El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El Instituto Nacional de Medicina confirmó que el proceso de identificación de los restos óseos, que podrían corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo, ha enfrentado limitaciones relevantes debido al estado y las condiciones de las muestras analizadas.En un comunicado oficial, la entidad explicó que desde 2016 adelanta estudios genéticos y antropológicos en el marco de los protocolos vigentes de identificación humana, trabajo que se fortaleció a partir de 2023 con las muestras entregadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).Según Medicina Legal, aunque se cuenta con una muestra biológica que ofrece información orientadora, esta no permite por sí sola establecer una identificación científica definitiva. Por esta razón, se adelantan estudios complementarios con el fin de confirmar o descartar los resultados preliminares, bajo estrictos criterios de validación técnica.La entidad reiteró que la identificación humana es un proceso científico integral y multidisciplinario, que exige la convergencia de evidencia genética, antropológica y contextual. “En consecuencia, se ha definido un programa metodológico de confirmación que permitirá realizar las confrontaciones y verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”, se lee en el comunicado.Este pronunciamiento se conoce luego de que la Universidad Nacional de Colombia anunciara esta semana que adelanta adecuaciones en un osario de la capilla Cristo Maestro, en el campus de Bogotá, para alojar los restos óseos que podrían corresponder al sacerdote. Frente a esto, la Unidad de Búsqueda insistió en que, por ahora, no existen resultados definitivos.Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse incorporado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Durante décadas se sostuvo que su cuerpo había quedado en poder de los militares, hasta que a finales de enero pasado se informó oficialmente el hallazgo.
Millonarios se impuso 2-1 ante Llaneros en el estadio El Campín, en compromiso de la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos resolvió el partido desde el arranque con presión alta, amplitud por las bandas y eficacia en el juego aéreo, aunque terminó sufriendo en los minutos finales tras el descuento visitante.Con este resultado, el conjunto embajador sumó siete de los últimos nueve puntos y se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla. El marcador se abrió apenas al minuto 4. Rodrigo Contreras conectó de cabeza un centro preciso desde el costado derecho y venció al arquero de Llaneros, en una acción que reflejó la intensidad con la que el local afrontó el inicio. Millonarios controló la posesión durante el primer tiempo, generó aproximaciones por los costados y sostuvo el bloque en campo rival, aunque sin ampliar la ventaja antes del descanso.En la segunda parte, el equipo bogotano mantuvo la iniciativa y encontró el segundo gol al minuto 59, cuando Leonardo Castro definió con categoría dentro del área tras una jugada colectiva que desarticuló la defensa visitante. Con el 2-0, el cuadro azul administró el ritmo del compromiso, pero bajó la intensidad en el tramo final y permitió que Llaneros descontara al 84 por intermedio de Luis Fernando Miranda, lo que apretó el cierre del encuentro.Millonarios apostó por un esquema ofensivo con tres hombres en punta y presión adelantada, aunque dejó espacios en transición defensiva que el rival aprovechó en los últimos minutos. Por su parte, Radamel Falcao García, delantero del conjunto azul, salió en camilla tras presentar una molestia muscular en la parte posterior de su pierna derecha, situación que encendió las alertas en el cuerpo técnico y entre los aficionados.Tras la salida en camilla, el jugador quedó bajo observación del departamento médico de Millonarios. El club prevé realizar exámenes diagnósticos en las siguientes horas con el objetivo de establecer el alcance de la lesión y definir el tiempo necesario para su recuperación.
Una mujer de 44 años murió en Ciudad del Cabo tras ser atacada por sus propios perros en el patio de su vivienda, un hecho que volvió a encender el debate sobre las razas consideradas potencialmente peligrosas.La víctima fue identificada como Faziela Swartz, quien sufrió heridas de extrema gravedad luego de que los animales, identificados como perros de raza pitbull, la embistieran en su residencia ubicada en el sector de Mitchells Plain.El ataque ocurrió el pasado 28 de enero en la calle Maralize, a plena luz del día y ante la mirada de varios vecinos que intentaron intervenir para auxiliarla. De acuerdo con el reporte de la Policía de Sudáfrica (SAPS), la mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica varios días. Sin embargo, falleció el 3 de febrero como consecuencia de las complicaciones derivadas de las lesiones. Las autoridades confirmaron que los perros pertenecían legalmente al hijo de la víctima. Tras lo sucedido, los animales fueron entregados a las entidades competentes y sacrificados ese mismo día, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos. La policía abrió una investigación para establecer con precisión qué desencadenó el ataque dentro del entorno doméstico.El caso generó mayor impacto luego de que circulara en redes sociales un video que registra parte de la agresión. Cabe recordar que este tipo de casos son más comunes de lo que se cree, pues hace unos días, el mércoles 3 de diciembre de 2025, un hombre de 50 años y su nieta de tres meses de nacida murieron tras ser atacados por siete perros de raza pitbull dentro de una vivienda en Tennessee.
