El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
A la hora de comprar carro nuevo, son varios los factores que se suelen estudiar, como el precio, la confiabilidad en el tiempo y la seguridad. Y es que no sirve de mucho pagar menos si el vehículo empieza a generar gastos constantes, ni tampoco invertir de más si el uso real no justifica el costo. Bajo esa lógica, un nuevo estudio de iSeeCars puso lupa sobre una pregunta clave: ¿qué carros ofrecen menos problemas en relación con lo que cuestan?¿Cuál es el mejor carro relación calidad-costo en 2026?El análisis comparó precio promedio de lista, vida útil estimada y costo anual de diferentes carros, camionetas y SUV nuevos modelo 2026. El resultado dejó una conclusión clara: el Honda Civic es el vehículo con mejor relación precio–confiabilidad, superando incluso a referentes históricos como Toyota y Mazda.Según el informe, el Honda Civic lidera el ranking general al combinar un precio accesible con una vida útil prolongada. El modelo tiene un precio promedio de lista cercano a los USD 27.768, una vida útil estimada de 13,5 años y un costo anual aproximado de USD 2.058, el más bajo del estudio.Esto significa que, en términos prácticos, es el carro que menos cuesta por año de uso esperado, una métrica cada vez más relevante en un mercado donde los compradores están conservando sus vehículos durante más tiempo.Los 10 carros con mejor relación precio–confiabilidadEstos son los modelos que lideran el estudio de iSeeCars, ordenados por menor costo anual estimado:Honda Civic: USD 27.768 | 13,5 años | USD 2.058 por añoToyota Corolla: USD 25.423 | 11,3 años | USD 2.258 por añoMazda3 Hatchback: USD 31.801 | 13,8 años | USD 2.300 por añoVolkswagen Jetta: USD 26.522 | 11,5 años | USD 2.313 por añoHonda Accord: USD 30.927 | 12,4 años | USD 2.489 por añoSubaru Impreza: USD 27.559 | 11,0 años | USD 2.507 por añoMitsubishi Outlander Sport: USD 28.396 | 11,3 años | USD 2.523 por añoHyundai Elantra: USD 25.172 | 9,9 años | USD 2.538 por añoMazda3 Sedán: USD 28.006 | 10,7 años | USD 2.616 por añoHonda CR-V: USD 36.385 | 13,9 años | USD 2.620 por añoAunque Toyota y Mazda aparecen varias veces en el listado, ninguno logra igualar el equilibrio del Civic, que combina bajo precio, durabilidad y costos contenidos.¿Qué pasa con los SUV y las camionetas?Cuando se analizan los resultados por tipo de vehículo, surgen otros datos llamativos. En el segmento de los SUV, el modelo con mejor desempeño es el Mitsubishi Outlander Sport, gracias a un costo anual estimado de USD 2.523 y una vida útil superior a los 11 años.En el caso de las camionetas pick-up, la Toyota Tacoma es la referencia. Aunque su precio inicial es más alto, compensa con una vida útil estimada de 15,7 años, lo que la convierte en la pickup con mejor relación entre durabilidad y costo dentro de su categoría.El estudio también identificó modelos con una vida útil excepcional, aunque con precios considerablemente más altos. El Lexus IS350, por ejemplo, alcanza una expectativa de 17 años, pero con un precio cercano a los USD 50.945, lo que eleva su costo anual frente a opciones más accesibles.De acuerdo con iSeeCars, cada vez más consumidores priorizan cuántos años reales les durará un carro, más allá de la marca o el prestigio.
El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de una tradición muy arraigada entre los apostadores. Su facilidad de juego y variedad de modalidades lo convierten en una opción frecuente para quienes consultan resultados a diario.Número ganador del Chontico Día hoyEl número ganador del chance Chontico Día de este jueves 5 de febrero del 2026 es el 1431 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 1431Dos últimas cifras: 31Tres últimas cifras: 431La quinta: 8Últimos sorteos de Chontico DíaSorteoFechaResultadoChontico Día4 febrero 20264659 - 9Chontico Día3 febrero 20260622 - 1Chontico Día2 febrero 20265204 - 2Chontico Día1 febrero 20269666 - 5Chontico Día30 enero 20260740 - 5Chontico Día29 enero 20268861 - 7Chontico Día27 enero 20268016 - 0Chontico Día26 enero 20262549 - 8Chontico Día25 enero 20267739 - 7Chontico Día24 enero 20268916 - 0Modalidades de juego del Chontico DíaEste chance ofrece distintas opciones de apuesta, pensadas para adaptarse a diversos estilos y niveles de riesgo:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Gracias a esta variedad, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?Las apuestas del Chontico Día son accesibles y flexibles. Los jugadores pueden participar con valores desde $500 hasta $25.000, lo que permite ajustar la jugada según el presupuesto y la estrategia de cada persona.Esta facilidad de acceso ha sido clave para que el sorteo mantenga su popularidad en diferentes regiones del país.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para cobrar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad con fotocopia legible.Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.
El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde cuenta con una amplia comunidad de jugadores que consultan a diario sus resultados.Número ganador del Paisita Día hoyEl número ganador del chance Paisita Día de este jueves 5 de febrero de 2026 es el 1818 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 1818Dos últimas cifras: 18Tres últimas cifras: 818La quinta: 5Últimos sorteos de Paisita DíaSorteoFechaResultadoPaisita Día4 febrero 20267109 - 2Paisita Día3 febrero 20260388 - 1Paisita Día2 febrero 20266796 - 7Paisita Día1 febrero 20263376 - 1Paisita Día31 enero 20264377 - 6Paisita Día30 enero 20260797 - 1Paisita Día29 enero 20268828 - 8Paisita Día28 enero 20266048 - 3Paisita Día27 enero 20263833 - 6Paisita Día26 enero 20266470 - 6¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite a los apostadores participar sin interrupciones. Los horarios oficiales son:Lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.Estos horarios facilitan que los jugadores organicen sus apuestas y consulten oportunamente los resultados.¿Cómo se juega el Paisita Día?Este chance ofrece distintas modalidades, con premios que dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Por su constancia, claridad en los horarios y variedad de modalidades, el Paisita Día continúa siendo una referencia clave entre quienes siguen los resultados del chance en Antioquia y en todo el país.
Arabia Saudita vuelve a colocar la arquitectura en el centro de su ambiciosa estrategia de transformación urbana. En Riad, la capital del reino, avanza la propuesta de la Rise Tower, un rascacielos futurista que, de concretarse, se convertiría en el edificio más alto del mundo con 2.000 metros de altura, más del doble del actual récord que ostenta el Burj Khalifa de Dubái.El proyecto, difundido por medios internacionales como TimeOut, forma parte de un plan maestro de gran escala para desarrollar una “ciudad del futuro” de 306 kilómetros cuadrados, conocida provisionalmente como el Distrito del Polo Norte. La torre no solo será un hito visual, sino también el corazón funcional de este nuevo polo urbano.Diseñada por la firma estadounidense HKS, la Rise Tower contempla 678 pisos que albergarán hoteles de lujo, restaurantes de alta gama, oficinas corporativas, residencias y múltiples plataformas de observación. Desde sus niveles más altos, la vista abarcaría kilómetros del desierto saudí, ofreciendo una experiencia sin precedentes en la historia de los rascacielos.Para dimensionar la magnitud del proyecto, basta comparar sus cifras con las de otros gigantes del skyline mundial. El Burj Khalifa, inaugurado en 2010, mide 828 metros y ha sido durante más de una década el edificio más alto del planeta. Le siguen la Merdeka 118 de Kuala Lumpur, con 678,9 metros; la Shanghai Tower, con 632 metros; y la Abraj Al-Bait Clock Tower de La Meca, que alcanza los 601 metros. Ninguna de estas estructuras se acerca siquiera a la barrera del kilómetro.El único antecedente comparable en ambición es la Jeddah Tower, también en Arabia Saudita, concebida para superar los 1.000 metros. Sin embargo, ese proyecto permanece paralizado desde hace años, lo que subraya los enormes desafíos técnicos, financieros y logísticos que implica construir a estas alturas extremas.La Rise Tower cuenta con el respaldo del Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí, uno de los mayores fondos soberanos del mundo, y se alinea con la estrategia Visión 2030, que busca diversificar la economía del país más allá del petróleo. Aun así, el rascacielos se encuentra actualmente en fase de diseño, por lo que su construcción y eventual finalización aún podrían tardar varios años.Si llega a materializarse, la Rise Tower no solo romperá récords, sino que marcará un nuevo capítulo en la carrera global por tocar el cielo.
Sin duda las fuertes lluvias que se vienen presentando durante el 2026 en Colombia tiene prendidas las alarmas desde diferentes puntos críticos. No solo son las inundaciones, los desbordamientos de las quebradas o los daños de infraestructura, a esto se suma una problemática en materia de salud.Si usted vive, o viene de paso a la ciudad de Medellín, podrá notar que en su entorno cercano mínimo hay una persona que está usando un tapabocas. Esto se debe a que el pico de enfermedades respiratorias viene en crecimiento, especialmente en los últimos días, donde en un mismo día llueve muy fuerte y después sale un intenso sol o viceversa.Estos cambios súbitos de clima generan síntomas respiratorios a los que hay que prestar atención para que no se convierta en una enfermedad respiratoria grave. De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el mes de enero hasta la fecha se han registrado cerca de 42.000 consultas médicas por infecciones respiratorias. “Si tiene dificultad para respirar o una sensación de postramiento que no mejora, también es indicación para consultar al médico, recordemos que ese virus que a mí me genera un poquito de malestar, que yo logro tolerar el dolor de garganta, el moquito, lo puedo llevar a una persona en la que puede tener un desenlace fatal. Nosotros en la ciudad registramos un poco más de 10.000 consultas por semana”, dijo Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de sSlud de Medellín.Además, esta dependencia tiene un reporte que no es para nada alentador, no solamente son las consultas en los centros de salud los que aumentan, también las hospitalizaciones por estas enfermedades en la ciudad han aumentado, y hasta la fecha se han registrado 1200 muertes por enfermedades respiratorias.Dentro de las enfermedades respiratorias más comunes se encuentran las afecciones como la gripe, neumonía y bronquitis e infecciones de vías respiratorias como la rinitis, sinusitis y faringitis. Mal tratadas estas patologías pueden desencadenar enfermedades crónicas como el Asma y la EPOC.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El pasado 20 de octubre en horas de la mañana, criminales de la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, salieron a la vía Panamericana en inmediación del municipio de Cajibio, Cauca, en la carretera que une a Popayán con Cali y fuertemente armados montaron un retén en el cual robaron a conductores y viajeros e incluso se llevaron vehículos de alta gama, elementos que fueron recuperados por tropas del Ejército que, luego de un combate, capturaron a tres de estos hombres.Tras cotejar la identidad de cada uno de los capturados, las Fuerzas Militares lograron establecer que entre los hombres se encontraba Leonidas Chilo Casso alias ‘Diego’, un peligroso criminal, cabecilla de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, quien también habría participado en el ataque a la población de Silvia, Cauca el pasado 11 de octubre, de donde es oriundo.La participación de este hombre, de 30 años, quien estaba encargado de atacar a la Fuerza Pública y coordinar el asalto a la sede del Banco Agrario de ese municipio, en el cual se llevaron varios millones de pesos en efectivo, quedó evidenciada en varios videos que fueron publicados en redes sociales.Allí, de acuerdo con las imágenes, se observa a alias ‘Diego’ vistiendo botas pantaneras, pantalón de sudadera negro, un suéter camuflado y portando un fusil de largo alcance calibre 5.56 mm, el cual se observa que acciona en varias oportunidades.De acuerdo con las primeras informaciones, este hombre habría hecho parte de otras acciones criminales y es señalado además de participar en la planeación y ejecución de acciones contra la población civil como extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas, secuestros, así como labores de narcotráfico. Las autoridades investigan si entre las armas incautadas en medio del retén se encuentran con la que alias ‘Diego’ participó en el ataque a Silvia, Cauca.Un hecho que llamó la atención de las autoridades es que la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias, estaría realizando el hurto de vehículos de gama alta en el oriente del departamento del Cauca, con el fin de emplearlos en la movilidad de sus integrantes, para poder así ejecutar sus acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública.
El pasado 15 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU realizó una sesión para hablar sobre la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno Santos y la extinta guerrilla de las Farc. Ahora, el Consejo emitió un comunicado acerca de dicha sesión, en el cual explican que hay una preocupación por el "estancamiento" en los diálogos de paz con el ELN."Expresaron su preocupación por el estancamiento del diálogo y por el vencimiento del cese al fuego, pero acogieron con satisfacción que el Gobierno de Colombia y el ELN hayan expresado su voluntad de reunirse para examinar formas de superar el estancamiento. Acogieron con satisfacción los esfuerzos del Representante Especial del secretario general, la Iglesia colombiana y otros países garantes y acompañantes para alentar a las partes a que vuelvan al diálogo", se lee en el comunicado.En el mismo sentido desde el Consejo de Seguridad aseguran que se sienten "decepcionados" por el hecho de que no se haya renovado el cese al fuego bilateral con el ELN, que expiró el pasado 3 de agosto."Reiteraron también la importancia de que los ceses al fuego representen una vía hacia un proceso de paz que reduzca la violencia y alivie el sufrimiento de la población civil. Expresaron su decepción frente al hecho de que no se haya renovado el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se hicieron eco del llamado del secretario general para que se restablezca el cese al fuego bilateral lo antes posible y se garantice su alcance integral para mejorar la seguridad de todas las comunidades afectadas por el conflicto", señala el comunicado de la ONU sobre la posición de los miembros del Consejo de Seguridad.En el mismo sentido mostraron su preocupación por la violencia en algunas zonas del país."Reiteraron su profunda preocupación por la violencia y la inseguridad que siguen afectando a las comunidades, en particular en las zonas rurales, y que han dado lugar al asesinato de excombatientes, líderes indígenas y sociales, incluidas mujeres, y por cuestiones relacionadas con la tierra y el medio ambiente", dice el documento de la ONU.
Este jueves, 17 de octubre, los organismos de inteligencia obtuvieron información que revela las intenciones criminales de alias 'Giovanny', uno de los cabecillas más peligrosos de la estructura 'Carlos Patiño', perteneciente a las disidencias de las Farc.Según los reportes, alias ‘Giovanny’ habría dado instrucciones para ejecutar un plan pistola para atacar a miembros de la fuerza pública desplegados en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, Cauca, en el marco de la Operación Perseo.El plan, detallado por las autoridades, contempla que los atacantes, vestidos de civil y armados con pistolas y fusiles, aprovecharían la presencia de las tropas en las calles para atentar contra policías y soldados, sin importar el riesgo que esto representa para la población civil.Alias ‘Giovanny’ ha sido señalado de intentar recuperar el control de la región, lo que ha incrementado sus intenciones de generar violencia en esa regiónAseguran las autoridades que en su desesperación por mantener el dominio ilegal del territorio, también habría ordenado el asesinato de varios comerciantes y trabajadores , a quienes acusa de colaborar con la fuerza pública filtrando información sobre los movimientos de su grupo.La situación ha generado una alerta máxima entre las autoridades, quienes advierten que los planes de este líder disidente ponen en grave peligro la vida y la integridad física de los pobladores de El Plateado.Las autoridades han lanzado un llamado a la población y ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de alias ‘Giovanny’.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que prorroga por seis meses el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las disidencias de las Farc que hacen parte de las negociaciones de paz, es decir, los bloques y frentes comandados por alias 'Andrey', alias 'Calarcá' y alias 'Danilo Alvizú'."Que la prórroga del cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población civil busca, en el marco del proceso de paz, fortalecer y mantener las reglas y compromisos en materia de protección a la población civil y, en esa medida, evitar su afectación y la de los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Además, pretende avanzar, de forma sustancial, en el abordaje de los puntos de la agenda de construcción del acuerdo de paz", se lee en el decreto firmado por el presidente.Esta semana las delegaciones del Gobierno y las disidencias se encuentran reunidas en Bogotá realizando el sexto ciclo de diálogos de paz, en esta ronda de negociaciones se ha analizado el impacto del cese al fuego bilateral y también se ha abordado el tema de las transformaciones medioambientales en los territorios. Este cese al fuego cuenta con un mecanismo de monitoreo y verificación y solo estará vigente en las zonas donde tienen presencia las estructuras que hacen parte de los diálogos."Prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población civil, entre el Gobierno nacional y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes Farc - EP a partir de las 00:00 hora del día 16 de octubre de 2024 y hasta las 24:00 horas del 15 de abril de 2025. En consecuencia, ordenar la suspensión de las operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de Policía Nacional, a partir de las 00:00 del día 16 de octubre de 2024 hasta las 24:00 horas del día 15 de abril de 2025, en contra de los integrantes del Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes Farc - EP, que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del acuerdo de cese al fuego y los protocolos correspondientes", se lee en el decreto.
En el departamento del Cauca continúan los hechos violentos por parte de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, en represalia a la operación ‘Perseo’, con la que las Fuerzas Militares se tomaron varios municipios este fin de semana en contra de las rentas ilícitas de dicho grupo, en especial el corregimiento de El Plateado.El caso más reciente se dio en una vía de una vía de la vereda Guatemala del municipio de Miranda, donde integrantes del frente ‘Dagoberto Ramos’, ubicaron un cilindro bomba con el que pretendían atentar contra las tropas que se están movilizando por el norte del departamento.El afectado fue detectado gracias a labores de inteligencia y a uno de los perros entrenados, el cual permitió a los hombres del Comando Operativo Apolo y del grupo de Explosiones y Demoliciones del Ejército, acordonar y asegurar la zona para luego proceder con la destrucción controlada.Desde el sábado en la madrugada, varias unidades de las Fuerzas Militares han adelantado diferentes operaciones para recuperar el control de las zonas urbanas y rurales del departamento y garantizar el ingreso de otros funcionarios del Gobierno Nacional con la oferta social necesaria para apoyar a la población civil.Durante el desarrollo de estas actividades, se logró la incautación de material de guerra y la captura de dos integrantes de las disidencias. Sin embargo, se mantiene la alerta por el caso en que más de 15 personas resultaron heridas por uno de drones con explosivos y las amenazas que están recibiendo los alcaldes de la región.
Este martes 15 de octubre, se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, el informe trimestral sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz en Colombia.Durante la presentación del documento, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó su preocupación por el hecho de que los recursos para la paz puedan verse afectados en el presupuesto general de la nación para el 2025.“Me preocupa que los recursos destinados a las prioridades de la paz puedan verse afectados por las restricciones fiscales generales que parecen cernirse sobre el presupuesto del Gobierno para el próximo año. Con comprensión, pero con la convicción de que no se puede escatimar en la paz, confío en que se harán todos los esfuerzos necesarios, a pesar de esas limitaciones, para garantizar que en el presupuesto nacional se protejan los recursos críticos para la implementación de la paz”, señaló Ruiz Massieu.Por otro lado, también aseguró que la JEP continúa avanzando en su labor y agregó que el país está a la expectativa de las primeras sentencias.“El éxito de la JEP radicará en lograr un delicado equilibrio entre múltiples elementos, incluyendo los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes se encuentran bajo su jurisdicción, así como el rigor y la celeridad con la que podrá avanzar y administrar justicia. El Gobierno también tiene la importante responsabilidad de garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la implementación práctica de las sanciones una vez dictadas. En medio de un debate continuo, a veces público, sobre aspectos de sus procedimientos, el diálogo constructivo entre las diversas partes interesadas sigue siendo fundamental, así como el respeto de su autonomía e independencia”, manifestó el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia.