El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El Atanasio fue escenario de un partido intenso, con dominio local, emociones y un desenlace que dejó sabor a poco para unos y alivio para otros. Independiente Medellín y Deportivo Pereira empataron 1-1 en un duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura de la Liga BetPlay.Medellín tomó la iniciativa desde el arranque y fue claramente superior en volumen de juego: 21 remates, 56 % de posesión y 4 tiros de esquina reflejaron el control del “Poderoso”. Sin embargo, la contundencia volvió a ser una deuda. A pesar de generar peligro constante, solo 5 disparos encontraron el arco rival.El gol del equipo antioqueño llegó en el minuto 82, cuando Léider Berrío apareció para igualar el marcador y encender la esperanza roja. Antes, Pereira había golpeado primero con un tanto de Marco Pérez Murillo al 24’, aprovechando uno de sus pocos momentos ofensivos.El partido tuvo un punto de quiebre al 27’, cuando Francisco Chaverra vio la tarjeta roja, obligando a Medellín a remar contra la corriente durante buena parte del encuentro. Aun con un hombre menos, el local no bajó los brazos y empujó hasta encontrar el empate.Pereira, por su parte, fue práctico y ordenado: apenas 8 remates, pero la misma cantidad de tiros al arco que su rival (5), y supo resistir en los minutos finales para llevarse un punto valioso como visitante.Al final, fue un empate que premió la resistencia del “Matecaña” y dejó la sensación de oportunidad perdida para un Medellín que hizo más, pero no logró quedarse con todo.
La Lotería de Boyacá celebró este 14 de febrero de 2026 su sorteo número 4611. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 14 de febrero de 2026 es el 4015 de la serie 164. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!Secos de la Lotería de BoyacáSi no acertó el premio mayor, la Lotería de Boyacá ofrece una muy buena cantidad de premios secos, a los cuales puede ser acreedor son el mismo número de billete.Seco de 1.000 millones3272 — Serie 151Seco de 400 millones7559 — Serie 421Seco de 300 millones9021 — Serie 166Seco de 100 millones4593 — Serie 183Secos de 50 millones2349 — Serie 3888298 — Serie 3433674 — Serie 3297583 — Serie 098Secos de 20 millones0245 — Serie 0796089 — Serie 1380806 — Serie 2761147 — Serie 3775894 — Serie 2950876 — Serie 0010385 — Serie 0313343 — Serie 0992252 — Serie 2060523 — Serie 1749912 — Serie 4600324 — Serie 4354342 — Serie 2232137 — Serie 1576173 — Serie 166Secos de 10 millones7255 — Serie 1577495 — Serie 3477547 — Serie 1437686 — Serie 1487913 — Serie 3938576 — Serie 0498979 — Serie 3809150 — Serie 3949596 — Serie 0959645 — Serie 1939970 — Serie 0746979 — Serie 1286000 — Serie 1525513 — Serie 3715275 — Serie 0855076 — Serie 0895052 — Serie 1433597 — Serie 0783517 — Serie 1703421 — Serie 1313280 — Serie 3753130 — Serie 3363004 — Serie 0812985 — Serie 3492941 — Serie 1202849 — Serie 3072497 — Serie 4591986 — Serie 4651923 — Serie 3759996 — Serie 2101463 — Serie 2761169 — Serie 0270941 — Serie 1610711 — Serie 4010443 — Serie 0091662 — Serie 148Además, la Lotería de Boyacá habilitó un lanzamiento extra, donde los apostadores pueden ganar un bono consumible por $10 millones de pesos si acierta las 6 cifras en el mismo orden, que dejó como ganador el número: 678 - 567.
El Extra de Colombia (Sorteo Extraordinario de Colombia), en alianza con la Lotería del Huila, realizó este sábado 14 de febrero de 2026 su Gran Sorteo Extraordinario. El gran ganador fue número 8228 de la serie 005, acreedor al premio mayor de $15.000 millones de pesos.El sorteo, que es uno de los más esperados por los jugadores en el país, incluyó además múltiples premios secos e incentivos adicionales que amplían significativamente las oportunidades de ganar.🎯 Premio mayor del Sorteo ExtraordinarioPremio mayor: $15.000 millonesNúmero: 8228Serie: 005También se otorgó el premio extramillonario invertido, igualmente para el 8228 serie 005, por $78.000.000.Premios secos principalesEl sorteo entregó premios secos de alto valor económico:$1.000 millones: número 2003, serie 442$500 millones: número 4503, serie 004$300 millones: número 9432, serie 100$200 millones: número 1251, serie 106$100 millones: número 7456, serie 007Premios secos de $20 millones (10 ganadores)6772 — serie 0147591 — serie 3348100 — serie 5299023 — serie 4177780 — serie 1748075 — serie 2801277 — serie 0299010 — serie 3017239 — serie 1451598 — serie 437Premios secos de $10 millones (10 ganadores)2061 — serie 2474268 — serie 1325946 — serie 5297796 — serie 4230420 — serie 5214556 — serie 4958467 — serie 2140796 — serie 4626018 — serie 0649043 — serie 276Incentivos adicionales del sorteoAdemás de los premios en efectivo, el sorteo incluyó incentivos especiales:Bono casa $160 millones: 1641 — serie 414Bono viaje de tus sueños $40 millones: 4699 — serie 277Bono carro $70 millones: 1976 — serie 424Bono moto $30 millones: 6826 — serie 178Esta es la imagen oficial con los resultados:Más oportunidades de ganarEl plan de premios también contempla aproximaciones al mayor, premios por últimas cifras y combinaciones, lo que incrementa las posibilidades para los apostadores tanto en billetería física como virtual.Próximo sorteoEl siguiente Gran Sorteo Extraordinario de El Extra de Colombia está programado para el 28 de febrero de 2026, manteniendo su tradición de entregar millonarios premios a lo largo del país.1 premio de $1.000 millones1 premio de $500 millones1 premio de $300 millones1 premio de $200 millones1 premio de $100 millones10 premios de $20 millones10 premios de $100 millonesAdemás, el Extra de Colombia se caracteriza por ser uno de los juegos que más paga aproximaciones al premio mayor, lo que amplía las probabilidades de obtener algún tipo de premio.¿A qué hora juega el Gran Sorteo Extraordinario?La transmisión será en vivo por Canal 13 a las 11:00 p. m., horario oficial del sorteo, donde se conocerán los números ganadores de una bolsa total que asciende a $36.700 millones de pesos.Plan de Incentivos: bonos para carro, casa, viaje y motoComo parte del atractivo del evento, también se llevará a cabo el Plan de Incentivos, que incluye el sorteo de bonos para:Un carroUna casaUn viajeUna motoEstos premios se asignarán mediante un lanzamiento adicional utilizando el mismo número del billete, lo que significa una oportunidad extra para quienes participen.Experiencia exclusiva en el Huila para compradores registradosEste sorteo también trae beneficios adicionales para vendedores y apostadores. Los clientes que compren su billete y registren sus datos personales a través de la página del Extra de Colombia —que dirige a la landing oficial de la Lotería del Huila— podrán participar por una experiencia exclusiva: dos días y una noche en el espectacular Hotel La Mano del Gigante, en el Huila, con alimentación y estadía incluidas.
En la noche de este sábado, 14 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.618 de Baloto y Revancha. Tras la verificación de las balotas, la entidad reportó un balance de más de 48.000 ganadores en las distintas categorías de premios, aunque los acumulados principales de ambas modalidades permanecieron vacantes, lo que genera un nuevo incremento para la próxima jornada.Números ganadores del sorteo 2.618 de BalotoPara el sorteo tradicional de Baloto, que jugaba por un acumulado de $22.000 millones de pesos, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: 15, 21, 29, 34, 35 y la Súper Balota 06.Por su parte, el sorteo de Revancha, que ofrecía una bolsa de $15.500 millones de pesos, arrojó los siguientes números: 14, 35, 37, 38, 41 y la Súper Balota 10.Balance de premiación y ganadoresA pesar de que ningún apostador logró acertar la combinación completa (5 números + Súper Balota), miles de colombianos obtuvieron premios por aciertos parciales.En la modalidad de Baloto, se registraron 25.158 ganadores, con una premiación total de $248.516.150. Destaca un único ganador en la categoría de 5 aciertos (sin Súper Balota), quien se llevó un premio individual de $46.281.500. Otros 29 afortunados que acertaron 4 números recibirán un monto de $349.850 cada uno.En Revancha, el total de ganadores ascendió a 23.444, entregando una cifra global de $98.742.300. En esta categoría, los mayores premios individuales fueron para 3 ganadores con la combinación de 4 números + Súper Balota, recibiendo cada uno $1.462.400.Próximos acumulados: lunes 16 de febreroDebido a que el premio mayor no fue entregado en este sorteo, las cifras para el próximo encuentro, que se realizará el lunes 16 de febrero, se han actualizado de la siguiente manera:Nuevo acumulado Baloto: $22.400 millones de pesos.Nuevo acumulado Revancha: $15.700 millones de pesos.Sobre el funcionamiento y el impacto socialOperado actualmente por el Operador Nacional de Juegos (ONJ) y regulado por Coljuegos, Baloto destina una parte significativa de sus ingresos por derechos de explotación al sistema de salud de los colombianos. Históricamente, este juego ha entregado billones de pesos en premios y ha transferido recursos vitales para el sector público.Los jugadores que resulten ganadores de premios menores a 182 UVT pueden reclamar sus incentivos en los puntos de venta autorizados de las redes Su Red y SuperGIROS. Para premios mayores, el trámite debe realizarse directamente ante la entidad fiduciaria con el tiquete original y documento de identidad.
La Lotería del Cauca realizó su sorteo 2598 este sábado 14 de febrero de 2026 y entregó el premio mayor de $8.000 millones al número 9580 — serie 175, junto a múltiples premios secos millonarios.🎯 Premio mayor Lotería del CaucaPremios secos principalesSeco $300 millones: 3903 — serie 144Seco $200 millones: 3914 — serie 036Secos de $100 millones0713 — serie 1175435 — serie 130Secos de $50 millones0404 — serie 2781955 — serie 0240430 — serie 04429 secos de $10 millones2737 — serie 1569638 — serie 2503742 — serie 0924362 — serie 2668792 — serie 0151438 — serie 0193421 — serie 1256518 — serie 0872347 — serie 1739957 — serie 1720657 — serie 1705681 — serie 2536272 — serie 1382531 — serie 2653015 — serie 1288261 — serie 2406582 — serie 0935566 — serie 1680918 — serie 2671862 — serie 1599899 — serie 2916025 — serie 2811819 — serie 1633176 — serie 1904434 — serie 2718800 — serie 0087431 — serie 0563372 — serie 0324300 — serie 052A continuación la imagen con los resultados oficiales de la Lotería del Cauca. Recuerde siempre verificar si su número resultó ganador en los canales autorizados por la compañia.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Septiembre fue el mes con menos asesinatos de líderes sociales en Colombia en lo que va de año, un hecho que se produce tras los acercamientos entre el Gobierno con los distintos grupos armados y de que diez actores armados hayan anunciado un cese al fuego unilateral.El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que gestiona el observatorio de derechos humanos reportó el asesinato de 8 líderes sociales en septiembre, mientras que en meses anteriores no había bajado el número de 13, siendo febrero el mes más letal con 20 homicidios de defensores y reportando un total de 131 líderes asesinados en lo que va de año.La tendencia es similar con los asesinatos de excombatientes de las FARC, ya que en septiembre se produjo un homicidio, mientras que en julio asesinaron a 9 firmantes del acuerdo de paz y en agosto a 3. No obstante en junio, por ejemplo, no se produjo ningún asesinato de exintegrantes de la extinta guerrilla.Por su parte las masacres, que en lo que va de año ya se han reportado 81 con al menos 250 víctimas, también han bajado, pero porque agosto fue el mes que más se produjeron, con 15, mientras que en meses anteriores el número fue bastante inferior.Le puede interesar:Todo esto se produce a la vez que casi todos los grupos armados que operan en el país han mostrado su disposición a conversar con el Gobierno y un total de 10 de ellos ya han pedido un cese al fuego entre sus filas.Así lo manifestó este lunes el alto comisionado para la Paz del Gobierno, Danilo Rueda, quien aseguró que entre estos grupos están el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que está comandado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco"; la Segunda Marquetalia, de Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez"; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y "varias oficinas (de narcotráfico) de ciudades".En una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, Rueda subrayó que "cada grupo con su naturaleza está mostrando su disposición" a colaborar para lograr la paz y que en esta fase de "exploración" en la que se está el Gobierno colombiano lo que les ha pedido es "no matar, no desaparecer, no torturar".Escuche el podcast Ser campeón viene con manual:
El papa Francisco recibió hoy en audiencia a miembros de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas de Colombia (MNPEV) y del Foro Internacional de Víctimas, que le expusieron sus testimonios y su voluntad de trabajar por la paz.El pontífice, que en 2017 viajó a Colombia precisamente para apoyar los acuerdos de paz con las FARC, dedicó una audiencia de 36 minutos en el Vaticano a estas dos organizaciones, que calificaron el encuentro de "excelente", según fuentes conocedoras del mismo.La delegación de la MNPEV estuvo conformada por Yolanda Perea, Gloria Reyna, Juan Felipe Valencia, John Romero y Ligia Ruiz Gamba, mientras que del Foro Internacional acudieron Bladimir Meneses, María Nubia Salar, Jasmín Cortat y Marcela Nieto.Francisco escuchó sus testimonios y animó a ambas organizaciones "a trabajar en paz, con compromiso y unidos por una Colombia verdadera".Las víctimas, por su parte, solicitaron el acompañamiento del papa no solo con la oración sino con el apoyo por parte de la Iglesia a la implementación de los acuerdos de paz ya firmados con la guerrilla o los futuros.La delegación entregó al papa dulces tradicionales y café de Colombia realizados por mujeres víctimas de la guerrilla y un barco de sal típico de la ciudad española de Torrevieja, donde tendrá lugar el VII Foro Internacional de Víctimas el próximo noviembre.Las dos organizaciones han emprendido una gira por Europa que incluye también Ginebra, Bruselas y España.En Roma, entre otras citas, la Mesa mantuvo un encuentro con representantes del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, presentando una serie de proyectos para mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto colombiano y su seguridad alimentaria.Esuche el podcast Noticias Internacionales:
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó este miércoles que en el país ya hay un total de 10 grupos armados o estructuras delincuenciales que cesaron la violencia. Lo anterior en medio del proceso de paz total que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro.Según Rueda, las disidencias de la Segunda Marquetalia, liderada por el desertor del acuerdo de paz Iván Márquez, así como el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, otro grupo disidente del proceso, ya cesaron las hostilidades. A estos grupos se sumó el Clan del Golfo, algunas denominadas “oficinas” y las Autodefensas de la Sierra Nevada.“Cada grupo con su propia identidad y naturaleza y motivación está expresando su disposición de hacer parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido: no matar, no desaparecer y no torturar”, expresó Rueda.Le puede interesar:Es importante resaltar que este cese al fuego es unilateral, es decir, que la fuerza pública no está haciendo parte, al menos hasta el momento.Sin embargo, el presidente Gustavo Petro expresó recientemente que le va a presentar una propuesta próximamente a todos los grupos y estructuras armadas para poder llevar a cabo un cese multilateral, en el que podría incluirse a las fuerzas militares.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca lo que no se le debe olvidar al presidente Petro tras la reapertura dela frontera con Venezuela:
En entrevista con Fox News Digital, el expresidente de la República, Iván Duque Márquez, arremetió contra algunas de las políticas de su sucesor, Gustavo Petro. Una de ellas fue la propuesta de plantear un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, que el jefe de Estado planteó durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Duque Márquez dijo que cambiar el rumbo de la guerra contra las drogas convertirían a Colombia en un "narco-estado".“Lo que me preocupa es que ahora hay una posibilidad de permitir la legalización del consumo de cocaína. Creo que eso sería muy malo para Colombia y muy malo para los países en el hemisferio. Creo que eso puede generar también una amenaza mayor para los Estados Unidos”, manifestó Duque.En este diálogo, el exmandatario enfatizó en que, "de ninguna manera", está a favor de la legalización del tráfico de cocaína. "Colombia no puede convertirse en un narco-estado. Creo que el mundo ahora tiene unificadas en el concepto de prohibición, y creo que si un solo país, digamos Colombia, decide legalizar la cocaína, se va a convertir en un narco-estado”, recalcó.Le puede interesar: "Siempre he dicho que el ELN es un grupo terrorista. Cuando fui presidente presenté una reforma constitucional en la que ni el narcotráfico ni el secuestro pueden estar conectados con crímenes políticos, con el fin de ser garantía de amnistía", señaló ante la reanudación de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).Sobre el tratamiento que el gobierno debe tener con el ELN y los demás grupos ilegales el expresidente dijo que lo que no se puede tener es cese bilateral del fuego.Esto debido a que "hay una diferencia entre la legitima autoridad de la Policía y el Ejército quienes son los protectores de la Constitución, y los criminales que están amenazando las vidas, los bienes y los derechos de la gente", manifestó."Creo que se debe mantener una presión militar y cualquier oportunidad de diálogos de paz tienen que estar basada en que ellos deben detener inmediatamente en todas las actividades criminales. Y toda la gente secuestrada por esa organización debe ser liberada; y si eso no se sigue, creo que esos grupos terroristas usarán todas las posibilidades de presión para tratar de legitimar sus crímenes chantajeando al gobierno", puntualizó.El expresidente también participó en el programa de entrevistas con Margart Hoover en el que se refirió a la distribución de la riqueza y los impuestos a los más ricos.“No se puede distribuir riqueza si deja de crear riqueza. Se necesita tener un entorno que sea favorable para los negocios porque deteriorar ese entorno al aumentar los impuestos de manera irracional y al decirles a los inversores que tendrán que pagar mayores ganancias de capital que el resto de Latinoamérica se irán. Traer inversores a nuestros países es muy difícil, lleva mucho tiempo, pero asustarlos puede llevar dos segundos. Por lo que no puedes distribuir bien la riqueza si no eres capaz de generar nueva riqueza de forma permanente”, dijo el presidenteA un día de la reapertura de la frontera con Venezuela, Duque se refirió a la situación migratoria que vive el país. "Aquellas personas que están sufriendo. Necesitan una respuesta que no intente convertirlas en la oportunidad política del momento".Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la clase de especies que han aterrizado en el Congreso:
Las disidencias de las Farc encabezadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', tienen la orden de no atacar a miembros de la fuerza pública. "Nos reafirmamos en el compromiso con el Gobierno de una fase exploratoria para diálogos francos par aresolver el conflicto social y armado que sufe elpaís desde hace décadas. Se ha ordenado a las fuerzas guerrileras evitar al máximo confrontaciones con la fuerza pública, siempre y cuando no seamos atacados", dijo en un comunicado el propio 'Iván Mordisco'. El anuncio se conoce un día después de que el presidente Gustavo Petro anunciara el próximo planteamiento de un cese al fuego multilateral con varios grupos armados que se han acercado al Gobierno en su proyecto de "paz total". Una delegación del Gobierno colombiano y otra del "estado mayor central" de disidencias de las antiguas FARC tuvieron una "reunión exploratoria" en el departamento sureño de Caquetá para "valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la paz total", lo que incluiría un cese el fuego bilateral.'Mordisco' está vivoEl video revelado por las disidencias deja en claro que Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', está vivo y no fue abatido a mediados de julio, como aseguró el entonces saliente gobierno de Iván Duque Márquez. El 3 de agosto de este año, se conocieron otras imágenes de 'Mordisco', pero hubo dudas sobre si se trataba de un mensaje grabado antes del operativo donde supuestamente las autoridaes le dieron de baja. Duque había anunciado el 10 de julio que habían "neutralizado" en una operación en el sur del país a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco", a pesar de que su cuerpo nunca apareció, y la Policía aseguró que "el cuerpo posiblemente o quedó desintegrado o fue llevado por ellos".El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó la semana siguiente que tras la operación realizada el 9 de julio en el Caquetá (sur) recibió nueve cuerpos, de los que había identificado siete, entre ellos dos menores de sexo femenino, y no estaba entre ellos el del líder de las disidencias en el sur de Colombia.Se autodenominan "Farc"Este domingo, se conocieron imágenes del acercamiento del Gobierno de Gustavo Petro con disidentes del grupo de 'Iván Mordisco', junto al número dos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Raúl Rosende. En un comunicado conjunto, entonces, quedó en claro que las disidencias se abrogan el derecho a identificarse como "estado mayor de las Farc-EP", lo que generó polémica en torno al impacto que podría dicha decisión en los acuerdos de paz tras los diálogos de La Habana. En el video conocido este viernes, alias 'Iván Mordisco' también habla a nombre de las Farc - EP y aparece en la grabación en un atril con el logo de esa guerrilla, que negoció con el Estado colombiano entre 2012 y 2016."Esperamos reciprocidad por parte del Gobierno y la fuerza pública. Las Farc-Ep reiteramos nuestro compromiso de realizar tareas en pro y en defensa de la diversidad y la búsqueda de salidas acordadas con las masas populares en lo refernte a problemas del baldíos, rservas forestales, áreas protegidas y cultivos de coca", dijo el cabecilla.
El ex Alto Comisionado para la paz Sergio Jaramillo aseguró que el proyecto de Paz Total tiene algunos vacíos y manifestó su preocupación si se descuida el cumplimiento de los acuerdos con las Farc. Este martes, en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, dos conocedores del tema hablaron sobre las condiciones y quiénes entrarían a negociar y a someterse a la justicia durante el Gobierno Petro.Escuche a Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, junto al congresista Iván Cepeda, presidente de la comisión de Paz del Senado.Según el senador Cepeda, están por definir los caminos para llevar a cabo la paz total que promete el presidente Petro. El legislador dijo que lo establecido por el acuerdo de paz no puede tocarse y que una salida de justicia transicional para el ELN tendría que sea avalado por la Corte Constitucional; además, sostuvo que ve muy difícil que se autorice la creación de nuevas salas en la JEP.“Hay que tratar de qué manera ‘Iván Márquez’ y quienes lo acompañan podrían reincorporarse a la vida civil”, sostuvo Cepeda.“Con las disidencias de ‘Gentil Duarte’ habría que hacer un proceso, ¿de qué naturaleza? Es lo que vamos a considerar y analizar”, complementó el congresista.Según el investigador Juan Pappier, no es justo que se ofrezca una negociación a quienes no cumplieron con los acuerdos de paz con las Farc.“Aquellos que no cumplieron como máximo se les puede ofrecer una política de sometimiento a la justicia, pero no una negociación”, opinó Juan Pappier.“No hay que quedarnos con la política de seguridad de Duque que fue un fracaso, sino reformarla y mejorarla”, agregó el investigador.