el sometimiento de las estructuras criminales, dijo "está a un 90%, aspiramos que en dos semanas esté zanjado el debate y presentemos la ley".Entre tanto, el senador Iván Cepeda confirmó las reuniones que se mantuvieron en el Congreso la semana pasada. "Esa decisión la toma el Gobierno en vista de que ha suscitado una polémica muy fuerte y creemos que hay que buscar las voces tanto de la coalición como la de oposición", dijo a BLU Radio.Cepeda aseguró que el tema de la protesta social volverá al Congreso, pero que por ahora la prioridad es darle forma al marco legal del sometimiento de las bandas criminales para el proyecto de la paz total."El gobierno no renuncia a su empeño por buscar la libertad de jóvenes que han sido injustamente judicializados por su participación en las protestas sociales. No por haber cometido delitos que obviamente deben ser investigados y juzgados que no están incluidos inicialmente dentro de las posibilidades de un beneficio", dijo.Aunque el senador no dio detalles de este proyecto que presentará el Gobierno en relación con la protesta social, sí aseguró que se examinarán los contextos y se hará la propuesta."El delito político no puede ser considerado un delito que sea homologable al terrorismo. Por lo tanto, sí tiene toda la razón el Gobierno, el presidente y la bancada de gobierno de plantear el tema, cómo se hará, en qué circunstancias, en qué contextos se examinará con calma y se hará la propuesta del caso", señaló.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca qué pasa con la gestión del presidente Petro y el aumento de su desaprobación:
El senador Ariel Ávila se refirió a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro pueda indultar a condenados por actos relacionados con la protesta social, como por ejemplo a miembros de Primera Línea. El escenario se contempla dentro de la ley de orden público, a la luz de los artículos 16 y 17, que permitirían esa potestad al mandatario. Ávila dijo que no habrá indultos colectivos y que cada caso se estudiará de forma exhaustiva e individualizada. "Las personas que podrían obtener los beneficios serían todas aquellas que están siendo procesadas o los pocos que fueron condenados, que hayan estado o sus acciones estén derivadas del ejercicio de la protesta social. Obviamente, cada caso será estudiado de manera individual", afirmó el congresista en entrevista con Mañanas Blu.De acuerdo con Ávila, varios de los jóvenes ya condenados por acciones en el marco de la protesta social se vieron forzados a aceptar cargos, por lo que se necesitará un debate para establecer las condiciones de cada caso. "De hecho, algunos de estos muchachos, creemos nosotros, se hará un debate seguramente, fueron presionados para que se acogieran a una sentencia anticipada y muchos de ellos no debieron ser condenados. Otros tal vez sí, por eso es que se revisará caso a caso", sostuvo Ávila. Policías podrán beneficiarseSegún el congresista, no serán indultados delitos que revistan alta gravedad, como homicidios, pero sí se podrían beneficiar quienes participaron en bloqueos de vías. Además, sostuvo que policías podrían ser beneficiados. "Se tiene que revisar caso a caso, así como el estado de cada proceso. Por ejemplo, el muchacho que le metió una bomba molotov a un policía y lo mató, pues eso para mí no puede ser indultado; o al revés, el policía que le disparó dos balazos al muchacho menor de edad en Cali, tampoco. Sin embargo, hay otros temas como un bloqueo en una vía, que efectivamente puede ser indultado", declaró el parlamentario. "Toda persona que está siendo procesada en el marco de la protesta social se beneficiaría; incluida, por ejemplo, la señora que agredió verbalmente a la vicepresidenta. No puede ser selectivo para un lado u otro. También puede ser un miembro de la Policía o del Esmad", complementó. "No es un mico"El senador dijo que se actuará con responsabilidad. "Nadie va a hacer locuras, va a haber un procedimiento de tres o cuatro pasos", sostuvo el congresista.El senador Ávila negó que, como se aseguró desde sectores de oposición, se esté buscando impulsar 'un mico' o una trampa velada. Según el congresista, él mismo le dijo a los ponentes que ambos artículos podrían generar controversia. "Nosotros no hemos ocultado esto y es tan así que a la senadora Paloma Valencia y a los demás ponentes, ayer mismo cuando terminamos de escribir la ponencia, se las envié y les dije, póngale atención a los artículos 16 y 17 porque va a haber polémica. Es decir, no hay un mico ni un gancho ciego", afirmó el senador.
El alto consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, explicó quiénes estarán y cómo se desarrollarán los diálogos regionales vinculantes, a los que el presidente Gustavo Petro invitó a grupos armados a participar, sin embargo, Velasco aclaró que el Gobierno “no quiere personas armadas” en estas mesas.“La idea no es que llegue el señor armado con un fusil a decir ‘estas son mis ideas y esto es lo que vengo a defender’ porque, entre otras cosas, no habría una simetría, sino que la comunidad, el pueblo, evalúa ese factor de violencia, presenta el problema y su solución”, señaló en Mañanas Blu.En ese sentido, detalló que la invitación del presidente Petro es para que los actores armados se unan en las correspondientes mesas, es decir, en los espacios que ya están pactados y con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien es el encargado de llevar estos diálogos con estos grupos.“Preferimos como Gobierno que los armados hablen con quien está habilitado para eso, que es el alto comisionado para la Paz; consideramos complejo un armado debatiendo políticas públicas con personas no armadas, con los lideres sociales”, agregó.Así, Velasco señaló que debe existir una lógica entre los que están en dichos diálogos, pues insistió en que no puede haber una persona armada y una que no debatiendo.“No queremos personas armadas en los diálogos regionales porque son diálogos de lideres sociales que evidentemente no están en la lógica armada”, recalcó.Le puede interesar:
La Segunda Marquetalia, liderada por alias 'Iván Márquez' y que hace parte de las disidencias de las Farc, dio a conocer que aceptó la propuesta de paz total que ha hecho el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, a distintos grupos armados.En primer lugar, las disidencias explicaron que las soluciones a los diferentes problemas de la sociedad deben ser "diplomáticas" y resaltaron el cambio de Gobierno que se dio el pasado 7 de agosto en Colombia. "El 7 de agosto se posesionó Gustavo Petro como presidente de la República. El pueblo colombiano ha depositado en él su confianza y anhela que logre la paz completa, con participación ciudadana, con democracia verdadera", se lee en el comunicado.Por otro lado, manifestaron que para lograr la paz total el Gobierno también debe cumplir el acuerdo de La Habana (Cuba), pero que las condiciones del país estarían dadas para avanzar hacia ese propósito."En este contexto realizamos el encuentro de comandantes de las Farc EP Segunda Marquetalia. En un gran espíritu unitario hicimos el análisis de la coyuntura y concluimos que están dadas las condiciones para jugárnosla toda por la paz completa con justicia social", reafirmaron.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca qué pasa con la grave crisis migratoria del Tapón del Darién:
El ELN y el Gobierno Nacional, comandado por el presidente, Gustavo Petro, retomarán las negociaciones de paz el próximo mes noviembre, según un acuerdo firmado por las partes en Venezuela, país que actuará como garante en los diálogos, junto a Cuba y Noruega.El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habló sobre la importancia de la transparencia en estos diálogos, de manera que lo pactado se vaya cumpliendo para generar confianza."El diálogo en sí mismo debe expresar los cambios y esta delegación de paz (del ELN) nos ha expresado y nos ha dado elementos de profunda confianza", aseguró.En Sala de Prensa Blu, la analista Elizabeth Dickinson y el director del CERAC, Jorge Restrepo, hablaron sobre los diálogos de paz que retomarán el ELN y el Gobierno Nacional."Tomar todo el diálogo en Venezuela yo lo considero algo riesgoso por la cercanía del ELN con este gobierno. El acuerdo de paz no está implementado en su totalidad, se tiene que dar confianza no solo a los actores que negocian sino a la misma ciudadanía”, aseveró la analista Elizabeth Dickinson.Según Dickinson, el diálogo de paz no es algo de ideología sino de conocimiento.“No es un trabajo de ideología por parte del equipo elegido sino de conocimiento a una solución que queremos de diálogo. Que el Gobierno de Petro tenga un diálogo con diferentes regiones no le da excusas al ELN para decir que ese acuerdo no incluye a la población”, dijo.Además, la analista aclaró que, es bueno que el Gobierno cuente con personal que conoce los procesos de paz.“El anuncio de paz que hizo el Gobierno es algo esperanzador y tiene grandes pilares que conocen el tema, como el canciller Leyva y el comisionado de Paz Rueda. Ahorita, el ELN tiene que mostrar garantías para que los diálogos no tengan ningún tropiezo”, aseveró.Por otro lado, el director del CERAC, Jorge Restrepo, explicó que el ELN debe demostrar, cada vez más, que está comprometido con el proceso de paz."El ELN debe comprometerse públicamente a no tener secuestros, a desmovilizaciones forzadas ni a ataques terroristas que atenten con la negociación. Es muy importante no negociar todo el tiempo bajo el conflicto. Tener muy claro cuáles son las formas de violencia que son inaceptables en un acuerdo", afirmó.Además, dijo que el ELN tiene un rechazo político por los crímenes que han cometido durante años, como el secuestro."Las guerrillas colombianas cometieron crímenes atroces y eso genera un enorme rechazo político, que es la trampa del conflicto, pues es muy difícil salir de ahí. El ELN ha estado en fuego con varios grupos armados en la zona donde se concentran. Que ejerzan en una zona no significa que tengan control territorial”, aclaró.
El comisionado de Paz, Danilo Rueda, en diálogo con Blu Radio dijo que el Gobierno comprende, pero no justifica la lucha del ELN. Esto al explicar el video que publicó el miércoles en la noche en los que le llama la atención al grupo guerrillero para que no continúe su guerra con las disidencias de las Farc en Arauca.“Estoy afirmando que comprendemos, no estoy diciendo que justificamos, como no podemos justificar el asesinato, la tortura, la desaparición y el desplazamiento forzado. Eso es lo que se dialoga para resolverlo de una vez en Colombia”, explicó.Añadió que ese “comprendemos” implica reconocer que hay un asunto social que no se ha querido reconocer: “Entendemos los problemas de seguridad, entendemos que hay unos problemas de desigualdad social, de crisis ambiental, que llevan a muchas personas a hacer partícipes de la violencia, con distintas motivaciones”.A la pregunta de si estos grupos armados hoy no se dedican al narcotráfico, el comisionado de Paz enfatizó en que los motivos de la lucha son diferentes y que el este es solo uno de ellos.“Hay distintos factores que impulsan, dinamizan la violencia, entre ellos el narcotráfico. Por eso, la política de paz total tiene una dimensión transversal, no se agota en el uso de la fuerza y si la usa lo hace en el marco del derecho internacional”, agregó.El comisionado de Paz insistió en que el ELN sí ha ha respondido con gestos a la propuesta de paz total del Gobierno Nacional y que su video del miércoles se refería a las denuncias de la población civil sobre enfrentamientos con las disidencias, pero no específicamente a asesinatos.“El ELN ha dejado en libertad a personas que tenían en su poder, que tenían retenidas o secuestradas, durante el periodo del presidente Petro. Podemos afirmar que en el propio Arauca y en otras regiones de Colombia, donde ellos tienen presencia armada, hubo desescalamiento de sus actuaciones y por eso esos signos de respuesta los valoramos de manera muy positiva”, puntualizó.Resultó llamativo, en las últimas horas, un mensaje que envió por Twitter el alto comisionado de Paz, prácticamente rogándoles al ELN y a las disidencias de las Farc que cesen los combates que tienen en el departamento de Arauca.Digo que es llamativo el mensaje por el tono suplicante del comisionado, que es comprensible en la medida en que el llamado que hace busca detener las balas y las acciones violentas que están afectando a la población civil.