El Atanasio fue escenario de un partido intenso, con dominio local, emociones y un desenlace que dejó sabor a poco para unos y alivio para otros. Independiente Medellín y Deportivo Pereira empataron 1-1 en un duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura de la Liga BetPlay.Medellín tomó la iniciativa desde el arranque y fue claramente superior en volumen de juego: 21 remates, 56 % de posesión y 4 tiros de esquina reflejaron el control del “Poderoso”. Sin embargo, la contundencia volvió a ser una deuda. A pesar de generar peligro constante, solo 5 disparos encontraron el arco rival.El gol del equipo antioqueño llegó en el minuto 82, cuando Léider Berrío apareció para igualar el marcador y encender la esperanza roja. Antes, Pereira había golpeado primero con un tanto de Marco Pérez Murillo al 24’, aprovechando uno de sus pocos momentos ofensivos.El partido tuvo un punto de quiebre al 27’, cuando Francisco Chaverra vio la tarjeta roja, obligando a Medellín a remar contra la corriente durante buena parte del encuentro. Aun con un hombre menos, el local no bajó los brazos y empujó hasta encontrar el empate.Pereira, por su parte, fue práctico y ordenado: apenas 8 remates, pero la misma cantidad de tiros al arco que su rival (5), y supo resistir en los minutos finales para llevarse un punto valioso como visitante.Al final, fue un empate que premió la resistencia del “Matecaña” y dejó la sensación de oportunidad perdida para un Medellín que hizo más, pero no logró quedarse con todo.
El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia por su propuesta diferente: combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología lo distingue de otros sorteos tradicionales y mantiene el interés de miles de jugadores que consultan a diario los resultados oficiales.Número ganador del Super Astro Luna – 14 de febrero de 2026El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este sábado 14 de febrero de 2026 fue: 3061 - Géminis.Número ganador: 3061Dos últimas cifras: 61Tres últimas cifras: 061Signo zodiacal: GéminisEn esta modalidad, el participante elige un número entre 0000 y 9999 y lo acompaña con un signo zodiacal —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis—. Los números publicados tras cada sorteo son los únicos válidos para verificar los tiquetes. Por ello, se recomienda confirmar siempre el resultado con el vendedor autorizado o en los canales oficiales.¿Cómo funciona el Súper Astro Luna?El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en horarios definidos:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para su consulta. Esta frecuencia diaria mantiene la expectativa constante entre quienes siguen este chance.Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar el número de cuatro cifras en estricto orden de izquierda a derecha y también el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad elegida.Cómo jugar el chance Super Astro LunaParticipar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y flexible:Elegir un número de cuatro cifras.Seleccionar uno de los doce signos del zodiaco.Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos (debe indicarse al asesor al momento de la apuesta).Realizar la apuesta, con la posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.Estas alternativas permiten que cada jugador adapte su participación a su estrategia y presupuesto, manteniendo una mecánica clara y fácil de entender.¿Cuánto cuesta apostar?El Súper Astro Luna ofrece valores accesibles que facilitan la participación:Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.Esta amplitud en los montos permite que personas con distintos presupuestos puedan participar en el sorteo.¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?El juego está disponible en dos modalidades:Puntos de venta físicos autorizados en todo el país.Plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta opción brinda comodidad y permite consultar los resultados del Súper Astro Luna en tiempo real.¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios para todos los casos.Documentos básicosTiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el monto del premio (UVT)Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.Igual o superior a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Últimos resultados Súper Astro LunaSorteoFechaResultadoAstro Luna13 Febrero 20262529LeoAstro Luna12 Febrero 20266657 - CáncerAstro Luna11 Febrero 20269097 - AcuarioAstro Luna10 Febrero 20264430 - PiscisAstro Luna9 Febrero 20269083 - SagitarioAstro Luna8 Febrero 20264016 - CáncerAstro Luna7 Febrero 20269076 - Sagitario
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. Revisó la productividad y rentabilidad de los recursos del Frisco, el Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado; responsable de administrar los bienes especiales que se encuentran en proceso o que se les haya decretado la extinción de dominio.La revisión quedó plasmada en un informe de 126 páginas que conoció Mañanas Blu, en el que se desmenuza la gestión de la SAE de 2019 a 2021.El informe, fechado el 22 de Julio de, 2022 concluye algunos puntos preocupantes y más teniendo en cuenta que el gobierno Petro pretende entregarle todos estos bienes a quienes los necesiten; es decir, los bienes incautados hacen parte de la columna vertebral del punto uno del acuerdo de paz.Sobre el tema, se han pronunciado en días recientes la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien habló de 7 millones de hectáreas y que se había iniciado con 600.000.También ha hecho referencia el senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz con las Farc, así como el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien considera que dichos se pueden usar porque es mucha tierra.Sin embargo, el problema surge por una de las conclusiones más contundentes de la Contraloría en el estudio, que por alguna extraña razón permanece guardado bajo llave por así decirlo, porque no se hizo público: es que la entrega del inventario de bienes por parte de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes DNE a la Sociedad de activos especiales SAE, fue de manera formal documental y no real y material, lo cual implica, de acuerdo con la Contraloría, un desconocimiento del total de bienes, su ubicación, su avalúo y sobre todo, el estado físico en el que se encuentran realmente.Sin articulaciónA esto se suma que no existe articulación interinstitucional efectiva porque existen demasiadas entidades que participan en la ejecución de la política de extinción de dominio, esas instituciones del estado no cuentan con un sistema de información centralizado que permita hacer ágil el proceso de verificación de bienes, o por lo menos conocer lo que hacen las demás frente a cada bien.Entonces, cada entidad tiene su propio sistema de información, que no es compatible con las demás. Por ejemplo, la SAE usa SIGMA, la Rama Judicial SIERJU y la Fiscalía General usa el SPOA. Entonces una información es la que usted encuentra en Fiscalía, otra en la rama y otra en la propia SAE.Sin embargo, los líos no paran ahí: La figura de justicia premial, incorporada en el código de extinción de dominio desde 2017, que pretendía que en etapa de juicio el afectado negociara sentencia anticipada a cambio de la entrega efectiva de bienes, estaría siendo subvalorada de acuerdo con el informe, porque poco se aplica, siendo una herramienta útil para disminuir tiempos y costos procesales. Luego de 8 años de su expedición, durante el período 2019-2021 que es el que revisó la Contraloría, o sea en dos años, solo se presentaron 16 sentencias anticipadas.Demoras en procesos y corrupciónEl presidente Petro habló en Villavicencio sobre las demoras de los procesos y la corrupción que hay en muchos casos, pues la Contraloría junto con el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario, promediaron un estimado de un costo procesal promedio para proferir una Sentencia y se encontró con que cada año de proceso le cuesta a los colombianos entre 26 y 60 millones de pesos de acuerdo a la ley por la que lo desarrollen (la 1708 de 2014 o la 793 de 2002) por proceso.Esto, para establecer la magnitud real, debería multiplicarse por los más de 1.000 procesos en curso que se pueden demorar entre 8 y 20 años en ser resueltos.Y como si fuera poco, hay que agregar que el Consejo Superior de la Judicatura de los 37 despachos que debe crear por ley, solo ha creado 15, o sea un 41%, lo que evidentemente limita el acceso a la justicia.Congestión judicialOtro tema importante que se evidencia es la congestión presentada tanto en la Fiscalía que, a corte de diciembre de 2021, estaba en 1.282 procesos activos. En la Rama Judicial para el mismo periodo de tiempo el Índice de Congestión Efectivo alcanzó el 72,07%, un porcentaje superior en 13,81 puntos al presentado por toda la administración de justicia que es del 58,26%. Esos porcentajes evidencian el desequilibrio presentado en relación con la cantidad de funcionarios designados para su trámite, mientras en la FGN se contaba con 78 Fiscales Especializados en Extinción de Dominio a nivel nacional, la Rama Judicial solo contaba con 15 jueces o magistrados, para esa misma especialidad.Sobre la entrega del inventario de bienes por parte de la DNE que desapareció después de que se evidenciara que era el fortín del partido Conservador y pasaron estos bienes a manos de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS el estudio asegura que no correspondió a una entrega real y material, se realizó en forma documental, lo que implicó desconocimiento del total de bienes, su ubicación, avalúo y estado físico. Lo peor que es que aún, ahora, luego de 8 años de haber recibido esos bienes, se siguen presentando casos, en 141 actas revisadas se relacionan 509 bienes sin aclarar.Inventario incompletoActualmente el inventario de los bienes incautados, tienen información incompleta y desactualizada. El 57,5% de los bienes inmuebles (16.283) no reporta estado físico, o sea no se sabe ni dónde ni cómo están.En total, 29.109 registros carecen de avalúo comercial o sea no existe peritazgo del precio en el 48% del total de los inmuebles, pero lo más grave, tampoco tienen depositario según el estudio, lo que conlleva a que no sea confiable la información, se dificulte su control y lo más grave, no se permita una adecuada administración.En resumen, en Colombia no se está cumpliendo el objetivo de que esos bienes sean productivos y rentables o por lo menos evitar su deterioro. Tampoco se puede contribuir con los programas sociales que es el fin último de la política de incautación de bienes, definida por el Gobierno.El presidente Petro afirmó que no hay políticas públicas con estos bienes, y el problema es que si las hay, pero no se aplican y al no existir un inventario real de bienes se concluye que la información de la SAE no es idónea, no aporta elementos reales para la acertada toma de decisiones, así́ como para el ejercicio de un control efectivo de los bienes que administra, lo que obviamente está generando corrupción y el incumplimiento de las principales funciones por las que la SAE fue elegida: “Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes y velar por su correcta administración”.Así las cosas, se ponen en riesgo el cumplimiento del punto uno del acuerdo de La Habana para lograr la llamada paz total que proyecta el Gobierno nacional como su hoja de ruta.
Este martes, el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN anunciaron al país y a la comunidad internacional la reanudación de los diálogos de paz. Blu Radio conoció que habrá cambios en los negociadores del ELN, ya que algunos de los que estuvieron estos años en Cuba se sienten desgastados.La delegación del ELN y el Gobierno anunciaron que los diálogos se retomarán después de la primera semana de noviembre. Además de la reanudación de la "mesa de conversaciones", el texto da cuenta de la decisión de "retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda en marzo 30 de 2016", es decir, los mismos seis puntos que fueron pactados con el gobierno Santos. Anunciamos "el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre del año 2022", dice el comunicado leído tras una reunión entre representantes de las partes celebrada en Caracas. Las negociaciones de paz se encontraban suspendidas desde 2019 por decisión del expresidente Iván Duque, luego de un atentado terrorista de esa guerrilla contra la escuela de cadetes General Santander de la Policía donde murieron asesinadas 23 personas más el perpetrador.El presidente Gustavo Petro reveló el comunicado conjunto de las partes acerca de la reanudación de los diálogos de paz con el ELN. Los encuentros serán en "sedes rotativas" entre los países garantes: Venezuela, Cuba y Noruega, indicó Antonio García, comandante del ELN durante una rueda de prensa en la capital de Venezuela."Las sedes que se habían acordado eran sedes rotativas… vamos a reiniciar sin modificar lo que está acordado", dijo García a periodistas al aclarar que aún evalúan dónde será el inicio de las conversaciones.El presidente Petro eactivó contactos con el ELN tras asumir el cargo el 7 de agosto, con la mira puesta en retomar las negociaciones interrumpidas en 2019 por el gobierno de Iván Duque después de un ataque contra una escuela policial que dejó 22 muertos, además del agresor.Los delegados del ELN fueron acogidos durante cuatro años en Cuba, país del que salieron rumbo a Venezuela el 2 de octubre para corresponder a las nuevas negociaciones de paz prometidas por el presidente Petro.
La delegación del ELN que se encontraba en Cuba y viajó a Venezuela, ya se reunió con alias ‘Pablito’ y alias ‘Antonio García’. Eso llevó a que este martes al mediodía el Gobierno Nacional y esa guerrilla le anuncien al país la reanudación de los diálogos de paz.Blu Radio conoció que habrá cambios en los negociadores del ELN, ya que algunos de los que estuvieron estos años en Cuba se sienten desgastados.La agenda se retomaría en los mismos seis puntos que fueron pactados con el gobierno Santos.Se sabe que el ELN manifestará su intención de que los diálogos se lleven en sedes rotativas, es decir en sitios diferentes como Oslo en Noruega también en Cuba y en otros de los países que han manifestado su apoyo a las negociaciones.
El presidente Gustavo Petro aseguró, durante la reinstalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, que para lograr la paz en Colombia es necesario adelantar una reforma del marco fiscal del país y priorizar la compra de tierras. Este lunes, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, hablaremos de la meta del Gobierno de alcanzar una paz total, dando cumplimiento al punto uno del acuerdo de la Habana. ¿Logrará el presidente Gustavo Petro una reforma agraria para la paz total?Escuche a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, a la senadora Paloma Valencia y al congresista Humberto de la Calle, quienes presentaron sus miradas sobre el tema. “No me cuadran las cuentas que ha dado a conocer el presidente. Comprar tierras tiene ventajas, aleja el fantasma de la supuesta y fingida ola expropiatoria. Estoy de acuerdo con el presidente Petro, pero creo que es una cifra menor de la que se está haciendo pública”, sostuvo el senador Humberto de la Calle. "Fedegán acompañará al Gobierno. Petro se hizo elegir diciendo eso: ‘Voy a cumplir el acuerdo’. Soy de los que cree que Colombia será un país desarrollado cuando realmente desate la capacidad que tiene el sector rural", sostuvo el José Félix Lafaurie. "La cuestión no es si no ajustamos a los acuerdos de La Habana, porque sigo creyendo que son acuerdos ilegítimos que están viciados por el no que dimos los colombianos. No creo que un país deba concentrarse en un sector agrícola, que es tan mal negocio que países desarrollados lo subsidian, cuando tiene ad portas la tercera revolución de la automatización", declaró la senadora Paloma Valencia.
Este domingo se confirmó la salida de la delegación del ELN que se encontraba desde hace cinco años en La Habana, Cuba, cuando empezó un diálogo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual fue suspendido por orden del expresidente Iván Duque tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá.Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, se refirió a esta salida que se dio por Venezuela cumpliendo los protocolos pactados entre el gobierno Santos y la guerrilla. El presidente reafirmó el compromiso de Cuba con los diálogos de paz y dijo que la salida de esta comitiva era un paso importante para reanudar las conversaciones."Con salida de Cuba de la Delegación de Paz del ELN finalmente se cumple el protocolo establecido entre el Gobierno colombiano, el ELN y los Países Garantes. Un paso de avance para el proceso de conversaciones de paz en Colombia, con el que Cuba reafirma su voluntad de contribuir".La comitiva del ELN que salió de La Habana está encabezada por el jefe negociador Pablo Beltrán y hubo acompañamiento de Cuba, Venezuela y Noruega, como países garantes. El canciller cubano Bruno Rodríguez también reaccionó a lo sucedido explicando que su país ha actuado en línea con lo que se había acordado."Cuba ha actuado invariablemente en estricto apego a su condición de Garante y Sede Alternativa y según el Derecho Internacional, y se honra de su contribución imparcial, responsable, profesional y discreta en interés de la Paz que anhela el pueblo colombiano", explicó el canciller.Por su parte, Eugenio Martínez Enríquez, director general de Ámerica Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, aseguró que los protocolos fueron desconocidos por el gobierno del presidente Iván Duque."Hace más de cuarenta meses debió cumplirse este protocolo pero fue desconocido por anterior gobierno de Colombia. Se avanza en la dirección correcta y con apego a lo acordado entre las partes y los garantes. Cuba contribuyó decididamente al cumplimiento cabal de lo pactado", sostuvo Marínez Enríquez.
Este domingo se llevó a cabo la primera sesión ampliada de la Comisión de seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo de paz, (CSIVI), convocado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ella participaron algunas organizaciones sociales y excombatientes para evaluar en qué estado se encuentra la implementación y poder tomar medidas para avanzar en los puntos acordados en La Habana que puedan presentar rezagos.A la sesión llegó Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia quien confirmó que desde Naciones Unidas acompañó al gobierno en los diálogos y conversaciones exploratorias que se adelantan con diferentes grupos y estructuras que han manifestado su voluntad de hacer parte de la paz total."Se valora mucho la presencia de Naciones Unidad y la comunidad internacional en estas reuniones, yo diría que hemos estado en unas tres o cuatro con los distintos grupos", resaltó Ruiz Massieu.Es importante aclarar que la ONU también acompañó a la delegación del gobierno a La Habana, Cuba, para hablar con los negociadores del ELN que se encuentran allí sobre la reanudación de los diálogos, pues fueron suspendidos en el año 2019 tras un atentado en la escuela de cadetes general Santander que fue atribuido a esa guerrilla.Incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó en diversas ocasiones que acompañarán al gobierno colombiano en todo el proceso de paz total.Escuche el podcast Ser campeón viene con manual: