La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Este viernes, 6 de febrero de 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de MiLoto. De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el Sorteo #481 no registró ganadores para la categoría principal de cinco aciertos, lo que ha provocado un incremento significativo en la recompensa principal, situando el nuevo acumulado en la cifra de $200 millones de pesos.Los números de la suerte y el balance del sorteo de MiLoto hoyDurante la transmisión oficial del sorteo, las balotas arrojaron la siguiente combinación ganadora: 04, 05, 06, 17 y 36. De acuerdo con la información oficial, ninguna fracción o tiquete logró coincidir con la totalidad de los números para reclamar el premio mayor que, para esta fecha, se encontraba en $150 millones.Sin embargo, el sorteo fue productivo para miles de ciudadanos. El balance total arrojó 9.066 ganadores distribuidos en las categorías secundarias de premiación, con un desembolso total de $80.350.550 por parte de la organización.Distribución de los premios por categoríasEl sistema de premiación de MiLoto permite que los jugadores obtengan retornos económicos desde los dos aciertos. El desglose de los resultados para el sorteo del 6 de febrero se detalla a continuación:4 Aciertos: Un total de 25 personas estuvieron a un solo número de alcanzar el premio mayor. Cada uno de estos ganadores recibirá un incentivo de $680.950, sumando una bolsa sectorial de $17.023.750.3 Aciertos: En esta categoría se ubicaron 712 ganadores, quienes recibirán individualmente $42.150.2 Aciertos: Fue la categoría con mayor volumen de beneficiados en este sorteo, registrando 8.329 ganadores. Cada uno de ellos recibirá $4.000, lo que usualmente permite a los jugadores reinvertir en un nuevo boleto o recuperar el costo de la apuesta inicial.El crecimiento de MiLoto en el mercado colombianoMiLoto, una modalidad bajo la administración de Operador Nacional de Juegos (quienes también gestionan Baloto), se ha consolidado como una alternativa ágil y accesible para el público colombiano. A diferencia de otras loterías tradicionales, su mecánica de elegir 5 números del 1 al 39 ofrece probabilidades estadísticas competitivas que atraen a un segmento joven y digital de apostadores.El incremento del acumulado a $200 millones representa un hito atractivo para el próximo sorteo, ya que este monto suele disparar el volumen de ventas en los puntos físicos de SuRed y SuperGIROS, así como en las plataformas digitales oficiales.Contexto y transparenciaEs importante recordar que los premios en Colombia están sujetos a la normativa tributaria vigente. Los ganadores de montos superiores a las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) deben considerar los descuentos por concepto de retención en la fuente, los cuales se destinan a la salud pública del país, un pilar fundamental de la operación de los juegos de suerte y azar legales.Los interesados en participar en el próximo sorteo podrán adquirir sus tiquetes hasta minutos antes del cierre de las terminales de venta. La transparencia del proceso está garantizada por la presencia de delegados de entes de control, quienes supervisan la legalidad del pesaje de las balotas y el correcto funcionamiento de las máquinas neumáticas en cada sorteo.
La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5056 el viernes 6 de febrero de 2026, a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde la ciudad de Bucaramanga. Esta jornada generó una alta expectativa entre los apostadores, al poner en juego un atractivo plan de premios y reafirmar la tradición semanal de uno de los juegos de azar más reconocidos de Colombia.Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5056 del 6 de febreroEl gran protagonista de la noche fue el número: 0778 de la serie 103, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.Premios secos de la Lotería de SandanderEstos son los números ganadores de los premios secos de la lotería, según infomación publicada por la empresa.Mayor invertidoNúmero: 8770Serie: 103💰 Seco — $700 millonesNúmero: 7774Serie: 086💵 2 secos — $500 millonesNúmero: 3061 — Serie: 289Número: 4452 — Serie: 312💵 3 secos — $300 millonesNúmero: 1408 — Serie: 143Número: 5171 — Serie: 011Número: 7017 — Serie: 271💵 4 secos — $200 millonesNúmero: 2764 — Serie: 027Número: 2910 — Serie: 170Número: 5707 — Serie: 289Número: 6393 — Serie: 012💵 7 secos — $100 millonesNúmero: 1562 — Serie: 016Número: 2047 — Serie: 227Número: 3972 — Serie: 028Número: 4843 — Serie: 198Número: 7191 — Serie: 122Número: 8686 — Serie: 246Número: 9048 — Serie: 081💵 7 secos — $50 millonesNúmero: 2293 — Serie: 231Número: 2385 — Serie: 307Número: 5541 — Serie: 290Número: 7344 — Serie: 295Número: 8101 — Serie: 155Número: 8214 — Serie: 253Número: 8696 — Serie: 278💵 10 secos — $20 millonesNúmero: 3219 — Serie: 319Número: 3651 — Serie: 193Número: 3829 — Serie: 160Número: 4058 — Serie: 014Número: 4433 — Serie: 126Número: 4618 — Serie: 000Número: 4724 — Serie: 247Número: 7035 — Serie: 301Número: 7675 — Serie: 203Número: 9654 — Serie: 000💵 15 secos — $10 millonesNúmero: 0545 — Serie: 105Número: 0768 — Serie: 162Número: 1161 — Serie: 104Número: 2273 — Serie: 309Número: 3142 — Serie: 211Número: 4082 — Serie: 154Número: 4981 — Serie: 268Número: 4982 — Serie: 109Número: 5416 — Serie: 136Número: 5678 — Serie: 003Número: 5718 — Serie: 295Número: 6977 — Serie: 151Número: 8351 — Serie: 239Número: 9429 — Serie: 328Número: 9496 — Serie: 311💵 20 secos — $5 millonesNúmero: 0214 — Serie: 007Número: 1395 — Serie: 139Número: 2074 — Serie: 138Número: 2319 — Serie: 227Número: 2568 — Serie: 076Número: 3274 — Serie: 200Número: 4284 — Serie: 306Número: 4368 — Serie: 218Número: 5159 — Serie: 323Número: 5842 — Serie: 058Número: 6747 — Serie: 174Número: 7051 — Serie: 242Número: 7117 — Serie: 077Número: 7305 — Serie: 049Número: 7349 — Serie: 167Número: 7933 — Serie: 149Número: 8947 — Serie: 314Número: 9000 — Serie: 143Número: 9448 — Serie: 060Número: 9623 — Serie: 172🎁 Premio promocional — “Gana con serie”Número: 4218Serie: 320En la siguiente imagen puede verificar nuevamente el listado de premios secos de la Lotería de Santander:Video sorteo Lotería de SantanderCon sede en Bucaramanga, la Lotería de Santander es una de las loterías tradicionales del país, respaldada por años de trayectoria y confianza entre los jugadores. Su plan de premios contempla un premio mayor de hasta $6.500 millones, además de una amplia variedad de premios secos en distintos montos, lo que incrementa las posibilidades de ganar en cada sorteo y mantiene el interés a nivel nacional.En el sorteo anterior, correspondiente al número 5055 del 30 de enero de 2026, el premio mayor fue adjudicado al número 5428 de la serie 126. Este resultado refleja la constancia de la Lotería de Santander en la entrega de premios millonarios y refuerza la expectativa de los jugadores que consultan con frecuencia los resultados de la lotería.De acuerdo con datos históricos, los sorteos de la Lotería de Santander no solo benefician al departamento, sino también a otras regiones del país, gracias a la amplia distribución y venta de billetes, que en cada edición supera las miles de unidades. En esta ocasión, el sorteo coincidió con otros juegos como la Lotería de Medellín y la Lotería de Risaralda, lo que incrementó la participación de los colombianos en los juegos de azar durante la misma jornada.Los premios de la Lotería de Santander se pagan exclusivamente en agencias autorizadas, y los ganadores del premio mayor cuentan con un plazo establecido para realizar el cobro, de acuerdo con la reglamentación vigente de la lotería oficial.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?Para reclamar cualquier premio de la Lotería de Santander, es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras que dificulten la verificación de su autenticidad.Premios superiores a $3 millonesLos ganadores de premios superiores a $3 millones deben dirigirse directamente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos por la entidad.Premios menoresLos premios de menor cuantía pueden reclamarse en:Agencias distribuidoras autorizadas, oEl lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta donde se adquirió el billete.Descuentos de ley aplicados a los premiosDe acuerdo con la normativa vigente, los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos obligatorios, los cuales deben tenerse en cuenta al momento de calcular el valor neto a recibir.Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025), se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.20 % de retención en la fuente, aplicada por la DIAN.Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:17 % de impuesto a ganadores.
La Gobernación de Antioquia declaró la calamidad pública para las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste. En el departamento hay más de 9.000 familias afectadas y 11 puentes dañados por las fuertes lluvias de los últimos días.El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres declaró la calamidad pública luego de las intensas precipitaciones en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste antioqueño. Hasta ahora, los reportes de las autoridades indican que las lluvias dejan 13 municipios gravemente afectados.La llegada de diferentes entidades a las zonas damnificadas deja un saldo de 9.160 familias afectadas, 25 vías dañadas, cuatro acueductos veredales pendientes de reparación, 11 puentes golpeados por las precipitaciones y más de 22.000 estudiantes que permanecen en semiescolaridad.Daniel Galeano, director (e) del DAGRAN, mencionó que ya se han enviado más de 5.000 ayudas humanitarias a los 24 albergues habilitados para los damnificados en el departamento.“Nos permitirá aportar de manera eficiente y oportuna a las más de 9.160 familias en temas como educación, vivienda, infraestructura y servicios públicos y, sobre todo, mantener la entrega de las ayudas humanitarias, como lo hemos hecho desde el primer momento”, indicó.Los municipios que han reportado afectaciones en Antioquia son Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao, donde se espera atención urgente a las comunidades golpeadas por las lluvias.Con la declaratoria de calamidad pública, el departamento de Antioquia podrá hacer inversiones para atender a las familias, así como disponer de los recursos necesarios para la infraestructura vial, las viviendas y otros daños, como los registrados en los cultivos.
Aunque las autoridades en el departamento de Antioquia mantienen la atención puesta en las graves consecuencias que ha dejado la ola invernal en 13 municipios, el orden público no deja de ser un dolor de cabeza para la Fuerza Pública, que enfrenta una situación alarmante en Yondó.Siguen las repercusiones tras los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el corregimiento de Puerto Matilde. El reporte entregado por la Gobernación de Antioquia dejó en evidencia que la disputa entre grupos criminales en zona rural dejó cerca de 17 familias desplazadas hace dos semanas, las cuales huyeron hasta el casco urbano para salvaguardar su integridad.Luego de que incluso se atacaran con drones algunas viviendas en la vereda San Francisco, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que todas las personas desplazadas continúan siendo atendidas con ayuda institucional, mientras la Fuerza Pública intenta llegar al territorio para recuperar el control de la zona.“Alrededor de 50 personas. La Gobernación de Antioquia, de la mano con la Alcaldía de Yondó, les está prestando toda la asistencia humanitaria, y el Ejército va avanzando hacia el corregimiento de Puerto Matilde para hacer presencia allí”, aseguró.Mientras se espera la llegada del Ejército Nacional a esta zona del Magdalena Medio antioqueño y que así las más de 50 personas damnificadas por la violencia puedan regresar a sus hogares, las autoridades locales insisten en la presencia activa de grupos armados que complican día a día la seguridad del municipio.Cabe mencionar que hace tres semanas fue hallado un cilindro con letras alusivas a las FARC, lo que encendió las alarmas no solo por la presencia de las disidencias, sino también por la ya conocida del ELN y el Clan del Golfo, que estarían detrás de los mencionados enfrentamientos que posteriormente generaron los desplazamientos.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 6 de febrero de 2026:El politólogo y asesor político Juan Sebastián Pérez, el activista del Pacto Histórico Juan Diego Sanabria y el candidato a la Cámara Cristian Gómez se subieron a El Andén para debatir hacia dónde va el Frente por la Vida sin Iván Cepeda tras la decisión del CNE.Escuche el programa completo aquí:
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la admisión de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, y será esta jurisdicción la encargada de decidir sobre su libertad. Esta decisión generó varias preguntas sobre la posible entrada de otros jefes paramilitares a la JEP.La JEP explicó que el proceso de decisión se realizará caso por caso y se evaluarán las condiciones de cada persona que solicite su ingreso. En el caso específico de Mancuso, se argumenta que actuó como un actor bisagra entre los grupos paramilitares y el Ejército Nacional. Vidal habló si cualquiera que esté sentado en una mesa de negociación que haya que haya hecho parte históricamente del conflicto armado en Colombia puede entra a la JEP.Es importante destacar que la competencia de investigación de la JEP es más amplia que la que tenía la Justicia y Paz anteriormente. Esto permitirá profundizar en la relación entre los paramilitares y la fuerza pública durante el conflicto armado."Si las condiciones que estableció la gente para recibir personas en esa decisión son muy específicas y yo hasta diría que son bien estrechas porque está hablando de particularmente se refiere a personas que hicieron parte de los grupos paramilitares, pero no a cualquiera, sino a un pequeño grupo. Primero a los que fueron líderes altos líderes de los paramilitares. Eso es lo que la decisión llama vértices. Y por otro lado, establece una segunda condición. Y es que ellos, que esas personas que eran líderes hubieran operado en conjunto con la fuerza pública de una manera sumamente estrecha", aclaró.Además, se refirió a un tercer término y son esas personas tienen que acercarse a la JEP y demostrar que tienen información fehaciente y tienen la voluntad de contribuir a los casos de la jurisdicción. Cuando esas tres condiciones se dan, es cuando podría recibirse una persona; contó que en este momento hay un grupo de personas solicitando que se consideren bajo esa bajo esas condiciones, pero resaltó que se analizará caso por caso. En el caso de Salvatore Mancuso, su inclusión en la JEP obedece al argumento que se ha presentado siempre como un actor bisagra entre las fuerzas paramilitares y el Ejército Nacional,¿A qué tipo de penas estará expuesto Mancuso en la JEP?En cuanto a las penas, la JEP cuenta con dos tipos de sanciones: penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que no reconozcan su responsabilidad y penas de hasta 8 años para aquellos que colaboren con la verdad y contribuyan a la reparación de las víctimas. La decisión sobre la libertad de Mancuso tomará tiempo y se espera una coordinación entre la JEP, Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia. Se estima que el proceso podría durar uno o dos meses.Esta inclusión de Salvatore Mancuso a la JEP y la posterior decisión sobre su libertad marcan un hito en el proceso de justicia transicional en Colombia y plantean interrogantes sobre el ingreso de otros jefes paramilitares a esta jurisdicción.Escuche la entrevista completa acá:
La Procuraduría le solicitó a la JEP decretar medidas cautelares sobre el cementerio municipal de Miraflores, Guaviare, donde podrían haber sido abandonados los cuerpos de al menos 19 personas ejecutadas de manera extrajudicial.Con esta petición, el Ministerio Público busca proteger los derechos de las víctimas y sus familiares, teniendo en cuenta que hay cuerpos que no han logrado ser recuperados o identificados.Además, consideran que la situación es de extrema urgencia, debido a que puede existir un inminente riesgo de que los cuerpos que se encuentran en las fosas se vean alterados, modificados o desaparecidos.Por otro lado, se concluyó que, pese al tiempo, no se ha podido identificar a la totalidad de las víctimas, y que tampoco se tiene la certeza de que sean las únicas existentes dentro del marco de las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales.Piden a Corte Penal Internacional hacer seguimiento a la JEP tras pronunciamiento de los exFarcEl antiguo secretariado de las Farc publicó una carta en la que le pedían al presidente Gustavo Petro una reunión para abordar el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para los excomandantes de la extinta guerrilla este tribunal no está cumpliendo con lo acordado en La Habana, durante las negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los exjefes de las extintas Farc aseguran que esta situación podría llevarlos a apartarse de algunas decisiones que tome la JEP.La organización Abogados Sin Fronteras publicó una carta dirigida al fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional, en la que piden hacer seguimiento a esta situación en Colombia, teniendo en cuenta que el antiguo secretariado también ha propuesto un tribunal de cierre del conflicto.
Con la suspensión del cese al fuego entre las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' y el Gobierno nacional, la fuerza pública se prepara para una reactivación de operaciones militares ofensivas en especial contra el frente 'Dagoberto Ramos' que en las últimas semanas ha atacado a la comunidad indígena del norte del Cauca.El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que desde la expedición del decreto por parte del presidente Gustavo Petro se dio la instrucción de aumentar la seguridad tanto para la población civil como para las instalaciones y tropas de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, ante la amenaza de una escalada violenta.“El Estado Mayor Central ha dado muestras en el pasado de acudir a prácticas terroristas, de poner explosivos contra la población, contra la fuerza pública. Esperamos que en estas circunstancias de ahora ellos no acudan a esos métodos. Hay una disposición en ese sentido de las necesarias previsiones que deben tener hombres y mujeres de la Fuerza Pública en estas circunstancias”, detalló Velásquez.Así mismo, aseguró que están evaluando las peticiones de mandatarios como el de Antioquia y Tolima quienes aseguran que en sus regiones las disidencias siguen delinquiendo pese a los compromisos adquiridos en la mesa de paz.“Esa es una evaluación que de manera permanente hacemos con el presidente de la República, con los mandos militares y de policía, con el propio comisionado de Paz. Y es una evaluación permanente que también naturalmente se continuará realizando respecto de los otros territorios. Precisamente por eso en el decreto de suspensión del cese dijimos con claridad frente a los ataques a las comunidades, que no se pueden tolerar. Es un mensaje al EMC, que vamos a defender a las comunidades”, puntualizó el ministro.Por su parte, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, señaló que ya están ultimados todos los detalles para ubicar a los cabecillas de dicho frente y reforzar la seguridad.“Estamos preparados para adelantar operaciones ofensivas contra integrantes de este grupo ilegal. Se han dado las instrucciones claras para evitar cualquier afectación a la comunidad, fuerza pública o infraestructura de interés del Estado”, reiteró Giraldo.
El pasado mes de noviembre, la JEP aceptó parcialmente el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Lo que determinaron en ese momento los magistrados es que iba a ser aceptado bajo la figura de bisagra, es decir, únicamente por los casos en los que se le investiga por sus alianzas con la fuerza pública.Mancuso decidió apelar esta decisión pues los casos en los que es investigado por su condición de exjefe paramilitar seguirían en Justicia y Paz. Teniendo en cuenta que el exjefe paramilitar debía entonces responder ante dos sistemas de justicia diferentes, su defensa argumentaba que esto generaría una situación de inseguridad jurídica y por eso pedía ser aceptado integralmente.La sección de apelación acaba de resolver la apelación de Mancuso cuestionando el rol de la bisagra, explicando que este término podría llevar a una fragmentación de la verdad."La calidad de comandante paramilitar es inescindible de la de sujeto bisagra. Así, una lectura estricta de los precedentes consignados en los autos TP-SA 1186 y 1187 de 2022 impediría dividir la condición de paramilitar de la de sujeto bisagra, ya que, de permitir tal dualidad de condiciones y su procesamiento por dos jurisdicciones se fragmentaría la competencia prevalente y exclusiva de la JEP para enjuiciar y sancionar las conductas relacionadas con el CANI", detalla la resolución.Una vez Mancuso fue aceptado por la JEP los magistrados determinaron que la decisión sobre si quedaba libre, o no quedaría en manos de Justicia y Paz, sin embargo, la sección de apelación acaba de determinar lo contrario."Una vez aceptado el sometimiento del señor Mancuso Gómez, la SDSJ deberá continuar con la actuación judicial de un compareciente obligatorio o forzoso, conforme a un análisis holístico, general e integral de su situación, y no en consideración a cada delito. Esto es, la Sala deberá resolver sobre la libertad del compareciente a efectos de definir si cumple los requisitos de la normatividad transicional de la JEP para acceder a un beneficio provisional libertario o a cualquier otro tratamiento especial provisional", señalaron los magistrados de la Sección de Apelación.Ante esta situación, todos los casos en los que es investigado Salvatore Mancuso, entre 1989 y 2004, serán competencia de la JEP."La descisión subjetiva propuesta por la primera instancia resulta artificial y contraevidente al fraccionar la realidad inherente a la condición de bisagra del compareciente, con lo que se afecta el análisis comprehensivo, general e integral de la situación del señor Mancuso Gómez. Un estudio de dichas características tiene el propósito de dilucidar la verdad de su prontuario para atribuir responsabilidades a los implicados de forma holística y no en función de cada infracción penal. De esta manera, se satisfacen los derechos de las víctimas y la sociedad, en particular el derecho a la no repetición de los execrables, graves y representativos crímenes perpetrados", determina la resolución.
El presidente Gustavo Petro ordenó suspender el cese del fuego con las disidencias de alias 'Iván Mordisco' en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca, tras el ataque armado de ese grupo contra indígenas en el Cauca.A través del Decreto 0385 del 2024 el jefe de Estado suspende el cese al fuego bilateral en estos tres departamentos, por lo que ordena la reanudación de operaciones militares de ofensiva y operativos policiales a partir de las 00:00 del 20 de marzo. Pido a los menores de edad retirarse cuanto antes de esa organización: PetroA través de un trino el presidente Gustavo Petro después de firmar el cese al fuego aseguró que las disidencias no muestran interés de un proceso de paz, sino que están aprovechando esa situación para fortalecerse."El Estado Mayor Central (disidencias) del Cauca en sus diferentes frentes no dió desde el principio ninguna señal de querer un proceso serio de paz. Creyó, muy equivocadamente, que la negociación era para fortalecerse militarmente y que su fortalecimiento se hacía a partir de sujetar la población a sus estructuras y de financiarse con la economía ilícita y con el gran capital ilícito", escribió el mandatario.A su vez, hizo la siguiente recomendación: "Le pido a los menores de edad tratar de retirarse cuanto antes de esa organización y a sus jóvenes poner las decisiones del pueblo constituyente del suroccidente como su guía y no al jefe con el dinero mal habido".¿Qué pasa en el Cauca?La situación de orden público en Toribío, Cauca, es sumamente delicada. Miembros de las disidencias de las Farc atacaron a una comunidad indígena luego de intentar secuestrar a un joven. En el enfrentamiento resultó muerta una mujer y otra persona resultó herida. La situación se tornó aún más peligrosa cuando llegó al lugar el grupo armado de la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las disidencias, liderado por un comandante conocido como alias 'Amazonas', quien abrió fuego indiscriminadamente contra la población indígena en la zona. La lideresa Carmelina Yule Paví, de 52 años, falleció y otro integrante del resguardo resultó gravemente herido."El cese debe incluir acciones contra la población civil. La arremetida en los últimos años contra indígenas en el Cauca debe generar rechazo por parte del Estado. Los constantes hechos son síntomas de falta de voluntad y seriedad en la paz total", declaró Leonardo González, coordinador de Indepaz.El presidente Gustavo Petro señaló en una publicación de X que “con este hecho el EMC del Cauca viola el acuerdo de cese al fuego”.
En la región de Vélez, Santander, se registró una difícil situación de orden público desde 1980, por las disputas entre diferentes grupos armados. En esa zona del país hubo presencia de la extinta guerrilla de las Farc, de la cual hizo parte alias 'Timochenko', grupo que fue responsable de casos de secuestro, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la región.Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' y quien fue el último comandante de las Farc, pidió perdón por los casos de secuestro en Vélez, asegurando que no hay justificación política alguna para privar de la libertad a una persona.“Con vergüenza debo reconocer que incurrimos en una práctica atroz que laceró el alma y el cuerpo de las personas que estuvieron cautivas. Pero también, laceramos y afectamos gravemente a las familias de las personas secuestradas y a las comunidades a las que representaban. Ante ustedes reconozco que en la época de la guerra creíamos que existían justificaciones políticas valederas para privar de la libertad a una persona. Así, todos los secuestros de activistas y de políticos se llevaron a cabo en cumplimiento de una orden emitida por el Secretariado del Estado Mayor Central”, señaló Timochenko.En el evento estuvieron las víctimas de los casos de secuestro que se presentaron en esa zona del país, también otros excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc y Pastor Alape, quien hizo parte del último secretariado de la guerrilla.“El secuestro jamás ha sido algo de qué enorgullecerse, y es más bien, una deshonrosa carga que llevamos sobre nuestros hombros. Guardamos la esperanza de que, fruto de nuestros propios esfuerzos, algún día se nos cubra con el manto liberador del perdón y avancemos como sociedad hacia una patria hermanada, unida, justa y digna”, dijo 'Timochenko'.